Toda Argentina contra el recorte a la universidad pública
Cientos de miles de docentes, estudiantes y autoridades marcharon en todo el país
Rubén Armendáriz
Los cientos de miles de docentes, estudiantes y autoridades académicas que marcharon en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigirle al presidente libertario Javier Milei que aplique la ley de financiamiento universitario y envíe los fondos previstos, sólo encontraron descalificaciones y agresiones desde el gobierno. En la cuarta Marcha Federal Universitaria bajo la actual gestión de gobierno, estudiantes, docentes y personal no docente exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
«203 días sin aplicar la Ley», fue el documento consensuado y leído como cierre del acto. Toda la dirigencia sindical universitaria (estudiantes, docentes, rectores, trabajadores), tanto la que se mueve en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias, se encargó de calificar la marcha del martes por la tarde como “contundente” y transversal. Una protesta masiva que significó un verdadero llamado de atención al gobierno, que durante la jornada trató tozudamente de minimizarla y bajarle acciones.
Para el gobierno libertario se trató de una marcha que congregó a “135 mil personas”. Además, la tildaron de “marcha política” y de que contó con “mucho aparato”. La cuenta oficial de La Libertad Avanza, el partido de Milei, mostró un posteo cuya imagen principal contiene las caras de Sergio Massa (referente del Frente Renovador), Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires), Juan Grabois (diputado nacional de Fuerza Patria), Myriam Bregman (diputada nacional del Frente de Izquierda) y Martín Lousteau (diputado nacional de la Unión Cívica Radical). La foto lleva la leyenda “los promotores de esta marcha política opositora”.
Para el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, sostuvo que la movilización expresó una preocupación transversal de la sociedad argentina. “De Sarmiento para acá, la columna vertebral de la Argentina del progreso es la educación pública. La educación pública iguala y que nos hace libres. Esa manifestación contundente pidió el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, responsabilidad que le cabe al Gobierno. Esperamos que las autoridades nacionales recapaciten”.
Mientras, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que “La política argentina ha colonizado las universidades. La réplica principal es que no logran entender el concepto elemental de restricción presupuestaria. Usted puede hacer una marcha de 150.000 personas y al otro día tenemos la restricción presupuestaria ahí mirándonos y hay que resolverlo. Y eso lo heredamos de gobiernos que tienen la percepción que tiene el CIN. O sea, que el dinero es infinito, que se puede imprimir, que nosotros tenemos que financiar de cualquier manera sin tener responsabilidad respecto del desarrollo de la economía”.
Llamativamente, la Policía Federal ,que dispuso 650 efectivos para el operativo, se abstuvo de hacer estimaciones acerca de la cantidad de gente congregada alrededor de la Plaza de Mayo, que colapsó el centro porteño. El oficialismo intentó restarle entidad e importancia a la manifestación que se venía anunciando desde hace semanas, y que quedó trabada en la discusión legal respecto de si se está aplicando o no la ley financiamiento universitario a la espera de la decisión de la Corte Suprema.
Milei compartió decenas de mensajes en redes sociales en los que se señalaba que la marcha de este martes no fue por defensa de las universidades públicas, sino en defensa de la “caja” de los políticos. Compartió varias escenas diseñadas con IA con los rostros de diferentes dirigentes tanto del kirchnerismo como del radicalismo. «Defienden sus cajas», bramó el jefe de Estado.
Los reclamos más escuchados durante la multitudinaria movilización destacaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo, la falta de respeto a fallos judiciales que en dos instancias ordenaron aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la norma —que establecen la actualización de salarios y becas—, la reducción de los fondos destinados al sector y la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos.
En ese sentido, las entidades convocantes sostuvieron que la situación financiera de la universidad pública se deterioró en los últimos meses y que no existen señales de corrección por parte del Gobierno libertario.Por su parte, el Gobierno de Javier Milei se pronunció en relación a la marcha masiva en todo el territorio del país y aseguró que “la marcha está montada emocionalmente sobre mentiras”.
El pluriempleo y la precarización laboral fueron señalados como una realidad insostenible: “Nuestros docentes renuncian, tienen otros trabajos, en una situación de precarización total, es insostenible», señaló una estudiante de psicología a la prensa: «No nos alcanzan las horas del día para seguir estudiando, el boleto volvió a aumentar el transporte y hay compañeros que no van a poder continuar con sus estudios.”
La protesta también expuso el desánimo de estudiantes y la falta de diversidad social en los grupos: “Docentes precarizados, estudiantes desmotivados y cada vez grupos con menos diversidad: obvio que es una marcha política.”, cerró la joven.
