EEUU: La última elección

La amenaza de Donald Trump de cancelar las elecciones de medio término no es un amague. Ya intentó revertir el resultado de las elecciones de 2020 y dijo que no aceptaría el de 2024 si perdía. Fantasea con desafiar la Constitución para quedarse un tercer mandato.

Está decidido a conservar un control absoluto —apuntalado por una mayoría republicana servil— en el Congreso. Teme que, si pierde el control del Congreso, llegue el juicio político. Teme los obstáculos a la rápida reconfiguración de Estados Unidos como un Estado autoritario.

Teme perder los monumentos que está erigiendo a su propia gloria: su nombre estampado en edificios federales, incluido el Kennedy Center; la eliminación de la entrada gratuita a los Parques Nacionales el día de Martin Luther King Jr. para reemplazarla por su propio cumpleaños; la anexión de Groenlandia y, quién sabe, quizá Canadá; su capacidad para poner ciudades como Minneapolis bajo sitio y secuestrar residentes legales en plena calle.

A los dictadores les encantan las elecciones, siempre que estén amañadas. Las dictaduras que cubrí en América Latina, Medio Oriente, África y los Balcanes montaban espectáculos electorales minuciosamente coreografiados. Eran una utilería cínica con resultados predeterminados. Servían para legitimar el control férreo sobre una población cautiva, encubrir el enriquecimiento del dictador, su familia y su círculo íntimo, criminalizar toda disidencia y prohibir a los partidos opositores en nombre de “la voluntad del pueblo”.

Cuando Saddam Hussein organizó un referéndum presidencial en octubre de 1995, la única pregunta en la boleta era: “¿Aprueba usted que el presidente Saddam Hussein sea el presidente de la República?”. Los votantes marcaban “sí” o “no”. Los resultados oficiales le dieron a Hussein el 99,96% de unos 8,4 millones de votos, con una participación del 99,47%. Su par en Egipto, el ex general Hosni Mubarak, fue reelegido en 2005 para un quinto mandato consecutivo de seis años con un mandato algo más modesto: 88,6% de los votos.

Mi cobertura poco reverencial de las elecciones en Siria en 1991 —donde había un solo candidato en la boleta, el presidente Hafez al‑Assad, que supuestamente obtuvo el 99,9%— me valió la expulsión del país.

Estos espectáculos son el modelo, sospecho, de lo que viene, a menos que Trump consiga su deseo más profundo: emular al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita —cuyo equipo de seguridad asesinó en 2018 a mi colega y amigo Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul— y no celebrar elecciones en absoluto.

Trump, aspirante a presidente vitalicio, lanza la idea de cancelar las elecciones legislativas de 2026.

Le dijo a Reuters que “si lo pensás bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones”. Cuando el presidente Volodímir Zelenski le explicó que en Ucrania no se celebraban elecciones por la guerra, Trump se entusiasmó: “¿O sea que si estamos en guerra con alguien, no hay más elecciones? Ah, eso está bien”.

Trump le dijo a The New York Times que se arrepiente de no haber ordenado a la Guardia Nacional que incautara las máquinas de votación después de las elecciones de 2020. Quiere abolir el voto por correo, junto con las máquinas y los tabuladores que permiten a las autoridades publicar resultados la misma noche electoral. Mejor ralentizar todo y, como hacía la maquinaria política de Chicago bajo el alcalde Richard J. Daley, rellenar urnas después del cierre para asegurar la victoria.

La administración Trump está prohibiendo campañas de registro de votantes en los centros de naturalización. Impone leyes restrictivas de identificación de votantes a nivel nacional. Reduce las horas que los empleados federales pueden ausentarse del trabajo para ir a votar. En Texas, el nuevo mapa electoral priva de derechos de manera flagrante a votantes negros y latinos, una maniobra avalada por la Corte Suprema. Se espera que elimine cinco bancas demócratas en el Congreso.

Nuestras elecciones inundadas de dinero, sumadas a un gerrymandering agresivo, hacen que pocas contiendas legislativas sean competitivas. La reciente redistribución de distritos prácticamente garantiza a los republicanos nueve escaños más —en Texas, Misuri, Carolina del Norte y Ohio— y a los demócratas seis —cinco en California y uno en Utah—. Los republicanos planean más redistritaciones en Florida y los demócratas impulsan una iniciativa en Virginia.

Si la Corte Suprema sigue desmantelando la Ley de Derecho al Voto, la manipulación de distritos por parte de los republicanos se disparará, quizá consolidando una victoria aunque la mayoría del electorado no la quiera. Nadie puede llamar democrático al gerrymandering.

El fallo de la Corte Suprema en Citizens United nos quitó cualquier influencia real en las elecciones. Autorizó dinero ilimitado de corporaciones y grandes fortunas para amañar el proceso electoral en nombre de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Dictaminó que el lobby pesado y organizado de las grandes empresas es una expresión del derecho del pueblo a peticionar a su gobierno.

Nuestros derechos más básicos, incluida la libertad frente a la vigilancia masiva del Estado, han sido revocados de manera constante por decreto judicial y legislativo. El “consentimiento de los gobernados” es una broma cruel.

Hay pocas diferencias sustantivas entre demócratas y republicanos. Existen para ofrecer la ilusión de una democracia representativa. Los demócratas y sus apologistas liberales adoptan posturas tolerantes en cuestiones de raza, religión, inmigración, derechos de las mujeres e identidad sexual, y fingen que eso es hacer política. La derecha utiliza a los sectores marginados —en especial a los inmigrantes y al fantasma de la “izquierda radical”— como chivos expiatorios.

