Panorama Económico Latinoamericano – Del 19 al 26 de julio de 2023

On Jul 18, 2023

Deuda: fracaso sistémico

Editorial de La Jornada

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay 165 millones de personas hundidas en la pobreza más de las que había antes de que irrumpiera la pandemia de covid-19. De ellas, 75 millones cayeron en la extrema pobreza (es decir, que perciben menos de 2.15 dólares por día), y otros 90 millones descendieron bajo el umbral de la pobreza, con ingresos de 3.65 dólares diarios.

El aspecto más agraviante de la situación radica en que los estados no pueden acudir en auxilio de sus ciudadanos porque sus presupuestos nacionales se encuentran atados al pago de la deuda. El informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) Un mundo endeudado: Un peso creciente para la prosperidad mundial, publicado el miércoles, documenta que 3 mil 300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de los intereses de la deuda que en educación o salud, una injusticia denunciada como fracaso sistémico por el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres.

La Unctad calcula que para salvar a esos 165 millones de seres humanos de la pobreza bastaría con 14 mil millones de dólares, cifra que representa un insignificante 0.009 por ciento del producto interno bruto mundial en 2022, y menos de 4 por ciento del servicio de la deuda de los países en desarrollo. Es importante remarcar que se habla de 4 por ciento del servicio de la deuda, no de la deuda misma: resulta estremecedor abrir los ojos al hecho de que 4 por ciento de los intereses que reciben los acreedores en un año condena a 165 millones de personas a sobrevivir en carencia de alimentación, vestido, vivienda, empleo digno, educación, cultura y recreación. Como está bien documentado, para las infancias la desnutrición y la falta de oportunidades educativas representan prácticamente una sentencia de por vida a permanecer en la precariedad. Peor aún: la deuda de las naciones pobres se halla de manera creciente en manos privadas, por lo que el desarrollo se sacrifica no para cubrir préstamos otorgados por organismos multilaterales con un presunto sentido altruista y dirigido a impulsar el crecimiento, sino para entregar ganancias al gran capital bancario y especulativo.

Por estos motivos, Gutérres reclama de manera tan insistente como infructuosa por una reforma de las instituciones financieras internacionales, a las que no duda en describir como resultado de la desigualdad intrínseca de un sistema financiero obsoleto, que refleja las dinámicas coloniales de la época en que se creó. En efecto, cuando fueron creados el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros elementos de la arquitectura financiera global, la mayor parte del mundo se encontraba sometida al dominio colonial de un puñado de potencias occidentales, y resulta inocultable que el diseño del capitalismo contemporáneo responde puntualmente al afán de perpetuar la concentración de la riqueza y las asimetrías económicas internacionales, sin reparar en el intolerable dolor humano que provoca un modelo creado para catapultar el lucro de unos pocos a expensas del bienestar de las grandes mayorías.

El inadmisible peso de la deuda sobre la capacidad de los estados para dar cumplimiento a los derechos humanos de sus habitantes sólo podrá abatirse cuando los ciudadanos, comenzando por los de las naciones más ricas, exijan a sus líderes un tajante cambio de prioridades, de la acumulación sin freno a la satisfacción de necesidades.

El empleo se recupera con desigualdad en América Latina

Los principales indicadores del trabajo en América Latina y el Caribe han vuelto a valores cercanos a los que tenían antes de la pandemia covid-19, aunque persisten brechas de edad y género en las tasas de participación y desocupación laboral, indicó un informe divulgado este martes 11 por la Cepal y la OIT.

La recuperación ha tendido a ser mayor entre mujeres que entre los hombres, y mayor entre los jóvenes que entre los adultos, según el documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para este estudio la Cepal y la OIT consideraron a 20 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

La tasa promedio de participación laboral -la relación entre fuerza de trabajo y población en edad de trabajar, expresada como porcentaje-, que fue de 63,3 % en 2019, cayó a 58,9 % en 2020, subió a 61,6 % en 2021 y en 2022 alcanzó a 62,8 %.

