Arévalo suspende la transición, tras nueva arremetida del Pacto de Corruptos  

Victoria Korn

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, rompió el diálogo con el gobierno saliente de Alejandro Giammattei: anunció que suspendió el proceso de transición, luego de la última arremetida de la fiscalía con el allanamiento a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la revisión de 160 cajas con votos de la primera vuelta de los comicios generales del pasado 25 de junio.

Arévalo exigió la renuncia inmediata de la fiscal general, Consuelo Porras; el fiscal especial, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana por violentar el proceso electoral, al reiterar que desviaron su función constitucional de investigar y “han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral. Sólo su salida permitirá garantizar el orden constitucional, advirtió el futuro gobernante en conferencia de prensa.

Desde que Arévalo, ahora presidente electo, avanzó al balotaje, la Fiscalía y el juez penal Freddy Orellana -siguiendo las directivas de llamada Pacto de Corruptos- emprendieron acciones judiciales para intentar cancelar su partido, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas durante su proceso de creación.

Añadió que pedirá que se levanten los fueros a la fiscal general y al juez Orellana, e interpondrá una denuncia penal contra Curruchiche y la fiscal auxiliar Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Las declaraciones de Arévalo se suman a las de varias organizaciones nacionales e internacionales, que ven con preocupación cómo se deteriora el estado de derecho en el país, pues, según el presidente electo, los operativos del Ministerio Público (MP) contravienen lo establecido en la Ley Electoral y de Partido Políticos, que en su artículo 243 dice que solo las juntas electorales, compuestas por ciudadanos, pueden hacer el escrutinio de los votos.

Arévalo agregó que “otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido UNE, esta vez en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos en las elecciones del 25 de junio”. Las acciones constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, sostuvo el presidente electo.

Aseguró que retomará la transición presidencial con Giammattei, programada para el 14 de enero, en cuanto se restablezcan las condiciones políticas necesarias, tras aclarar que las únicas autoridades competentes para verificar el resguardo del material electoral son el TSE y las juntas electorales.

Instó “a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedades, ya que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito”.

Ante la decisión de Arévalo, la presidencia aseveró que esta es una medida que respetamos, pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al organismo ejecutivo que no interfieren con el proceso que se había desarrollado a la fecha.

Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano sobre supuestas anomalías en una de las cajas donde archivaron las papeletas de votación, argumentó Curruchiche. El fiscal especial ha ordenado múltiples actuaciones contra el Movimiento Semilla, partido de Arévalo, pero aclaró que esta operación no está relacionada con esas diligencias.

El pleno del máximo tribunal electoral señaló en un comunicado que estaban profundamente preocupados, ante una inédita contravención a la ley electoral. Eso, recalcó, muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, precisó en conferencia de prensa que el oficio del allanamiento refiere al registro, inspección, secuestro de evidencia, extracción de información digital y análisis de datos digitales, pero “en ningún momento habla de la apertura de las cajas, mucho menos del conteo de votos o registro de los contenidos.

Palencia aseguró que “se quebró la custodia del voto”, después de que el MP decidiera abrir varias cajas electorales y revisar las boletas fuera de los parámetros que indica la ley y advirtió que con las acciones de la Fiscalía “ya no son responsables del voto” y que la intervención “es grave y pone en riesgo el proceso electoral”.

Palencia calificó como “grotesca” la acción de la Fiscalía y recordó que los resultados electorales ya han sido oficializados por lo que “de ninguna manera se pueden invalidar” ya que los cargos públicos ganados en las urnas ya fueron adjudicados.Informó que el tribunal analiza qué acciones legales emprenderán. No pensamos que se iba a llegar hasta ese punto; la conclusión es que es preciso emprender acciones, declaró.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, su «profunda preocupación» tras los allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y afirmó que estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustarse a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento a las elecciones.

«Cuestionar estas elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto se expresó de manera contundente en las urnas», señaló la Misión.

Añadió que estas acciones constituyen una prueba más de que el MP, «lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes».

Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea expresaron por separado su preocupación por el registro, al cual calificaron de injustificado, y condenaron por separado las acciones tomadas por el aparato judicial contra los comicios en el país.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)