Guatemala: Un momento político crucial para el futuro de la democracia

En Guatemala se viven momentos de apremio para su endeble democracia. El asedio al que ha estado sometido el gobierno del presidente Bernardo Arévalo se ha recrudecido en los últimos días y estrecha el círculo en torno a él: el viceministro de energía, Luis Pacheco, ha sido apresado por órdenes de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y ligado a juicio por terrorismo y obstaculización a la acción penal.

En el país se ha vivido un proceso de criminalización de jueces y fiscales que socava la independencia judicial y el estado de derecho. Jueces y fiscales honestos enfrentan persecución, acoso y ataques, especialmente aquellos que investigan casos de corrupción y delitos de alta relevancia. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos años, con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019.

Varios jueces y fiscales han sido perseguidos y, en algunos casos, se encuentran en el exilio. Entre los más destacados podemos nombrar a Juan Francisco Sandoval (ex fiscal), Claudia Escobar (ex jueza), Gloria Porras (ex magistrada constitucional), Rudy Herrera (ex fiscal), Cinthia Monterroso (fiscal) y Miguel Ángel Gálvez (ex juez). Leyli Santizo y Eva Siomara Sosa fueron detenidas, y Carlos Vídez y Eduardo Pantaleón fueron buscados con órdenes de captura.

Asimismo, el periodista José Rubén Zamora, fundador de varios medios periodísticos, entre ellos, El Periódico -crítico de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, anteriores al gobierno de Arévalo, caracterizados por la corrupción galopante de sus administraciones- pasó más de 800 días entre julio de 2022 y octubre de 2024 tras las rejas, y ahora se encuentra nuevamente en prisión luego de habérsele concedido prisión domiciliaria en 2024.

Igualmente, el 15 de agosto del año pasado la Fiscalía detuvo a Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, que había sido activista destacada del partido que llevó al actual mandatario a la presidencia.

La lista de funcionarios atropellados es larga y los casos antes citados son solamente una muestra del encarnizamiento que han vivido funcionarios judiciales y gubernamentales apegados a derecho que se rigen por valores democráticos.

Los responsables de todos estos atropellos son los aglutinados en el llamado Pacto de Corruptos, encabezados por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. El Pacto de Corruptos defiende intereses espurios de mafias que, durante años, se han aprovechado del Estado para lucrar.

A sabiendas que el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, postulado por el partido Movimiento Semilla, tenían como un punto central de su programa de gobierno la lucha contra la corrupción, han hecho todo lo posible para, primero, impedir su llegada al poder y, luego, perseguir a quienes lo acompañan en su gestión gubernamental.

Ese es el caso de Luis Pacheco, quien dirigió un movimiento popular que, en el año 2023, presionó exitosamente para que el Pacto de Corruptos no impidiera la toma de posesión como presidente de Arévalo. Lo hizo como presidente que en ese entonces era de la directiva de una organización llamada los 48 cantones, que es una organización indígena, compuesta por comunidades k’iche’ pertenecientes al municipio de Totonicapán, en el occidente del país. Son conocidos por su larga historia de resistencia y lucha por los derechos de las comunidades indígenas.

El apresamiento de Pacheco muestra que el Pacto de Corruptos intenta acelerar el paso hacia un golpe de Estado contra el actual gobierno. No tienen mucho tiempo, porque el año entrante se le vence su período a la señora Porras y debe elegirse nuevo Fiscal.

Un golpe contra el gobierno de Arévalo -que no ha sido una administración que destaque por sus logros, pero que está integrada por funcionarios probos y genuinamente interesados en apegarse al Estado de derecho- significaría un retroceso y un gigantesco paso atrás que no solo aboliría este intento por reorientar la vida política del país por la senda del Estado de derecho, sino que entronizaría por muchos años el dominio de las mafias que lucran desde el Estado.

Históricamente, en Guatemala ha sido muy difícil construir procesos unitarios del progresismo y la izquierda. En esta ocasión, habría que comprender que la unidad es fundamental para sostener un proceso aún muy débil, pero dirigido en la dirección correcta. En Guatemala se vive un momento de inflexión.