Inicio de sesiones legislativas en Argentina: motosierra, represión y circo
Emilia Trabucco
El gobierno argentino se prepara para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el sábado 1 de marzo, en medio del circo mediático que rodeó su último viaje a Estado Unidos, el “criptogate” y una agenda de sesiones extraordinarias donde las fuerzas políticas aliadas le permitieron a La Libertad Avanza aprobar distintas iniciativas que golpean directamente en el corazón de la democracia, legalizan su aparato represivo y aumentan los márgenes de impunidad para un proyecto político que no parece estar dispuesto a ceder la iniciativa.
El recorrido de la actividad legislativa de la última semana sigue mostrando un escenario de descomposición y crisis política. El Congreso pierde legitimidad como instancia de representación de los intereses populares, de la mano de legisladores que están dispuestos a apoyar al gobierno, con minoría en ambas cámaras, a cambio de prebendas y la garantía de sostener los negocios.
A la crisis parlamentaria se suma lo que debería ser un escándalo en relación a la constitución de la Corte Suprema de Justicia: no hubo sesión en el Senado para aprobar la designación del juez Ariel Lijo, tras la falta de acuerdos, por lo que el gobierno podría estos días nombrar a dos integrantes por decreto, o esperar la apertura de sesiones, mientras la Corte sigue funcionando solo con tres miembros.
Enmarcada en su plan de “reforma electoral”, el gobierno logró la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con 43 votos a favor y 20 en contra, la iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, bloques federales y sectores de la Unión Cívica Radical y Unión por la Patria. Esta suspensión, justificada por motivos económicos, en realidad persigue desarticular mecanismos de organización interna de la oposición, limitando su capacidad de reestructuración y democratización, y favoreciendo la fragmentación política. La votación evidencia fracturas en los bloques, con legisladores priorizando intereses provinciales y acuerdos territoriales sobre la unidad partidaria.
La suspensión de las PASO se suma a la media sanción en Diputados de «Ficha Limpia», una reforma que inhabilita a candidatos con condenas en segunda instancia por delitos contra la administración pública. Esta medida, direccionada especialmente a Cristina Fernández de Kirchner, se enmarca así en una política de disciplinamiento político y judicialización de la oposición, buscando depurar el escenario de adversarios significativos, de cara a las elecciones de medio término de octubre. Paradójicamente, un presidente implicado en una estafa internacional y sus cómplices políticos se embanderan detrás del supuesto combate a la corrupción.
En el ámbito penal, el Senado avanzó con reformas que legalizan su programa represivo en curso, encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La aprobación del Juicio en Ausencia, aplicable en delitos graves (con el fin de reinstalar la culpabilidad de Irán en la causa AMIA), junto con las modificaciones en las figuras de reincidencia y reiterancia delictiva, que busca endurecer el sistema judicial y combatir la llamada «puerta giratoria», claramente destinada a perseguir manifestantes y militantes.
La «Ley Antimafias», inspirada en modelos internacionales, otorga amplias facultades al Ministerio de Seguridad Nacional para intervenir en zonas consideradas críticas, permitiendo allanamientos sin orden judicial y detenciones preventivas. Estas iniciativas, promovidas por la ministra Patricia Bullrich, consolidan un marco legal que facilita la represión y criminalización de sectores opositores y movimientos sociales, en un claro atentado contra las garantías constitucionales relacionadas a la libertad de organización y el derecho a la protesta, en su conocida doctrina del enemigo interno, donde quienes se oponen al rumbo del gobierno son identificados como “terroristas” o “narcotraficantes”.
Los debates de la última semana estuvieron atravesados por la implicación del presidente Milei y su entorno político en la criptoestafa, aunque el Ejecutivo logró salir airoso, por ahora, operando sobre los espacios políticos decididos a seguir dándole márgenes de impunidad. La propuesta para crear una comisión investigadora sobre la promoción de la criptomoneda $LIBRA fue rechazada por un voto en el Senado, a pesar de haberse aprobado su tratamiento en la Cámara por los dos tercios requeridos. A pesar de las acusaciones de fraude y los intentos de la oposición por iniciar un juicio político, la falta de consenso y las presiones políticas impidieron avanzar con la investigación.
En resumen, las recientes sesiones extraordinarias del Senado argentino reflejan una estrategia gubernamental orientada a consolidar el poder mediante reformas legales que fortalecen el control político y judicial, al tiempo que se limita la capacidad de organización de la oposición, con una clara estrategia de criminalización y persecución a líderes y fuerzas políticas del campo opositor.
La combinación de medidas represivas y la manipulación de procesos legislativos evidencian el rumbo autoritario de un gobierno dispuesto a avanzar en la destrucción de los mecanismos democráticos, ya en evidente descomposición.
Además de un balance exitoso en términos de agenda legislativa para el gobierno -a pesar de ser una fuerza minoritaria en el recinto-, cabe recordar que Milei advirtió en reiteradas ocasiones que en el caso de que el Congreso no aprobara sus propuestas, gobernaría por decreto. Esta amenaza se cumplió en los hechos: el primer año parlamentario se caracterizó por un bajo nivel de producción legislativa, vetos presidenciales y una marcada concentración del poder en el Ejecutivo.
Según el informe del Directorio Legislativo, sólo se aprobaron 44 leyes en este período, la cifra más baja en comparación con el primer año de los últimos cuatro gobiernos. De ese total, 36 fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, aunque en su mayoría correspondían a administraciones anteriores. La oposición logró sancionar 8 leyes, pero dos de ellas—la actualización de la fórmula jubilatoria y el financiamiento de las universidades—fueron vetadas por Milei.
El Congreso funcionó con 24 sesiones desde el 10 de diciembre de 2023 , una actividad significativamente baja para un año clave en términos de reconfiguración política. La falta de consenso en la Cámara de Diputados y el Senado llevó al Gobierno a profundizar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) , consolidando un esquema de gobierno que debilitó los mecanismos institucionales y reforzó el personalismo presidencial.
Es evidente que el “programa de motosierra” de Milei, direccionado a torcer la puja distributiva hacia sectores concentrados de la economía a costa del empobrecimiento de la mayoría de los y las argentinas, necesita de la destrucción de los mecanismos democráticos. Los últimos decretos del gobierno tienen que ver con la transformación en sociedades anónimas del Banco Nación (recientemente suspendido por la Justicia) y de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el primer paso necesario para su privatización.
Una ofensiva antipopular de estas dimensiones va acompañada necesariamente de una estrategia mediática fuerte, ayudada por los actores internacionales que se ven beneficiados por el programa económico del gobierno. Las imágenes de Milei regalándole una motosierra al multimillonario Elon Musk, dueño de X, y la foto lograda con el presidente Donald Trump, se inscriben en la narrativa de exitismo que se intenta construir desde la fuerza oficialista.
Mientras, se suceden múltiples manifestaciones de trabajadores despedides en las puertas de fábricas y organismos estatales que se cierran; de jubilades, los principales afectades por el ajuste, reciben la violencia estatal o se suicidan, y la mayoría de les argentines luchan por sobrevivir y llegar a fin de mes. Se abren así interrogantes sobre cómo construir alternativas frente a un gobierno que ha decidido gobernar fuera de los márgenes de la democracia tal como la conocíamos, y ha identificado como su principal enemigo a combatir a las organizaciones del pueblo argentino.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.