La variación en esa tasa entre 2021 y 2022 fue mayor al promedio de uno por ciento en Panamá, Chile, Colombia, Barbados, Brasil, Jamaica, Perú y Argentina (entre 1,1 y 3,6 %), baja en México y Bolivia (0,9 y 0,5 %, respectivamente) y resultó negativa (entre -0,4 y -2,8 %) en los países de América Central.

La participación femenina subió 1,7 puntos porcentuales (pasó de 50,1 a 52,8 %), y la de los hombres 0,3 puntos (de 74,1 a 74,4 %), y aunque la tasa femenina regresó a sus niveles previos a la covid, persiste la brecha de 22,6 %: 48 de cada 100 mujeres en edad de trabajar en la región no participan en el mercado de trabajo.

Asociada a esos incrementos en la participación disminuyó la tasa de desocupación, que se refiere al porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desocupada: personas de 15 años o más que en el período de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo.

La tasa de desocupación era de ocho por ciento en 2019, trepó a 10,3 % en 2020, se aminoró a 9,3 % en 2021 y el año pasado se ubicó en siete por ciento.

La mayor caída se registró en la tasa de desocupación de las mujeres, que se redujo en promedio 2,8 puntos porcentuales (11,5 % en 2021 y 8,7 % en 2022). La tasa de desocupación masculina se redujo 1,9 puntos (7,8 % en 2021 y 5,9 % en 2022).

La brecha disminuyó en 2022 (2,8 puntos porcentuales en comparación con los 3,7 de 2021), aunque todavía es mayor que la de 2,5 puntos que existía en el año 2019.

En 2022 el número de ocupados creció 5,9 % en relación con el nivel informado en 2021, y si bien ese crecimiento se observó en la mayoría de las categorías de ocupación, fueron los servicios domésticos y el sector de los asalariados los que mostraron el mayor crecimiento, con tasas de 11,6 y 8,5 %, respectivamente.

Casi la mitad de quienes trabajan en América Latina y el Caribe permanecen en la informalidad, y la reducción registrada en el promedio regional entre 2021 y 2022 fue diminuta: de 48,8 a 48,7 %. En Colombia la informalidad se redujo en dos por ciento, en Costa Rica 1,7 % y en Perú uno por ciento, mientras que creció 4,1 % en Argentina y 0,7 % en Ecuador.

En cuanto a edades, hay también una pequeña recuperación relativa a la tasa de empleo entre los jóvenes, de 15 a 24 años (37,4 % en 2019 y 38,2 % en 2022), y una disminución entre los de 25 años y más (de 58,8 en 2019 a 57,3 % en 2022).

A pesar de los fuertes choques asociados a la pandemia, la ocupación por sectores (agricultura, manufactura, construcción, comercio, hoteles y restaurantes, servicios, básicos, financieros y otros) se mantuvo con cifras semejantes a las de 2019.

Para amortiguar la inflación, que alcanzó 8,6 % anualizada en junio de 2022 y cerró el año con una media regional de 6,5 %, hubo incrementos de salarios mínimos, a un promedio de nueve por ciento y que llegó a dos dígitos en Brasil, Chile, Colombia y México. Incluso en Argentina, asolada por la inflación, ese incremento fue de 68 %.

El informe recalca que el hecho de que los principales indicadores y la composición del mercado laboral vuelvan a los niveles prepandemia no resulta suficiente, dado que los problemas estructurales que caracterizan a los mercados laborales de la región siguen presentes.

Para mejorar la situación, la Cepal y la OIT coinciden en que se necesitan políticas que promuevan una mayor creación de empleo, más formalización y una mayor (y mejor) inclusión de mujeres y jóvenes en el mercado de trabajo.

Se requiere ampliar los instrumentos de política laboral y mejorar la articulación entre ellos, a fin de evitar contracciones en el empleo. También se necesita más énfasis en la reactivación económica, incluyendo sectores impulsores y dinamizadores del crecimiento económico y del empleo.

