EEUU vincula a Álvaro Uribe con el Cartel de Medellín

El listado de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, que también incluye nombres como Pablo Escobar y Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”, describe al expresidente ultraderechista colombiano Álvaro Uribe como un “amigo íntimo” de Escobar, jefe del llamado Cartel de Medellín.

Una lista desclasificada de 1991 de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, que fue hecha pública en 2004, revela el nombre del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) en una lista de 104 personas vinculadas al narcotráfico. En el documento, elaborado a principios de los años 90, Uribe aparece con el número 82, señalado como colaborador cercano al Cartel de Medellín.

El listado describe a Uribe como un “amigo íntimo” de Escobar. Además, menciona que, como senador, Uribe habría participado en la campaña del narcotraficante para llegar al Congreso y atacado el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos.

El senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90, según documentos desclasificados del Departamento de Estado . Una de las comunicaciones, que datan de 1993, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe.

De acuerdo al cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al Gobierno de Estados Unidos que Uribe había recibido «financiación» para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar. Vélez Trujillo también indicó a los estadounidenses que fue Uribe quien inició contactos con la madre de Pablo Escobar, mientras el narcotraficante intentaba negociar un canal de comunicación con el entonces presidente, César Gaviria (1990-1994).

El cable muestra que, según Vélez, Escobar exigió a Uribe a través de «Los Ochoa» que le ayudara a comunicarse con Gaviria «a cambio del favor» de la financiación de su campaña. Asimismo, el senador liberal informó a los diplomáticos de que Uribe «temía por su vida» y la de su familia «por no poder responder a sus mentores del Cartel de Medellín», señala el telegrama diplomático.

Los cables arrojan nueva luz sobre las acusaciones que han perseguido a Uribe durante años y que él ha negado categóricamente, argumentando que se trataba de intentos infundados de sus rivales políticos para acabar con él. Álvaro Uribe ha enfrentado una serie de denuncias, desde nexos con grupos paramilitares hasta acusaciones de manipulación de testigos.

El listado de la DIA, que también incluye nombres como Pablo Escobar (número 79) y Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye” (número 1),  Este documento, ha sido objeto de debate y discusión en Colombia, particularmente a la luz de la carrera política de Uribe, quien llegó a la presidencia de la nación trece años después de la creación del documento.

Álvaro Uribe ha enfrentado una serie de denuncias, desde nexos con grupos paramilitares hasta acusaciones de manipulación de testigos. Uno de los procesos más recientes y mediáticos es el que culminó con una condena en primera instancia el pasado 1 de agosto. Un juzgado penal lo sentenció a 12 años de prisión por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. La sentencia, que fue un hito histórico al ser la primera condena penal a un expresidente colombiano, se originó en una investigación de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones surgieron en 2012, cuando el senador Iván Cepeda lo señaló en el Congreso de tener vínculos con el grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la denuncia contra Cepeda e inició una investigación contra Uribe por las mismas acusaciones.

Un poco de historia

Uribe, en calidad de “determinador”, instigó a terceros para que manipularan a testigos que estaban en prisión, ofreciéndoles beneficios a cambio de declaraciones falsas que lo favorecieran. Las pruebas presentadas incluían más de 1.500 páginas de documentos y más de 27.000 horas de grabaciones telefónicas que demostraban los contactos entre los emisarios de Uribe y los testigos.

En febrero, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve declaró que Álvaro Uribe es el creador del grupo paramilitar Bloque Metro. El testimonio de Monsalve, que se volvió pieza central en el proceso contra Uribe, sugiere que la organización se formó en la finca de la familia del exmandatario, conocida como Guacharacas.

La familia de Álvaro Uribe compró la hacienda en 1978. La finca, de unas 2.000 hectáreas, se dedicaba principalmente a la ganadería. Los Uribe enfrentaron varios problemas con la propiedad, y el primer gran conflicto fue una huelga de 68 trabajadores que reclamaban el pago de salarios atrasados.

Monsalve, hijo del antiguo mayordomo de la finca, detalló en su testimonio que tanto Álvaro Uribe como su hermano Santiago tuvieron un papel fundamental en la formación y el crecimiento de Bloque Metro. Según el exparamilitar, el grupo se fundó en la década de los noventa para defender la finca de los grupos guerrilleros. Sin embargo, con el tiempo, el grupo creció de forma considerable, llegando a tener cerca de 1.500 miembros hacia el año 2000.

Monsalve también denunció que fue víctima de una “cacería” en su contra desde que decidió cooperar con la justicia. El exparamilitar, que actualmente cumple una condena por secuestro, presentó pruebas de las presiones que recibió para retractarse de sus declaraciones.  Además de las acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal, Uribe protagonizó el escándalo de “falsos positivos” que se destapó en su gobierno, donde ejecuciones extrajudiciales de civiles, en su mayoría jóvenes, fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

También se le acusó de ordenar o permitir seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y opositores políticos, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro.

Aunque Uribe fue absuelto de los casos de Hilda Niño Farfán y Harlintong Mosquera, fue condenado por soborno y fraude procesal. No obstante, el pasado martes 19 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá (TSB) revocó la orden de detención inmediata y le permitió a Uribe esperar en libertad mientras se resuelve la apelación, argumentando una  “vulneración de los derechos a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad”.

Tras esta decisión, el senador colombiano Iván Cepeda, víctima en el proceso contra Uriba, se pronunció respetando el fallo pero no compartiéndolo. Según Cepeda, esta medida es parte de una estrategia de Uribe para presionar a la justicia y condicionar el resultado final del proceso. Afirmó que a pesar de la libertad provisional el caso está sustentado por pruebas concretas y que espera que el tribunal se pronuncie en estricto apego a la ley. Asimismo, aseguró que ahora vendrá la apelación y otras acciones en respuesta a esta decisión.