Boluarte, Fujimori, la Iglesia, elecciones 2026, y la sorpresiva defensa de Castillo

Mariana Álvarez Orellana

Culminada la danza de pases de más de 22 mil afiliaciones de ciudadanos a los partidos políticos para poder participar en las elecciones internas que, además, los podrían catapultar como opciones para tentar un cargo público en 2026, corresponde mirar el escenario electoral más próximo, a menos de dos años de los comicios.

El exdictador de Perú Alberto Fujimori, de 85 años, quien en diciembre fue indultado de su condena por corrupción y responsabilidad en el asesinato de 25 personas, se postulará por cuarta vez a la presidencia en 2026, anunció su hija Keiko Fujimori, aun cuando la ley vigente establece que cualquier persona declarada culpable de actos de corrupción, como Fujimori, no puede postularse a la presidencia o vicepresidencia.

Mientras asoma el pacto entre la presidenta Dina Boluarte y el exdictador, el cronograma electoral, con fechas fijas establecidas, no ha sido publicado por el Jurado Nacional de Elecciones, ente rector de los procesos electorales en el Perú, debido a los cambios normativos que ha propuesto el Congreso, que todavía podrían modificar los plazos hasta abril de 2025, un año antes de los comicios, cuando entre en vigor  inmodificabilidad de las leyes para su aplicación en los comicios.

En ese mes, la presidenta convocará a elecciones presidenciales y congresales, se cerrará el padrón electoral, en el cual se fijará el número de votantes habilitados por cada jurisdicción, y empezará a regir la inmodificabilidad de leyes; es decir, las normas que apruebe el Congreso ya no surtirán efectos para el proceso de 2026.

En abril, la presidenta (si aún está en funciones) convocará a elecciones presidenciales y congresales, se cerrará el padrón electoral, en el cual se fijará el número de votantes habilitados por cada jurisdicción, y empezará a regir la inmodificabilidad de leyes.

Episcopado: grandes sombras

“Ya no podemos llamar al Perú un país democrático, donde se respeta la dignidad de las personas”, afirma la Pastoral Social Nacional y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), a la vez que anuncian su compromiso “como cristianos responsables con la realidad”, acogiendo “el clamor de la gente”. En el mensaje titulado “La autoridad es un servicio y una autoridad que no es servicio, es dictadura”, la iglesia catgólica peruana se vuelca en defensa de la democracia y sus instituciones.

“Nos indignan las grandes sombras que cubren a nuestra querida patria por los intereses particulares de grupos y personas que buscando su propio beneficio destruyen la democracia y las instituciones, vulneran los derechos humanos, la dignidad humana y de nuestra nación y desconocen el Estado de derecho”.

Como ejemplo de esas “grandes sombras” y de una “cultura de la ilegalidad”, señalan la captura de” algunos de los órganos constitucionales autónomos del país”, así como “los intentos de controlar la Junta Nacional de Justicia” y con ello el sistema de administración de justicia y los organismos electorales.

Se refieren igualmente a la ley que prohíbe la participación política de movimientos regionales, “que mantendría los mismos intereses enquistados en todos los poderes del Estado y sus altos niveles de corrupción e incluso vínculos con el crimen organizado”.

La “cultura de la ilegalidad” también se evidencia –señala el mensaje de los religiosos– en leyes aprobadas por el Congreso que favorecen “la amnistía de militares y policías que han cometido crímenes de lesa humanidad”.

«Los indultos ilegales de sentenciados por esos mismos crímenes; la ley que favorece al crimen organizado; las normas que facilitan las economías ilegales y su formalización y la deforestación de nuestra Amazonía en favor de intereses económicos que agudizarán el cambio climático; los conflictos sociales; los asesinatos de defensores/as que defienden sus territorios y nuestra casa común, buscando la desaparición de los pueblos indígenas, a quienes consideran un obstáculo para un supuesto “desarrollo”, añaden.

En defensa de Pedro Castillo

«Pedro Castillo no debería ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Castillo”, encarcelado desde su destitución en diciembre de 2022, declaró –sorpresivamente- Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria Dina Boluarte en una entrevista televisiva.

Portugal, parte del entorno de Boluarte, quien sustituyó en el cargo a Castillo y ha hecho de los ataques al exmandatario una constante, acusando a su antecesor en el cargo, de quien fue vicepresidenta, de rebelión y de golpista. El abogado aseguró que Castillo es víctima de una persecución y debería seguir siendo el presidente de la República. Una declaración que coincide con la defensa legal de Castillo y cuestiona la legalidad de la presidencia de Boluarte,

Portugal, quien defiende a Boluarte en un proceso por lavado de activos, señaló que “ es una postura académica, no hubo rebelión dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito de rebelión, y me parece que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él (Castillo). El expresidente Castillo no debería ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Castillo”.La declaración sorprendió y removió el ambiente político y jurídico.

Castillo fue destituido por el Congreso y apresado luego que diera un sorpresivo mensaje al país en el que anunció el cierre del Congreso, controlado por la oposición de derecha y extrema derecha, que buscaba sacarlo de la presidencia desde que había asumido en julio de 2021. La Fiscalía pidió 34 años de prisión para Castillo, quien tiene abierto otro proceso por presunta corrupción.

La defensa de Castillo alega que no se ha configurado el delito de rebelión por el que se le acusa porque este delito tiene como requisito un levantamiento en armas, lo que no ocurrió: todo se limitó a un discurso político sin consecuencias, por lo que no hay delito. También argumentan que el Congreso destituyó a Castillo sin respetar el procedimiento constitucional y el reglamento parlamentario, por lo que esa destitución es ilegal y debe ser repuesto en el cargo.

En estas sorpresivas declaraciones, el abogado de la presidenta reconoce lo que todavía no reconoce el Poder Judicial peruano, que está cooptado por el fujimorismo.

El abogado argentino Guido Croxatto, quien comparte con Eugenio Zaffaroni la defensa legal de Castillo por la acusación de rebelión y han llevado su caso a instancias internacionales, señaló a Página12 de Argentina que se trata de “un intento de resguardo de un gobierno que se desmorona” .

“Puede parecer que esta declaración de su abogado va en contra de Boluarte y la está hundiendo, pero creo que es una estrategia de defensa coordinada con ella para tratar de salvarla de una condena a nivel internacional, diciendo que los responsable del golpe contra Castillo son los congresistas que lo destituyeron ilegalmente y los jueces que avalaron ese procedimiento, y que Boluarte, que ella no tiene que ver con eso, señaló.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)