Uruguay: la estafa de las patrulleras oceánicas españolas

El presidente uruguayo Yamandú Orsi confirmó la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, firmado por el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés): «Esta es una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, afirmó Orsi.

La estafa de Cardama fue una de las mayores en la historia de la Armada y las Fuerzas Armadas uruguayas, que concluyó con la rescisión del contrato firmado el 15 de diciembre de 2023 por el gobierno del derechista Luis Lacalle Pou. El proceso de rescisión del contrato  fue minucioso y confirmado por varias estafas relacionadas con un contrato para construir dos patrullas oceánicas de 86 metros de eslora y 1.,700 toneladas de desplazamiento, tras detectarse irregularidades en las garantías del acuerdo y la existencia de un documento falso.

Además de las acciones penales iniciadas ante la fiscalía el pasado 22 de octubre del 2025 por el aval inexistente, emitido por una empresa inexistente, EuroCommerce, que agregó varios otros intentos de estafa con la renovación del mismo aval, manipulado y con graves errores de fechas, a los que se agregó la falta de una garantía para el rembolso de los 30 millones de dólares ya pagados por Uruguay, que había presentado la empresa Redbrigde y fue aceptado por las autoridades del anterior Ministerio de Defensa durante el anterior gobierno de  Lacalle Pou, el  promotor de esta compra,  secundado de su Ministro de Defensa Javier García.

El hecho proceso que tomó estado público en octubre del año pasado, cuando el gobierno detectó irregularidades al intentar ejecutar la garantía de cumplimiento que el astillero había presentado por intermedio de la británica Eurocommerce Bank junto a “fuertes indicaciones” de “una estafa o un fraude”, lo que motivó una denuncia penal y civil. Entonces, el Ejecutivo apuntó que tenía “fuertes indicaciones” de “una estafa o un fraude”, lo que motivó una denuncia penal que se concretó dos días después y que fue ampliada en diciembre.

“La garantía no existía o, peor aún, teníamos un documento falso”, recordó Orsi ayer, y mencionó: “La propia empresa admitió que esa garantía era inexistente”. “Las garantías son las que permiten que ese contrato entre en vigor, pero decidimos darle todas las garantías a la empresa”, dijo Orsi en alusión a parte de la oposición que ha argumentado que el contrato de garantía es accesorio al contrato fundamental. Dijo que de todas formas se entabló diálogo con el astillero “porque quizá hubiera cosas que se podían solucionar, más allá de la gravedad del asunto”.

“A partir de ese momento seguimos recabando pruebas, recopilando información, y en ese marco nos encontramos con que la garantía de anticipo financiero o reembolso no cumple con lo que establece el contrato”. señaló el presidente. A tal punto es así, enfatizó Orsi, que el documento que tenía el Ministrio de Defensa Nacional no era la póliza, sino un “documento de términos y condiciones”. De este modo, hubo inconvenientes “en las dos garantías, que para nosotros son un elemento sustancial para que el contrato entre en vigor, porque es esta una acción de derecho público, donde el contrato no camina si esto no estaba claro”, advirtió el mandatario.

Los anuncios hechos por Orsi, tras su gira por China, fueron cuatro: rescindir el contrato de suministro de las OPV “por incumplimientos contractuales graves” e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones “para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”; definir “responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar”.  Señaló que  la adquisición de las patrulleras oceánicas, son muy necesarias para la defensa de la soberanía del país. “Esta rescisión tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no”, aseveró.

Sobre la recuperación del patrimonio, Orsi dijo que ya se empezó a trabajar para “ver cómo nos hacemos de esto que está” –en relación a lo que Cardama ya construyó en Europa– o “del dinero”.

Según el informe de auditoría que elaboró la empesa Bureau Veritas a pedido del ejecutivo uruguayo, se han construido y montado en grada 16 bloques de la primera OPV, “lo que constituye aproximadamente el 43% del acero del buque”. El informe recuerda que, según el cronograma, “el avance de la obra a la fecha de la inspección debiera estar en torno a un 70%”.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aseguró que “lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos” y que desde la cartera están “explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas” mientras, simultáneamente, están “robusteciendo” otras para avanzar en “la salvaguarda de nuestra soberanía nacional”.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, agregó que el motivo de la rescisión se basa “estrictamente” en los términos jurídicos y contractuales, mientras que los “graves incumplimientos” en materia constructiva que se desprenden de la auditoría de Bureau Veritas darán lugar a “otro tipo de acciones”. Según Díaz, se trata de una “larga lista” que el Consejo de Ministros mencionó al dictar un segundo acto administrativo, y se le instruyó al MDN que “inicie también las acciones legales”.

Díaz reiteró que la garantía de fiel cumplimiento “no existió nunca” y, al día de hoy, no se recibió “ninguna propuesta concreta o ninguna nueva garantía que sustituyera aquella”, así como tampoco una “explicación razonable de cómo se llegó a esa situación”, mientras que la empresa aseguradora a cargo de la garantía de anticipo financiero informó al Estado “que sí existe una póliza, pero que ese documento que tiene el MDN en su caja fuerte no es”. Al solicitar el documento correspondiente, los jerarcas advirtieron que “el texto de una no coincide con el texto de la otra”.

“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico, absolutamente ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato”, resumió Díaz sobre dos “elementos esenciales” y no “accesorios” del contrato. En ese sentido, dijo que “la única explicación razonable” para que no se haya entregado la póliza real es que “efectivamente no se agregó porque, como no cumplía con el contrato, no hubiera sido aceptada”.

Finalmente recordó que la denuncia penal por presunto fraude o estafa está en manos de la Fiscalía: “La hemos ampliado, la podremos volver a ampliar”, acotó, haciendo referencia a información que trascendió esta semana que apunta a que el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, mencionó que muchos documentos requieren protocolización y ser apostillados para poder ser tomados como evidencia.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)