La bioeconomía toca a la puerta del tratado amazónico

Comentar empresas locales y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales son claves para desarrollar y a la vez conservar la Amazonia, plantean más de 100 organizaciones de la región a los gobiernos comprometidos en el Tratado de Cooperación Amazónica.

El documento se divulgó en esta ciudad colombiana a orillas del Amazonas en el marco de una reunión que incluye a ministros y técnicos de los ocho países del tratado: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.

La cita incluye un encuentro de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, y es preparatoria de una cumbre de signatarios del tratado que se realizará en agosto en Belém do Para, en el nordeste brasileño.

“Ahora es nuestra última y mejor oportunidad para cambiar el curso de degradación y mantener en pie nuestros preciados bosques, aportando a garantizar el futuro de la vida en la Tierra”, dice el documento elaborado durante la Conferencia Panamazónica de Bioeconomía realizada el 21 y 22 de junio en Belém.

Se advierte que “la próxima década definirá si la Amazonia, hogar de más de 47 millones de habitantes, puede continuar con el mismo modelo económico o convertirse en el catalizador de una nueva economía basada en bosques en pie y ríos vivos para su gente y el mundo”.

La carta recopila 31 recomendaciones para promover el desarrollo de la bioeconomía en los nueve países amazónicos (los ocho estados más la Guayana Francesa) y, al mismo tiempo, preservar la biodiversidad del bosque tropical más grande del planeta.

Se afirma que a pesar de ser uno de los biomas más biodiversos, la región amazónica aún no ha tenido un debate profundo sobre las oportunidades y desafíos para la promoción de su bioeconomía.

Al mismo tiempo, las actuales tasas de deforestación sugieren que la selva puede sobrepasar su punto de no retorno y colapsar, con sus productos únicos y valiosos servicios ecosistémicos, entre ellos el agua, la lluvia, la polinización y la captura de carbono, claves para sostener las economías locales, regionales y globales.

La bioeconomía es, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenibles de recursos biológicos, incluyendo los desechos de biomasa generados en esos procesos.

Supone aprovechar el conocimiento de los sistemas, principios y procesos, como los de comunidades indígenas, afrodescendientes y tradicionales en el caso de la Amazonia, así como las tecnologías aplicables al conocimiento y transformación de los recursos biológicos y a la emulación de procesos y principios biológicos.

El documento menciona una investigación del World Resources Institute de Brasil, según el cual fortalecer la bioeconomía de la Amazonia Legal brasileña (nueve de los 26 estados del país) puede incrementar el producto bruto nacional en 8000 millones de dólares anuales y crear 312 000 nuevos empleos antes de 2050.

“Este nuevo modelo económico puede aplicarse en todos los países amazónicos, ya que cada uno posee una gran riqueza de productos de la biodiversidad del bioma. Por el momento, sin embargo, este avance se ve comprometido: colectivamente sólo reciben 0,17 % del valor total del potencial del mercado mundial”, asienta el texto.

El nuevo paradigma “puede conectarse con las ambiciones nacionales, con una mayor financiación y con una comunidad internacional dispuesta a apoyar esfuerzos cohesionados en la región”, según el documento elaborado en Belém.

Entre sus 31 recomendaciones destaca que se deben garantizar y ampliar los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales, protegiendo sus territorios contra amenazas externas y actividades ilegales: “Combatir la ilegalidad debe ser la máxima prioridad de los gobiernos”.

Con ello, reconocer que los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales son también responsables de proteger las mayores porciones de bosque que proporcionan servicios ecosistémicos esenciales para otros sectores económicos.

A continuación se propone reasignar “subsidios perversos y otras inversiones insostenibles” a incentivos económica y ambientalmente viables, y promover mecanismos híbridos de financiación.

Esos esquemas pueden facilitar actividades y modelos empresariales relacionados con la bioeconomía, como bonos y préstamos sostenibles, canjes de deuda por conservación de la naturaleza, y mecanismos de mejora del crédito, incluidos los dirigidos a pequeños productores, pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

Se propone fomentar el crecimiento de las empresas y cooperativas locales, evitando requisitos legales excesivos y alineando la legislación medioambiental, sanitaria y fiscal con las necesidades y realidades locales específicas.

