Honduras: grandes batallas y desafíos a dos años del gobierno popular de Xiomara Castro

Paula Giménez y Matías Caciabue

Este 27 de enero último la mandataria, Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre) celebró dos años de gobierno con grandes desafíos por delante: continuar creciendo y distribuyendo para revertir un profundo legado de pobreza y exclusión, luchar contra la narco estructura enquistada en la sociedad, y saltar las vallas políticas y judiciales que una férrea oposición interna impone a sus iniciativas para avanzar en su programa popular.

Otro de los desafíos que afrontará la presidenta será moverse por la cornisa de unas estrechas relaciones con su principal socio económico, Estados Unidos, mientras se intenta profundizar los vínculos económicos y diplomáticos con China, construyendo una política exterior en “una nueva dimensión”, “con soberanía y autonomía”, tal como lo pronunció la Presidenta Castro en su discurso, al finalizar el 2023.

El país centroamericano tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Según datos del Informe Económico y Comercial Honduras, actualizados por la Oficina Económica y Comercial de España en Tegucigalpa en septiembre de 2023, el sector primario (agricultura, ganadería y pesca y silvicultura) emplea al 36,6% de la población activa y representa el 12,2% del Producto Bruto Interno (PIB). Mientras, la industria manufacturera es una de las más pequeñas de la región y aporta el 19,5% del PIB, y el sector terciario (turismo y otros), genera empleo para el 44,4% de la población activa representando el 65,6% del PIB, siendo este el sector más importante de la economía hondureña.

A pesar de los factores adversos globales y el impacto del huracán Julia, el Banco Mundial reflejó que el PIB real anual hondureño creció un 4 % en 2022. Esto se debe a un impulso del mercado interno de consumo, apalancado en la política estatal, en el consumo de los hogares que reciben remesas desde los Estados Unidos, y a un evidente aumento de la inversión privada. Siguiendo las tendencias mundiales, la tasa de inflación aumentó en 2022 al 9,1%, y, desde febrero de 2023, inició su reducción, llegando al 5,7% en agosto. El organismo de crédito registró que la Pandemia del Covid-19 aumentó los niveles de pobreza en Honduras, de 49,5% a 57,7%. En 2022, sin embargo, se registró una baja en dichos niveles al 52,4 %.

Desde su asunción en 2021, fueron puntos claves y de gran impacto en el bolsillo hondureño los subsidios aplicados a la energía eléctrica y al combustible. El primero impactó en más de 850 mil familias. El segundo amortiguó, con creces, el aumento internacional de los precios. También se registró una generación de 343 mil empleos en el sector productivo, además de bonos para miles de productores agropecuarios.

Las cifras de la situación social siguen siendo complejas. El panorama geopolítico hondureño sigue siendo muy complicado. Sin embargo, el “Gobierno de la Refundación”, como se autodefine el proceso institucional hondureño, presenta argumentos muy sólidos para indicar que se está en el camino correcto. Sólo basta señalar que, desde el Golpe de Estado a Mel Zelaya en junio de 2009, la República de Honduras sufrió la más cruenta política neoliberal, con un abandono sistemático del Estado a sus prestaciones básicas (salud, educación, vivienda), con una desregulación total de la economía, y hasta con un entrelazamiento de las fuerzas públicas con el crimen organizado, particularmente con el narcotráfico.

La batalla por la Ley de Justicia Tributaria

Un desafío que el gobierno hondureño considera vertebral para el avance de su programa es la Ley de Justicia Tributaria (LJT), impulsada en abril de 2023. Según el llamado de la Presidenta, la iniciativa requiere de una férrea defensa popular en las calles, ante la resistencia por parte de sectores económicos que resisten el proyecto, aún en debate en el Congreso.

La Ley propone revertir los regímenes de exoneraciones a grandes empresas que se aplicaron por decreto entre 2009 y 2021, favoreciendo la tendencia regresiva que permitió la evasión fiscal de grandes capitales y el castigo con impuestos a la población más pobre. Además, intenta revertir la reputación internacional del fisco hondureño, amenazado por la OCDE de ser catalogado como paraíso fiscal.

Según informó Prensa Latina el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, señalaba en mayo de 2023 que de las 300 mil empresas que existen en Honduras cerca de dos mil no abonan tributo alguno al Estado por sus actividades y 280 mil funcionan en la informalidad. Hasta Milton Friedman se ruborizaría con las políticas de los neoliberales hondureños.

Desde los medios de comunicación y las redes sociales, se generaron matrices de opinión sobre la Ley, vinculadas al gravamen de las remesas o la generación de ambientes poco favorables para el emprendedurismo y la inversión extranjera, desarrollándose así también movilizaciones en contra y a favor.

Según informó el gobierno, en septiembre de 2023, el proyecto recibió el apoyo hasta del FMI, como parte de los esfuerzos por estabilizar las finanzas públicas y reactivar la economía, en el marco de los acuerdos para acceso al crédito.

Sin embargo, en el Congreso, el LIBRE, el Partido de Gobierno no tiene la mayoría necesaria. A esto se suma que el proyecto político de Xiomara Castro no escapó de la complejidad que atraviesan muchos movimientos políticos populares de este ciclo, obligados a realizar amplias pero endebles alianzas para conquistar victorias electorales. Así la traición y la ruptura de partidos con los que se establecieron acuerdos aparecieron tan pronto como iniciaron las sesiones legislativas.

Pese a ello, en su última intervención por cadena nacional en 2023 Xiomara Castro destacó el amplio apoyo de organismos internacionales como CAF, BID, BM y FMI, y el reconocimiento de la CEPAL a Honduras como la sexta economía en crecimiento en América Latina. Distribuir los beneficios del crecimiento, es, como se sabe, una de las tareas más difíciles que afrontan los gobiernos populares de la región, justo en un momento de la economía mundial donde se han acelerado las tendencias hacia la concentración.

