Circo represivo y otro golpe al gobierno de Milei: sorpresivo rechazo del DNU

Emilia Trabucco 

Tratamiento sorpresivo y rechazo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Senado; show represivo frente al narcotráfico en la provincia de Santa Fe; escándalo por el aumento del 50% del sueldo del presidente, y la publicación del índice de inflación, frente a la caída de poder adquisitivo que no da tregua al bolsillo de les trabajadores.

Una lectura de fondo es necesaria para poder comprender la acelerada coyuntura política argentina. Lo que subterráneamente estaría explicando la sucesión de hechos, es la profundización de la disputa entre proyectos económicos al interior de la fuerza en posición de gobierno, que golpea sobre la gobernabilidad del propio presidente Javier Milei para quedarse con las riendas del Ejecutivo.

Mientras tanto, la crisis económica, política y social se agudiza y las “fuerzas del suelo” multiplican paros y movilizaciones.

Ante el aumento de la conflictividad, el presidente, fiel a su estilo confrontativo,  no parece dar brazo a torcer, a pesar de los esfuerzos por presentarse ante los gobernadores y las fuerzas políticas con intención de llegar a algunos consensos, desde que lanzó el “Pacto de Mayo” en su discurso de apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo. El libertario sigue abriendo frentes de batalla, que se suman a la confrontación que mantiene con los gobernadores provinciales.

Cuatro claves para entender la coyuntura política

Clave #1: El rechazo del mega DNU en el Senado. El golpe político contra Milei

“Sorpresivamente”, la vicepresidenta Victoria Villarruel, en calidad de presidenta del Senado, dio vía libre para el tratamiento del mega DNU vigente en la Cámara Alta. La sorpresa se la llevó el mismo Ejecutivo: la noche anterior, lanzó un comunicado desde la Oficina de Presidencia cuestionando la decisión de la vice: “preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores que pretenden avanzar en una agenda propia e inconsulta”, reza el texto en la red X. No tardaron en llegar la lluvia de agravios a Villarruel de parte de los ejércitos de trolls libertarios.

El mismo presidente volvió a sus polémicos “me gusta”, entre los que se destaca su aprobación al posteo de un usuario donde se leía: “El DNU será una 125 silenciosa. No queden pegados a esto. Los senadores que lo van a voltear no podrán caminar por la calle”. Haciendo alusión a la conocida Ley 125, que desató el conflicto mal llamado “campo vs. gobierno”, y cayó en el Senado con el voto del desempate del vicepresidente Julio Cobos, cuando Cristina Kirchner era la presidenta.

Finalmente, el 14 de marzo y luego de varias horas de sesión, los senadores rechazaron el DNU, con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones. El bloque de Unión por la Patria (peronista) hizo valer sus 33 bancas en la Cámara, acompañado por senadores patagónicos, quienes protagonizaron uno de los capítulos de la disputa con el Ejecutivo Nacional por los fondos provinciales.

Votó el rechazo también Martín Lousteau, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, a pesar de que sus correligionarios no lo siguieron. La neoliberal alianza Juntos por el Cambio es la que viene sufriendo las mayores reconfiguraciones. Los votos afirmativos  al DNU  provinieron mayoritariamente de los bloques completos de La Libertad Avanza y el PRO.

Desde el oficialismo intentaron cerrar filas en el intento de mostrar fortaleza institucional y apuntar las balas al kirchnerismo. Desde la Presidencia lanzaron un comunicado luego del rechazo: «Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos (…) El presidente mostró dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar».

Aunque el DNU sigue vigente hasta su tratamiento en la Cámara de Diputados, lo cierto es que su rechazo en Senadores es un duro revés político para el gobierno de Milei. La mirada debe detenerse en el accionar de la vicepresidenta, rodeada de rumores de cercanía con Mauricio Macri, quien como representante del Círculo Rojo empresario, viene golpeando sobre el presidente para ganar poder en el gobierno.

Ante estas versiones, la vicepresidenta se presentó en redes sociales como la garante de la institucionalidad, reafirmando su compromiso con Milei. Agregó: “no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner”, a quien vienen subiendo al ring y eligiendo como adversaria desde La Libertad Avanza. De todas maneras, la interna ya había sido expuesta, y el golpe, consumado.

La interrogante quedó planteada: ¿Macri está detrás de la “sorpresa” que Villarruel le dio a Milei con el tratamiento del DNU? En este sentido, cabe trazar una línea de continuidad con los hechos ocurridos en la provincia de Santa Fe, donde tomó centralidad la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La actual presidenta del PRO se ha alineado fuertemente con el presidente, en medio de la ofensiva que desató Macri sobre Bullrich  en la carrera por recuperar el control del partido.

