Plan Fénix: La vuelta a viejas ideas , la reiteración de antiguos prejuicios

La actual campaña electoral ha presentado propuestas en un formato innovador, pero que reiteran ideas y prejuicios de larga data. Es nuestra intención elaborar una reflexión al respecto; se trata de ideas y prejuicios que han causado en el pasado severos daños a nuestra sociedad.

1.    Una vez más, el Estado es colocado como el origen de todas las patologías presentes, por lo que se propone su reducción y desplazamiento, colocando al mercado como el centro organizador de la actividad productiva y la distribución del ingreso.

       La deslegitimación del Estado y su presencia en detrimento del mercado no se condice con el hecho de que en los países más desarrollados el gasto público con relación al Producto Interno Bruto es mucho más elevado que en la Argentina, como así también lo son sus regulaciones e intervenciones en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Por caso, la seguridad energética es prioritaria tanto en los Estados Unidos como para los países miembro de la Unión Europea. Asimismo, el pujante desarrollo del Este Asiático reconoce como un factor central el accionar del Estado. Por el contrario, las experiencias de Estados fallidos, como lo fueron durante décadas los casos de Colombia, México, Centroamérica, Ecuador y de muchos países de África, muestran que donde el Estado no se halla presente, el territorio termina siendo controlado por organizaciones criminales; ejércitos paramilitares que siembran el terror entre la ciudadanía, en particular, sobre los sectores más vulnerables.

       La mercantilización extrema de la vida social es una utopía; pero intentar alcanzarla supone una pesadilla. Por ejemplo, la propuesta de desregular el comercio de órganos vitales implica aceptar que, si una persona es pobre y no tiene trabajo ni ingresos, siempre tiene el recurso de vender, por ejemplo, un riñón a fin de sostener a su familia. Pero no tendrá recursos para comprarlo, si requiere un trasplante. En un mundo que apunta a la mercantilización completa, el Estado no tiene la obligación de garantizar ingreso o generar empleo.

2.    Sostener dogmáticamente que el sector privado es más eficiente desconoce las distorsiones de mercado propias de estructuras monopólicas u oligopólicas, muchas de ellas compuestas por grandes empresas transnacionales que precisamente se benefician de la debilidad o ausencia del Estado y de marcos legales transparentes, en su incesante búsqueda de mayores ganancias; cabe mencionar además la normativa particularmente favorable a la inversión extranjera, sancionada en 1976 y actualizada en 1993. Tal vez las orientaciones pro-mercado de los países centrales contribuyan a crear riqueza para parte de sus ciudadanos. Pero en el caso de países como la Argentina suponen ahondar la extracción de nuestros recursos naturales, contra el pago de magras regalías, sin generar efectos de encadenamiento, engendrando más y más pobreza y daño medioambiental, e incentivando el endeudamiento y la especulación financiera. Los únicos beneficiarios de estos modelos son las elites locales, aliadas al capital extranjero; sus nombres se han repetido en los intentos de implementar políticas de mercado desde el propio Estado en 1976, 1989, 1999 y 2016. El común denominador de estos ensayos ha sido la fuga de divisas, el empobrecimiento estructural acumulado y la destrucción de nuestro acervo productivo, tanto en términos de los recursos materiales como humanos. También el ejercicio de poder de mercado por parte de actores económicos concentrados ha debilitado la imagen de los poderes públicos.

3.    Un ensayo de vuelco irrestricto al mercado y retiro estatal —unido a políticas que atan las manos al Estado en materia macroeconómica— podrá constituir una experiencia análoga a la implementada entre 1976 y 1983 y a la de la Convertibilidad. Éste último fue uno de los ensayos de reformas pro-mercado más profundos en América Latina. Significó sumir en el desempleo y subempleo a más de un cuarto de la población, ocasionando una brecha social y cultural cuyas consecuencias pagamos aun hoy día. Se trata además de un ciclo que desembocó en la peor catástrofe económica y social de la posguerra en la Argentina.

4.    Pese a lo que se sostiene corrientemente, no es real que la presión impositiva en Argentina sea tan elevada; esto ha sido reconocido incluso por analistas conservadores. El déficit fiscal no se sitúa además en niveles insostenibles. Al considerar el impuesto como un robo, se promueve una cultura de evasión y elusión fiscal, rasgo ya de por sí problemático en nuestra sociedad. De hecho, el promedio de tributación en los países de la OCDE es en la actualidad del 33,6% con un máximo del 47, 1% en Dinamarca. Francia e Italia superan el 40%; Alemania y muchos otros superan el 35%. En Argentina dicho nivel ha sido del orden del 30%.

Encontramos sí diferencias importantes en la composición de dichos ingresos: mientras que en la Argentina el 40% de los ingresos nacionales y provinciales procede de impuestos al consumo (esta participación se eleva al 60% cuando consideramos la totalidad de impuestos indirectos), en los países más desarrollados ellos solo representan el 25% en promedio. En contrapartida, los impuestos a la propiedad en Argentina representan un 2,1% del total recaudado por la AFIP, mientras que en los países desarrollados son al menos 5% (en los países más ricos, dicha participación supera el 9%). En cambio, los impuestos sobre ganancias y utilidades en la Argentina representan un 23% de lo recaudado, mientras que en los países desarrollados se observan participaciones de 65% en Dinamarca, 57% en Nueva Zelandia, y 34% en promedio (para 36 países con grados entre altos y medios de desarrollo). 