Junto con la reforma de salud, será un desafío, en el tercer año de gestión hacer efectiva la Ley de Justicia Tributaria (LJT) para continuar avanzando hacia la justicia social y la equidad económica que, claramente, no se conseguirá sin la oposición de los sectores económicos concentrados de Honduras.

La seguridad ciudadana, otro punto sensible del proceso hondureño

¿Cómo construir una política en esta materia desde un enfoque que resguarde los Derechos Humanos y asegure la participación de la comunidad en un contexto donde el narcotráfico edifica un entramado social violento? Hace escasos meses el ex presidente neoliberal, Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue extraditado a EEUU, acusado por tráfico de drogas y armas de fuego. Allí deberá explicar por qué, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, utilizó su cargo, las fuerzas del orden público y el Ejército para el desarrollo de una prominente ruta de narcotráfico, recibiendo sobornos a cambio de la protección judicial a poderosos narcotraficantes.

A esto se suman los altos índices de violencia en las comunidades y hacia el interior de las cárceles, alimentado por las disputas por el control territorial entre las llamadas maras o pandillas. En otras palabras, Honduras se encontraba a pasos de la edificación plena de un Narcoestado.

La búsqueda por encontrar una solución, por parte del proceso político de “la resistencia y la refundación”, llevó a implementar un enfoque particular sobre el tema, que propuso a mediados de 2023, el uso de un estado de excepción parcial, para intentar controlar la repitencia de crímenes violentos. Según datos oficiales, el 2022 cerró con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100,000 habitantes, la más baja en 17 años.

La medida, que se renovó varias veces en el año y se implementó en diferentes puntos territoriales de Honduras, fue calificada como exitosa por el Director de la Policía Nacional, quien reivindicó el lugar de las organizaciones de Derechos Humanos y las organizaciones comunitarias, que emitieron recomendaciones para la actuación policial.

Honduras pareciera estar dando señales de éxito en el combate al Narco, con un enfoque que no deja de diferenciarse de otros modelos a nivel regional. Este ensaya, a su manera y con sus herramientas, un enfoque integral que comprende la urgencia de resolver la situación social y el abandono del Estado, para atacar el problema de raíz. Una perspectiva que según se ha posicionado este gobierno, también juega para resolver el drama migratorio. “Ofrecer alternativas para que no tengan que abandonar el país”, a decir de Castro.

El informe realizado por la Secretaría de Seguridad de Honduras, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 2022, señala que en Honduras hay 19,458 personas privadas de libertad; distribuidos en 25 centros penitenciarios. De las mismas, solo un 51% (9,891 personas) cuentan con una condena mientras que el 49% (9,567 personas) no cuentan con sentencia firme. En 2022 se contaba con 1,197 miembros de personal operativo, 1 por cada 16 personas privadas de libertad, y con 221 miembros del personal médico, 1 por cada 88 personas privadas de libertad.

En 2023, Xiomara Castro anunció que intervendría “enérgicamente” las cárceles del país, destacando el respeto de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores. La presidenta hizo especial hincapié en el combate del crimen no solo desde el castigo sino también desde la prevención, señalando qué transformaría las cárceles “en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura”, y en centros de organización y reclutamiento del Narco. Para 2024, proyecta la construcción de una mega cárcel en la Isla el Cisne, donde asevera que “tendrán su hogar delincuentes reconocidos”.

De la mano de esta situación, la lucha anticorrupción, ha sido una promesa y un factor de acuerdo internacional que implicó, a su vez, al gobierno en una encarnizada batalla política interna por nombrar al Fiscal General. Castro se encuentra en conversaciones con la ONU para la futura instalación de una Comisión contra la Corrupción y la Impunidad con el acompañamiento del organismo, algo ya ensayado en Guatemala.

Palabras finales: La política exterior

En ese margen de acuerdos, la política externa del gobierno de Honduras ha logrado posicionamientos firmes pese a las estrechas relaciones económicas, comerciales y militares que mantiene con el gobierno de EEUU. Así durante estos dos años Honduras ha logrado establecer relaciones diplomáticas con China, ha solicitado formalmente el ingreso a los BRICS, se ha incorporado a la ruta de la seda, y se ha posicionado de manera antagónica a la posición de Estados Unidos en temas como la Guerra en Ucrania y los ataques israelitas hacia Gaza, en Palestina. Incluso en 2022, se permitió ausentarse de la reunión de la OEA, en protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del organismo.

Al cumplir dos años de gobierno, la primera presidenta mujer de Honduras, busca dar continuidad al proyecto político interrumpido en 2009, a poco anunciar la incorporación de Honduras al ALBA, la alianza estratégica impulsada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en la región.

También el país centroamericano está dispuesto a ser un articulador de la integración regional. Xiomara Castro, asumirá las Presidencias Pro Témpore de la CELAC (Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños), el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y la SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe).

Xiomara Castro, quien forjó su dirigencia política en la resistencia a 12 años de dictadura, se enfrenta no sólo al peso de un país devastado, sino al gran desafío de sortear los obstáculos que imponen las nuevas estrategias golpistas, como el Lawfare y la guerra multidimensional. Experiencia en sortear Golpes de Estado, sin duda, no le falta. Tampoco no se equivoca en su estrategia cuando llama a las calles a defender el proyecto popular. Si Latinoamérica y los poderes concentrados están alertas, es por que el proceso de “resistencia y refundación” camina con firmeza.

*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)