De Uribe a Bolsonaro: los zombies ultras de Latinoamérica están muy vivos
Néstor Prieto Amador
Los viejos rockeros nunca mueren, o eso parecen creer un nutrido grupo de expresidentes de derecha y extrema derecha latinoamericanos quienes, lejos de asumir un papel secundario tras su salida del Gobierno, están siendo actores protagónicos en sus países: Álvaro Uribe, faro de la derecha colombiana, Jair Bolsonaro, conspirando desde su arresto domiciliario para la imposición de aranceles a Brasil; o Tuto Quiroga, aspirando a regresar a la presidencia boliviana con un discurso de mano dura.
En muchas ocasiones, son viejos conocidos quienes lideran los procesos. El sistema presidencialista latinoamericano favorece la aparición de liderazgos fuertes y carismáticos, en muchos casos casi mesiánicos. Ese capital político y referencialidad lo guardan con celo un puñado de expresidentes latinoamericanos, que siguen liderando con mano firme su espacio político. Bien presentándose directamente a las elecciones –como fue el caso de Bolsonaro en Brasil y ahora de Tuto Quiroga en Bolivia–, o bien influyendo sobre sus partidos y designando delfines a los que susurrar al oído –caso de Uribe en Colombia–.

Menos de la mitad de los países de América Latina limita de alguna manera la reelección presidencial. En México, Guatemala, Honduras y Paraguay la Constitución delimita expresamente a un mandato el desempeño presidencial. En otros países como Costa Rica, Panamá, Perú, Chile y Uruguay se establece que el presidente saliente no puede aspirar a la reelección de manera inmediata.
En Uruguay y Chile, los partidos políticos mantienen estructuras sólidas, una cultura republicana profundamente arraigada y una legislación clara. En ambos países se han producido alternancias en la presidencia y casos de expresidentes que regresaron al poder tras un primer mandato, para luego volver a dejar el cargo al finalizar su segundo periodo. Ejemplos de ello son Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en Chile, y Tabaré Vázquez en Uruguay.
Bolsonaro quiere sanciones contra su país
Mientras todas las naciones del mundo negociaban con Donald Trump un acuerdo comercial que redujese los aranceles que el presidente estadounidense había anunciado, un expresidente trabajaba en la sombra para que el gravamen contra su país fuese mayor.
Jair Bolsonaro (2018-2022) buscó la reelección presidencial en 2022, y tras perder en las urnas frente a Lula da Silva buscó mantenerse en el poder instigando un intento de golpe de Estado por el que hoy la Justicia le persigue. Las medidas cautelares impuestas contra él, actualmente bajo arresto domiciliario y con prohibición explícita de usar redes sociales, no han frenado su agenda.
Lo consiguió.En un acto de «solidaridad» contra la «caza de brujas» que sufre el expresidente Bolsonaro, Trump impuso aranceles del 50% al país sudamericano –convirtiéndose en la nación más gravada de todo el mundo– y sancionó a varios jueces. La medida fue celebrada por el bolsonarismo en Brasil, donde tuvieron lugar varias marchas y vigilias donde se veían estampas con el rostro de Jair Bolsonaro y banderas estadounidenses.
Uribe: de la cárcel a la precampaña
Álvaro Uribe Vélez, caudillo de la derecha colombiana y expresidente del país (2002-2010), fue condenado a principios de agosto a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Una sentencia sin precedentes que la Justicia suspendió apenas dos semanas después. En cuanto Uribe supo de su libertad convocó a sus bases a un acto público con el que irrumpir de lleno en la precampaña electoral.
«Cualquier minuto de libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de los colombianos», afirmó ante una muchedumbre que le aclamaba con el grito «Uribe presidente». El exmandatario, que modificó la constitución para ser reelegido en un segundo mandato e incluso buscó un tercer periodo que la Justicia frenó, llamó a formar una gran coalición «para recuperar al país de las garras del neocomunismo soportado en el narcoterrorismo».
Uribe no puede presentarse a las elecciones, pero su espectro político sigue considerándole el faro al que seguir. «Proteste quien proteste, el nuevo Gobierno le debe pedir ayuda a Israel, a Estados Unidos y a Inglaterra para recuperar la seguridad y para derrotar el terrorismo», defendió.
El expresidente no ahorró en calificativos para referirse al Gobierno del progresista Gustavo Petro, al que acusó de «expropiador», «neocomunista» y «mentiroso». Uribe ha elevado el tono del debate político nacional y ha multiplicado sus encuentros para promover un candidato competitivo con el que «recuperar la democracia». El resto de los actores de la derecha colombiana se resignan a seguir su ritmo.