5.    Con relación a la acuciante cuestión de la inflación, ella no es solo un mero producto de malas políticas monetarias. Es la manifestación de fuertes pujas distributivas, en un comportamiento espiralizado, no solo entre empresarios y trabajadores, sino también entre empresarios; el objetivo es no perder posiciones, en una suerte de retorno a la Ley de la Selva. La inflación también es producto de las tensiones cambiarias, derivadas a su vez, de la estructura productiva desequilibrada, de la especulación financiera y del sobreendeudamiento. Las exportaciones argentinas dependen de factores inestables e incontrolables, como los precios internacionales y los volúmenes ligados a factores climáticos, como la sequía o las inundaciones. Por eso —entre otras razones— es necesario el desarrollo industrial y tecnológico. Es necesario generar entonces acuerdos para frenar este proceso al menor costo posible; pero si estos acuerdos no son viables, el eventual ajuste deberá recaer sobre quiénes más se han beneficiado con el proceso inflacionario, y no sobre el consumo popular. Un ajuste que afecte a los que menos tienen además sería inevitablemente recesivo, por la contracción del consumo, y conllevaría desequilibrios fiscales.

6.    La Argentina debe adoptar un patrón de crecimiento que combine la actividad primaria y la industrial. Posee recursos sobrados, tanto naturales como humanos. La exitosa construcción del Gasoducto NK es solo un ejemplo de las capacidades que existen en el país. Tanto el reconocimiento de las capacidades científicas y tecnológicas, como de nuestras capacidades industriales, se reflejan en la asociatividad con organismos como la NASA, en el liderazgo alcanzado en la fabricación de productos complejos en alimentos, siderurgia, aeroespacial, software y otras, como así también en nuestros vínculos con universidades e institutos de reconocido prestigio internacional. Entre los motivos por los cuáles estos desarrollos positivos fueron posibles se halla la presencia del Estado; ha impulsado procesos virtuosos y terminado con las políticas monetaristas que han alentado el facilismo y la especulación financiera y que destruyeron iniciativas industriales de alto impacto en el empleo y los ingresos. Esta orientación demanda claras y vigorosas políticas estatales, como lo demuestran las experiencias del Sudeste Asiático, tal como se mencionó.

7.    Las políticas de mercado propuestas para la educación y la salud públicas (supresión de la provisión directa por parte del Estado, mediante sistemas de pago privados) solo aumentarán la brecha social. Sorprende que voceros que reivindican estas medidas de desarticulación de la salud y la educación públicas lo hagan en nombre del proyecto liberal construido en el Siglo XIX en la Argentina, cuando lo ocurrido muestra exactamente lo contrario: la educación y la salud pública fueron pilares del proyecto de la generación del 80. Con respecto a las Universidades, la continuación del proyecto de 1880 es la Reforma de 1918, la apertura de las mismas a partir de 1946 y las leyes de creación de nuevas universidades y de las escuelas profesionales principalmente desde 2003. Nuestra posición en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD-Naciones Unidas) es precisamente elevada a causa de estos logros, a pesar del desfinanciamiento que han sufrido los servicios públicos para poder hacer lugar al pago de intereses de la deuda externa e interna.

8.    Estos intentos de deslegitimizar el Estado en favor del mercado evidencian además un profundo desconocimiento del proceso de construcción de la Nación argentina. A diferencias de países como Italia o Alemania, donde la Nación precedió a la creación del Estado y éste fue el producto de la unificación de reinos y principados, en la Argentina el Estado, surgido como producto de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y la organización nacional, fue el constructor de la Nación Argentina, con sus actuales límites, sus instituciones y su régimen representativo, republicano y federal. El Estado argentino no solo creó una entidad distinta a las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que creó el mercado nacional y estableció el régimen jurídico y económico de la Constitución, nacionalizó el Puerto y la Aduana de la Ciudad de Buenos Aires y nos integramos al mercado mundial bajo la conducción del Estado. Esa gigantesca tarea de unificación política y territorial jamás se hubiera operado por la mano invisible del mercado. Los fundamentos, es decir, la fundación de la Nación Argentina es obra del Estado moderno construido por la generación del 80.

9.    Las posturas reprivatizadoras de empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas parecen ignorar los estándares de calidad de ambas empresas y el beneficio para consumidores y usuarios. La experiencia es ilustrativa, en los casos de las empresas mencionadas. Recordemos el desmanejo que propició Repsol después de 2004, cuando el control accionario pasó a manos de Sacyr Vallehermoso (hoy Sacyr, S.A.), una empresa de Infraestructura y Servicios de construcción. Desde 2004, dicha empresa tomó renta de Argentina para reinvertirla principalmente en países de África del Norte en pos de abastecer a España, provocando una caída de la producción en nuestro país. En cambio, hoy la YPF estatal lidera el crecimiento de la producción y de las exportaciones de hidrocarburos, fundamental para las cuentas fiscales y externas del país. Aerolíneas Argentinas, bajo el control del grupo Marsans (una empresa multinacional española del sector turístico, cuyo presidente fue condenado a raíz de la compra de Aerolíneas Argentinas), vio reducido su patrimonio a cero, en función de maniobras de vaciamiento. Hoy ha retomado una posición destacable en la comparación internacional.

