Bolivia: Dura represión a trabajadores y ruidos en la presidencia
Boris Acosta Reyes
Efectivos de la Policía Boliviana reprimieron nuevamente a trabajadores que se movilizaban en la ciudad de La Paz contra el Decreto Supremo 5503 del presidente derechista Rodrigo Paz, que estableció el fin de la subvención de los combustibles y remarcó la importancia de «sincerar» los precios de los hidrocarburos en el país. La medida dejó a la intemperie los «ruidos» entre el mandatario y el vicepresidente Edman lara.
«Asumimos el gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro», describió Paz en un mensaje televisado, ue no cayó bien en la ciudadanía, ni en la propia vicepresidencia.
«Rodrigo está equivocado», dijo el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, e indicó que los asesores y ministros del presidente Paz están causando “convulsión social sin motivo”. Lara incorporó una resolución en rechazo al Decreto Supremo 5503 a la sesión de la Asamblea Legislativa y dejó en claro su alineación con los sectores sociales que no están de acuerdo con la norma.
“Quiero que entiendas, Rodrigo, que estás equivocado. Los asesores que tiene y los ministros que tiene son unos pelotudos, y tenemos que dar certidumbre”, manifestó Lara mediante sus redes sociales y afirmó que no habla con el presidente personalmente y que por eso hace videos. “La única manera de hablar con Rodrigo es a través de este medio (redes sociales), porque sé que igual lo va a ver, lo va a escuchar o le van a contar, ya que en las reuniones de gabinete no se habla nada. Él no más es el que habla, se le hace alguna observación alguna pregunta y se enoja”, indicó el vicepresidente.
Por último, señaló que los ministros deberían estar aplicando políticas para reactivar la economía, atraer inversión internacional y apoyar más a la producción nacional, en vez de “causar convulsión social sin motivo”.
Los incidentes se registraron en inmediaciones de la Plaza Murillo, donde los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Fue el segundo día consecutivo de movilizaciones contra la eliminación del subsidio gubernamental a los combustibles y otras medidas económicas, en un contexto de fuerte presencia policial.
Andrés Paye, dirigentes minero, denunció que la intervención policial respondió a una directriz gubernamental. “Esa es la instrucción del Gobierno, arremeter contra el pueblo y los trabajadores”, afirmó, tras la gasificación registrada cerca de las 10.45 horas, cuando maestros, mineros y otros sectores cercaron el centro político del país.
Las protestas se intensificaron luego de que, el lunes, dirigentes de la COB y otras organizaciones esperaran durante más de una hora una reunión con el presidente Rodrigo Paz y ministros del Ejecutivo, que no se concretó. Ante la ausencia de respuestas, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ratificó que las movilizaciones continuarán hasta lograr la abrogación del Decreto Supremo 5503.
Argollo sostuvo que la dirigencia sindical actúa en función de su responsabilidad con la clase trabajadora y aclaró que están abiertos al diálogo. “No somos intransigentes”, señaló, al tiempo que aseguró que la COB acudirá a cualquier convocatoria formal del Gobierno. También remarcó que las demandas planteadas responden a reivindicaciones laborales y sociales, y no a intereses partidarios.
Según el Ejecutivo, se lograron acuerdos con cerca de 20 organizaciones sociales, que decidieron retirarse de las protestas. No obstante, aún se mantienen al menos una docena de bloqueos en carreteras de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.
El Decreto Supremo 5503, núcleo del conflicto, contempla una serie de medidas económicas impulsadas bajo el argumento de enfrentar la crisis fiscal, entre ellas la reducción de la subvención a los combustibles y ajustes que repercuten de forma directa en el precio del transporte y de la canasta básica.
Desde los sectores sindicales y populares se denuncia que la norma traslada el peso del ajuste a la clase trabajadora y a los sectores de menores ingresos, provocando un aumento del costo de vida y una pérdida del poder adquisitivo. Organizaciones sociales advierten además que el decreto carece de mecanismos reales de protección o compensación para los sectores más vulnerables, lo que profundizará las desigualdades sociales.
*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)