Panorama Económico Latinoamericano – del 25 de setiembre al 1 de octubre de 2024

Chile: la siderúrgica más grande cierra por la competencia china

• La mayor acería chilena apagó la madrugada del lunes 12 su horno para poner fin a 74 años de operaciones, que producía 800.000 toneladas de acero al año.
• El cierre afecta a 2.700 trabajadores -directos y contratistas- y a otras 20.000 personas que se vinculan con esta empresa, uno de los principales motores económicos de Talcahuano, una ciudad ubicada 500 km al sur de Santiago.

Creada en 1950, la empresa decidió cerrar agobiada por la competencia del acero chino que inunda los mercados mundiales y que llega a Chile un 40% más barato.

Huachipato intentó sobrevivir. Se especializó en los últimos años en productos especiales para la minería del cobre, metal del que Chile es el principal productor mundial, y a inicios de año exigió la imposición de sobretasas a las importaciones de acero chino.

La estatal Comisión Antidistorsiones aprobó en abril aranceles adicionales de 25% a 33% tras comprobar la competencia «desleal» del gigante asiático. Pero la medida no fue suficiente para afrontar pérdidas por 700 millones de dólares acumuladas desde 2019. «Es un difícil y triste momento para todos. Las condiciones del mercado mundial del acero nos obligan a tomar esta dura decisión, y tenemos la convicción de que hicimos todo lo posible por evitarlo, incluso soportando enormes pérdidas por muchos años», sostuvo el gerente de la compañía.

La competencia china

En las últimas dos décadas, China escaló su participación en el mercado mundial del acero desde un 15% al 54%. En América Latina, las importaciones crecieron en 2023 un récord de 44%, para superar los 10 millones de toneladas, según la Asociación Latinoamericana del Acero.

Huachipato producía 800.000 toneladas de acero al año.

De cara al cierre, los trabajadores de planta sellaron un plan de salida que incluye beneficios adicionales de 30% por encima de las indemnizaciones obligatorias. Pero el convenio no incluyó a los trabajadores tercerizados, cerca de la mitad del total de empleados.

«Hay resignación por parte de los compañeros, tristeza porque Huachipato entregó empleos de calidad. Pero al menos estamos un poco más tranquilos porque se logró un acuerdo para los bonos de salida», dijo a la prensa local Fernando Orellana, presidente del Sindicato 2 de trabajadores.

«Es terrible quedar sin trabajo de la noche a la mañana. ¿Dónde voy a encontrar trabajo a esta edad?», se pregunta Roberto Hernández, un obrero tercerizado del área de montajes de 54 años.

Según estimaciones de los sindicatos, más de la mitad de los trabajadores despedidos son mayores de 50 años.

El gobierno se reunió el lunes con los sindicatos y anunció un plan de fortalecimiento de la industria para impulsar el empleo en la región.

Son 32 medidas para «disminuir el impacto laboral y productivo» por el cierre de Huachipato, entre ellas, el «apoyo y acompañamiento a empresas proveedoras de Huachipato en riesgo», anunció el Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó en rueda de prensa que el plan «busca, por un lado, hacerse cargo de los desafíos a corto plazo asociados al cierre de Huachipato», pero también «desarrollar nuevos sectores y la ciencia y tecnología necesarias para que una región con la tradición industrial del Biobío pueda proyectarse hacia el futuro».

 

Según un estudio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el cierre de Huachipato afectará a 1.090 pequeñas y medianas empresas, y recortará los ingresos del municipio de Talcahuano. Otro estudio del Observatorio laboral de Biobío estima que el desempleo escalará 2,5 puntos porcentuales, para llegar al 11% en la región.

Huachipato impulsó la creación del club de fútbol «Huachipato» -campeón vigente del torneo chileno-, además de varias asociaciones sociales y culturales que aún funcionan en la ciudad. Levantó también miles de casas para los trabajadores.

Brasil y Colombia: ¿potencias emergentes de la energía eólica marina?

Por André Duchiade *

El desarrollo de la energía eólica marina está entrando en un momento decisivo en América Latina, tras años de expectativas que han despertado esperanzas en esta fuente de energía, pero que aún no se han traducido en la puesta en funcionamiento de una sola turbina frente a las costas de la región.

Este mes de agosto, el Senado de Brasil tenía previsto votar un marco regulador de la energía eólica marina que será esencial para el avance del sector, mientras que Colombia espera en septiembre ofertas de empresas que quieran explorar su zona marítima.

Los expertos afirman que la expansión de la energía eólica marina podría contribuir a reducir el uso de combustibles fósiles e incluso impulsar el empleo y las economías locales, ya que para ello será necesario tanto construir parques eólicos marinos como modernizar infraestructuras terrestres como los puertos.

En los países que están ampliando su sector eólico marino, las inversiones pueden ser “palancas de desarrollo económico e industrial enormes”, dijo a Dialogue Earth Ramón Fiestas, director para América Latina del Consejo Global de la Energía Eólica (GWEC,  en inglés).

Sin embargo, el nivel de inversión que requiere el sector es muy elevado. Según un estudio de la consultora Centro Brasileño de Infraestructuras (CBIE), debido a los costos de construcción en el mar, el costo por megavatio de la energía eólica marina puede ser tres veces más caro que el de las instalaciones eólicas terrestres. Si se tienen en cuenta los costos de las nuevas líneas de transmisión submarinas, la cifra se multiplica por diez.

Además, los expertos afirman que faltan pruebas de relevancia local sobre los riesgos socioambientales de los parques eólicos marinos. “No existe ningún estudio sobre los impactos de estos proyectos en el hemisferio sur”, afirma Adryane Gorayeb, coordinadora del Observatorio de Energía Eólica de la Universidad Federal de Ceará, en el noreste de Brasil.

Gorayeb señala que, en general, los estudios sobre la costa latinoamericana son escasos, “tanto en términos geofísicos como biológicos, ecológicos y sociales”, lo que genera preocupación por los posibles impactos marinos del desarrollo de infraestructuras energéticas en alta mar.

El potencial costa afuera de Brasil

En el mar, los vientos son más constantes e intensos que en tierra, y la superficie es más amplia para los parques eólicos, lo que ofrece un mayor potencial de generación de energía. “Eso es algo enormemente valioso en el sistema eléctrico”, afirma Fiestas.

Brasil ya es el mayor productor de energía eólica terrestre de América Latina, y tiene potencial técnico para generar más de 1200 gigavatios (GW) de energía eólica marina, también conocida como costa afuera o por el vocablo inglés offshore, según un informe del Banco Mundial publicado en julio.

Esto representaría una gran expansión de la capacidad total instalada del país en todas las fuentes de electricidad, que superó los 200 GW en julio.

El documento también afirma que el sector podría generar 516 000 puestos de trabajo de aquí a 2050 y aportar al menos 168 000 millones de dólares a la economía brasileña.

Turbinas eólicas en el delta del Parnaíba, en el noreste de Brasil. La mayoría de los parques eólicos marinos propuestos se sitúan en las regiones sur y noreste del país, debido a la fiabilidad y constancia de la velocidad del viento. Imagen: Dordo Brnobic / Alamy

El potencial eólico marino de Brasil es “vigoroso, consistente, geográficamente diverso y situado cerca de los centros de demanda”, según el informe. Por todo ello, “la eólica marina podría ocupar un lugar destacado en la combinación energética a largo plazo del país”, añaden sus autores.

Esto ha atraído a muchos interesados. Hasta abril, se habían presentado 97 solicitudes de licencia para proyectos eólicos marinos ante Ibama, la agencia medioambiental del gobierno brasileño, que abrió un registro incluso antes de que se haya promulgado un marco regulador para el sector.

Según datos de Ibama, la mayoría de los proyectos propuestos se sitúan en el estado más meridional de Brasil, Rio Grande do Sul (27), y en Ceará (25), en el noreste, a una distancia de entre 10 y 40 kilómetros de la costa. Se espera una capacidad instalada de 234 GW con todos los proyectos propuestos en el país.

Los datos de la agencia muestran que las solicitudes se han acelerado desde 2022, cuando se promulgó un decreto que regulaba la transferencia de zonas marinas del gobierno al sector. Pero el establecimiento del marco regulador sigue siendo un obstáculo clave.

“El primer paso es disponer de un marco jurídico. Sin él, no pasará nada, porque el mar es un bien federal”, afirma Elbia Gannoum, presidenta de la Asociación Brasileña de Energía Eólica (Abeeólica), que agrupa a más de 150 empresas activas en el sector.

El proyecto de ley de este marco iba a ser votado este mes de agosto por el Senado, aunque los impasses políticos están obstaculizando su avance. La Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso Nacional, lo aprobó en noviembre de 2023. Gannoum calcula que, si se aprueba este año, permitiría subastar zonas en 2025, conceder licencias en 2028 y que las centrales eléctricas empezarán a funcionar entre 2031 y 2032.

Su aprobación es considerada prioritaria por el gobierno federal y forma parte de un paquete de medidas vinculadas a la transición energética, entre ellas el marco jurídico del hidrógeno verde, que entró en vigor a principios de agosto.

“Brasil tiene un gran potencial para producir hidrógeno verde barato, y la energía eólica marina contribuirá significativamente a ello”, afirmó Gannoum. “Vemos esto como una oportunidad para industrializar la economía a partir de una matriz energética renovable”.

Subastas costa afuera colombianas

Con más de 3000 kilómetros de costa, Colombia quiere acelerar su sector eólico marino desde 2022, para lo que ha aprobado un plan de acción y una resolución que establece las directrices para las subastas.

A diferencia de Brasil, Colombia no pretende aprobar una ley específica para regular las empresas de energía eólica marina y se basa en la normativa existente sobre generación de electricidad. Pero este vacío normativo podría presentar riesgos, agravados por una crisis institucional.

Las directrices legales dicen que el presidente del país tiene la responsabilidad de nombrar a seis expertos a tiempo completo para apoyar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero este organismo pasó recientemente casi un año con solo expertos provisionales en el cargo, y hoy solo cuenta con un funcionario nombrado y tres que prestan servicio en calidad de temporales.

“Estos son proyectos [offshore] que son de largo plazo, entonces se requieren unas reglas claras que permitan a la gente hacer sus inversiones”, dijo Santiago Arango, investigador en energía y profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín.

En octubre de 2023, el gobierno colombiano lanzó la primera subasta de América Latina para proyectos eólicos marinos, cuyo plazo se ha ampliado hasta este mes de septiembre. Los interesados competirán por licencias temporales de ocho años para evaluar la viabilidad de las zonas marinas. Posteriormente, los contratos podrán convertirse en concesiones para construir y explotar parques eólicos marinos durante un máximo de 30 años, con una prórroga opcional de 15 años.

Los ganadores deberán ser elegidos en agosto de 2025, y se espera que las licencias se concedan en diciembre del mismo año.

Colombia tiene una capacidad total instalada de 20 GW en todas las fuentes de electricidad, con unos objetivos de capacidad eólica marina de siete GW para 2040 y 13 GW para 2050. Según el plan de acción, el potencial técnico de esta fuente de energía se sitúa entre 50 GW y 100 GW.

Pero no todos confían en este progreso. “Son unas metas supremamente ambiciosas”, afirma Arango, “dudo que se logren”.

Otros países latinoamericanos también están invirtiendo en el sector, pero de forma más incipiente. En marzo, el gobierno chileno anunció la elaboración de su plan de acción y, en agosto, un consorcio británico-chileno manifestó su interés por construir un parque eólico marino en el país. Uruguay, por su parte, lanzó un plan para el sector en 2022 y se espera que anuncie una convocatoria de inversores a finales de este año.

Los retos socioambientales a futuro

A pesar de las grandes ambiciones y expectativas del sector eólico marino, Adryane Gorayeb y otros expertos advierten que si se apresuran los estudios para acelerar la instalación de proyectos, esto podría destruir los ecosistemas marinos, perjudicando a la pesca, el turismo y la navegación.

Gorayeb cita las posibles repercusiones en la biodiversidad marina y las corrientes oceánicas de la construcción y el funcionamiento de las empresas eólicas marinas. También hay que tener en cuenta las posibles repercusiones ambientales a lo largo de la cadena de suministro, por ejemplo, en la extracción de madera para la construcción de turbinas.

Las comunidades empiezan a temer los cambios que estos proyectos podrían traer a su territorio, como la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios.

La instalación de las turbinas podría preocupar a las poblaciones costeras, añadió Gorayeb. “Las comunidades empiezan a temer los cambios que estos proyectos podrían traer a su territorio, como la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios”, dijo.

En Colombia, preocupa especialmente la Alta Guajira. Esta región septentrional ha estado en el punto de mira del sector eólico y el gobierno la ha considerado el “epicentro” de la transición energética del país, pero también alberga a muchas comunidades indígenas.

“Es importante llevar a cabo una buena gestión social de estos proyectos, más allá de las consultas previas que exige la ley”, dijo Santiago Arango.

Con respecto a estas preocupaciones en Brasil, Elbia Gannoum, de Abeeólica, sugirió que el proceso de concesión de licencias será suficiente para evitar cualquier impacto perjudicial.

“Una vez que el titular tenga el título, realizará los estudios necesarios y, basándose en ellos, solicitará la autorización del Ibama”, dijo. “Los estudios incluyen la evaluación de la población marina, las actividades de los pescadores y los impactos del petróleo”.

Ramón Fiestas, de GWEC, afirmó que hay mucha experiencia acumulada en torno a la tecnología offshore, y las mejores prácticas internacionales la avalan.

“Entre las comunidades de pescadores y los desarrolladores de proyectos se generan normalmente unos vínculos donde los problemas se resuelven; generalmente, habilitando zonas de pesca que son compatibles con la existencia de los aerogeneradores”, afirma.

Sin embargo, el historial hasta la fecha de los parques eólicos terrestres en toda América Latina, incluidos Brasil, Colombia y México, sugiere que la concesión de licencias y la experiencia acumulada no siempre han sido suficientes para evitar impactos perjudiciales sobre la biodiversidad y las comunidades en determinados casos.

Infraestructura y lobby

Otra fuente de incertidumbre que rodea la entrada de los países latinoamericanos en el sector eólico marino, señalada por los expertos, es la capacidad actual para integrar las instalaciones en sus sistemas energéticos. Según Fiestas, hasta que no se disponga de infraestructuras maduras, la eólica marina requiere la construcción a gran escala, normalmente de parques con una capacidad instalada superior a 500 MW.

“En esa escala es donde se pueden encontrar sinergias y economías de escala, fundamentalmente en costos, y también racionalizar la cadena de suministro”, afirma Fiestas.

Pero esta escala sería más difícil de alcanzar en los países pequeños de la región, donde cada proyecto puede aumentar significativamente su capacidad de generación de electricidad.

Fiestas citó el ejemplo de Uruguay, donde la capacidad instalada de todas las fuentes de electricidad era de 5,3 GW en 2022. Desarrollar un proyecto de 1 GW representaría alrededor del 20% de su sistema eléctrico.

“En un país pequeño como Uruguay, un gran proyecto de energía eólica marina puede representar un enorme desafío tecnológico”, añadió.

 

Por último, hay impasses políticos. La energía eólica marina es resistida por sectores vinculados a los combustibles fósiles. En Brasil, cuando el proyecto de ley sobre el sector pasó por la Cámara Baja del Congreso, incluía incentivos para beneficiar a las centrales termoeléctricas, una inclusión que paralizó la votación, que aún no se ha acordado.

La resistencia de estos sectores y la preferencia por opciones de producción de energía más baratas y familiares podría repetirse en otros países. En marzo, durante una sequía provocada por el fenómeno de El Niño, Colombia maximizó la producción de sus centrales termoeléctricas.

A pesar de los discursos a favor de la transición energética, los gobiernos pueden mostrarse reticentes ante las elevadas inversiones y el riesgo de apagones que a menudo afectan a países de la región, como Venezuela, Chile y Ecuador.

“Muchas veces, los gobiernos tienen un discurso en una línea, pero a la hora de la verdad necesitan garantizar la seguridad”, dijo Santiago Arango. “Ningún gobierno quiere pagar el coste político de tener un país apagado. Entonces, puede haber conflicto con el papel predominante de los combustibles fósiles”.

* Periodista y traductor brasileño, ha trabajado para el diario O Globo y la revista Época y ha publicado en varios medios nacionales e internacionales, como The Scientific American, Sumaúma, The Intercept Brasil y Agência Pública.

 

Venezuela y el MST producirán alimentos en el sur del país

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) tendrá un proyecto conjunto con el gobierno venezolano para producir alimentos en tierras que abarcan más de 10 mil hectáreas en el estado Bolívar, al sur del país. El trabajo conjunto fue anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado lunes (9), durante su programa semanal de televisión  Con Maduro + .

El MST opera en el país desde hace casi 20 años en alianza con comunidades venezolanas, ayudando con proyectos de agroecología, así como capacitación técnica y producción de alimentos orgánicos. Según Maduro, para dar seguimiento a este trabajo se conformó un equipo que estará encabezado por el exministro de Agricultura, Castro Soteldo.

El programa responde a un llamamiento realizado por el presidente a finales de agosto. Maduro lució la gorra del MST en conferencia de prensa y pidió que una brigada de mil agricultores de la organización sea enviada al país para producir en suelo venezolano.

El mandatario dijo que este será un gran proyecto productivo y elogió el trabajo del Movimiento no sólo en Venezuela, sino también en Brasil. “El MST tiene una experiencia maravillosa. Respetan la tierra, producen en la tierra, practican la solidaridad y los valores humanos. ¡Bienvenido MST!”, dijo Maduro.

La coordinadora de la brigada del Movimiento en Venezuela, Simone Magalhães, se reunió con el titular del Ejecutivo y afirmó que el trabajo del MST en Brasil es un éxito. Según Magalhães, además de la producción de alimentos orgánicos, la organización también tiene como punto fundamental la formación teórica.

“Más del 70% de lo que llega a la mesa de los brasileños es producido por la agricultura familiar. El agronegocio no alimenta al pueblo brasileño. Sólo produce  productos básicos  para la exportación. Para nosotros es importante demostrar que la agroecología es una ciencia, por eso necesitamos desarrollar teoría. No basta con producir sin generar conocimiento. Requiere conocer, estudiar. Tenemos un método”, afirmó.

Soteldo fue ministro de 2016 a agosto de 2024. Para él, una de las tres grandes políticas que fueron legado de su administración es la de “pequeña escala y alto rendimiento”. Según el ex ministro, esto significa utilizar tecnologías limpias, conocimientos y agroecología en la producción.

En el encuentro también participó el ministro de Comunas, Ángel Prado. Es uno de los principales organizadores del trabajo realizado entre las comunas y el MST en el país. Prado refuerza que el trabajo de producción de conocimiento realizado por el movimiento brasileño ayuda en la búsqueda de soluciones innovadoras para la producción en las zonas rurales.

“Los hermanos del MST no sólo producen, también estudian para innovar y tecnificar el campo y transformar eso en educación. Tenemos propuestas que vienen desde la base para debatir todo esto. Vamos a desarrollar proyectos en diferentes localidades con áreas desocupadas, incluso en el perímetro de Caracas”, afirmó.

