Perú aprueba una amnistía para represores y violadores humanitarios
Mariana Álvarez Orellana
El Congreso peruano, controlado por bancadas de derecha y extrema derecha, con el fujimorismo como la principal fuerza de esa coalición, aliada a la presidenta Dina Boluarte aprobó una ley la amnistía para procesados por violaciones de derechos humanos y dio luz verde a la inmunidad parlamentaria para delitos comunes.
Los beneficiados por la legislación fueron acusados, imputados y hasta sentenciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante de un conflicto armado interno que dejó 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos. La norma beneficiaría a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa implicados en crímenes durante el conflicto interno (1980-2000), lo que ha generado un amplio rechazo de organizaciones de derechos humanos e instancias internacionales.
La fiscal Delia Espinoza recordó que “la Corte Interamericana ya fue clara: las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles”, y advirtió que, de seguir adelante, el Perú podría incurrir en desacato internacional.Mientras los peruanos blindan sus casas ante la inseguridad, los congresistas blindan su futuro. En marzo de 2025, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos reveló que penas el dos por ciento de la ciudadanía respalda el trabajo del Congreso, la cifra más baja desde el 2021. Lejos de tomar acciones para revertir ese rechazo, los parlamentarios prefirieron reforzar sus privilegios.
Durante la sesión plenaria, el congresista Fernando Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y autor del dictamen, argumentó que se trata de una medida “justa y necesaria”. En su intervención, transmitida por la señal oficial del Congreso TV, Rospigliosi denunció que existen “interminables procesos judiciales que no buscan justicia, sino venganza”, en referencia a los juicios abiertos contra militares y policías.
Esta ley de amnistía y los discursos escuchados en su defensa han sido como un retroceso a la negra década de los años 90 de la dictadura de Alberto Fujimori, quien en 1995 dio una amnistía para los violadores de los derechos humanos, la que luego, en 2001, fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala Carlos Noriega.
La amnistía aprobada ahora por el fujimorismo y sus aliados favorece a los represores sentenciados y a los que están siendo procesados por matanzas de comunidades campesinas, secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, y otros crímenes cometidos extensivamente en el marco del conflicto armado interno que entre 1980 y 2000 dejó cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos. Se indica que la amnistía es para los mayores de 70 años, lo que incluye a la gran mayoría de los responsables por los graves crímenes cometidos hace más tres décadas.
La aprobación del dictamen no estuvo exenta de duros cuestionamientos. La congresista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, rechazó tajantemente la ley e intentó, sin éxito, que el dictamen vuelva a la Comisión de Constitución mediante una cuestión previa. “Es un dictamen nefasto, estamos hablando de casos como el de Putis, de masacres contra campesinos. No se trata de premiar a los malos elementos, sino de hacer justicia”, señaló Bazán con visible indignación.
Alex Flores de la Bancada Socialista, criticó que se pretenda blanquear crímenes de lesa humanidad. “Hablar de amnistía es hablar de impunidad”, declaró. En la misma línea, Jaime Quito, también de la Bancada Socialista, enfatizó la falta de atención a las víctimas y sus familias, y alertó sobre los peligros de invisibilizar su dolor con una ley de esta naturaleza.
Mientras, Eduardo Arna, presidente del Consejo de >Ministros, anunció que el gobierno evalúa la posibilidad de enviar a «presos extranjeros de alta peligrosidad» fuera del país, estableciendo una alianza (como lo ha hecho el pesidente estadounidense Donald Tump) con el man datario salvadoreño Nayib Bukele, para que los presos puedan cumplir su condena en la megaprisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Fuera del Congreso, la norma ha sido condenada por diversas organizaciones de derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió en un pronunciamiento que esta ley representa un serio retroceso en la lucha contra la impunidad y viola compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No se puede pasar por alto crímenes como las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales o torturas cometidas al amparo del poder estatal”, denunció la institución.
Los analistas equiparan esta norma con la cuestionada ley de amnistía emitida durante el régimen de Alberto Fujimori en la década de 1990, también orientada a proteger a militares implicados en violaciones de derechos humanos. Casos emblemáticos como los de Barrios Altos y La Cantuta —que implicaron ejecuciones extrajudiciales de civiles— podrían quedar impunes si se aplica esta nueva norma a los condenados de edad avanzada.
Aunque desde sus promotores se defiende la medida como “humanitaria”, se trata de un intento del Congreso actual por blindar a miembros de las fuerzas del orden implicados en crímenes graves durante el conflicto interno, consolidando así un escenario de impunidad a costa de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)