Otro elemento, es la disputa abierta de la ministra con la propia vicepresidenta, con la que disputó en los inicios de la gestión el control de las carteras de Seguridad y Defensa, en la cual colocó Bullrich también un hombre de su confianza, Luis Petri.

Clave #2: El “circo represivo” de Bullrich contra las bandas narco en la provincia de Santa Fe

La agenda pública de los últimos días estuvo atravesada por el conflicto desatado en la provincia de Santa Fe, luego de que bandas asociadas al narcotráfico acribillaran a sangre fría a cuatro trabajadores, con amenazas directas al gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro.

La gravedad de la situación desató la decisión del movimiento feminista local de suspender la masiva marcha del 8 de marzo, en el marco del paro Internacional. Distintos sectores, como transporte, taxistas y docentes decretaron un paro y la ciudad de Rosario se mostró desértica.

Inmediatamente apareció la abanderada del show represivo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que junto a Luis Petri, ministro de Defensa, se hicieron presentes en la provincia, anunciando un “Comité de Crisis” para liderar la embestida a grupos narcos. El show ya había sido inaugurado en diciembre con el llamado Operativo Bandera.

El 5 de marzo, como parte del espectáculo, y como antesala de la ofensiva narco, circularon desde la cuenta oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial,  fotos de requisas en las cárceles santafesinas al mejor “estilo Bukele”, como una caricatura de lo que sucede en El Salvador.

Pero el propio ministro de Seguridad salvadoreño llamó a Bullrich para decirle que lo de las fotos había sido un “error muy grave”: “eso solo lo podés hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenés el control total de la calle», le recomendó por teléfono el domingo 10 de marzo.

Ante la situación, todos los gobernadores sin excepción, más el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmaron en unidad un comunicado llamando a resolver la situación y exigiendo al gobierno que asuma la responsabilidad: »El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”, señalaron.

Otra vez, el despliegue de la ministra fue “mucho ruido y pocas nueces”. El operativo prometido terminó con un puñado de efectivos en algunos barrios y la detención de dos varones de 19 años por el asesinato del playero, uno de los trabajadores. Se destacó la figura de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, referente de Unión por la Patria, que apoyó a Santa Fe con el envío de patrulleros y helicópteros, poniendo aún más en evidencia la inacción desde el estado nacional.

El mismo Milei se opuso a decretar el estado de sitio que exigía Bullrich, quien fue además criticada por distintos sectores, por la falta de respuestas efectivas ante un problema histórico en la provincia de los puertos, la mayoría privados, por donde fluye el 90% de las exportaciones nacionales.

Dato importante: la Hidrovía tiene actualmente presencia militar estadounidense, ante la complicidad de actores económicos financieros y exportadores que habilitan por sus puertos los cargamentos del narco y el lavado de dinero que necesariamente viene asociado al negocio.

Petri y Bullrich estarían trabajando en la modificación de la ley de Seguridad Interior, para habilitar a las Fuerzas Armadas a operar en conflictos internos,  en la previa de la marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia del 24 de marzo, en un nuevo aniversario del último golpe cívico militar. Sin embargo, no tendrían el acuerdo de las propias fuerzas, previendo que serán quienes asuman el costo ante la Justicia en caso de accionar.

Los operadores de los medios hegemónicos aprovecharon para sacar a la luz la relación de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, con las bandas narcotraficantes: el estudio del abogado es defensor de “Mameluco” Villalba, conocido líder de una banda narco que opera en territorio bonaerense, hecho que el ministro no desmintió pero endilgó la responsabilidad a sus hermanos, sus socios.

Cúneo Libarona es un hombre del gabinete que responde a Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, con mucha influencia en el gobierno y quien personifica el proyecto económico que se opone al grupo encabezado por Mauricio Macri, la contradicción principal que se dirime hoy en el gobierno.

El hecho que refuerza la hipótesis de la profundización de las luchas internas tuvo que ver con el aumento de sueldo del presidente, una operación desde “adentro”, a pesar de los intentos de Milei de responsabilizar a la ex presidenta Cristina Kirchner, con la que intercambió tuits en la red social X.

Clave #3. El aumento del 50% del sueldo del presidente que no fue. El golpe desde adentro. 

En medio del agravamiento de la crisis económica que golpea a los y las millones de trabajadores, Milei se “autoaprobó” un  aumento del 50% del sueldo, hecho que hizo tambalear su repetido discurso contra los privilegios de la “casta política”. Ello catapultó la salida del secretario de Trabajo, Omar Yasín, a pesar de haberse demostrado que no fue su decisión directa.

El secretario se enteró de su despido por TV, y ya venía en el ojo de la tormenta por los conflictos salariales con los sindicatos. Yasín, abogado laboralista del PRO, es un hombre relacionado a Mauricio Macri, ya que habría sido puesto en el cargo por Jorge Triaca, ministro de Trabajo durante la gestión macrista.