Magalhães también reforzó el trabajo que ya se realiza en el Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (Iala). Fundado en 2006, el espacio tiene como principios rectores el internacionalismo, el vínculo comunitario, la educación popular liberadora, la praxis y su pilar docente es la agroecología.

Marlon dos Santos es activista del MST y se encuentra en Venezuela contribuyendo a la producción de la comuna de El Maizal. Para él, este trabajo con los jóvenes es importante especialmente en las universidades, que tendrán una formación profesional basada en estos valores.

“Hemos estado trabajando con los jóvenes de los municipios, en el aspecto educativo. La agroecología es sumamente importante, lo es incluso en las universidades, aquí la podemos aplicar. Buscamos mostrarles a los jóvenes que producir alimentos no es algo para atrás, para personas que no avanzan en el tiempo. Es posible producir sin el uso de pesticidas”, afirmó.

La agricultura familiar y el conuco

Uno de los objetivos del trabajo conjunto entre el MST y el gobierno venezolano es rescatar el concepto de conuco. La idea es brindar seguridad alimentaria a las familias en un concepto agrosostenible, agroecológico, de preservación, diversificación productiva y cuidado de la tierra. De esta manera se crea una alternativa al agronegocio en la producción de alimentos nacionales.

Maduro dijo que el libro  La Ciencia del Conuco y su Visión Integral  debe ser utilizado como base para el desarrollo de la agricultura venezolana. El trabajo presenta el conuco y su aplicación en espacios de producción. El presidente afirmó que pretende unir al MST con el concepto de conuco.

“La filosofía de Conuco de pequeñas fincas productoras de alimentos saludables es, sin duda, una metodología exitosa. Esto está en línea con la agricultura familiar brasileña. Producir en pequeñas propiedades con diversidad de cultivos y productos, sin dañar la naturaleza. La agricultura familiar también protege esta metodología. No nos importa producir ningún alimento. Tenemos que conocer el clima, la realidad productiva de esa región, el acceso al agua”, afirmó.

 

Bolivia: contrato con rusa Uranium para producir litio

El reciente contrato suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la rusa Uranium One Group representa un hito en la industria de los recursos evaporíticos por su enfoque modular, lo que permitirá iniciar la producción antes de que se complete la construcción total de la planta, afirmó el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta.

Explicó que el acuerdo contractual establece un plazo de 30 meses y una inversión que supera los $us 970 millones para desarrollar un ambicioso proyecto de producción de litio en el país, que consiste en la construcción de una planta industrial de carbonato de litio con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).

A diferencia de otros proyectos que apuestan por construir plantas con capacidad plena desde el inicio, este enfoque modular permitirá que el crecimiento de la producción sea escalonado: primero se llegará a 3.000 toneladas, luego a 9.000, y finalmente se alcanzará la plena capacidad, al cabo de los 30 meses.

Esta modalidad, según el viceministro, facilita un control más cuidadoso del proceso, permitiendo probar y optimizar la tecnología en cada fase, con miras a que las siguientes etapas se desarrollen de manera eficiente. De esta manera, el país busca consolidar su industria del litio con un enfoque que reduce riesgos y acelera la entrada en operación.

Asimismo, Mayta dijo que el contrato busca una apertura a nuevas inversiones. Aunque la Ley 928 establece a YLB como una empresa pública, esta normativa no impide que se apliquen disposiciones propias de una empresa estatal que busque alianzas estratégicas. El contrato firmado será remitido primero al Ejecutivo para su análisis y luego a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

En este contexto, el viceministro subrayó la importancia de que la Asamblea Legislativa agilice la aprobación de estos acuerdos, ya que los beneficios que derivan del proyecto no son exclusivos de un gobierno o actor político, sino de la economía nacional.

La demora en la apertura a inversiones fue un factor que limitó el crecimiento de la industria del litio en Bolivia, y este nuevo acuerdo representa una oportunidad para superar esas limitaciones y posicionar al país como un actor en el mercado global de litio, añadió, según un reporte institucional.

 

Biogás crece 800 % en Brasil, pero su potencial está casi sin usar

Clara Márques *

En el municipio minero de Manga, ubicado en el estado de Minas Gerais, en el sur de Brasil,  el productor Edvaldo Lôpo, propietario de la Hacienda Vista Alegre, tuvo la iniciativa de instalar, hace cinco años, un biodigestor artesanal para producir metano a partir de los desechos de cerdos y vacas lecheras de su propiedad.

Actualmente, usa el biogás para cocinar en casa y en un matadero en la hacienda, ahorrando alrededor de 360 reales al mes (unos 64 dólares) en bombonas de gas.

La experiencia de Lôpo en su hacienda -situada a unos 700 kilómetros de Porto Alegre, la capital del estado- es solo una más entre las miles existentes en Brasil.

Según un estudio liderado por investigadores de la Universidad de São Paulo (USP), entre 2011 y 2020, la producción de biogás creció casi 800 % en Brasil, una buena noticia para la necesaria transición energética, ya que tanto el biogás como el biometano son alternativas al gas natural y a los derivados del petróleo.

Producidos a partir de la descomposición de materiales orgánicos, como desechos de animales y residuos agrícolas, por ejemplo, estas fuentes de energía pueden sustituir la extracción de combustibles fósiles del suelo, además de dar un destino adecuado a los residuos de la agropecuaria, la agroindustria y los vertederos.

Sin embargo, los obstáculos regulatorios y de infraestructura son barreras para el desarrollo del sector en Brasil. Actualmente, la producción es de solo 1300 millones de nanómetros cúbicos (Nm³), alrededor de 1,5 % del potencial nacional.

Potencial desaprovechado

Un estudio publicado en junio sobre el sector de biogás y biometano mostró que el país tiene la capacidad de producir más de 84 000 millones de Nm³ de biogás por año, lo que lo colocaría en la posición de líder mundial en la producción de este tipo de energía.

Para la Asociación Brasileña de Biogás (ABiogás), el producto podría ampliar la generación de energía sin la necesidad de plantar o inutilizar áreas de cultivo, simplemente aprovechando, con fines energéticos, los residuos que actualmente se desperdician y que ya están generando emisiones de gas metano.

“El potencial brasileño es de tal magnitud que el país puede destacarse entre los mayores productores mundiales si se aprovecha adecuadamente la materia prima», afirma Geraldo Lavigne de Lemos, uno de los autores del estudio de la USP e investigador del Research Centre for Greenhouse Gas Innovation (RCGI).

