Dossier| Guatemala define su próximo presidente en clima encendido

El próximo domingo 20 de agosto, 9,4 millones de guatemaltecas y guatemaltecos , en medio de la pobreza, la violencia y la corrupción, definirán quién presidirá el país los próximos cuatro años en una segunda vuelta electoral entre la conservadora Sandra Torres, que sacó un 15,7% de los votos en la primera ronda, y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que logró el segundo lugar con el 11,8%. El camino a la segunda ronda introdujo permanentes arremetidas desde el Poder Judicial para intentar inhabilitar al  Movimiento Semilla, de fuerte discurso anticorrupción.

El arte de criminalizar a jueces, periodistas y candidatos

Victoria Korn

En las elecciones generales se eligen el presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano. Ningún candidato  obtuvo la mayoría absoluta en primera vuelta, por lo que se realizará un balotaje el 20 de agosto entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El binomio presidencial de Movimiento Semilla denunció a escasos días de las elecciones una “sucia”campaña de desinformación en su contra.“Ya basta de desinformación. Estamos viendo una campaña que no solo es sucia, sino que tiene como principal vocera a una candidata presidencial”, señaló el presidenciable ante contenidos que han sido difundidos en diferentes formatos digitales, así como “insultos que la candidata Torres esparce en sus mítines”.

“Es impresentable que Sandra Torres sea el principal rostro de las mentiras, de la desinformación y de los mensajes de odio que hoy estamos viendo”, expresó Arévalo y añadió que se trata de “un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso electoral (…). Busca estafarlos para que voten por miedo o por información que no es verídica”.

“Los de Semilla, todos son unos afeminados y una partida de huecos. En la UNE hay hombres y mujeres definidas, aquí no hay medias tintas”, fue parte del mensaje de Torres en un mitin político en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Arévalo tiene una ventaja de 15 puntos en la intención de voto, 43 por ciento por 28 de su rival, la candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres, en una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y Cid-Gallup, en la cual 22 por ciento respondieron que no apoyará a ninguno de los dos y siete de cada 100 anularán su voto.

Antes de las elecciones hubo un operativo de Estado para negar el registro al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, Thelma Cabrera, una campesina activista por los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos. Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia  y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios: prueba del racismo y carencia de representatividad del sistema político.

Todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de junio. Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-11) obtuvo un 15% de los votos  y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo (1945-51), del Movimiento Semilla un 12%.

El candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de «golpe de Estado técnico…una acción desesperada de grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político».

El avance a segunda vuelta de Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos.Su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años,

De tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” a que el sistema de justicia se haya convertido “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión”.

Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, que fue expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano.

A partir del fin de la Cicig, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para defender al presidente de turno (Morales primero, y Alejandro Giammattei desde 2019) y perseguir a quienes no fueran afines a sus ideas. Y fueron sus investigaciones a las altas esferas de poder y las élites empresariales,  las que determinaron su despido.

Esta tendencia desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Así, cerca de 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.

Denuncian ser víctimas de una campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno y cualquier investigación que pudiera salpicar sus intereses. “En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país en abril.

Aunque se refirió en pocas ocasiones a estas acusaciones, el presidente Alejandro Giammattei sí las rechazó tajantemente el año pasado cuando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala entre los países que vulneran los derechos humanos.

El mandatario negó que exista “un ejercicio abusivo del poder” ni “una infracción sistemática de la independencia del poder judicial, y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado”, tal y como señaló el organismo internacional.

También criticó que el informe cuestionara los procesos en curso contra fiscales y jueces que, en su opinión, “abusaron de su poder en el fuero interno y violaron el debido proceso (…). Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad”, denunció.

“Todas estas decisiones controversiales, el alto nivel de judicialización de la política y la persecución a candidatos y operadores de justicia hacen que, a pocos días de votar, el ambiente aquí esté bastante enrarecido y oscuro”, describe el analista guatemalteco Renzo Rosal.

“No se respira un aire de fiesta ni euforia como otras elecciones. Esta vez están marcadas por la regresión de la democracia, que en Guatemala nunca ha llegado a estar consolidada, y por un fortalecimiento autoritario”, agrega.

Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, tiene muy claro que el parteaguas de esta situación fue la expulsión de la Cicig hace cuatro años.

“El hecho de que en algunas investigaciones se descubriera cómo la élite política era usuaria del sistema corrupto y financió ilícitamente la campaña política del anterior presidente (Jimmy Morales, quien ordenó la salida de la comisión) marcó el inicio del fin”, le dijo Sandoval a BBC Mundo desde Estados Unidos, donde vive después de que fuera destituido de su cargo en 2021.

Sandoval conoce bien el funcionamiento de la Cicig, el grupo de Naciones Unidas que apoyó al Ministerio Público en el que él trabajó durante más de 15 años y con el que se llevaron a cabo algunas de las investigaciones anticorrupción más sonadas del país, como la que acabó con el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta en la cárcel.

Hay un nombre que se repite al hablar de la mayoría de estos casos de jueces y periodistas criminalizados es el de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.En el cargo desde 2018, le atribuyen liderar una campaña de persecución en su contra, e incluso Estados Unidos la incluyó en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” por obstaculizar la justicia.

Sandoval asegura que “Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”.

La prensa independiente fue otro de los objetivos. El caso con mayor repercusión fue la reciente condena a seis años de cárcel por lavado de dinero de José Rubén Zamora, uno de los mayores exponentes del periodismo de investigación en el país y fundador del emblemático medio elPeriódico.

Juan Luis Font, quien fue director de dicho rotativo,señaló que «El actual gobierno tiene cooptadas todas las instituciones que juegan un rol en el sistema de justicia y en el sistema de control frente al Estado».

Las propuestas de Arévalo

Bernardo Arévalo, candidato  por el Movimiento Semilla, anunció que una de sus metas principales es la lucha contra la corrupción, si gana la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, para la cual aparece como favorito en las encuestas. Voy a concentrar mis acciones de corto plazo en cuatro ejes fundamentales: Salvar a Guatemala de la corrupción, rescatar la economía, construir un gobierno presente y frenar la delincuencia, señaló.

El programa sería puesto en práctica en los primeros 100 días de su gestión si triunfa en los comicios y asume su mandato el 14 de enero del próximo año. Son 100 días de efecto inmediato, en donde se busca obtener logros de corto plazo, que simbolicen la determinación del gobierno en intentar hacer funcionar las instituciones, subrayó.

La corrupción es un cáncer que se ha incrustado en la mayoría de instituciones públicas, y su gobierno denunciará los casos, nombrará funcionarios honestos y capaces y creará un gabinete anticorrupción. “Pondré el ejemplo, ya que reduciré el salario que tiene el puesto de presidente de la república y se revisarán las remuneraciones de los funcionarios de alto nivel para eliminar privilegios injustificados”, afirmó.

En cuanto al eje de rescate de la economía, anunció ocho medidas, entre ellas apoyo a la producción agrícola, un fondo nacional para la innovación y transformación productiva, formación para el empleo, rebaja de los precios de la electricidad y un sistema para el abastecimiento de medicinas a bajo costo.

Para construir un gobierno que sí esté presente, Arévalo propuso cuatro medidas; la primera de ellas es la revisión de los altos salarios de los funcionarios gubernamentales y eliminar la práctica de hacer de la política un negocio, además de programas para viviendas dignas, de vacunación y manejo de recursos hídricos y bosques.

Con relación a la lucha contra la delincuencia, Arévalo enfatizó que frenará las extorsiones desde las cárceles, reordenará el sistema penitenciario e impulsará el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, entre otras medidas.

 El binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, conformado por Arévalo y Karin Herrera, presentó un plan de 10 medidas en contra de la corrupción, que incluye la conformación de un gabinete específico anticorrupción, y comisiones, así como reformas a varias leyes, entre ellas el Código Penal para dar “muerte civil” a las personas condenadas en casos de corrupción.

Como tercer punto, proponen un nuevo Plan Nacional de Gobierno Abierto, que promueva la transparencia; cuarto, un paquete de reformas a las leyes de Probidad, Contrataciones del Estado, la Contraloría General de Cuentas, Acceso a la Información y Servicio Civil, Electoral y de Partidos Políticos y contra el Lavado de Dinero y otros activos.

La Limpieza de Plazas Fantasma es el quinto punto, dirigido a identificar y denunciar los puestos asociados al clientelismo político en el Organismo Ejecutivo y sus dependencias. También la limpieza de contratos derrochadores, la recuperación de puertos, una política antisobornos, municipalidades transparentes y la muerte civil que propone una reforma al Código Penal contra personas condenadas en casos de corrupción.

Arévalo aclaró que es la inhabilitación de una persona para ocupar cargos públicos y de sostener negocios con el Estado cuando sean halladas culpables de corrupción. El presidenciable indicó que se asesorarán de expertos para aplicar estas medidas.

Según una encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, la corrupción es considerada como el segundo problema del país que más afecta con un 18 %, incluso antes que el alto costo de la vida, que tiene un 15 %.   Los resultados de la encuesta señalan que el primer problema identificado por los guatemaltecos es la falta de empleo.

*Periodista venezolana, analista de temas de migración, Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Una eterna candidata y un aspirante sorpresa

Marcos González Díaz

Un nombre que ya se esperaba y otro que resultó ser toda una sorpresa: así fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala. La veterana candidata presidencial Sandra Torres y el aspirante de centro-izquierda Bernardo Arévalo  estarán en la segunda vuelta que se realizará el próximo 20 de agosto, dado que ninguno superó el 50% de votos necesarios para proclamarse ganador en primera ronda.

En base a estos resultados, la exprimera dama Torres que ya quedó a las puertas de ganar en las dos últimas elecciones -y que en los últimos años pasó de la socialdemocracia a una tendencia más conservadora- es la opción más votada con un 15,7% de apoyo.

Lo que resultó una auténtica sorpresa fue que Arévalo, cuyo partido nació de las protestas que sacudieron el país en 2015, quedara en segunda posición con un 11,8% de los votos, pese a no haber aparecido nunca entre los favoritos de las encuestas. Este resultado es interpretado por analistas como un castigo a la «vieja política» y un rechazo al sistema político actual.

Sin embargo, la primera opción elegida en las urnas por los guatemaltecos no fue la de Torres, sino la del voto nulo, que ascendió al 17,3%.

Esto refleja el hartazgo generalizado entre la población por las múltiples denuncias de corrupción en el Estado, señalamientos de fraude y el bloqueo por parte de las autoridades electorales de tres candidatos (Carlos Pineda, Thelma Cabrera y Roberto Arzú), que según las encuestas contaban con altas posibilidades y que promovieron este voto nulo como símbolo de protesta.

Otra prueba de este desencanto electoral fue que la abstención llegó al 40% entre los más de 9,3 millones de guatemaltecos llamados a las urnas. Sin embargo, lo cierto es que esta cifra es tradicionalmente alta en el país: en 2019 fue del 38% en primera vuelta y del 58% en segunda.

Pero ¿quiénes son y qué proponen los dos candidatos a presidir Guatemala durante los próximos cuatro años?

Sandra Torres: programas sociales y blanco del «antivoto»

Torres, licenciada en Ciencias de la Comunicación y empresaria de 67 años, vuelve a intentar ser la primera presidenta de Guatemala por tercera vez consecutiva, por lo que es considerada una de las candidatas más persistentes e incombustibles del panorama político del país.

De hecho también lo intentó en 2011 pero no permitieron su registro por su entonces reciente divorcio del expresidente Álvaro Colom, con quien ejerció como primera dama durante su gobierno de 2008 a 2012. Sí pudo participar en 2015 y 2019, pero en ambas quedó a las puertas al ser derrotada en segunda vuelta por Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, respectivamente.

«Denme el beneficio (de la duda), recuerden que le dieron su voto a tres hombres presidentes que han gobernado en los últimos doce años y los han defraudado», declaró Torres durante un mitin reciente.

Su vida política comenzó en 2003 como cofundadora de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido con el que su exmarido llegó al poder. Aunque la formación se definió inicialmente como socialdemócrata, analistas la sitúan actualmente en una tendencia más bien de centro-derecha en un intento por conquistar el voto de la numerosa población conservadora del país.

Su candidato a vicepresidente, sin ir más lejos, es un pastor evangélico que levantó no pocas polémicas y sobre el que se interpusieron recursos legales para evitar sin éxito su participación, en base al artículo de la Constitución que señala que no pueden optar a este cargo «los ministros de cualquier religión o culto».

Durante sus años como primera dama, Torres se distinguió por su apuesta por los programas sociales en un rol con gran protagonismo. «En la práctica, ella tuvo una posición de poder bastante fuerte, inclusive superior a la del propio vicepresidente», le dice a BBC Mundo el analista guatemalteco Renzo Rosal.

El reconocido periodista guatemalteco Juan Luis Font la define como «una transformadora en Guatemala porque, por primera vez, forzó al Estado a asumir un rol efectivo en programas de combate contra la pobreza vía transferencias condicionadas, la apertura de comedores solidarios y otros programas eficientes».

Opuesta a un posible regreso de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que combatió la corrupción en el país durante más de una década y llevó a la cárcel a dirigentes de alto perfil, Torres fue detenida en 2019 por supuesta financiación electoral ilegal de su partido y asociación ilícita. Tras varios meses en la cárcel, pasó a arresto domiciliario hasta ser absuelta a finales del año pasado.

Con una personalidad fuerte, Torres concentra sobre todo en zonas urbanas un gran porcentaje de «antivoto» (las personas que preferirían votar por cualquiera antes que por ella), como pudo verse en las últimas dos elecciones (en 2019, fue incluso la más votada en primera vuelta pero resultó derrotada en segunda por Giammattei). Su mayor apoyo está en las áreas rurales, con especial énfasis en las mujeres.

Además de traer de vuelta aquellos programas sociales, Torres prometió en campaña medio salario mínimo para las madres solteras, eliminar el IVA de la canasta básica y, también, emular la estrategia de seguridad de Bukele en El Salvador, con quien aseguró que firmaría «convenios bilaterales». Apostó por «intervenir» y «militarizar» las cárceles y construir más prisiones de máxima seguridad.

«En caso de ganar Torres, realmente estaríamos hablando de una continuidad de lo que hemos estado viendo en el oficialismo (del presidente Giammattei), pero con el matiz de algunas políticas clientelares más vinculadas al asistencialismo», cree Gabriela Carrera, politóloga y directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Arévalo: el exdiplomático que dio la gran sorpresa

Por su parte, Arévalo supone la gran sorpresa de estas elecciones dado que su nombre no aparecía entre los primeros candidatos de las encuestas sobre intención de voto.

Sociólogo y exdiplomático de 64 años, es hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución de 1944. Durante su carrera ocupó cargos como el de cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores en su país y embajador en España.

Actualmente es diputado en el Congreso por Movimiento Semilla, un partido que presentó este año aspirante a presidente por primera vez, dado que la candidatura de 2019 de la exfiscal general Thelma Aldana no fue finalmente autorizada por las autoridades electorales.

«Arévalo es un hombre de pensamiento de izquierda moderada, un intelectual que se ha caracterizado por mantener la cohesión de la bancada de su partido», define Rosal.

El partido Semilla, que se define como socialdemócrata y progresista y del que Arévalo es uno de los fundadores, surgió primero como un grupo de análisis tras las protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente,Otto Pérez Molina, salpicado por escándalos de corrupción política por los que fue finalmente condenado.

Los resultados de Arévalo fueron una sorpresa no solo por no haber aparecido nunca como un candidato destacado en las encuestas, sino por el hecho de que un aspirante cercano a la izquierda haya llegado a segunda vuelta en Guatemala, un país tradicionalmente conservador y que votó por tres últimos presidentes de derecha.

«El voto a Semilla obedece no tanto a su posicionamiento político, sino al rechazo al sistema, como también demuestran los votos nulos y en blanco. Refleja el momento de agotamiento del sistema político en Guatemala, que ya creó tal nivel de hastío que la población quiso votar pensando en algo diferente», dice Rosal.

Los principales apoyos del partido se encuentran entre los jóvenes, movimientos estudiantiles y zonas urbanas como la capital. Una de las principales banderas de Arévalo en campaña fue la lucha contra la corrupción en el Estado -defiende la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción- y alaba la labor de la Cicig, cuya salida en 2019 por decisión del expresidente Morales fue en su opinión «totalmente anticipada».

El candidato culpa a los tres últimos gobiernos guatemaltecos de haber reducido los espacios de la democracia y fomentar medidas autoritarias en el país. También fue uno de los pocos aspirantes a la presidencia que se mostró públicamente crítico con la reciente criminalización de fiscales, jueces y periodistas que acabaron en la cárcel o el exilio.

Otras de sus propuestas pasan por el control de las cárceles y fortalecer a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad, generar empleo mediante la construcción de carreteras e infraestructuras con inversión pública, la puesta en marcha de más de 400 nuevos puestos de salud y la concesión de becas para estudiantes.

¿Qué puede pasar en segunda vuelta?

Dado el alto nivel de «antivoto» que Torres concentra por los altos niveles de rechazo que genera especialmente en zonas urbanas, analistas suelen considerar que el candidato que se enfrente a ella en segunda vuelta tiene una victoria casi asegurada, como así ocurrió en las dos últimas elecciones.

En una encuesta realizada en junio por el diario Prensa Libre, la mayoría de personas consultadas aseguró que no votaría por Torres tanto si se enfrentaba en una posible segunda vuelta con Edmond Mulet como con Zury Ríos, considerados en ese momento favoritos para competir por la presidencia junto a ella.

Rosal considera que podría jugar a favor de Arévalo el hecho de que aún tiene mucho que dar a conocer de su propuesta, lo que podría suponerle un margen de crecimiento, mientras que el ideario de Torres es ya ampliamente conocido por la población.

Sin embargo, es posible que entre las dos opciones de segunda vuelta, la población más afín a propuestas de derechas opten por Torres en lugar de por una candidatura más izquierdista como es la de Arévalo, quien es poco probable que pueda establecer alianzas con otros partidos.

«Torres nunca ha pasado de segunda vuelta, pero hasta ahora siempre ha competido con partido de derechas. En este caso la cosa cambia porque su rival tiene marcadas diferencias. También puede ser que la ciudadanía que este domingo no fue a votar, decida hacerlo ahora por ver una opción distinta en Arévalo… En definitiva, la segunda vuelta sería esta vez bastante reñida«, concluye Rosal.

*Corresponsal en México y Centroamérica de @bbcmundo’s

Por qué Semilla no es comunista

 

Carlos Figueroa Ibarra

 Al dar una sorpresa mayúscula y pasar a la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en Guatemala, Bernardo Arévalo y su partido Movimiento Semilla han estado siendo objeto de ataques anticomunistas. En elecciones pasadas en las que participó la ahora oponente de Arévalo, Sandra Torres, también fue víctima de estos ataques anticomunistas.

Por anticomunismo no entiendo una postura crítica tanto teórica como práctica, con respecto a partidos, organizaciones o movimientos que se rigen por un ideal anticapitalista inspirado en el marxismo. Considerarse ajeno o ajena al marxismo es una postura respetable y legítima siempre y cuando el posicionamiento y el actuar derivado de este, sea respetuoso de las reglas de la democracia y el Estado de derecho.

Entiendo por anticomunismo a una postura política que hace uso del término comunista para realizar una práctica estigmatizante, anatematizarte y violenta, tanto en términos físicos, como psicológicos y simbólicos, práctica que además usa el sustantivo comunista como un adjetivo que aplica indiscriminadamente a todas aquellas posturas políticas e ideológicas que buscan un cambio. El anticomunismo es pues una concepción y una práctica política de carácter extremista y fanático. En la actualidad, el anticomunismo forma parte sustancial de un ideario político de la derecha que se articula con el autoritarismo, el clasismo, el racismo, la misoginia, la aporofobia, la homofobia y la transfobia. Este ideario se traduce a una práctica política que es el neofascismo.

Acusar a Sandra Torres de comunista fue una estupidez solo explicable por el fanatismo antes mencionado. Como ahora ya no es ella el enemigo principal del bloque en el poder llamado Pacto de Corruptos, la acusación se ha dirigido hacia Bernardo y su partido. Por fortuna, el hartazgo del pueblo guatemalteco con respecto a la corrupción es tanta que, a diferencia del pasado, ahora el infundio no ha estado haciendo mucho efecto. Bernardo Arévalo muestra una ventaja en la intención de voto de dos a uno, en una encuesta encargada por un grupo empresarial que está fuera de toda sospecha de ser comunista.

Acusar a Bernardo Arévalo y a Semilla de ser comunistas, nuevamente es un acto de fanatismo que además revela una supina ignorancia sobre la historia de la diferenciación entre la socialdemocracia y el comunismo.  Esta diferenciación tiene aproximadamente 120 años de haberse empezado a manifestar y unos 110 de haberse declarado abiertamente en un cisma irreconciliable. Sucedió en el umbral de la Primera Guerra Mundial cuando la socialdemocracia se alejó del internacionalismo proletario y empezó a apoyar a sus propias clases dominantes en cada uno de los países envueltos en la guerra. Así murió la II Internacional socialdemócrata y así nació la III Internacional Comunista fundada por Vladimir Ilich Lenin y Rosa Luxemburgo entre otro/as.

La diferenciación entre socialdemocracia y comunismo se acentuó cuando la socialdemocracia adoptó su proyecto clásico que se diferenció del comunista. Mientras los comunistas siguieron apoyando una revolución de carácter socialista, la socialdemocracia optó por un proyecto reformista que buscó una vía intermedia entre el socialismo y el capitalismo liberal. Bernardo Arévalo y Semilla provienen de la corriente socialdemócrata por lo que su proyecto está teórica e históricamente alejado del comunismo. ¿Están alejados del proyecto clásico de la socialdemocracia que es igualmente distante del neoliberalismo?

Además, independientemente de todo esto, ocurre que después del derrumbe soviético que fue acompañado también del derrumbe del proyecto clásico de la socialdemocracia, la humanidad se enfrentó al auge de una nueva forma de capitalismo, el capitalismo salvaje, un capitalismo todavía más depredador de los seres humanos y la naturaleza: el neoliberalismo.  Con el capitalismo que estamos viviendo la humanidad está en riesgo de extinción. He aquí la paradoja que estamos enfrentando: nunca antes la humanidad había necesitado tanto el socialismo y nunca antes había estado tan lejos de este.

Por su tradición política e ideológica socialdemócrata y por lo que ha sucedido en el mundo después del derrumbe soviético, es absurdo pensar que Bernardo Arévalo y Semilla estén pensando en implantar en Guatemala un proyecto socialista. Cualquiera que haya leído el programa de gobierno de Semilla y haya escuchado los discursos y entrevistas de Bernardo, sabe que su proyecto es hasta de sentido común. Lo que Guatemala necesita más allá de posiciones de izquierda o derecha, es recuperar al Estado que a está en manos de la corrupción y el crimen organizado. Guatemala necesita que el 40% del presupuesto público que es robado por los corruptos y criminales, se destine a usos sociales y productivos.

Si Bernardo Arévalo gana el próximo 20 de agosto, si lo dejan asumir la presidencia, si lo dejan gobernar, si Semilla no pierde su personalidad jurídica, en fin si el Pacto de Corruptos es derrotado, podrá como presidente destinar ese 40% a erradicar la desnutrición, construir las carreteras que quiere, ampliar la cobertura de la educación en 577 mil niño/as, llevar la salud a unos 7 millones de personas, generar una confianza que incremente la inversión y recaudación fiscal, concertar los pactos por la salud, educación, desarrollo y ambiente.

Podrá crear mejores posibilidades para la seguridad pública y con el diálogo nacional le dará una oportunidad para la democracia. Si Bernardo Arévalo y su gobierno logran todo esto, que no es cuantioso pero es bastante, Guatemala será mucho mejor.

Guatemala, los amigos del chanchullo y las elecciones

Rafael Cuevas Molina

 En Guatemala, a los amigos del chanchullo también se les conoce como Pacto de Corruptos. Es decir, se trata de una alianza entre gente que ha hecho de la política un medio para estar en el lugar apropiado desde donde lucrar. Bien situados, estratégicamente colocados, hacen o acrecientan capitales a los que bien se les puede llamar botín.

Un ejemplo significativo es el del ex jefe de Estado, general Estado Otto Pérez Molina. Otto Pérez creó una red mafiosa denominada La línea, que evadía impuestos con la excusa de que se los robaban los políticos corruptos, y por lo tanto, preferían robárselos ellos a cambio de darles una parte a funcionarios de gobierno.

Pero el caso La línea tiene sus antecedentes: en los años setenta, otros dos generales crearon una red poderosa que sirvió para llevar a cabo operaciones de contrabando y otras actividades ilícitas, dando origen a dos grupos: el Sindicato y la Cofradía.

Asimismo, otra red de contrabando, la Moreno, controlaba en los años 90 el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores, los que luego eran devueltos al propietario después de pagar una suma de dinero (es decir, un secuestro en toda forma). Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ejército y el Ministerio Público.

Son solo unos cuantos ejemplos.

Como cualquier bandido que se respete, los amigos del chanchullo tratan de evadir sus responsabilidades y hacen todo lo posible para tener la sartén por el mango de las instituciones que, si funcionaran correctamente, los metería en la cárcel como lo que son, viles delincuentes.

La red mafiosa que constituye los amigos del chanchullo también quiere hacer mutis por el foro y se consideran injustamente perseguidos porque se les pide cuentas de crímenes que cometieron durante los más de 36 años de enfrentamiento armado en el país. Empezando por firmitas como el general Efraín Ríos Montt, genocida que, sin inmutarse, oyó en el juicio que se le siguió en los tribunales de justicia los testimonios de decenas de sobrevivientes de las masacres que se cometieron en el país cuando gobernó con pasión mesiánica.

Son solo unos cuantos ejemplos relevantes, aunque aislados, del cúmulo de delitos y crímenes de esta clase gobernante que tiene en su haber un prontuario que no tiene nada que envidiarle al de esos mafiosos que son extraditados hacia el Norte. De hecho, varios de ellos lo han sido.

Así que nadie se extrañe que entren en pánico cuando un partido político que hace de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas tiene las opciones de llegar al gobierno.

Dado el hartazgo de la población con la corrupción, no hay partido que no levante esa lucha y se llene la boca proclamándola, pero ya sabemos que no es más que parafernalia que termina en agua de borrajas.

Este caso es distinto. El partido al que ponen trabas es uno nuevo, sin compromisos políticos ni vínculos con entes mafiosos, comandado por gente conocida por su honestidad, y que llevan como candidato presidencial al hijo de uno de los dos referentes de gobierno honesto que ha tenido el país en toda su historia.

Por eso es que están asustados y desbocados y apenas han empezado con sus chanchullos. Vendrán tiempos difíciles en los que van a hacer hasta lo imposible para evitar que el partido Semilla y Bernardo Arévalo lleguen a la presidencia. Hay que estar atentos, porque no vacilarán en tomar medidas que afiancen el autoritarismo y la arbitrariedad que están haciendo carrera en Centroamérica.

Como gato panza arriba 

El Pacto de Corruptos pasa momentos de apremio en Guatemala. No habiendo calculado que un contrincante no deseado, que amenaza con destramar la red de apoyo mafioso que ha construido, llegaría a la segunda ronda de las elecciones presidenciales, sus flancos más débiles se desmoronan y, como dicen que pasa con los barcos que amenazan con hundirse, las ratas empiezan a huir despavoridas.

Entre ellos afloran contradicciones, resquemores y grietas que seguramente ya estaban presentes, que en tiempos de vacas gordas para ellos se obviaban, pero que ahora, cuando se sienten amenazados, se evidencian con toda claridad.

Funcionarios de diversas dependencias del Estado entran en contradicción y hasta enfrentamiento, y sobre ellos el núcleo duro del Pacto de Corruptos descarga su ira con la misma fuerza que si de contrincantes se tratara. Es una táctica de disciplinamiento y escarmiento con carácter ejemplarizante que pretende evitar el destramamiento de la red que han construido durante años, pero que tenía pies de barro.

Pero lo cierto es que el círculo de sus leales, que se parapetan tras la batalla judicial que llevan adelante, se reduce. Entre quienes prefieren establecer distancia hay de todo, empresarios, políticos, burocracia estatal y hasta mafias locales y transnacionales camufladas en cualquiera de los otros estamentos mencionados. Recuérdese que para los negocios es muy importante el ambiente propicio y de confianza que prevalezca en el país y por ello, con espíritu pragmático, hay quienes ven que el Pacto de Corruptos ha revuelto demasiado el río en donde ellos deberían pescar.

Por otro lado, en el ámbito internacional es tan grande su descrédito que han dejado de ser útiles para quienes no tendrían empacho en hacerse de la vista gorda de todas sus maquinaciones si no fuera porque a ellos mismos les causan problemas.

El caso más relevante es el de los Estados Unidos, que con su famosa Lista Engel establece quienes son los que ha decidido tratar como apestados quintándoles las visas para viajar a Disneylandia y, dependiendo de la gravedad que decidan que tienen sus actos, agregue otras “sanciones”.

Esta misma semana han agregado a la ya bastante larga lista a quienes en estos días han llevado a cabo la persecución contra el partido Semilla, que es la ficha política con la que los demócratas se sentirían más cómodos negociando políticas y medidas que les ayudaran a, por lo menos, atenuar algunas problemáticas que les quiebran la cabeza, como las migraciones y el tráfico de estupefacientes.

En estas circunstancias, los recalcitrantes conservadores y cavernarios ideológicos del Pacto de Corruptos no tienen empacho en enarbolar argumentos que cualquiera diría que son esgrimidos por fervientes defensores de la soberanía nacional, antiimperialistas, pero no se trata más que de otra muestra de los enfrentamientos a los que son arrastrados en tiempos de crisis del modelo de dominación.

En el río revuelto en el que se ha transformado la política de Guatemala en estos días puede pasar cualquier cosa y por eso hay que estar muy atentos. Las maniobras del Pacto de Corruptos están en marcha y tienen la agresividad que exhibe un gato panza arriba asediado que huele la posibilidad de salir definitivamente del campo de juego.

* Historiador, escritor y artista plástico. Licenciado en filosofía y magíster en Historia por la Universidad de La Habana. Catedrático, investigador y profesor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Presidente de AUNA-Costa Rica.

Guatemala: Daños colaterales

Carolina Vásquez Araya

Guatemala se encuentra a las puertas de un golpe de Estado, el cual se ha venido gestando de manera solapada desde el palacio presidencial y las más altas instancias de sus instituciones. Las maniobras conducentes a la situación que hoy vive ese país han sido pergeñadas de tal modo como para causar una parálisis jurídica y la invasión de los espacios en donde se toman decisiones fundamentales.

Para ello, quienes administran y manipulan los mecanismos políticos han instalado a sus cómplices en las Cortes, la Asamblea legislativa, el Ministerio Público y todas aquellas instancias clave de las cuales depende la estabilidad política de la Nación.

Desde la perspectiva política, Guatemala se puede considerar un Estado fallido. Capturado por un grupo de delincuentes -denominado el “Pacto de Corruptos” por los alcances de sus abusos de poder- el país ha caído en picada en todos sus indicadores de desarrollo, considerados “daños colaterales” entre los políticos actuales. Esa nación, la más rica de Centroamérica, ha sido sistemáticamente saqueada durante las últimas administraciones, al punto de ocasionar daños irreparables, en especial entre los más jóvenes y desprotegidos. Con índices como el de coeficiente intelectual que la ubican en el puesto 196 -de entre 199 países- una de las tasas más bajas del mundo provocada por la desnutrición crónica, el desarrollo futuro de Guatemala es prácticamente inviable y sus niños, niñas y adolescentes enfrentan un futuro de miseria y privaciones de todo tipo.

Mientras eso sucede a lo largo de su territorio, la casta política y la élite económica arrasan con todas las riquezas, convirtiendo a esa nación en una república bananera sin futuro y sin esperanzas de recuperación. De ahí la sorpresa que hoy mantiene en jaque a sus centros de poder: el surgimiento inesperado de Bernardo Arévalo De León en las elecciones del pasado mes, un candidato con fuerte vocación democrática cuya propuesta capturó los votos de una ciudadanía hastiada de los abusos y los engaños, y quien ¡oh, sorpresa! alcanzó el segundo lugar en los comicios.

En un incesante tráfago de maniobras ilegales, el actual presidente y sus aliados intentan frenar el posible y más que probable arribo de Arévalo a la primera magistratura, conscientes de que a partir de ese momento se verán enfrentados a la acción de la justicia; sus cómplices perderán el poder que hoy detentan de manera ilegítima y se iniciará una etapa plagada de obstáculos hacia el retorno de la institucionalidad perdida.

Todo lo anterior representa una amenaza de tal calibre para quienes hoy detentan el poder, como para temer actos desesperados y violentos por parte de quienes se ven hoy enfrentados a la posibilidad de perderlo todo. Este potencial escenario podría ocasionar un quiebre rotundo en la historia reciente de ese país, el cual ha sufrido ya los estragos de la guerra interna, de los abusos de sus castas privilegiadas y de la represión por parte de sus cuerpos armados.

Guatemala tiene el derecho de decidir su destino sin amenazas y con la legitimidad que le otorga su texto constitucional. Ningún delincuente mareado de poder debería tener la potestad de frenar el curso de su historia y, menos aún, de privar a sus habitantes de un futuro lleno de esperanzas. Tampoco la tiene una élite económica ciega y voraz, cuyo destino depende de una sociedad saludable y productiva.

Guatemala se debate entre la dictadura y una posible restitución de la democracia plena.

Trama del régimen y los poderes fácticos para cercar a Arévalo

César Verduga Vélez

En su novela “Conversación en la Catedral” Mario Vargas Llosa, novelista Premio Nobel de Literatura 2010, acuñó una frase famosa: “¿Cuándo comenzó a joderse el Perú?”.

El primer novelista latinoamericano que recibió un Premio Nobel de Literatura, en 1967, Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, tiene una respuesta para su país en su libro de cuentos “Week end en Guatemala”, dedicado a la invasión, comandada desde Washington, que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz y que inauguró una cruenta y larga etapa de conflicto armado interno, en el que las violaciones masivas de derechos humanos fueron el rasgo distintivo de la Guatemala del siglo XX. El accionar incluyó la quema de aldeas completas de indígenas, que son el 60% de la población del país,

Ahora, con la instauración de una fragilísima democracia con débiles instituciones, el control  del Estado por el Pacto de Corruptos es una trama conformada por la misma red de poderes económicos, políticos y militares. Hay personajes que mezclan la traición, la abyección y la lujuria, retratada por Asturias en el relato Ocelotle 33, que administran  el Estado desde la presidencia.

Esa trama ha hecho de la violación de la libertad de expresión, la corrupción y la impunidad, los rasgos distintivos en la Guatemala  del siglo XXI. Un hecho emblemático es el encarcelamiento de José Rubén Zamora y el cierre del diario El Periódico.

Durante décadas a Guatemala sigue siendo uno de los países latinoamericanos con mayores índices de pobreza y desigualdad, en algunos datos compitiendo con Haití. Contra ese Pacto de Corruptos, venciendo una inverosímil maraña de triquiñuelas legales, se enfrenta el Partido Semilla, que el 20 de agosto dirimirá la segunda vuelta con su candidato Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, antecesor de Arbenz, y el iniciador de la pacífica revolución de octubre que la invasión extranjera y la antipatria frustraron.

Bernardo Arévalo, nacido en Uruguay, en el exilio de su padre, tiene muchos obstáculos y amenazas que vencer para alcanzar la victoria y ocupar el lugar que su padre dignificó. En primer plano están los obstáculos pseudo legales que impulsa desde el Ejecutivo el  Pacto de Corruptos. Un juez “a la carta”, a pedido del Ministerio Público, pidió la incautación de los documentos de Semilla del Tribunal Supremo Electoral, con el avieso propósito de invalidarlo como partido por supuestas falsas afiliaciones.

La maniobra es como un monstruo de mil cabezas con objetivos de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo quisieran que Arévalo se despersonalizara y dejara de ofrecer el cambio profundo que el pueblo demanda y perdiese las elecciones. Luego buscan dejar en el limbo a los parlamentarios de Semilla cuyo número se cuadruplicó en la primera vuelta. Y más adelante crear las condiciones para que Arévalo sea defenestrado, en caso de que sea electo presidente el 20 de agosto.

El otro obstáculo es la frustración, rechazo y apatía, que la pseudo democracia corrupta ha generado en el pueblo, traducida en que los votos nulos fueron los ganadores de la primera vuelta. Lo demás son tareas para Semilla. La necesidad de una estrategia adecuada de campaña y alianzas con aquellos sectores que rechazan al Pacto de Corruptos.

Una inteligente y bien conducida acción comunicacional que ponga el acento en la necesidad urgente de un cambio que Guatemala requiere y que Arévalo representa. Un seleccionado grupo de voceras y voceros que responda a las rispideces de una campaña electoral para que el candidato sólo hable de los lineamientos positivos de su propuesta, con acento en los frustrados que prefirieron anular sus votos, en los jóvenes , en las mujeres y en los indígenas.

Y esto sumarle una seria e inteligente conducción diaria de las acciones, que mida constantemente la marcha de las diversas expresiones de campaña del candidato de Semilla y su adversaria.

Si Semilla no equivoca por acción u omisión la conducción y gestión de su campaña, Arévalo puede conquistar la victoria en las urnas. Entonces el pueblo de Guatemala podrá reproducir la alegoría mágica del cuento de Asturias y bailar su Torotumbo el 20 de Agosto de 2023.

*Economista y político, ocupó dos veces el cargo de ministro de Gobierno de Ecuador.

