Uruguay: nueva ley de medios inconstitucional, a medida de los propietarios

Luvis Hochimín Pareja

El gobierno derechista uruguayo aprobó en el Parlamento una ley de Regulación de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual que contiene artículos advertidamente anticonstitucionales, favorece a los grupos poderosos de la comunicación y permite la restricción de la libertad de expresión.

El proyecto de obtuvo la madrugada del jueves la sanción parlamentaria definitiva con 50 votos de la coalición de gobierno de derecha, sobre 91 diputados presentes del total de 99 que conforman la Cámara Baja. El opositor Frente Amplio (centroizquierda) no apoyó la iniciativa, que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual adoptada en 2014 al final del gobierno de José Mujica, y reglamentada en 2019 en el último tramo de la segunda presidencia del también izquierdista Tabaré Vázquez.

El proyecto comenzó a manejarse hace tres años, pero recién se aprueba en el año electoral, a menos de tres meses de los comicios donde coalición derechista que conduce el presidente Luis Lacalle perdería la conducción del Estado a manos del centroizquierdista Frente Amplio, principal partido de oposición.

En el proyecto tuvieron participación protagónica los dueños de los canales de televisión en su confección y, naturalmente, la norma los favorece de manera directa, por lo que, en consecuencia, perjudica a la democracia. Asimismo, consagra el derecho de los titulares de licencias de televisión para abonados de ofrecer servicios de banda ancha, en competencia con los servicios del Estado.

La nueva normativa, que como la de 2014 regula sólo los servicios de radio y televisión, y no la difusión en internet, elimina la declaración de que el Estado debe impedir la formación de monopolios y oligopolios para garantizar la diversidad y el pluralismo en el acceso a la información.

También deja sin efecto el financiamiento del fondo de promoción del sector de comunicación audiovisual, conformado con aportes de los titulares de licencias de televisión para abonados, así como la obligación de los cableoperadores de incluir en su paquete básico las señales de la televisión nacional de Uruguay.

Su desfachatada costumbre de beneficiar a los grandes medios perseguía ese propósito, pero, incluso en el contexto de esa convicción, la ley que acaban de aprobar es sorprendente. De buenas a primeras, en un cúmulo de normas que perjudican a la estatal de comunicaciones Antel y favorecen a los grandes medios, legisla descaradamente para garantizarse un blindaje posmortem, señala CarasyCaretas.

La ley incluye crear cargos en año electoral, algo especialmente vedado por la Constitución y que le permite al Gobierno nombrar por seis años al director de los medios públicos, incurriendo en una flagrante arbitrariedad con la intención de prorrogar, más allá de los límites de este período, su control de los medios de comunicación del Estado.

Los analistas se preguntan si las groseras inconstitucionalidades que exhibe la norma pasarán el filtro de la Suprema Corte de Justicia cuando les toque abordarlas, pero más allá de los que atentan contra la Carta Magna hay otro montón de artículos nefastos para la sociedad y ruinosos para el Estado.

Alberto Grille señala que lo único bueno de esta ley de medios es que los desnuda, los pinta de cuerpo entero como lo que verdaderamente son cuando se retira el maquillaje: una coalición de partidos de derecha, con una vocación autoritaria de manual, completamente embarcados en una estrategia de supresión de la información y de la crítica para mantener el control político de la sociedad y continuar favoreciendo un entramado de intereses privados y una orientación conservadora de la cosa pública.

Veto presidencial

Aunque la Constitución le daba un plazo de diez días, el presidente Luis Lacalle Pou no esperó ni 24 horas para vetar el artículo 72 de la nueva ley de medios que, a propuesta del ultraderechista Cabildo Abierto (CA), consagraba el derecho de los ciudadanos a recibir “una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”.

En el veto que envió este jueves a la Asamblea General, Lacalle Pou sostiene que el artículo “se observa por razones de constitucionalidad y conveniencia”.  El artículo, ahora aprobado en el Parlamento, también imponía a los medios de comunicación la obligación de dar información “imparcial” y “equilibrada” en “todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término”.

Lacalle argumenta que, “sin perjuicio de vulnerar la libertad de industria”, el texto en cuestión supone “una obligación incompatible con la libertad de expresión”, dado que, “no sólo obliga a los medios a cómo deben comunicar”, sino que además define “qué tipos de contenidos deben comunicarse”.

En definitiva, el presidente sostiene que observar este artículo “resulta imprescindible en un Estado de derecho” para “salvaguardar el derecho y la garantía jurídica de la libertad de expresión como derecho humano que deriva de la forma republicana de gobierno”.

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo que el propósito del artículo era garantizar “la libertad del ciudadano”: “¿Qué libertad tiene un ciudadano de elegir [en las elecciones] en base a la caricatura que le hacen de un partido o de un candidato?”, preguntó.

Manini sostuvo que la nueva ley de medios “tiene aspectos que son mucho más polémicos” y advirtió que, sin el artículo, “en el futuro puede pasar que por la concentración de medios los tres o cuatro medios de comunicación decidan a quién le ponen el micrófono o no”. El senador cabildante Guillermo Domenech lamentó que, “una vez más, el presidente no cumple con la palabra empeñada”, que fue “transmitida a través de sus senadores”, resaltó.

La Constitución prevé la posibilidad de que el Parlamento levante el veto del Poder Ejecutivo, siempre y cuando la Asamblea General reúna una mayoría especial de tres quintos de los votos. La senadora del Partido Nacional (PN, oficialista) Graciela Bianchi, “señaó que “Lo que nos importaba a nosotros era derogar la ley vigente, que era peligrosísima”, subrayó.

El diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Varela dijo que se alegraba por la decisión del presidente, pero –añadió- “eso no quita que estamos ante una muy mala ley”, que “tiene una cantidad de elementos negativos que significan un enorme retroceso con relación a la legislación que teníamos”.

La ley ahora modificada, fue aprobada en el gobierno de José Mujica y reglamentada en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. A modo de ejemplo, Varela señaló el mecanismo de designación de las nuevas autoridades del sistema público de radio y televisión, ya fue catalogado como inconstitucional por la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

“Es absolutamente inconveniente la creación de cargos que comprometen la gestión del próximo gobierno en materia de medios públicos; no deberían haberlo hecho a esta altura del año”, afirmó.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)