El Salvador: tres mil menores detenidos bajo el estado de excepción

El documento denuncia numerosas redadas de la policía y el Ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80 mil detenidos, incluidos casi tres mil menores. El texto contabiliza más de mil niños que fueron condenados, con sentencias que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos «por cargos definidos de forma excesivamente amplia como el delito de integrar agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados».

«Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno» del presidente Nayib Bukele, dijo la directora de las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

«El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades», agregó Goebertus. La ONG pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicar «prontamente» un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el país y solicitar permiso al gobierno de Bukele para visitar las cárceles.

Bukele lanzó en marzo de 2022 una «guerra» contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas. Bukele rechaza terminar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura.

En febrero Bukele fue reelegido con el 85 por ciento de los votos. Logró competir por su reelección después de que la Corte Suprema, con mayoría de jueces elegidos por sus aliados  en el Congreso, dictaminó que podía buscar un segundo mandato, contradiciendo las normas constitucionales del país.

Por su parte, La ONG salvadoreña Cristosal consignó la semana pasada que al menos 176 niños quedaron huérfanos por el deceso de alguno de sus progenitores presos, mientras que 261 adultos murieron bajo custodia estatal entre 2022 y 2024″.

«Esas muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción tienen ese alto costo, de dejar a muchos hijos en la orfandad, pues el Estado incumplió su obligación de garantizar su vida, su salud», sostuvo Zaira Navas, jefa de la unidad de Estado de Derecho de Cristosal, quien advirtió que los muertos en prisión «podrían ser más» pero «la falta de acceso a información oficial» impide conocer el número real.

Confesiones falsas y torturas

Un caso documentado es el de un estudiante de 16 años que fue detenido en mayo de 2022 en Sensuntepeque, unos kilómetros al nordeste de la capital, San Salvador. «Los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía», planteó el informe. El joven fue acusado de integrar agrupaciones ilícitas «sobre la base de un único testimonio de un ‘testigo criteriado’ anónimo, y condenado a seis años de prisión». Aún está preso, mientras se siguen registrando palizas y agresiones sexuales en prisión.

«En muchos casos las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura», dijo la organización. Mientras, las autoridades salvadoreñas «han tomado pocas medidas, si es que alguna», para proteger a los menores de la violencia de otros presos.

Según HRW, «Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social».

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).