Washington se interpone entre Trinidad y Venezuela

En los últimos meses, la relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago se ha venido tensando. La reciente decisión del gobierno de la isla de declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista va más allá de una simple medida de seguridad frente a la criminalidad. Se trata más bien de una acción con evidentes componentes políticos. No es casual que esta medida se produzca poco después del intento de Estados Unidos de impulsar una resolución similar en la Asamblea General de la OEA. Lo que se busca es una confrontación que involucra seguridad, geopolítica y recursos energéticos.

Washington ha reiterado constantemente ciertos argumentos y exagerado narrativas alarmistas sobre el Tren de Aragua con el fin de construir artificialmente un ‘caso’ con el fin de justificar una posible intervención. 

Las tensiones se hicieron visibles tras la interceptación de un cargamento de armas ilegales provenientes de Trinidad y Tobago. Entre los detenidos, se encontraba un ciudadano trinitense y varios colombianos pertenecientes a bandas señaladas de estar vinculadas a planes de sectores radicales de la oposición. Aunque Venezuela no responsabilizó directamente al gobierno de Trinidad y Tobago, sí hizo hincapié en la necesidad de que ese país intensifique sus esfuerzos frente a las actividades delictivas que operan desde su territorio.

Por su parte, la recién asumida primera ministra Kamla Persad-Bissessar respondió con dureza a las declaraciones de Venezuela y anunció que su país contemplaría el uso de “fuerza letal” contra embarcaciones venezolanas. Esta posición expresa una política exterior más alineada con Estados Unidos, especialmente después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, conocido por su línea de confrontación con Venezuela.

La polémica por la interceptación del cargamento de armas ha puesto en evidencia no solo los problemas de seguridad en el Caribe, sino también la presión que se ejerce sobre uno de los proyectos energéticos más importantes de la región: la explotación conjunta de gas natural.

Un elemento a destacar en este escenario es la presencia de organizaciones criminales colombianas en Trinidad y Tobago. Desde hace años, estas bandas utilizan la isla como base logística para actividades ilícitas en toda la región, lo que incluye el narcotráfico, el contrabando y ahora el tráfico de armas.

Según informes de criminólogos de Trinidad, estas estructuras operan con relativa tranquilidad, controlan zonas enteras por medio de la corrupción y la intimidación. Venezuela ha denunciado que estas redes actúan con impunidad desde territorio trinitense y aprovechan debilidades institucionales.

Las tensiones sen han intensificado en un momento difícil para Trinidad y Tobago, que atraviesa una grave situación económica causada por el agotamiento de sus reservas de gas natural. El país cuenta con importantes plantas de compresión de gas, como las de Atlantic LNG, pero los trenes de licuefacción están paralizados o subutilizados, lo que afecta seriamente su economía. La solución más viable es la explotación conjunta del gas venezolano del campo Dragon y el yacimiento compartido Loran-Manatí, lo que permitiría revitalizar la industria trinitaria.

La falta de nuevas inversiones en este sector podría profundizar la crisis, aumentar el riesgo de una caída en los ingresos fiscales, mayor inestabilidad y crecientes tensiones sociales.

Por su parte, Venezuela, con vastas reservas, pero sin capacidad para instalar costosas plantas de compresión debido a problemas de inversión, encuentra en esta alianza con Trinidad y Tobago una oportunidad para enfrentar las dificultades económicas por las que atraviesa. En la frontera marítima entre ambos países se encuentra el campo Dragón, ubicado en aguas venezolanas cerca del límite con Trinidad, con reservas estimadas en 4.2 billones de pies cúbicos. Esta zona forma parte de la plataforma continental venezolana.

Además, están los yacimientos compartidos, como Loran-Manatí (con un 73,75 % del volumen en territorio venezolano) y Cocuina-Manakin (64 % en Venezuela).

Los planes de explotación conjunta del campo Dragon se reiniciaron en el marco de una licencia emitida durante la administración de Joe Biden, que autorizó la asociación entre Pdvsa con otras dos empresas, Shell y National Gas Company de Trinidad y Tobago.

Sin embargo, durante el nuevo mandato de Donald Trump, esas autorizaciones fueron revocadas o suspendidas, lo que ha detenido el progreso de las inversiones y frustra las expectativas de llevar el campo a producción en los plazos previstos.

¿Podrán Venezuela y Trinidad y Tobago superar las tensiones actuales? Lo cierto es que el desarrollo conjunto del gas natural representa un interés común que debería estar por encima de fricciones coyunturales.

Ambos gobiernos están conscientes de que, sin una solución coordinada, el proyecto Dragón podría quedar indefinidamente paralizado. Convertir al Tren de Aragua en una barrera simbólica entre los dos países, como lo ha hecho la primera ministra de Trinidad, es una maniobra que no responde a los intereses reales de su país. Esa política beneficia a los sectores neoconservadores de la administración Trump, pero no a Trinidad ni a Venezuela.