Materia prima en abundancia

En 2023, el país registró la operación de 338 nuevas plantas de biogás y biometano, un aumento de 32 % en relación con 2022, según el Centro Internacional de Energías Renovables y Biogás (CIBiogás).

Actualmente, según CIBiogás, hay 1365 plantas registradas en el país, con el estado de Paraná concentrando 54 % de esa producción (347 plantas), seguido por Minas Gerais (280), Santa Catarina (85) y São Paulo (83), todos en el sur del país.

No falta materia prima para la generación de ambos productos en Brasil. Según la Empresa de Investigación Energética (EPE), la agropecuaria y la agroindustria son los sectores con la producción más relevante en la generación de residuos.

Con 234 millones de cabezas de ganado y 5 millones de cerdos, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), no podría ser diferente.

Además, los residuos sólidos y los efluentes urbanos también pueden aprovecharse para la producción de estos gases. Con tanta materia prima y tecnología en desarrollo, se estima que, en 2031, el potencial técnico de producción superará los 97 000 millones de Nm³ por año.

Además, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Brasil inauguró recientemente la primera planta de producción de petróleo sintético a partir del biogás, un nuevo uso del gas que lo coloca aún más en el centro del proceso de transición energética.

Obstáculos del sector

La Asociación Brasileña de Biogás (ABiogás) mantiene, en su página, un Mapa Regulatorio del Biogás y Biometano actualizado periódicamente. Un análisis del documento permite inferir que Brasil ha avanzado a nivel federal y estatal para establecer un entorno normativo seguro para el sector.

No obstante, todavía existen muchos desafíos para lograr esta expansión. Según Lemos, de la USP, estos desafíos no son solo de carácter regulatorio, sino también económico y de infraestructura.

«Es importante que se enfrenten los desafíos económicos e infraestructurales, con el establecimiento de políticas públicas de incentivo para el desarrollo del sector y la expansión de la red de ductos y tuberías», dice el investigador.

Para Renata Isfer, presidenta ejecutiva de la Asociación Brasileña de Biogás (ABiogás), es también necesario que Brasil reduzca los impuestos que afectan al sector, cree corredores sostenibles y certificados de garantía de origen, y priorice la Investigación y el Desarrollo en energías renovables en todo el país.

Solo así, cuestiones tan básicas como garantizar una vida digna, con salud y comida en la mesa, pueden abordarse.

“Uno de los grandes problemas en Brasil y en el mundo es la contaminación causada por la cocina con leña y combustibles fósiles, responsable de cuatro millones de muertes al año. El biogás es una alternativa para promover una cocina limpia, especialmente para las familias de bajos ingresos”, señala Isfer.

Para los expertos consultados por el reportaje, la estructuración del entorno normativo también es fundamental para proporcionar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo del sector.

El biogás y el biometano se verán favorecidos si los estados, municipios y el Distrito Federal actúan de forma colaborativa, dentro de sus competencias, dicen.

«Algunos estados brasileños, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sur y Minas Gerais, ya cuentan con políticas específicas para el biogás y el biometano o están desarrollando nuevas políticas.

Sin embargo, aún hay muchos estados que carecen de una regulación más clara y amplia», refuerza Heleno Quevedo de Lima, especialista en Biogás y fundador del Portal Energía y Biogás.

La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) ha actuado de manera decisiva para avanzar en el sector, con destaque para la Resolución ANP nº 906/2022, sobre biometano derivado de productos y residuos orgánicos agrosilvopastoriles y comerciales, y la Resolución ANP nº 886/2022, sobre el biometano derivado de vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales.

A pesar de los avances, todavía queda mucho por hacer, dicen los especialistas del sector, incluido el abaratamiento de la tecnología.

Camino hacia la descarbonización

Las actividades económicas humanas generan, anualmente, más de 105 000 millones de toneladas de residuos orgánicos, con la consecuente emisión de metano, según estimaciones de la Asociación Mundial de Biogás.

Al reciclar estos residuos orgánicos, el sector puede permitir que los países reduzcan 10 % las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero para 2030.

A nivel mundial, Alemania es uno de los líderes mundiales en el sector, con una larga historia de producción y uso de biogás y biometano.

Según Lima, del Portal Energía y Biogás, otros países como Suecia y Dinamarca también cuentan con políticas y programas exitosos para el desarrollo del biogás.

En Brasil, los primeros proyectos de biogás comenzaron en la década de 1970. Uno de los factores que motivaron la creación de estos proyectos fue la crisis energética registrada en ese período y la necesidad de desarrollar soluciones para el saneamiento rural.

A partir de 2010, la producción de biogás y digestato – material remanente tras la digestión anaeróbica de una materia prima biodegradable – ganó escala en el departamento de Cerdos y Aves de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), con la instalación del Laboratorio de Biogás del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), actualmente CIBiogás.

“Es importante observar las lecciones aprendidas por otros [países] para, a partir de esas experiencias, hacer la necesaria adaptación del contenido a la realidad nacional, sin dejar de lado el fundamental desarrollo de un modelo brasileño, ajustado a los objetivos que el país tiene en los entornos interno y externo”, refuerza Lemos, investigador de la USP.

El biogás bruto producido en Brasil consiste en 50-75 % de metano, 25-50 % de dióxido de carbono y 2 – 8 % de otros gases, como nitrógeno, oxígeno y gases residuales, como el sulfuro de hidrógeno (H2S), amoníaco (NH3) e hidrógeno, por ejemplo.

La solución tecnológica encontrada para la producción de biogás y biometano fue la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos en un ambiente libre de oxígeno.

Su proceso también puede generar emisiones de gases de efecto invernadero, pero, si se gestiona correctamente, estos gases se controlan y el compuesto resultante puede utilizarse para diversos fines, como la producción de vapor, calefacción, generación de electricidad, inyección en la red de gas natural y combustible para vehículos.

Edvaldo Lôpo, agricultor minero que abre este artículo, está contento con los resultados obtenidos con el biodigestor artesanal instalado en su propiedad.

“Con el reaprovechamiento de los desechos, solo con el biodigestor artesanal, puedo usar el gas metano para las actividades de la sede de la propiedad. Ahorro el equivalente a la compra de dos bombonas de gas para cocina”, comparte.

Tiene la intención de ampliar la producción y el consumo de biogás para la propia hacienda, con la sustitución de la leña y para la generación de electricidad a través de un generador de gas.

