Ecuador, un narco-estado en ciernes, va a elecciones en febrero 

Observatorio en Comunicación y Democracia – Fundación para la Integración Latinoamericana

En un país tomado por el capital criminal, muchos comienzan a hablar de un narco-estado. Todo el tejido de relaciones de poder, articuladas al narcotráfico y a la economía criminal, puede ser el indicio de que en el Ecuador se va configurando la imposición hegemónica de una “nueva” oligarquía ligada cada vez más a la exportación de cocaína, al crimen organizado, que acelera la destrucción del Estado de derechos.

Ecuador se prepara nuevamente para unas elecciones presidenciales y legislativas, que se realizarán el próximo 9 de febrero. La campaña electoral comenzó el domingo 5 de enero con lo que los candidatos podrán comenzar su promoción en medios de comunicación y vallas. Serán 33 días de campaña electoral, durante los cuales los candidatos podrán promocionar sus propuestas y planes de trabajo, para buscar el voto de la mayor parte de los 13,73 millones de votantes empadronados para estos comicios.

La disputa política entre el ultraderechista presidente Daniel Noboa,  y su vicepresidenta, Verónica Abad, continúa. Noboa aún no anunció si pedirá licencia para el proselitismo político y decretó el reemplazo de ella, que había dicho estar lista para la sucesión. La jueza ecuatoriana Nubia Vera dispuso la última semana que Abad sea restituida en el cargo y  pidió que se notifique a la presidencia, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y demás entidades competentes.

Abad cuestionó que el presidente haya pedido licencia para hacer campaña proselitista, rompiendo el ordenamiento constitucional y democrático vigente. Noboa señaló que era riesgoso para la democracia el ascenso de Verónica Abad a la presidencia como su reemplazo temporal, lo cual dispone la Constitución vigente.

En un país cargado de violencias múltiples, se leen las pretensiones de reelección del ultraderechsita Daniel Noboa, mientras todo indica que en Ecuador se consolida un narco-estado. La economía, víctima del austericidio neoliberal, pasa factura en lo social, productivo, energético e incluso en la seguridad ciudadana.

Ecuador nace con una economía primario-exportadora de productos agrícolas, articularmente cacao y luego banano. Esta modalidad de acumulación, que articula al país al mercado internacional, caracteriza la situación de dependencia a lo largo de toda la historia republicana, inclusive con la exportación de petróleo.

Los intentos por impulsar un tímido neodesarrollismo llegan a su fin, con la declinación de las reservas petroleras. Un neoliberalismo rampante se impone desde hace varios años, abriendo la puerta al retorno de la oligarquía agroexportadora, que comparte y disputa espacios con los capitales provenientes del crimen organizado, infiltrado prácticamente en todas las instituciones del Estado.

Cuando la violencia criminal ha estallado, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa, ha sido declarar un conflicto interno armado, con la consiguiente militarización de la sociedad y un creciente acercamiento a Estados Unidos, entregando una base militar a ese país.

Noboa busca consolidar un grupo de poder de élites oligárquicas reducido, muy cercano al conglomerado empresarial de su propia familia ampliada, para controlar no solo el gobierno, sino los medios de comunicación, tanto como los órganos de control y fiscalización del Estado, en medio de una disputa del poder entre las viejas oligarquías agroexportadoras y algunos grupos burgueses modernizadores, en un país contaminado por las redes del narcotráfico y del crimen organizado de alcance transnacional.

Durante el siglo XX hubo algún intento fallido de salir de esta economía, como fue la industrialización vía sustitución de importaciones, sobre todo en los años setenta. En 1972, cuando comenzó a explotarse el petróleo amazónico -con importante intervención del Estado-, a nivel político se abrió un patrón de dominación diferente al tradicional de los grupos oligárquicos ligados a la economía importadora y agroexportadora.

Es entonces que surge una clase de poder económico y político que difiere del poder de la vieja oligarquía. Las élites de la etapa petrolera resultaron modernizantes; buscaron fortalecer a la burguesía nacional ligada a la industria, eso sin que en ningún momento se haya debilitado el poder del capital bancario, ni se haya roto con el poder agroexportador.

No debería sorprender si los grupos criminales organizados logran imponer candidatos para todo tipo de elección, financiar campañas e inclusive puedan cambiar el tablero político con actos criminales. Al controlar los recursos del Estado e influir en varios ámbitos de la vida de la sociedad, esta suerte de narcooligarquía procura destruir organizaciones sociales, tejidos comunitarios, movimientos políticos e inclusive economías lícitas.

No sorprende la acción de Noboa a favor de intereses mineros transnacionales, para lo que no ha dudado en irrespetar abiertamente el mandato popular expresado en las consultas de Girón (2019) y Cuenca (2021), ambas en la provincia del Azuay.

Mientras,  incumple con el mandato popular que masivamente exigió la suspensión de la actividad petrolera en el Bloque 43 o ITT en el Yasuní (2023), algo que apoyó cuando era candidato presidencial.

Las Fuerzas Armadas, que en la época del gobierno nacionalista militar impulsaban el desarrollo del país en base a la administración de la bonanza económica petrolera, hoy han sido reducidas al papel de policías. La violencia criminal de los últimos años, y particularmente la trasmisión en directo de la toma del TC Televisión en enero del 2024 por un grupo criminal, generó un trauma en el inconsciente colectivo, utilizado para las estrategias de campaña electoral de Noboa, empeñado en aplicar políticas de securitización.

Con el debilitamiento del Estado de derechos provocado por los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, se producen los primeros signos del retorno de la oligarquía agroexportadora en un contexto de avance y consolidación del narcotráfico.

Se teme la trasmutación de los grupos de grandes agroexportadores en “nuevas” oligarquías vinculadas al tráfico de cocaína, con capacidad de estructurar sus propios partidos políticos y financiar campañas electorales.

Son oligarquías que usan la violencia del crimen organizado para alterar la institucionalidad electoral, llegando a eliminar candidatos para dignidades locales e incluso nacionales, como fue el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. El asesinato de funcionarios estatales incómodos, como alcaldes, jueces, fiscales, asambleístas, es una práctica propia de un narco-estado. Y  la incidencia del narco-dólar en la economía, la acción sesgada de la justicia es otra de sus manifestaciones.

Hay quienes hablan de un pacto colaborativo entre Noboa y los militares que se consolida en la declaratoria de guerra interna y la militarización de la sociedad. Este es un acuerdo que desbarata la frágil institucionalidad de las FFAA. y excluye a la mayoría de la sociedad, pues la convierte en aparato de represión social para garantizar los privilegios de las oligarquías que controlan la economía y las decisiones gubernamentales.

En medio de la contienda electoral, Noboa pretende volver a abrir la puerta a bases militares extranjeras. Diversos grupos de la derecha no se conformaron nunca con el cierre de la Base de Manta. En la actualidad, con una sociedad agobiada por la inseguridad, la coyuntura parecería propicia para que Noboa dé ese paso impulsando una reforma constitucional, puesto que la Carta Magna en su artículo 5 prohíbe bases militares extrajeras en territorio ecuatoriano, que fue declarado territorio de paz.