Por otra parte, se debe reforzar la gobernanza de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, establecida por los gobiernos en 1995, implicando activamente a la sociedad civil, los pueblos indígenas y las partes interesadas locales.

De entrada, debe desarrollarse un plan de trabajo conjunto a corto plazo sobre cómo evitar colectivamente el punto de no retorno de la Amazonia, que incluya objetivos comunes, métricas y un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Se pide la creación de un fondo regional para apoyar la ciencia ética, la tecnología y la innovación en la bioeconomía, para aumentar la valorización de sus productos y servicios, y desarrollar capacidades básicas y vocacionales.

Finalmente, se apunta a transformar las ciudades amazónicas en centros de bioeconomía mediante un plan integral de infraestructuras sostenibles, centrado en añadir valor a los productos y servicios de la bioeconomía, y que optimice el papel de los ríos para mejorar la conectividad y diversificar las fuentes de energía.

Crece la inversión extranjera en servicios en América Latina

La inversión extranjera directa (IED) en la región creció 55,2 por ciento el año pasado, hasta 254 579 millones de dólares, más de la mitad de los cuales se destinaron al sector servicios, indicó este lunes 10 en un informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Aunque también repuntaron los sectores manufacturas y recursos naturales, 54 % de la IED en la región ingresó al sector de servicios, y la mayor participación la tuvieron los rubros servicios financieros; electricidad, gas y agua; información y comunicaciones, y los servicios relacionados con el transporte.

De acuerdo con el informe “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2023”, casi todos los países de la región recibieron más IED en 2022. Lidera la lista Brasil, que recibió 41 % del total regional y figura como quinto destino de la IED mundial. Le siguen México (17 %), Chile (9 %), Colombia (8 %), Argentina (7 %) y Perú (5 %).

Costa Rica fue el principal receptor de inversión extranjera directa en América Central, y en Guatemala los flujos registraron una caída significativa debido a un valor extraordinario en 2021, pero volvieron a su promedio histórico. La variación de las entradas de IED también fue positiva en el Caribe, impulsada por mayores inversiones en República Dominicana, que fue el segundo país receptor después de Guyana, país que vive un auge de exploración y explotación petrolera.

El 5 de julio la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) indicó que Brasil registró en 2022 el segundo volumen de IED más alto de su historia, 86 000 millones de dólares, debido principalmente a que se duplicaron los beneficios reinvertidos.Los volúmenes que correspondieron a México, llegaron a 35 mil millones de dólares, a 17 millones en Colombia, 15 mil millones en Argentina y 12 mil millones de dólares en Perú.

La Cepal indicó que mientras estos flujos crecieron en América Latina y el Caribe y en otras regiones del mundo, decrecieron en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea. En total, las entradas mundiales de IED se redujeron 12 % con respecto a 2021 y totalizaron 1,29 billones (millones de millones) de dólares.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, dijo al presentar el informe en esta capital chilena que “el reto no solo es atraer y retener, sino maximizar la contribución de la IED al desarrollo, y para esto los países deben poner atención a políticas de desarrollo productivo post-establecimiento” de esa inversión.

Esas políticas incluyen “el fomento a los encadenamientos productivos, políticas de agregación de valor y ascenso en las cadenas de valor, de desarrollo de recursos humanos, de infraestructura y logística y de construcción de capacidades locales”, expuso Salazar-Xirinachs.

Estados Unidos (38 % del total) y la Unión Europea (17 %, excluyendo a Países Bajos y Luxemburgo) fueron los principales inversionistas en la región, mientras que la IED proveniente de países de la misma región latinoamericana y caribeña tuvo un salto importante al pasar de nueve por ciento a 14 % del total.

En 2022 el monto invertido en el extranjero por empresas transnacionales latinoamericanas, conocidas como translatinas, alcanzó niveles históricos: 74 677 millones de dólares, siendo la cifra más alta registrada desde que se comenzó a compilar esta serie en los años 90 del siglo pasado.

