En la segunda vuelta peruana solo hay una opción: No a Fujimori
Otra Mirada
El próximo 7 de junio, los peruanos votaremos en segunda vuelta para elegir al próximo gobierno entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez. Como han mencionado diversos analistas, esta elección resulta crucial para el futuro de la democracia, la justicia y los derechos humanos. A pesar de ello, algunos actores políticos no lo entienden así y promueven un voto de protesta (blanco o nulo) que resulta irresponsable e incomprensible considerando lo que está en juego en el país.
Lo posibilidad de que llegue al gobierno la candidata Fujimori supera cualquier otra consideración de orden ético o electoral que no sea la defensa de la democracia y el Estado de derecho.
Una eventual victoria del fujimorismo –principal causante de la crisis política e institucional que arrastramos hace una década y que ha significado la sucesión de nueve presidentes en este lapso–, implicaría en la práctica el control total de las instituciones y poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Ministerio público, Defensoría del Pueblo, Fuerzas Armadas) por parte de la coalición política que nos ha gobernado los últimos años desde el Congreso.
La concentración de poder que lograría el fujimorismo se acentuaría con el apoyo que recibe de los poderes fácticos (empresariado, economías ilegales, medios de comunicación), lo que pondría en cuestión el ejercicio de la democracia, las libertades políticas y el derecho de la ciudadanía a ejercer el derecho a la protesta.
En Otra Mirada consideramos que, frente a este escenario, el voto por Juntos Por el Perú, representa la única opción posible para enfrentar política y electoralmente al poder mafioso que busca legitimarse mediante el voto popular y que en el último periodo no escatimó esfuerzos ni recursos en debilitar el Estado de derecho, legislar a favor del crimen organizado, de las economías ilegales y garantizar la impunidad de las fuerzas armadas y policiales frente a violaciones a los derechos humanos.
El fujimorismo ha sido el sostén del gobierno de Dina Boluarte, sin importar los graves crímenes contra la vida de los ciudadanos que legítimamente se movilizaron en protesta por la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022. La bancada fujimorista ha confabulado para copar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación, obstruyendo los procesos anticorrupción emprendidos desde el Poder Judicial y bloqueando todo control político al Congreso y Ejecutivo.
A esto se suma la reivindicación que hace la candidata Keiko del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, quien cursó cárcel por los delitos de corrupción y violación a los derechos humanos. Como se recuerda, durante el mandato de Fujimori se aplicó un ajuste económico neoliberal que llevó a la mitad de la población a la situación de pobreza.
Dio un golpe de Estado para forzar la implementación de un modelo económico que terminó por desindustrializar el aparato productivo y precarizó el empleo con una reforma laboral que eliminó derechos laborales y promovió la informalidad.
Privatizó importantes empresas públicas promoviendo negocios privados y excluyendo al Estado de importantes actividades estratégicas para el país. Fujimori degradó la política al cooptar con dinero a los opositores políticos y medios de comunicación. En sociedad con su asesor Vladimiro Montesinos, se coludió con el narcotráfico y vendió armas a grupos terroristas de otros países. Legisló a favor de las grandes empresas y entregó a precio ganga nuestros recursos naturales.
En ese escenario, la opción del voto en blanco o nulo representa un enorme riesgo, pues aumenta las opciones de una victoria fujimorista. Las dudas o suspicacias que puede generar el candidato Sánchez no niegan la representación política que ejerce de un sector de la población que reivindica al ex Presidente Castillo y que se movilizó en contra del golpe parlamentario que lo sacó del poder.
Hoy Roberto Sánchez encarna –favorecido por la fragmentación política del electorado y por su habilidad para capitalizar la representación política del castillismo–, la opción de gobierno que puede limitar y frenar el control total del fujimorismo del Estado peruano, encarnando la esperanza de millones de peruanos y peruanas que anhelan detener el avance de las fuerzas mafiosas, corruptas y autoritarias que cogobiernan el país desde el 2017, año en que comenzó la interminable crisis política y desgobierno que hoy amenaza con extenderse.