10.  Con relación al programa actual con el Fondo Monetario Internacional, se ha argumentado que no constituye una restricción, toda vez que se propone un ajuste mayor aun. Esta decisión solo puede desembocar en un dramático incremento en la pobreza y el desempleo, como ha visto la Argentina una y otra vez en el pasado. El irregular y nefasto préstamo del FMI —una operación incongruente con las pautas de operación del propio prestamista— deberá ser renegociado. Para ello, se requiere que exista un gobierno internamente fuerte, que opere con coherencia y energía incluso en el plano diplomático. La ciudadanía debe conocer y asumir los pormenores de este salvaje e innecesario endeudamiento. Éste no fue destinado ni a mejorar la macroeconomía, ni a alguna inversión en infraestructura u obras para el bienestar ciudadano. Fue instrumentada con el propósito de viabilizar primero grandes ganancias espurias y luego la salida de capitales de residentes en el país y también de empresas extranjeras, además de mostrar una clara intencionalidad política.

11.  El énfasis puesto en contra de los derechos ciudadanos, de género y de diversidad, y de la propia noción de justicia social, que se percibe en las propuestas ultraliberales, imita tendencias racistas, xenófobas y otras que provienen de posiciones extremas que sostienen algunos grupos neonazis en los países desarrollados. En tal sentido no solo es una mala imitación, sino que constituye un peligroso elemento desestabilizador de la paz social. Esta última ha sido una conquista de los procesos democráticos; que aún con sus falencias, nos ha alejado del horror de la tortura, las desapariciones masivas, discriminación ideológica, persecución, imputaciones falsas, impunidades, muertes y violencias que la Nación sufrió en el pasado.

12.  Las políticas medioambientales tienden a reducir los impactos del cambio climático causado por el hombre. Los países de ingresos altos plantean reducir los gases de efecto invernadero que produjeron durante su proceso de industrialización y alto consumo masivo. Los países de ingresos medios y bajos plantean adaptarse al impacto que la agudización de los fenómenos naturales, provocados por el cambio climático, plantea en sus países: huracanes, inundaciones, sequías, incendios, entre otros.

       Los seguidores vernáculos del anarco-capitalismo sostienen posiciones extremas y a contramano de las tendencias históricas, en esta temática. Al negar la existencia de problemas ambientales, cierran la posibilidad de políticas públicas para responder a los impactos de los cambios climáticos que están ocurriendo. La solución que proponen para la cuestión ambiental, pasa por establecer la propiedad privada de los recursos ambientales (ríos, lagos, etc.), por lo que todo conflicto sería resuelto entre privados por acciones legales y del mercado. Esto es utópico, y no es lo que ocurre en la Argentina, donde la contaminación local afecta esencialmente a población de bajos recursos, sin alternativas de localización, y con nulo poder de negociación. Y está más que claro que los problemas ambientales globales (como el cambio climático) no pueden ser enfrentados desde esta perspectiva reduccionista y limitada.

       Oponerse a estas tendencias no solo agudiza los problemas causados por los impactos ambientales negativos a nivel local y el cambio climático. Además, puede ir en contra de nuestras exportaciones, que podrán verse obstaculizadas por normas ambientales que establecen los países centrales (especialmente la Comunidad Europea), obrando como protección, de igual modo como las normas fito-sanitarias. Ignorar este escenario es no ver la realidad.

Las propuestas ultraliberales encuentran espacio por el descontento que manifiesta la sociedad tras años de crisis, siendo que se atribuye la responsabilidad a los responsables de la conducción del Estado. Pero esto implica presuponer un poder del que en verdad tales responsables carecen, porque los condicionamientos externos y de los grupos de poder económico concentrado actúan desestabilizando y deslegitimando al Estado y a la política. Solo cuando quiénes conducen el Estado justifican tales condicionamientos, es que tienen esa responsabilidad.

Las discontinuidades y desacuerdos sobre el modelo de país han llegado incluso a desacreditar los símbolos patrios (o renunciar al reclamo por las Malvinas) y a aceptar proclamaciones obscenas, con frases insultantes y discursos de odio que nos dividen como sociedad, al propiciar literalmente la destrucción del adversario. Con ello se acentúan los rasgos más perversos que como argentinas y argentinos hemos vivido bajo la égida de dictaduras y gobiernos de facto, en un pasado que deseamos jamás se repita. Es más que urgente que esta tesitura confrontativa y descalificadora sea superada; será en ese marco abierto al debate esclarecedor que podrán comprenderse colectivamente las letales consecuencias que entraña un programa ultraliberal. Aprendamos de la experiencia, para no encarar nuevamente esta vía.