Pero en los grandes temas —guerra, acuerdos comerciales, austeridad, policía militarizada, el gigantesco sistema carcelario y la desindustrialización— marchan en perfecta sintonía.

“No se puede señalar ninguna institución nacional que pueda describirse con precisión como democrática”, escribió el filósofo político Sheldon Wolin en Democracy Incorporated: “seguro que no en elecciones hipercontroladas y saturadas de dinero, un Congreso infestado de lobbistas, una presidencia imperial, un sistema judicial y penal sesgado por clase o, menos que nada, los medios”.

Wolin llamó a nuestro sistema de gobierno “totalitarismo invertido”. Rinde pleitesía externa a la fachada de la política electoral, la Constitución, las libertades civiles, la libertad de prensa, la independencia judicial y la iconografía, tradiciones y lenguaje del patriotismo estadounidense, mientras permite que corporaciones y oligarcas se apoderen de los mecanismos de poder y dejen al ciudadano impotente.

El vacío del paisaje político bajo este “totalitarismo invertido” fusionó la política con el entretenimiento. Fomentó una farsa política permanente, una política sin política. El imperio, el poder corporativo sin regulación, la guerra interminable, la pobreza y la desigualdad social se volvieron temas tabú.

Estos espectáculos fabrican personalidades políticas prefabricadas —la persona ficticia de Trump, producto de The Apprentice—. Viven de retórica hueca, relaciones públicas sofisticadas, publicidad pulida, propaganda y el uso constante de focus groups y encuestas para devolverle al votante lo que quiere oír. La campaña presidencial vacía, sin temas y centrada en celebridades de Kamala Harris fue un ejemplo impecable de este arte performático político.

El asalto a la democracia, llevado adelante por los dos partidos gobernantes, preparó el terreno para Trump. Castraron nuestras instituciones democráticas, nos despojaron de derechos básicos y consolidaron la maquinaria del control autoritario, incluida la presidencia imperial. Trump solo tuvo que accionar el interruptor.

La violencia policial indiscriminada, familiar desde hace tiempo en comunidades urbanas pobres —donde fuerzas militarizadas actúan como juez, jurado y verdugo— le otorgó al Estado el poder de hostigar y matar ciudadanos “legalmente” con impunidad. Generó la mayor población carcelaria del mundo. Ese vaciamiento de libertades civiles y del debido proceso ahora se volvió contra todos. Trump no lo inició. Lo amplió. El terror es el objetivo.

Trump, como todos los dictadores, está embriagado de militarismo. Pide aumentar el presupuesto del Pentágono de un billón a un billón y medio de dólares. El Congreso, al aprobar su One Big Beautiful Act, asignó más de 170 mil millones para control fronterizo e interno, incluidos 75 mil millones para el ICE en los próximos cuatro años. Eso supera el presupuesto anual combinado de todas las fuerzas policiales estatales y locales.

“Cuando un gobierno constitucionalmente limitado utiliza armas de poder destructivo horrendo, subsidia su desarrollo y se convierte en el mayor traficante de armas del mundo”, escribe Wolin, “la Constitución es reclutada para servir como aprendiz del poder, no como su conciencia”.

Que el ciudadano patriota apoye sin fisuras a los militares y su enorme presupuesto significa que los conservadores lograron convencer al público de que las fuerzas armadas son algo distinto del gobierno. Así, el componente más sustancial del poder estatal queda fuera del debate público. Del mismo modo, en su nuevo estatus de ciudadano imperial, el creyente desprecia la burocracia pero no duda en obedecer las directivas del Departamento de Seguridad Nacional, el organismo gubernamental más grande e intrusivo de la historia del país.

La identificación con el militarismo y el patriotismo, junto con las imágenes de poder estadounidense proyectadas por los medios, hace que el ciudadano se sienta más fuerte, compensando la sensación de debilidad que la economía impone a una fuerza laboral sobreexigida, exhausta e insegura.

Los demócratas, en la próxima elección —si es que la hay—, ofrecerán la opción menos mala mientras hacen poco o nada para frenar la marcha hacia el autoritarismo. Seguirán rehenes de las exigencias de los lobbistas corporativos y los oligarcas. Un partido que no defiende nada ni pelea por nada bien podría entregarle a Trump una victoria en las legislativas. Pero Trump no quiere correr ese riesgo.

Trump y sus secuaces están cerrando con energía la última salida del sistema que impide la dictadura absoluta. Pretenden orquestar elecciones simuladas, al estilo de todas las dictaduras, o directamente abolirlas. No están bromeando. Será el golpe de gracia al experimento estadounidense. No habrá vuelta atrás. Nos convertiremos en un Estado policial. Nuestras libertades, ya bajo ataque feroz, serán extinguidas. En ese punto, solo movilizaciones masivas y huelgas podrán impedir la consolidación de la dictadura. Y esas acciones, como vemos en Minneapolis, serán respondidas con represión estatal letal.

La subversión de las próximas elecciones planteará dos opciones brutales para los opositores más visibles de Trump: el exilio o el arresto y encarcelamiento a manos de matones del ICE.

La resistencia a la bestia, como en todas las dictaduras, tendrá un costo altísimo.