Sin embargo, los altos valores de inversión en equipos y la falta de incentivos para pequeñas propiedades son un obstáculo.

“Necesito invertir alrededor de 300 000 reales (54 000 dólares) para triplicar el tamaño del biodigestor. Para la instalación de una geomembrana, se requiere una inversión de al menos 100 000 reales (18 000 dólares); otros 100 000 reales para equipos de movimiento y separación de desechos, y 100 000 reales más para una caldera o generador”, dice Lôpo.

Afiliado a la Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de Minas Gerais, Lôpo cree que el biogás tiene un gran potencial en la región del norte del estado, especialmente entre los pequeños agricultores.

Para que esto se convierta en una realidad, no solo en Minas Gerais, sino en todo el país, Brasil tendrá que mirar de cerca todo el potencial que ha desperdiciado.

 

Argentina: instrucciones para crear una factoría

Horacio Rovelli *

La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2025 prioriza el pago de los servicios de la deuda pública (capital e intereses) que, según la Planilla N.º 12, anexa al art. 8.º, implica financiar vencimientos de 158.623.971 millones de pesos en el año venidero, para lo cual se prevé abonar intereses por 9.984.429,1 millones de pesos.

Modificando el orden de la formulación presupuestaria dispone en el art. 1º del proyecto, como regla fiscal, que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025, y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario (resultado financiero significa contemplando el pago de los servicios de la deuda bruta). La regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción.

El equilibrio financiero que prioriza es para pagar los servicios de una deuda pública nacional que no se investigó, que pasó de 222.703 millones de dólares en diciembre de 2015 a 452.071 millones de dólares al 31 de julio de 2024, que no se sabe a ciencia cierta en qué se utilizó y a quiénes benefició y beneficia; pero eso sí, se va a pagar enajenando las reservas de petróleo y gas, de oro y plata, de litio y minerales raros, etc.

Es decir, con la prioridad del pago de la deuda y ante su imposibilidad manifiesta de cancelarla, se cede la explotación de nuestros recursos naturales al capital privado, para lo cual cuentan con la Ley 27.742 que incluye el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) con reglas y normas propias, con posibilidad de recurrir al CIADI y a otros fueros en el exterior, pueden utilizar prioritariamente nuestros recursos naturales, al quinto año no liquidan sus exportaciones en el país, y no tienen obligación de abastecer al mercado interno.

Para ello necesitan reducir el gasto público y la intervención y el control estatal, para posibilitar la privatización de los recursos que no pertenecen a este gobierno, sino al pueblo y a las futuras generaciones de argentinos.

Severas inconsistencias

En busca de enajenar el patrimonio nacional, el Proyecto de Presupuesto 2025 presenta severas inconsistencias que lo hace irrealizable.

1. Inconsistencia Macro 

Tiene el mérito de reconocer para este año 2024 la caída de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) del 22,2% del PIB, descenso que refleja la depresión económica imperante, similar a la del año 1975 tras el “Rodrigazo”, a la de la crisis de 1982 (post Malvinas), a la de la hiperinflación de 1989-1990, y a la del fin de la convertibilidad de 2001-2002.

Pero, para el año 2025 es incompatible sostener que el tipo de cambio crece igual que la inflación (18,3% anual, 1,4% mensual):

• a) Por el carry trade (bicicleta financiera), si compraron títulos públicos ajustados en pesos, es porque la inflación supera a la devaluación del tipo de cambio.
• b) Por las exportaciones, es imposible que crezcan si no se ajusta el tipo de cambio.
• c) Las importaciones con el atraso cambiario deberían crecer mucho más, salvo que la depresión económica sea tan grande que la limite.

2. Inconsistencia presupuestaria

• a) El gasto público de la Administración nacional se reduce este año 2024 en 4,6% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares), de allí que Javier Milei se jacta de haber echado 31.000 agentes de la Administración nacional, de disminuir en 1,8% del PIB el gasto previsional, de paralizar la obra pública (que el año 2023 fue del 1,3% del PIB) y de reducir las transferencias a las provincias en un 14,9 % en términos reales, acciones que proyecta conservar al menos iguales para el año 2025.
• b) El pago de los intereses y otras rentas de la propiedad (en una deuda que no deja de crecer) son menores en porcentajes del PIB. Desciende de 1,8% del PIB en el año 2023 (dato del ejercicio fiscal finalizado —cuenta de inversión 2023—), se estiman para este año 2024 de 1,5% del PIB, a 1,3% para el año 2025, salvo que antes de fin de año reestructuren la deuda.
• c) El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 contempla un incremento en jubilaciones, pensiones y retiros, para el cual se prevén 13.571.842 millones de pesos más, que representa un aumento nominal del 39,3% respecto del ejercicio 2024. Crece con respecto a la inflación prevista de 18,3%, pero es semejante a la inflación que pronostica el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), del BCRA, en torno al 40%. Por ende, lo que nos dice es que incrementándose el número de beneficiarios, destinan la misma partida, y siguen descendiendo en términos reales los haberes previsionales
• d) También aumentan las partidas para las transferencias a las provincias y municipios en un 77,4% nominal con respecto a este año 2024, pero queda supeditado a que aumenten los ingresos.
• e) El ajuste se profundizará en lo destinado a subsidios a la energía, dado que en el Mensaje del Presupuesto 2025 afirman: “Promover el libre mercado para garantizar la asignación eficiente de recursos energéticos, eliminando distorsiones causadas por la excesiva intervención estatal”. Eso significa que continuarán con los recortes de las compensaciones estatales y los aumentos de tarifas. Actualmente, los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 64,78% del precio mayorista de generación y en el presupuesto 2025 prevén que pasarán a abonar el equivalente al 84,83% del costo real de la energía.
• f) En cuanto a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el Presupuesto contempla un aumento en la recaudación del 155,2% con respecto a los ingresos de este año. Superará los 5,53 billones de pesos y, según la explicación oficial, será por el traslado a los precios de los surtidores de “las actualizaciones pendientes” de esos tributos.
• g) En el gasto de capital (obra pública) y financiamiento de capital, las transferencias de capital aumentan un 18,7% (tasa similar a la inflación prevista de 18,3% pero menor a la estimación del REM del BCRA). Las transferencias de capital más significativas son para obras en las provincias y municipios, para la empresa Energía Argentina S. A. (Enarsa), la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (Aysa S.A.), y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S. E.

Proyecciones de ingresos

En las previsiones de recaudación tributaria se prevé la reducción del impuesto a los bienes personales, que aportará un 0,11% del PBI (833.000 millones de pesos) menos que el 0,19% del PIB con el que terminará el 2024.