Pacto de corruptos, oscurantismo y anticomunismo

Carlos Figueroa Ibarra

 Cuando escribo estas líneas, pareciera que la moneda en el aire de la cual hablaba en mi artículo de hace unos días, ha caído al suelo. Y ha caído del lado correcto. Todo parece indicar que el Pacto de Corruptos se está resignando a dejar que Bernardo Arévalo entre a la segunda vuelta. El propio Bernardo en un mensaje por Twitter ha expresado con optimismo que estará en la segunda vuelta.

No la tiene sencilla el bloque en el poder que ha gobernado a Guatemala en los últimos años. Pareciera que está viviendo el peor de los escenarios electorales, pues tiene que optar por apoyar a una candidata que durante años satanizó. Sandra Torres como candidata en la segunda vuelta, era concebida únicamente como formalidad: su participación en la segunda vuelta estaba diseñada para que cualquiera de los tres candidatos del Pacto de Corruptos la derrotara. Esto fue lo que sucedió en las elecciones presidenciales de 2015 y 2019. La propia Sandra Torres jugó a perder y a obtener ganancias con esas derrotas.

Como es sabido, la victoria de Bernardo Arévalo al pasar al ballotage puso al Pacto de Corruptos y a Sandra Torres en otra situación. Ahora es Sandra Torres la carta que le queda al Pacto de Corruptos. Y esto es una derrota para esta alianza delincuencial. ¿Cómo apoyar a una candidata a la que durante los últimos tres lustros le ha hecho guerra de lodo? ¿Cómo impulsar a una candidata de quien el oscurantismo y el anticomunismo ha dicho que hará de Guatemala otra Cuba u otra Venezuela? He leído un mensaje ultraderechista en Twitter que da una solución a dicha paradoja: “Hay que votar por Sandra porque al menos es socialista y no comunista como Bernardo Arévalo”.

La guerra oscurantista y anticomunista que se enderezó contra Sandra Torres por haber dirigido la implantación de programas sociales de carácter clientelar durante el gobierno de su entonces esposo Álvaro Colom (2008-2012), revela el oscurantismo reaccionario y el anticomunismo de la clase dominante y bloque en el poder en Guatemala. Oscurantismo porque se sustenta en las tinieblas de la ignorancia. ¿Recuerdan ustedes cómo los grandes terratenientes de buena parte del siglo XX consideraban peligrosa la alfabetización de los pueblos indígenas? Anticomunismo porque de manera paranoica califica de comunista a cualquier política o ideología que no sea el extremismo reaccionario.

Al difundir por Twitter mi artículo “La fase 2 del fraude en Guatemala” (publicado la semana pasada), recibí rápidamente una andanada de mensajes de odio. Pareciera que la derecha neofascista en Guatemala ya tiene organizadas las llamadas “granjas de bots” (cuentas fantasmas) para dar respuesta automática a cualquier expresión de apoyo a Bernardo Arévalo. Los mensajes de odio que recibí como respuesta a la publicación de mi artículo me han sido sumamente útiles para analizar el contenido del discurso de odio que caracteriza al oscurantismo y al anticomunismo en Guatemala. Como sociólogo que investiga el neofascismo, agradezco los referidos mensajes de odio recibidos. Me ayudan en la investigación.

El discurso reaccionario que hoy se dirige contra Bernardo Arévalo (como antaño se dirigía a Sandra Torres, pero más virulento) es de índole neofascista. Según esta narrativa reaccionaria, Bernardo representa una fuerza oscura de carácter comunista; tiene ánimo expropiatorio (no solamente de tierras sino también de casas);  está al servicio de una globalización intervencionista como lo revela su apoyo a la agenda 2030; es de carácter homosexual, lésbico o transexual; representa a una ideología que quiere imponerse de manera totalitaria en las escuelas; es contraria a la religión; también contraria a la vida porque es partidaria del aborto; adepta a la ideología de género y por tanto enemiga de la familia tradicional; propiciadora del consumo de drogas; permisiva con la pedofilia y la eutanasia; finalmente es de carácter diabólico, como lo revela el logo de semilla que repetido tres veces se vuelve un 666, el número de satanás.

El ataque a Semilla, también se ha personalizado con Bernardo Arévalo. Se difunden masivamente fotos de su presencia en la boda lésbica de su hija que vive en México; se propalan fotomontajes en los cuales aparece semidesnudo en un desfile LGBTIQ+. A diferencia de Pedro Castillo, Evo Morales y aun de Andrés Manuel López Obrador no he visto racismo y clasismo dirigido a Bernardo, acaso porque es un mestizo de color blanco.

Los ataques oscurantistas y anticomunistas que hoy están recibiendo Semilla y su candidato, revelan la profundidad de la cultura del terror en Guatemala. Esta cultura política de la dominación tiene raíces coloniales y decimonónicas profundizadas por la guerra fría del siglo XX. Sandra Torres ha asumido ese discurso reaccionario que antes la zahería y ahora repite la xenofobia, el anticomunismo, la misoginia y la homofobia. ¿Logrará penetrar en el electorado esta propaganda negra? No lo hará de manera significativa en el electorado urbano, veremos si en el rural prevalece. Mientras tanto, preparémonos para las semanas que distan del 20 de agosto. Lo bueno de todo esto, es que todavía falta lo peor.

* Sociólogo y profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Especialista en estudios de procesos políticos y violencia de Guatemala en conjunción con procesos políticos de México.

Guatemala se levanta contra el secuestro de la democracia

Ricardo Sáenz de Tejada

Tras las elecciones del 25 de junio y el sorpresivo pase a la segunda vuelta del Movimiento Semilla, el «pacto de corruptos» ha desatado una ofensiva judicial múltiple, primero para impedir la oficialización de los resultados y luego para ilegalizar al partido de centroizquierda surgido de la lucha anticorrupción. La reacción ciudadana ha frenado, por ahora, estas maniobras y muchos se entusiasman con una próxima primavera democrática en el país centroamericano.

Los sorpresivos resultados de las elecciones generales del 25 de junio de 2023, y particularmente el paso a la segunda vuelta electoral de Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla, provocaron un terremoto político en Guatemala y en los días siguientes el país ha vivido sus réplicas: los intentos desesperados de la coalición gobernante, conocida popularmente como «pacto de corruptos», para aferrarse al poder. De una campaña sucia en contra de Semilla se pasó a un intento de golpe judicial para inhabilitar las candidaturas, además de un manoseo jurídico de los resultados electorales y la criminalización de este partido de centroizquierda nacido de las protestas contra la corrupción de 2015.

Las primeras reacciones: júbilo, rechazo, realineamientos

En el campo progresista, los resultados electorales del 25 de junio fueron recibidos con júbilo y esperanza. El Movimiento Semilla y su candidato obtuvieron a través de las redes sociales el apoyo de decenas de miles de personas que no solo manifestaron su respaldo, sino que se ofrecieron como voluntarios para trabajar en la campaña de segunda vuelta. El lunes 27 de junio el Movimiento Semilla convocó a una celebración ciudadana que movilizó a varios centenares de personas. Los asistentes, de diversas generaciones pero sobre todo jóvenes, tenían por primera vez en muchos años razones para celebrar.

El grito «¡Viva Arévalo!» volvía a escucharse después de 60 años (en marzo de 1963, Juan José Arévalo, padre de Bernardo, intentó postularse por segunda ocasión como candidato presidencial –fue presidente durante el primer gobierno revolucionario 1945-1951–, pero el temor a su inminente victoria provocó un golpe de Estado que estableció un régimen político autoritario que llevó al país a una prolongada guerra civil).

Por su parte, desde los grupos que han capturado la institucionalidad estatal, y que incluyen a políticos, funcionarios, empresarios, militares en situación de retiro, personas procesadas por corrupción y medios de comunicación, la primera reacción fue de incredulidad. En los medios de comunicación tradicionales (el monopolio de la televisión abierta y cadenas radiales ligadas a este), se postergó el reconocimiento de los resultados electorales hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los anunció.