Por otro lado, el monto de anuncios de proyectos de IED en la región creció 93 % en 2022, totalizando cerca de 100 000 millones de dólares. Por primera vez desde 2010, el sector de hidrocarburos (carbón, petróleo y gas) lideró los anuncios, con 24 % del total, seguido por el sector automotor (13 %) y las energías renovables (11 %).

La transición energética es identificada por la Cepal como un sector impulsor del crecimiento económico, que puede convertirse en gran motor de la transformación productiva de la región, por lo que los países y sus territorios deberían priorizarlo en el marco de sus políticas y agendas de desarrollo productivo.

El porcentaje de la capacidad instalada de energía renovable de América Latina y el Caribe es superior al promedio mundial, y la matriz de generación eléctrica es una de las más limpias del mundo.

Por lo tanto, si incrementa su oferta de energía renovable, la región podría convertirse en origen de la producción de bienes que hoy en día se producen en países con matrices relativamente menos limpias.

Según el análisis de la Cepal, la IED puede desempeñar un papel fundamental a la hora de acelerar la transición energética, facilitar la transferencia tecnológica y posibilitar las tecnologías emergentes.

En esa dirección, la responsabilidad de los gobiernos “incluye garantizar la reducción radical de las actividades energéticas no renovables como exigen los compromisos climáticos, además de mitigar sus efectos negativos y sus costos económicos y sociales, sobre todo en términos de inversiones, empleo e ingresos”.

Más allá de los retos de la transición energética, el informe insiste en que los países de América Latina y el Caribe deben mejorar el diseño de las políticas de atracción de inversiones y fortalecer sus capacidades institucionales en esa área.

30 plantas industriales en La Paz para la seguridad alimentaria

Con el emplazamiento de 30 plantas industriales, que se proyecta tener hasta el año 2025 en el departamento de La Paz, se garantizará la seguridad alimentaria, se sustituirá las importaciones y se generará empleos.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, el Gobierno nacional construye más de 130 plantas industriales en todo el país, con una inversión de $us 3.600 millones.

De acuerdo con los datos del Ministerio de la Presidencia, sólo en el departamento de La Paz, con un financiamiento de alrededor de Bs 1.550 millones, se edifica un total de 30 plantas industrializadoras de frutas, granos, tubérculos, lácteos, aceites, entre otras materias primas.

De ese total de industrias, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural está a cargo de la construcción de al menos 15 plantas con una inversión de alrededor de Bs 1.286 millones, y el resto, las carteras de Hidrocarburos y Energías y de Minería y Metalurgia.

¿Conozca cuáles son esas industrias y dónde estarán ubicadas?