Mientras, los sectores de menores ingresos deberán enfrentar fuertes subas en los gravámenes. Los mayores incrementos se presentan en el monotributo, que se triplicaría de un año al otro (0,04% del PBI en 2024 a 0,09% del PBI en 2025), y en el impuesto a las ganancias pagado en su mayoría por trabajadores, al no modificarse el mínimo no imponible del tributo que pasará de representar el 4,42% del PBI este año hasta 5,05% en el 2025, es decir 0,63 puntos porcentuales más.

El impuesto a los combustibles también tendrá un fuerte reajuste a lo largo de 2025, que pasará de 0,38% a 0,76% del PIB en por lo ya explicado en el punto “f”.

Es llamativo que estiman que los aranceles por exportaciones duplicarían su recaudación (de 0,96% del PBI en el 2024, a 1,43% del Producto en el 2025), cuando no se espera una fuerte suba de los precios ni de las cantidades exportadas. Y en menor medida sucede con otros tributos, para que el total de ingresos tributarios sea del 22,92% del PIB en el año 2025, contra el 22,37% de este año 2024, cuando cesa de percibirse el Impuesto PAIS que, según estima el propio gobierno, implica un ingreso del 1,1% del PIB.

También habrá una caída en términos reales (descontada la inflación) en la recaudación del IVA. En términos del PIB, el IVA neto de reintegros se reducirá en 0,31 puntos con relación a 2024, considerando entre otros factores el supuesto de finalización de la suspensión de los certificados de exclusión para operaciones aduaneras, que impacta en la comparación interanual.

Prevén para el año 2025 un acrecentamiento en aportes y contribuciones a la seguridad social, que explican en el Mensaje del Presupuesto por los aumentos proyectados de la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible y los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio. En el mismo sentido, incidirán los mayores ingresos esperados correspondientes a los regímenes de facilidades de pago. Esas proyecciones se contradicen con la realidad, cuando en este año están descendiendo dichos aportes y contribuciones mes a mes, por la depresión económica imperante.

Obviamente, y de acuerdo a la Regla Fiscal del art. 1 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025, de no cumplirse las previsiones, se reduce el gasto primario (antes del pago de los servicios de la deuda), para garantizar el pago de los intereses y vencimientos de capital de la deuda.

Otro país, otro modelo económico y social

La Administración de Javier Milei demuestra en todo su accionar y propuesta cómo se convierte un país que posee fuentes de energía y produce alimentos, que cuenta con una mano de obra capacitada y disciplinada, en una factoría extractivista.

En 1949, John William Cooke como constituyente explicaba la imperiosa necesidad de la intervención del Estado en la economía y de la reforma de la Constitución nacional: “Las enormes concentraciones financieras —resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados— crearon condiciones en que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las grandes organizaciones capitalistas, de proyecciones mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica sino política. Este estado de cosas obliga a la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas”.

Arturo Sampay aseveraba: “Frente a la realidad de las empresas multinacionales y el imperialismo que estas ejercen sirviéndose del poderío de los Estados altamente desarrollados, el principio de la soberanía promueve y condiciona el progreso esencial del derecho internacional contemporáneo. Lejos pues de ser arcaico, el principio de la soberanía tiene una fuerza decisiva para mantener la paz e impulsar el progreso de los pueblos”[1].

El Capítulo IV de la Constitución nacional de 1949, compuesto por tres artículos, plantea la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. En el art. 38 dice que la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. En el art. 3 manifiesta que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social.

Y en el art. 40, que toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios, para afirmar: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

Cuando Marc Stanley dice que la Argentina tiene lo que el mundo necesita, no deja que esos valiosos recursos se empleen para “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”. El peronismo de 1945 hubiera acuñado la consigna “Marc Stanley o Perón”.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

 

Panorama Internacional

India, en BRICS, camino de ser la tercera economía del mundo

La economía de la India está camino de convertirse en la tercera más grande del mundo, al pasar a la categoría de ingresos medios altos en menos de una década. Actualmente su economía es la quinta del planeta, con un producto interno bruto (PIB) de 3,38 billones de dólares, detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania.

Según las proyecciones de la agencia de calificación de riesgo estadounidense S&P Global, el tamaño del PIB nominal del país casi se duplicaría, hasta superar los 7 billones de dólares en el año fiscal 2030-31, en caso de que se cumpla el crecimiento anual previsto del 6,7%.

Datos positivos

En ese sentido, el informe, publicado este jueves, da cuenta de que el país se ha convertido en la gran economía de más rápido crecimiento en los últimos años, con perspectivas favorables a mediano plazo. En el año fiscal hasta marzo del 2024, el crecimiento sorprendió al alza, con un 8,2%, superando la estimación anterior del Gobierno de un 7,3%.

En esa línea, se produjo un aumento de los nuevos pedidos de exportación de bienes y servicios, lo que complementa la pujante demanda interna en la India e impulsa la expansión de las ventas totales y la actividad comercial, se destaca.

Además, en un contexto en que la existencia de fuertes reservas externas es crucial para afrontar los riesgos globales, las de la India son resilientes en comparación con las de otros países. El informe da cuenta de que el país tiene sólidas reservas de divisas de más de 650.000 millones de dólares gracias a las políticas de consolidación fiscal.

Desafíos para mantener el crecimiento

No obstante, S&P advierte que, para sostener el crecimiento económico, el Gobierno indio debe introducir reformas para mejorar las transacciones comerciales y la logística, que está por debajo de los países de la región, así como aumentar la inversión del sector privado y reducir la dependencia del capital público.

«Igualmente importante es limitar la inflación de los alimentos abordando los obstáculos estructurales y los riesgos climáticos, así como fomentando las condiciones para una política monetaria de apoyo», se agrega.

El FMI debe poner fin a sus destructivos recargos

Joseph E. Stiglitz, Kevin P. Gallagher, Martín Guzmán y Marilou Uy *

Un grupo de 22 países en dificultades financieras, entre ellos Pakistán y Ucrania, se ha convertido en la mayor fuente (https://bit.ly/3XUDSvm) de ingresos netos del Fondo Monetario Internacional en los últimos años, con pagos que exceden los costos operativos del Fondo (https://bit.ly/3XQ3adH). La institución encargada de brindar el bien público global de un sistema financiero internacional que funciona correctamente, en realidad, les está pidiendo a los países que prácticamente no pueden pagar sus propias cuentas que paguen los platos rotos del resto del mundo.