Una vez confirmado que la segunda vuelta electoral se realizaría entre Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, y Arévalo, estos actores desataron una campaña de ataques en contra del Movimiento Semilla y su candidato. La embestida incluyó noticias falsas tales como que Arévalo es en realidad un ciudadano uruguayo y que por lo tanto no podría asumir la Presidencia (efectivamente nació en Montevideo por el exilio de sus padres, pero es, de acuerdo con la Constitución, guatemalteco natural), hasta acusaciones de que el candidato progresista es comunista y «castrochavista», pasando por señalamientos de que es un impulsor del «globalismo» y de la Agenda 2030 que, de acuerdo con este discurso, atenta contra la familia tradicional.

Aunque esta campaña no tuvo éxito, sí se activaron las principales iglesias neopentecostales, cuyos pastores se han pronunciado públicamente contra la candidatura de Arévalo. Además, estas iglesias impulsaron una campaña que incluye visitas casa por casa en la que se repite el discurso contra el Movimiento Semilla, al que acusan de atentar contra la familia y los valores cristianos.

Pese a estos ataques, la percepción en el ambiente político hasta el miércoles 29 de junio era que en la segunda vuelta del 20 de agosto Arévalo tenía grandes posibilidades de salir victorioso. Sin embargo, en la madrugada del lunes 26, el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) denunció irregularidades en el registro y conteo de votos para la Alcaldía de Ciudad de Guatemala. El candidato a alcalde de este partido, Roberto González, había quedado a menos de 1.000 votos de diferencia del ganador, el actual alcalde Ricardo Quiñonez. Las supuestas anomalías en la elección de la corporación municipal empezaron a alimentar un nuevo discurso contra Semilla, centrado esta vez en la supuesta manipulación de las actas de resultados electorales.

La judicialización de los resultados

Las elecciones de 2023 estuvieron caracterizadas por la judicialización y el uso discrecional del sistema de justicia para intentar moldear los resultados electorales y excluir a candidatos que interpelaban el statu quo. En esa línea, se excluyeron las candidaturas de Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), la de Roberto Arzú de Podemos y la de Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana. El hecho de que Bernardo Arévalo apareciera en un lejano octavo lugar en las encuestas hizo que no fuera visto como una amenaza y se le permitió irrumpir, contra todo pronóstico, en la primera vuelta electoral. Pero todo cambiaría para la segunda.

Con el control del sistema de justicia, incluida la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, la coalición gobernante activó, después del 25 de junio, una estrategia para bloquear judicialmente al Movimiento Semilla. Así, el viernes 30 de junio, nueve partidos políticos -Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, CREO, Une, Cabal y Azul- presentaron un recurso ante la Corte Constitucional en contra del TSE en el que reclamaban una revisión de las actas de la junta receptora de votos y verificar la asignación de cargos.

La Corte de Constitucionalidad resolvió el recurso el sábado 1 de julio y ordenó al TSE y a las juntas electorales departamentales y del distrito central convocar a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en la que solo los fiscales de los partidos estarían autorizados a realizar impugnaciones de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos; suspender la oficialización de resultados de las elecciones del 25 de junio, pero asegurando la realización de la segunda vuelta programada para el 20 de agosto; y, finalmente, realizar un cotejo de las actas, dejando abierta la posibilidad de un nuevo conteo de votos.

Con esta decisión la Corte, no solo violó los procedimientos en la Ley Electoral, sino que, al suspender la oficialización de los resultados, atentó contra la autoridad del TSE y los derechos políticos de los guatemaltecos. Además, el procedimiento abría la posibilidad a que se plantearan decenas de recursos legales que podrían posponer indefinidamente la oficialización de los resultados, pese a que la misma resolución ordena asegurar la realización de la segunda vuelta electoral en tiempo y forma. Como se vería después, la intención de estos actores era ganar tiempo para preparar nuevas acciones y bloquear la participación de Semilla.

El martes 4 de julio se iniciaron las juntas de revisión de escrutinios, en las que las juntas electorales departamentales, sin el apoyo del TSE, resistieron las embestidas de los representantes de los partidos políticos que buscaban entorpecer la oficialización de los resultados electorales. En ese marco, confrontaron las actas de las mesas de votación, pero los cambios en el recuento de votos fueron mínimos, y en muchos casos terminaron favoreciendo a Semilla. Para el viernes 7, se había cumplido con lo mandatado por la Corte y los resultados estaban listos para oficializarse.

Alineamientos y realineamientos

La crisis política y constitucional provocada por la propia Corte de Constitucionalidad produjo alineamientos y realineamientos políticos. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, el cuerpo diplomático, las autoridades de los pueblos indígenas, algunos empresarios, las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones guatemaltecas pidieron respeto a la voluntad ciudadana, el pleno reconocimiento de los resultados electorales y su oficialización.

La totalidad de las cámaras empresariales han reconocido la legalidad y legitimidad de los resultados electorales, pese a que Arévalo no es de su preferencia, y exigieron que las elecciones de segunda vuelta se realizaran el 20 de agosto de acuerdo con lo programado. Aparentemente, para los empresarios es preferible el programa reformista de un gobierno encabezado por el Movimiento Semilla frente a la posibilidad de la continuidad fraudulenta de la coalición mafiosa en el gobierno.

Tres de los partidos que presentaron el recurso constitucional -Podemos, Azul y Cabal- reconocieron a los partidos que pasaron a segunda vuelta y pidieron que se respeten los resultados de las urnas y el calendario electoral. Por su parte, los partidos Vamos (de gobierno) y Cambio (de Manuel Baldizón, ex-candidato presidencial que cumplió una sentencia por lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está procesado por el caso Odebrecht) continuaron intentando detener la oficialización de los resultados electorales. Aunque los grupos que promueven esta suerte de golpe de Estado judicial son una minoría cada vez más aislada, se trata de una minoría poderosa, que tiene aún el control del sistema de justicia y de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que está decidida a defender sus privilegios y, sobre todo, su impunidad.

Suspensión provisional de la suspensión provisional

Una vez cumplido lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad sobre la revisión de escrutinios y cotejo de actas, en una actuación nuevamente ilegal, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés Quezada, una conocida operadora del «pacto de corruptos», ordenó al TSE suspender la oficialización de resultados hasta que no se verificara el cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Esta nueva dilación provocó la reacción de la mayoría de los actores políticos, sociales y empresariales que veían una continua violación de la legislación electoral para impedir la segunda vuelta electoral. Pero, finalmente, la Corte Suprema, tras varios idas y vueltas, ordenó oficializar los resultados.

Así, el lunes 10 de julio se anunció informalmente que el TSE oficializaría los resultados. Por primera vez en la historia reciente de Guatemala, 15 días después de realizadas las elecciones generales, aún no se confirmaban oficialmente los resultados. El martes 11 de julio, decenas de periodistas esperaban desde principios de la tarde la conferencia de prensa del TSE. Pero esta no empezó a la hora anunciada, sino que, misteriosamente, se fue atrasando.

Finalmente, a las 17:30, el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter y con un video del fiscal Rafael Curruchiche –tristemente célebre por su papel en la criminalización de opositores– anunciaba la última ofensiva: el caso «Corrupción Semilla». Allí informaba que, a solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 7º Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala había ordenado «la suspensión provisional de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla». La acusación se basaba en la denuncia de un ciudadano cuya firma de adhesión al partido presuntamente fue falsificada. A esta denuncia, que en su momento fue abordada y explicada por el Movimiento Semilla, se sumaron acusaciones de inscribir al partido a 5.000 personas de manera ilegal y una investigación sobre lavado de dinero por haber pagado, presuntamente, por las afiliaciones (el mismo delito por el que fue condenado el reconocido periodista José Rubén Zamora).