“El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la ley de financiamiento universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema”, denunciaron autoridades académicas, profesores y estudiantes en un documento conjunto, leído en el acto central de la protesta. La Administración de Javier Milei tachó de “acto opositor” a la marcha federal universitaria y reiteró que no enviará los fondos reclamados.
Organizada por las propias universidades, los sindicatos docentes y las federaciones estudiantiles, la movilización convocó a una multitud en la capital argentina y, además, tuvo réplicas en numerosas ciudades del país, como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Salta y Neuquén, entre otras. De acuerdo con los organizadores, a nivel nacional se manifestaron más de un millón y medio de personas.
Desde el mediodía, las columnas de profesores, estudiantes y trabajadores universitarios colmaron las principales calles del centro porteño. Adolescentes, jóvenes y adultos llevaban banderas que identificaban a sus universidades, gremios o agrupaciones políticas de un amplio espectro, desde el centro hasta la izquierda.
“Sin universidad pública no hay futuro”, advertía uno de los tantos carteles que mostraban los manifestantes. “Yo defiendo a la universidad pública”, avisaba otro. “El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”. Y también: “La libertad sin educación es una mentira”. Muchos afiches apuntaban contra el jefe de Gabinete de Milei, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito: “¿Cuántos sueldos docentes se destinaron a pagar las vacaciones de este pelotudo?”, preguntaba otro cartel ilustrado con la cara del alto funcionario.
Desde la asunción de Milei en 2023 hasta hoy, las transferencias presupuestarias para las universidades han sufrido una caída acumulada del 45,6%, según denuncia el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el mismo lapso, los salarios de profesores y demás trabajadores de universidades estatales han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo —recibieron aumentos del 147% frente a una inflación del 293%—.
El presupuesto elaborado por el Ejecutivo para este año prevé destinar a las universidades 4,8 billones de pesos (unos 3.400 millones de dólares), frente a los 7,2 billones requeridos por las casas de estudios como “lo mínimo indispensable para sostener el funcionamiento actual”.
“Vengo a defender a nuestra universidad pública, que no es un privilegio sino un derecho de todos los argentinos. Y este Gobierno quiere destruirla”, afirma Marcelo, 24 años, estudiante de la Universidad de Quilmes.
El reclamo principal de la comunidad académica consiste en que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento universitario. La norma fue aprobada el año pasado por el Congreso, con un amplio acuerdo opositor, y se limita a actualizar los presupuestos del sector a los valores vigentes a fines de 2023. Milei la vetó, pero los legisladores rechazaron el veto.
El presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. De todas maneras, Milei no cumplió la norma argumentando que atentaría contra el superávit fiscal obtenido por su motosierra. Las universidades recurrieron a la justicia. En dos instancias, los tribunales dictaron una medida cautelar para que el Gobierno comience a aplicar el financiamiento, pero el Ejecutivo se niega y apeló ante la Corte Suprema.
Horas antes de la masiva protesta de martes, el Gobierno adelantó su negativa a aceptar las exigencias y se concentró en acusar a las universidades de “politizar el reclamo” y de resistirse a las auditorías sobre el uso de fondos. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de presupuesto”, remarcó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, quien definió a la marcha como “un acto opositor”. El funcionario de Milei criticó a las casas de estudios porque tienen, aseguró, “una de las tasas más baja de egreso de la región” y porque no les cobran un arancel a los estudiantes extranjeros.
“Estamos en una situación tremendamente crítica”, dijo allí Franco Bartolacci, presidente del CIN, y destacó que lo “más angustiante” es la situación de los docentes y no docentes, para quienes reclamó “un salario digno”. Los líderes de la federación universitaria (FUA) leyeron un documento consensuado por las organizaciones convocantes.
“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, señalaron. También resaltaron que “la universidad argentina, pública, gratuita y federal […] es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar”, así como “un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posibles los sueños de miles de jóvenes”. Como cierre, pidieron a la Corte Suprema de Justicia que “no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario”.
En el documento se destacó quela política salarial del Gobierno nacional ha provocado un fuerte deterioro en las universidades públicas: los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas, se multiplican las renuncias de personal capacitado, el pluriempleo y la crisis en las obras sociales.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación fue del 293,3 % frente a un aumento salarial del 147,3 %, lo que implica una pérdida del 37,1 % del poder adquisitivo, equivalente a casi 11 sueldos en ese período. Hoy, los salarios universitarios están en su nivel más bajo en 23 años, son los peores del Estado nacional y los más bajos de América Latina, con consecuencias graves para el sistema de salud, las obras sociales y las jubilaciones.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)