Esta situación indecorosa es resultado de la política de multas y recargos del FMI, que impone honorarios adicionales a los países que exceden los umbrales del monto o del plazo de su endeudamiento con el Fondo. Imponer sanciones a países como Ucrania, devastada por la guerra, o Pakistán, un país de ingresos medio-bajos donde las inundaciones hace dos años sumergieron un tercio de su territorio (https://bbc.in/47yA8me), parece algo poco ético para la misión del FMI: mantener la estabilidad del sistema financiero global.

Los recargos no garantizan el pago ni protegen las finanzas del FMI. Su principal efecto es incrementar la carga de los pagos de deuda precisamente cuando los países no pueden asumirlos, contraviniendo el propio fundamento del Fondo, que fue creado para brindar financiamiento contracíclico.

Peor aún, los recargos se han vuelto mucho más onerosos (https://bit.ly/3XTpQdn) para los países endeudados en los últimos años y, así, mucho más difíciles de justificar. En 2020, diez países pagaban estos sobrecostos al FMI; en 2023, con la crisis del covid-19, la guerra en Ucrania y las tasas de interés en alza, esa cantidad había subido a 22 (https://bit.ly/3XTpQdn).

Y más importante aún la tasa básica del FMI aumentó de menos de uno por ciento a cerca de 5 por ciento, haciendo subir la tasa de préstamo total para quienes pagaban recargos hasta 7.8 por ciento (https://bit.ly/4gvNofw). No sorprende que a estos países les cueste salir de las crisis de deuda. Es hora de poner fin a los recargos (https://bit.ly/47A8UeW).

Los defensores de los recargos sostienen (https://bit.ly/3XS215u) que los pagos adicionales desalientan a los deudores de endeudarse excesivamente con el FMI. Pero este argumento de riesgo moral ignora que los préstamos exigen la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo, que podría rechazar las solicitudes frívolas, y pasa por alto el hecho de que los recargos vuelven a los países más dependientes del FMI, no menos.

El FMI es un acreedor privilegiado, lo que implica que los países deben pagarle al Fondo antes que a cualquier otro acreedor. La acumulación de recargos por encima de lo que los países ya deben les exige dedicar más divisas escasas para pagarle al FMI, limitando su capacidad de acumular reservas de moneda extranjera y volver a ganar acceso a los mercados de capital internacionales. En este contexto, muchos países no tendrán otra opción que seguir dependiendo del crédito del Fondo para pagar sus préstamos previos con el FMI.

Más allá de las particularidades de la condición de acreedor privilegiado del FMI, los recargos son inherentemente procíclicos. Los factores externos, como las tasas de interés en alza, los shocks de los precios de las materias primas, las monedas sobrevaluadas y los eventos climáticos extremos, muchas veces llevan a los países a pedir prestadas sumas importantes al Fondo. De la misma manera, la capacidad de acceder a los mercados de crédito internacionales y pagarle al FMI antes depende, en gran medida, de las condiciones financieras globales, también un factor externo. En un contexto internacional adverso, aumentar las obligaciones de los países que sufren crisis de deuda va en contra del objetivo de restablecer trayectorias de crecimiento estables.

Quienes defienden los recargos también sostienen que son necesarios para fortalecer los resguardos financieros del FMI. Pero dejando de lado el punto obvio de que imponerle la carga de crear estos resguardos a los países en problemas financieros no se ajusta a la misión del Fondo de proteger la estabilidad financiera, esta lógica ya no es válida, si alguna vez lo fue.

Este año, el FMI va a alcanzar (https://bit.ly/3XCu3R6) su objetivo a mediano plazo de saldos precautorios (cuya necesidad se ha exagerado sobremanera, dado que los incumplimientos de pago por parte de los deudores son extremadamente raros). Una vez que se haya cumplido ese objetivo, los recargos les estarían sacando dinero a los países de medianos ingresos extremadamente endeudados para gestionar el FMI –reduciendo la carga sobre los países ricos. Pedirles a estos países que financien los bienes públicos globales que brinda el Fondo es un error, especialmente en un momento en que los países deberían estar incrementando la inversión para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (https://bit.ly/4ehMFwX) para 2030 de Naciones Unidas y sus aportes determinados a nivel nacional según el acuerdo climático de París (https://bit.ly/3MQZBhn).

La revisión que el FMI divulgó recientemente (https://bloom.bg/4eah801) de su política de recargos brinda una oportunidad para enmendar un sistema disfuncional. El Fondo debería escuchar a quienes reclaman una reforma de los recargos (https://bit.ly/4gCD7yj), entre ellos la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley (https://bit.ly/47Dgqpl), el G-24 de países en desarrollo (https://bit.ly/3MQZO49) y varios legisladores (https://bit.ly/47D8OTL) en Estados Unidos.

La opción más simple y efectiva sería, directamente, eliminar los recargos. Si esto resulta políticamente imposible, las reformas podrían incluir un tope de los cargos totales por intereses (la tasa básica más los recargos). El FMI, así, impondría menos cargas excesivas a los países endeudados, especialmente en condiciones monetarias restrictivas, y los recargos disminuirían en tanto aumenta la tasa de interés básica del Fondo.

Otros ajustes técnicos ayudarían a reducir la carga. Por ejemplo, el FMI podría aumentar los umbrales para imponer recargos y alinearlos con los límites actuales de acceso excepcional, más allá de los cuales la situación de un país se considera lo suficientemente extraordinaria como para dar lugar a un préstamo fuera del marco estándar del FMI. Contar lo que un país paga en concepto de recargos como pagos principales de los préstamos del FMI también marcaría una gran diferencia.

Aun si los recargos en algún momento tenían sentido como política, en este momento ya no. Las finanzas del FMI son robustas; las finanzas de países como Pakistán y Ucrania no lo son. Obligar a los países a pagar más no hace más que incrementar su carga de deuda. Esta no es la manera de proteger a la economía mundial o de financiar a la institución encargada de la estabilidad financiera global.

*Joseph E. Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial y ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del gobierno de EEUU, es profesor en la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024). Kevin P. Gallagher es profesor de Políticas Globales de Desarrollo en la Universidad de Boston y director del Centro de Políticas Globales de Desarrollo de la Universidad de Boston. Martín Guzmán fue ministro de Economía de Argentina, y Marilou Uy, ex directora de la Secretaría del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y el Desarrollo (G-24), es miembro sénior no residente del Centro de Políticas Globales de Desarrollo de la Universidad de Boston.