Según los datos del Ministerio de la Presidencia, se trata de la construcción de la Planta de Transformación de Cereales, en el municipio de Viacha, con una inversión Bs 182 millones.
La Planta de Transformación de Granos, en la localidad de Ixiamas, cuya edificación demanda Bs 105,8 millones de inversión.
La Planta Procesadora de Quinua, es emplazada en Patacamaya, con un presupuesto de Bs 5,5 millones.
La Planta de Transformación de Papa, en El Alto, con un financiamiento de Bs 162,8 millones.
La Planta Industrial de Papa Andina, en Calamarca, cuya edificación demanda Bs 17,6 millones.
La Planta Deshidratadora de Papa, en Sica Sica, que requiere una inversión de Bs 20,1 millones.
La Planta de Procesamiento de Frutas “Bartolina Sisa”, en Sapahaqui, se levanta con Bs 50 millones.
La Planta de Cítricos, en Caranavi, está presupuestada con una inversión: Bs 4,8 millones
La Planta Procesadora de Derivados de Almendra, es emplazada en Viacha con Bs 24,7 millones.
La Planta Procesadora de Banano, Plátano y Yuca, estará edificada en Teoponte con un presupuesto de Bs 13,5 millones
La Planta Procesadora de Derivados Cárnicos, se ubicará en Viacha con Bs 10,4 millones.
La Planta Procesadora de Embutidos estará en Ixiamas, con una inversión de Bs 12,8 millones.
La Planta Piscícola, en Tiquina, a orillas del lago Titicaca, se emplaza con Bs 87,7 millones.
La Planta Procesadora de Aceite y Aditivos de Palma, se edificará en Ixiamas con Bs 164,3 millones.
Los Centros de Acopio de Residuos Líquidos, se emplazarán en La Paz con Bs 68,4 millones.
La Planta de Agroinsumos de Yungas demandará Bs 42 millones de inversión.
La Planta de Agroinsumos de Patacamaya requerirá una inversión de Bs 52,7 millones.
La Planta de Agroinsumos del Altiplano Norte se edificará con una inyección de Bs 43 millones.
La Planta de Alimento Balanceado, en Batallas, demandará al menos Bs 6 millones.
La Planta Procesadora de Lácteos, también de Batallas, costará Bs 5,5 millones.
La Planta Integral de Transformación de Alimentos, en Jesús de Machaca, demandará Bs 10,4 millones.
La Ampliación de la Planta Procesadora de Lácteos de Achacachi cuesta Bs 45,4 millones.
La Planta de Procesamiento Industrial de Café, en Caranavi, cuenta con Bs 16,7 millones de inversión.
Los laboratorios y oficinas de Ibmetro en La Paz oscilan un financiamiento de Bs 42,6 millones.
La Planta de Biodiésel II que se emplaza en la zona Senkata, de El Alto, cuesta Bs 278,4 millones.
La Planta Concentradora de Minerales de Estaño, que se construirá en Quime, oscila Bs 44,6 millones.
La Planta Procesadora de Alimentos Balanceados para Animales, de Tiwanaku, demanda Bs 5,8 millones
La construcción y equipamiento de la Planta Procesadora de Papa en Cairoma está Bs 9,4 millones.
La Planta Industrial Andina de Quesos y Derivados Q´ulla Uma, en Collana, requiere Bs 6,9 millones para su edificación.
La Planta Procesadora de Alimento Balanceado, en Palos Blancos, demanda Bs 11 millones de inversión.

De acuerdo con el ministro Huanca, en el departamento paceño, al menos unas 10 plantas industriales a cargo de su cartera ya están en plena construcción y están en proceso de edificación otras cinco factorías, que le darán valor agregado a la producción nacional.

En mayo pasado, el presidente Luis Arce, en su balance de dos años y medio de gestión, afirmó que el horizonte hacia el Bicentenario de Bolivia es la industrialización con sustitución de importaciones.

“Los más de $us 3.600 millones son invertidos con el objeto de crear una economía de base ancha para la industria boliviana en diversos rubros orientados a dinamizar y beneficiar a productores, artesanos, pequeños, medianos y grandes empresarios”, explicó en esa oportunidad.

Según el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, la industrialización está enmarcada en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y es el principal motor para mejorar el Producto Interno Bruto (PIB).

“Estamos poniendo plantas donde usualmente no se invertía, donde al privado no le interesa donde para el privado es muy costoso. Entonces realmente se está industrializando La Paz, pero esto forma parte de una política integral de industrialización con sustitución de importaciones”, afirmó.

Argentina: Los alimentos subieron 116,9 % el último año

El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 4,1 % en junio y 116,9 % en los últimos doce meses. Este incremento impacta con más fuerza en los sectores de menores ingresos. Cuáles son los alimentos que más se encarecieron el último mes.

La inflación de junio fue de 6 % y acumula 115,6 % interanual, según publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el caso de los Alimentos y bebidas no alcohólicas el salto mensual fue de 4,1 %, por debajo del nivel general.

Sin embargo, en los últimos doce meses los precios de los alimentos escalaron 116,9 % por encima del nivel general. Este incremento impacta con más fuerza en los sectores de menores ingresos. En los primeros seis meses del año (enero a junio) la suba de los alimentos fue de 55,6 %, por encima del nivel general.