Además, el juez Fredy García, titular del Juzgado y también vinculado a las redes de corrupción, ordenó al jefe del Registro de Ciudadanos suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, lo que implicaba no solo eliminarlo de la segunda vuelta electoral, sino impedir que se le adjudicaran los cargos a sus diputados electos. La resolución incluía una abierta amenaza: en caso de que el Registro de Ciudadanos no cumpliera con la orden, sería denunciado penalmente.

Así de burdo es el plan de la coalición mafiosa: sacar a Bernardo Arévalo de la segunda vuelta y poner en su lugar al candidato del partido de gobierno, Manuel Conde, que ocupó la tercera posición; y, al mismo tiempo, modificar la composición del Congreso redistribuyendo entre los demás partidos los 23 escaños obtenidos por el Movimiento Semilla y, de esa forma, mantener el absoluto control del Poder Legislativo.

Esta acción de la Fiscalía generó rechazo generalizado, protestas frente al TSE y la denuncia de un golpe de Estado judicial. En ese marco, la autoridad electoral oficializó finalmente a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo como contendientes para la segunda vuelta electoral. Pero el enredo judicial continuaba.

El Movimiento Semilla llamó de inmediato a la defensa de la democracia, señalando que lo que estaba en juego no era el futuro del partido, sino el del país, y presentó una serie de recursos legales, incluido un amparo preventivo frente a la Corte de Constitucionalidad. Por su parte, el miércoles 12, el jefe del Registro de Ciudadanos rechazó cumplir con lo ordenado por el Juzgado 7º –suspender la personería jurídica de Semilla– señalando que la Ley electoral, que tiene rango constitucional, era clara en el sentido de que ningún partido podría ser cancelado durante el proceso electoral. Además, se presentaron una serie de recursos legales que buscan protegerlo de la resolución del juez.

La ofensiva no paró allí. La mañana del 13 de julio, el Ministerio Público realizó un allanamiento a las oficinas del Registro de Ciudadanos en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Personas armadas y con el rostro cubierto «secuestraron» la documentación sobre el proceso de inscripción del Movimiento Semilla, de cara a continuar el caso en su contra. Por la tarde, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Semilla, protegiéndola de la resolución ilegal del juez Fredy García. Sin embargo, la Corte señaló que el amparo no impedía que el Ministerio Público continuara investigando a Semilla y remitió el amparo a la Corte Suprema de Justicia (que ha prolongado indebidamente su mandato por 3 años más) para, por razones de competencia, seguir conociendo el amparo.

Mientras tanto, Torres, que deberá disputar el balotaje con Arévalo, quedó atrapada en la vorágine de acontecimientos. Sus posicionamientos han sido ambiguos e incluso llegó a anunciar la suspensión de su campaña en tanto no se resolviera «contra quién competiría». Lo cierto es que, más allá de la contienda judicial, la figura de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla se han fortalecido en todo el país.

Por si lo anterior fuera poco, el ex-candidato presidencial del Partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, que en mayo llegó a encabezar las encuestas pero cuya participación fue anulada mediante recursos legales, presentó un amparo a la Corte de Constitucionalidad, solicitando la anulación de las elecciones del 25 de junio y su repetición.

«¡Viva Arévalo!», ayer y hoy

El 3 de septiembre de 1944, Juan José Arévalo regresaba a Guatemala tras desarrollar la mayor parte de su formación académica y carrera profesional fuera del país. En junio de ese año, las protestas de estudiantes universitarios, maestras y trabajadores habían logrado la renuncia del dictador Jorge Ubico después de 14 años de ejercer una Presidencia absolutista. De cara a las elecciones de diciembre, los partidos revolucionarios propusieron a Arévalo, que se encontraba en Argentina, como candidato presidencial. Miles de personas acudieron a recibirlo al aeropuerto La Aurora, y al grito de «¡Viva Arévalo!» fue acompañado al centro de la ciudad.

La oratoria, la figura y la trayectoria de Arévalo lo convirtieron en el candidato favorito, que convocaba a miles de personas a sus mítines a lo largo y ancho del país. Esto produjo el intento del general Federico Ponce Vaides (nombrado presidente provisional por el Congreso tras la renuncia de Ubico) de perpetuarse en el poder. La respuesta fue un movimiento cívico y militar que concluyó en la madrugada del 20 de octubre de 1944, cuando Ponce Vaides fue derrocado y una junta revolucionaria de gobierno asumió la dirección del país.

La fecha establecida para las elecciones se respetó, y tras una campaña fulminante y con enorme apoyo popular, Arévalo obtuvo la Presidencia con el voto de 85% de los electores. Su gobierno, reformista y revolucionario, fue clave para llevar a Guatemala al siglo XX; la educación, los derechos laborales, la seguridad social son algunos de sus legados. Tras el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz Guzmán en junio de 1954, Arévalo tuvo que permanecer en el exilio, perodo durante el cual nació su hijo Bernardo.

Convertido en un referente de la oposición política, en 1963, en una audaz decisión, Juan José Arévalo regresó de manera clandestina a Guatemala para presentarse como candidato presidencial. Los grupos de poder, seguros de que si Arévalo participaba ganaría, optaron por dar un golpe de Estado que inauguró un régimen político autoritario, en el que los opositores no solo fueron proscritos, sino asesinados y desaparecidos. Desde entonces y por muchos años, «¡Viva Arévalo!» se convirtió en un grito de resistencia, de repudio a los gobiernos militares lanzado bajo la cobertura de la noche y al calor de las fiestas populares.

79 años después de la Revolución de Octubre y 60 años después del golpe militar, el grito de «¡Viva Arévalo!» vuelve a escucharse en Guatemala. Una vez oficializados los resultados de las elecciones el 11 de julio, el Movimiento Semilla decidió iniciar la campaña electoral para la segunda vuelta y no concentrarse exclusivamente en los temas jurídicos, que son atendidos por un equipo específico.

Los días 14 y 15 de julio Bernardo Arévalo y su candidata vicepresidencial, Karin Herrera, visitaron las ciudades de Quetzaltenango y Totonicapán. El recibimiento fue apoteósico: miles de personas se lanzaron a las calles para ver, fotografiar y escuchar a los candidatos. Así, en menos de dos meses, el Movimiento Semilla pasó de realizar modestos actos de campaña, en los que prevalecían el contacto cara a cara y el diálogo directo con los ciudadanos, a actos masivos en los que Arévalo hace un llamado a la defensa de la democracia, el rescate del Estado y la lucha contra la corrupción.

En estas semanas se ha asistido a un proceso de interacción y retroalimentación. El apoyo ciudadano del 25 de junio provocó una respuesta de Semilla y sus candidatos a la altura de las circunstancias y su compromiso de no fallarle al pueblo. Y la responsabilidad, la firmeza y el compromiso con los que Arévalo y Herrera han enfrentado la ofensiva del «pacto de corruptos» han fortalecido a su vez el apoyo de la población.

Sin embargo, el camino para el 20 de agosto sigue siendo largo y riesgoso. La coalición mafiosa está aislada, fracturada y asustada por la inminencia de su derrota electoral y la pérdida de la impunidad y del control sobre el Estado. La falta de escrúpulos, el dominio que conservan del Ministerio Público y el miedo los hacen extremadamente peligrosos.

En las próximas semanas el futuro de la democracia guatemalteca y del país se dirimirá en varios campos: el judicial, el electoral y en las plazas y calles. El papel de la ciudadanía será crítico y, una vez más, del pueblo dependerá la posibilidad de una nueva primavera para Guatemala.

*Antropólogo y politólogo. Es profesor de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.