La vieja derecha boliviana quiere volver al Gobierno
El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-02) no se esconde ni guarda las apariencias. Promete usar
Los viejos rockeros nunca mueren, o eso parecen creer un nutrido grupo de expresidentes de derecha y extrema derecha latinoamericanos quienes, lejos de asumir un papel secundario tras su salida del Gobierno, están siendo actores protagónicos en sus países: Álvaro Uribe, faro de la derecha colombiana, Jair Bolsonaro, conspirando desde su arresto domiciliario para la imposición de aranceles a Brasil; o Tuto Quiroga, aspirando a regresar a la presidencia boliviana con un discurso de mano dura.
El avance reaccionario también tiene lugar al otro lado del Atlántico y, en muchas ocasiones, son viejos conocidos quienes lideran los procesos. El sistema presidencialista latinoamericano favorece la aparición de liderazgos fuertes y carismáticos, en muchos casos casi mesiánicos.
Una agenda compartida que se ha traducido en las primeras grandes alianzas internacionales: el Foro de Madrid, el grupo Libertad y Democracia, o la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) son los nuevos think-tanks y grupos de presión desde donde opera la derecha y extrema derecha latinoamericana.
Bukele reforma la Constitución para reelegirse indefinidamente
Valiéndose de su supermayoría en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo controla 57 de 60 escaños, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele aprobó una reforma constitucional que posibilita la reelección indefinida. Esta medida, aunque esperada, profundiza en la deriva autocrática que vive el país centroamericano.
La reforma, que modifica media docena de artículos de la Constitución, no solo elimina la prohibición de reelección, sino que amplía el mandato presidencial a seis años (frente a los cinco años actuales), y elimina la segunda vuelta presidencial.
Bukele ya fue habilitado para una primera reelección cuando la Sala de lo Constitucional, controlada por jueces afines, reinterpretó la Carta Magna en 2021 y cambió el criterio histórico que había prohibido la reelección presidencial en El Salvador. En 2024, con la luz verde de la judicatura, el mandatario pudo volver a presentarse a las elecciones, donde arrasó con el 84,65% de los votos. Con la actual reforma constitucional, Bukele adapta el marco legal a su figura y despeja cualquier duda sobre la legalidad de su más que previsible futura candidatura.
Bukele es, de hecho, el último de una larga serie de presidentes latinoamericanos que han reformado o aprovechado vacíos legales para prolongar sus mandatos. Un fenómeno que trasciende sistemas (desde democracias liberales hasta regímenes autoritarios) y orientaciones ideológicas, pues afecta por igual a líderes de derecha y de izquierda.
La reelección indefinida es un vicio común en la política latinoamericana. Desde el frustrado tercer intento de reelección de Evo Morales en Bolivia hasta la reelección del dictador Alberto Fujimori en Perú, pasando por Daniel Ortega en Nicaragua, Álvaro Uribe en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela o Nayib Bukele en El Salvador.
Todos estos casos tienen que ver con una cultura del «caudillismo político», un fenómeno que sigue vivo en todo el espectro ideológico y en todas las latitudes de América Latina.
Los expresidentes ultra tienen sus grupos de presión
En marzo de 2023, un grupo de presidentes y expresidentes de derecha de Iberoamérica lanzó en Santiago de Chile el Grupo Libertad y Democracia (GLD), concebido como foro de coordinación política «para fortalecer la libertad y la democracia» frente al avance de «espacios izquierdistas» como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que aglutina a exdirigentes progresistas.
La plataforma —impulsada inicialmente por el chileno Sebastián Piñera y el boliviano Jorge Tuto Quiroga— reunió desde el inicio a expresidentes como el argentino Mauricio Macri, los colombianos Andrés Pastrana e Iván Duque, los mexicanos Felipe Calderón e Vicente Fox, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el paraguayo Mario Abdo Benítez, y los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar entre otros.
Desde entonces, el GLD ha actuado como un auténtico grupo de presión conservador en la región: emitió múltiples declaraciones contra Cuba y Venezuela —defendiendo un aislamiento internacional—, celebró triunfos y respaldó a candidatos afines como Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador y, ya en 2025, rechazó el proceso judicial por el que Álvaro Uribe fue condenado.
Este patrón de intervenciones muestra cómo, en paralelo a liderazgos veteranos que siguen pesando en sus países —Uribe en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil o el propio Tuto Quiroga en Bolivia—, los expresidentes de derecha han tejido una red organizada para incidir en la agenda pública regional. Los viejos rockeros, al menos por ahora, no mueren.