El responsable directo del aumento de sueldo fue Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, un hombre de Nicolás Posse, jefe de gabinete, que también se asocia a Eurnekian. Después del despido de Yasín, quien suena para ocupar la secretaría de Trabajo sería Jorge Cordero, abogado de la empresa Techint de Paolo Rocca, quien venía desempeñándose como asesor ad honorem del oficialismo.

El diario Clarín, think tank del Círculo Rojo, dijo el 13 de marzo: “la virtual incorporación de Cordero profundizó la cercanía del grupo empresario a un gobierno que supo nutrirse también de ex ejecutivos de la Corporación América”. Supondría un punto a favor para Eurnekian y sus aliados.

La operación vino desde las propias filas del gobierno, con centralidad en el rol de Posse, ganando posición en un lugar estratégico para seguir avanzando en la tan buscada Reforma Laboral por los grupos empresarios.

Clave #4. Ajuste y represión de la clase trabajadora: el punto de acuerdo

En medio de la balacera entre proyectos económicos por el control del Ejecutivo, la realidad es que el plan de ajuste y saqueo a la clase trabajadora avanza, ya que es el gran marco de acuerdo entre los grupos financieros que especulan con el hambre de la gente. A la espera del tratamiento en Diputados, el DNU sigue vigente y si el Gobierno consigue mayoría en la Cámara Baja, será constitucional.

Además, antes de dar inicio a la sesión de Senadores del 14 de marzo, el Ejecutivo presentó el nuevo proyecto de Ley Ómnibus “compactado”, con el que intenta llegar a un acuerdo con los gobernadores. El nuevo proyecto contempla 9 capítulos que van desde la Ley de Emergencia, Blanqueo Laboral, Privatizaciones, Desregulación Económica, y tema previsional, entre otros. En tanto, la modificación del Impuesto a las Ganancias se presentaría por separado.

El PRO, por su parte, presentó el mismo día una serie de proyectos de ley paralelos que incluyen reformas laborales, contenidas en el DNU pero pausadas hoy por fallos judiciales, como la ampliación del período de pruebas a ocho meses, la eliminación de multas por falta de registro laboral y la definición de determinados servicios como esenciales (educación, seguridad, transprote y salud), que supone la violación del derecho constitucional a huelga.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo gobiernan por decreto, allanando el camino al ministro de Economía Luis Caputo, que incluso en contra de los señalamientos del FMI, busca la dolarización de la economía, habilitando la apertura de importaciones, bajo pretexto de controlar los precios de góndola, pero beneficiando en realidad a los grupos concentrados y destruyendo al ya golpeado entramado PYMES.

En este contexto sale a la luz la cifra de inflación del mes de febrero, alcanzando un 13,2%, y acumulando un interanual de 276,2%. Esto implica que las familias argentinas necesitan 690.901,57 pesos (unos 700 dólares) para llegar a fin de mes, con una pérdida del poder adquisitivo del salario y del ingreso de les trabajadores que en muchos sectores llega al 70% en tres meses, alcanzando niveles del año 2002.

Siete de cada 10 niñes son pobres hoy en Argentina y les jubilades sufren las consecuencias de ser la principal variable de ajuste. Hasta los voceros del FMI vienen advirtiendo la posibilidad de un inminente estallido social si el gobierno no da respuestas inmediatas a la profunda crisis que sufre cotidianamente el pueblo argentino.

Cabe agregar que, en plena espectacularización del conflicto en la provincia de Santa Fe, el gobierno de LLA lanzó nuevamente la discusión sobre la militarización de los territorios sociales, el servicio militar obligatorio, el uso de armas y la baja de la edad de imputabilidad. Es la estrategia sistemática de construcción del enemigo interno sobre antinomias que polarizan a la opinión pública y alimentan principalmente la criminalización de la pobreza, el flagelo de fondo. Eje en el que los grupos económicos concentrados tienen acuerdo.

La estrategia se completa con la estigmatización y persecución de les dirigentes sindicales, políticos, feministas y sociales, aquellos y aquellas que encabezan las iniciativas para construir una fuerza de oposición al programa de saqueo. Dependerá de la capacidad de movilización de las organizaciones el desenlace final del DNU vigente, y la posibilidad de frenar la ofensiva de las grandes corporaciones.

El amplio movimiento feminista demostró dicha capacidad desbordando las calles en el pasado 8 de marzo en todo el país, con consignas que reflejaron la identificación del enemigo de las mayorías y la propuesta de un programa que resuelva la crisis: la salida no es ajustar por les que menos tienen, la solución reside en desarmar los mecanismos por los cuales históricamente tres o cuatro vivos saquean los recursos y los bolsillos de la clase trabajadora.

*Psicóloga y Magíster en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina