Golpismo en continuado en Perú: otro presidente destituido
Mariana Álvarez Orellana
El Congreso de Perú aprobó el martes una moción de censura contra el presidente interino José Jerí por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. El ahora ex mandatario llegó al poder hace apenas cuatro meses, después de que el Parlamento que presidía destituyera a su antecesora, Dina Boluarte. Hoy los legisladores votarán para elegir a un nuevo jefe del Ejecutivo, quien completará el periodo que termina en julio y será sucedido por quien gane las elecciones a celebrarse en dos meses, con lo que la nación andina alcanzará la cifra de nueve presidentes en una década.

Trumpismo
Otra vez, un delincuencial nuevo golpe de Estado parlamentario en el Perú, donde mandan el fujimorismo de extrema derecha y la reaccionaria oligarquía limeña. Esta última destitución, la del presidente interino recién en octubre impuesto por la derecha y el fujimorato, tiene el mal olor a trumpismo oligofrénico imperial y a su estrategia «Monroe para el siglo 21», sobre «su patio trasero», señala Alexis Ponce.
La causal de esta nueva destitución parlamentaria peruana, es el convenio entre Perú y la China Popular que no fue rescindido por el reciente y ya caído gobierno peruano; es decir, hace parte de la guerra híbrida de Washington, Trump y una gran parte de la UE, contra los BRICS y el Mundo Multipolar en ascenso, y la destrucción de Latinoamérica como potencial bloque de ese mundo nuevo. Por cuerda separada, Trump y su canciller Marco Rubio convocaron para el 5 de marzo a una cumbre de presidentes en Miami a siete gobiernos de ultraderecha del continente, entre ellos los impresentables Daniel Noboa y Javier Milei, para acordar la imposición de la dolarización a toda la región, como alertara el analista estadounidense Dennis Small, del Instituto Schiller.
La destitución de Jerí es la caída de alguien que nunca debió haber llegado a la máxima magistratura, así como una fotografía del nivel de descomposición que aqueja a Lima. Lo cierto es que Jerí es indefendible: en sus semanas escasas al frente del país, asistió encapuchado a reuniones clandestinas con un empresario contratista del gobierno; recibió en Palacio a otro hombre de negocios que se encontraba en arresto domiciliario, contrató a entre cinco y 11 mujeres jóvenes sin otro mérito aparente que haberse reunido en privado con él, e inventó pretextos absurdos para estas conductas. Antes de convertirse en presidente ya se le había acusado de usar su papel en la Comisión de Presupuesto para el cobro de sobornos, además de un caso de violación por el que estaba obligado a someterse a tratamiento sicológico.

La prensa reveló en enero que Jerí se reunió varias veces –sin registrarlo oficialmente como estaba obligado– con dos empresarios chinos, uno contratista estatal y el otro investigado por su presunta participación en un grupo involucrado en el tráfico ilegal de madera. El empresario Yang Zhihua había ganado una licitación para construir una hidroeléctrica en los Andes en 2023 y en diciembre solicitó una prórroga de tres años para comenzar la construcción.
Las última encuesta de Ipsos y el IEP, realizada en enero, arrojó que los derechistas Renovación Popular y Fuerza Popular ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en intención de voto para las elecciones de este año. Desde entonces, los candidatos presidenciales de ambos partidos se han atacado el uno al otro en televisión nacional. Rafael López Aliaga descalifica al fujimorismo por su respaldo férreo al gobierno de José Jerí, mientras que Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto, llama «caviar» al exalcalde de Lima y lo cuestiona por haber llamado «prostitutas» a las mujeres que usan Onlyfans.
Al mismo tiempo, el Congreso que lo destituyó no está menos manchado. Además de los múltiples señalamientos que arrastran sus integrantes, el procedimiento para remover a Jerí estuvo viciado de origen. La Constitución otorga al Parlamento la facultad de “vacar” la Presidencia, pero para hacerlo debe declarar la “incapacidad moral permanente” de su titular, lo cual requiere una mayoría calificada de 87 votos. En cambio, la moción de censura instrumentada contra Jerí sólo necesita una mayoría simple, pero no es un mecanismo válido para acabar con un gobierno.
Por lo tanto, quien sea elegido hoy para remplazarlo será ya el tercer presidente en línea que encabece una administración de facto, situación en que se encuentra la nación andina desde el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Quien gane las elecciones del próximo 12 de abril difícilmente llegará a la Casa de Pizarro con una legitimidad restaurada, puesto que la corrupción, el tráfico de influencias y el uso faccioso del poder corroen a todas las instituciones y salpican a la casi totalidad de la clase política que ha sido partícipe y beneficiaria de la inestabilidad y la cancelación de la democracia.
Montesinos
La Corte Suprema de Justicia de la República estableció que Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial del gobierno de Alberto Fujimori, permanecerá en prisión hasta el 30 de septiembre de 2037, tras reformar el cómputo de su condena por los casos Pativilca y La Cantuta. La Corte Superior de Justicia Penal Especializada consideraba como cimplida la pensa de 19 años y 8 meses de prisión.
El máximo tribunal precisó que la pena debe computarse desde el 31 de enero de 2024, fecha en la que se emitió la sentencia condenatoria por conclusión anticipada, y no desde el año 2001 como había determinado la instancia inferior. Según la Corte Suprema, solo corresponde descontar del total de la condena los 72 meses de detención efectiva vinculados directamente al caso La Cantuta, lo que deja un saldo pendiente de 13 años y 8 meses de prisión.
En los casos Pativilca y La Cantuta, Montesinos fue hallado responsable en su condición de autor mediato, al haber ejercido control y dominio del aparato de poder estatal, particularmente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desde donde se planificaron y ejecutaron las denominadas operaciones especiales de inteligencia a cargo del destacamento Colina.
Estos hechos ocurrieron en el contexto de la llamada lucha antisubversiva durante la década de 1990 y derivaron en la ejecución extrajudicial de presuntas personas vinculadas al terrorismo.Con esta resolución, la Corte Suprema reafirma la vigencia de las condenas por graves violaciones a los derechos humanos y establece un precedente en el correcto cómputo de penas en casos de alta complejidad judicial.
*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