Entre los primeros diez alimentos y bebidas que más treparon en junio se destaca el del azúcar, que de acuerdo al informe del Indec subió 33,9 % en relación al mes anterior. Le sigue la papa, que se consigue en términos promedio a $ 313,80 en junio frente a $ 251,59 por kilo el mes anterior, un incremento de 24,73 % mensual.

También aumentaron por encima de los dos dígitos productos que componen la canasta alimentaria y básica como la yerba mate (16,5 %), pan (13,1 %), vino común (12,7 %), arroz blanco (12,7 %), fideos (10,8 %), entre otros.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se contenta con la desaceleración de la inflación de cara a su candidatura presidencial, en un país cuya última medición de pobreza alcanza al 40 % de la población. Las propias políticas del gobierno son las que mantienen el fuego de los precios, al autorizar los aumentos en los servicios públicos, combustibles y salud, así como en el programa de Precios Justos.

La inflación destroza el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Ya son más de 7 los meses con una inflación arriba de 5 %, Massa había asegurado que en abril iba a reducirla a 3 %.

No hay posibilidad de frenar el ajuste inflacionario bajo el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras lo que escasean son divisas, y eso presiona sobre los precios, el objetivo del Gobierno está orientado a acumular dólares para pagar la deuda.

La suba de tarifas que sacude el bolsillo, así como la inflación, les sirve también para cumplir con el ajuste fiscal a la medida del FMI mediante la licuación de las partidas del gasto público. En los primeros 5 meses del año el gasto público cayó casi 10 % en términos reales. Mientras tanto, aumentó 18 % el gasto en intereses de la deuda.

Para que los salarios no sigan perdiendo contra la inflación, la pelea es por un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales y que se actualicen mensualmente según el índice de precios. Es necesario rechazar el acuerdo con el FMI y terminar con el programa de ajuste.

Panorama internacional

El fracaso del sistema financiero global preocupa a la ONU

Mirko C. Trudeau -CLAE

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, denunció el fracaso de un sistema financiero internacional que permite que tres mil 300 millones de personas vivan en países donde los gobiernos gastan más en el pago de intereses de su deuda externa que en educación, salud o alimentos.

“La mitad de nuestro mundo se hunde hacia un desastre del desarrollo, alimentado por la aplastante crisis de la deuda”, dijo Guterres. La mitad de la población mundial vive en países que gastan más en el pago de intereses de su deuda que en educación, salud o alimentos.

Anunció igualmente la creación de un mecanismo que busca aligerar “las barreras a la inversión privada en los países emergentes”, para asociar dicha inversión a la lucha contra el cambio climático. Impulsada por Estados Unidos y apoyada por numerosos países, la reforma de las instituciones financieras internacionales está en negociación desde finales de 2022.

El récord del pasivo público mundial se debe al endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la pandemia de covid-19, y los países en desarrollo son los que más están sufriendo la carga. La mitad del mundo se hunde hacia un desastre del desarrollo, alimentado por la aplastante crisis de la deuda, deploró Guterres. El 70 por ciento de la deuda corresponde a China, India y Brasil. Del total, 52 países, cerca del 40 % del mundo en desarrollo, “tienen importantes problemas de deuda”, recordó.

Estas deudas insostenibles están concentradas en países pobres y no están consideradas como un riesgo sistémico. Son cifras y lamentablemente no un espejismo. Tres mil 300 millones de personas son más que un riesgo sistémico, son un fracaso sistémico.

La composición de esta deuda de los países en desarrollo ha evolucionado, precisó Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). En 2010, los acreedores privados representaban el 47 % de la deuda externa de los países en desarrollo, pero en 2021 se elevó al 62 %. “Mientras estas fuentes privadas pueden proporcionar liquidez vital para los países, los términos suelen ser menos favorables y esto hace la reestructuración más compleja y la deuda pública más cara”, comentó.

Mientras, el nuevo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, anunció que ampliará sus “herramientas” de ayuda internacional con nuevos instrumentos, dijo en una cumbre en París consagrada a repensar las finanzas climáticas. La novedad fundamental, señaló, será “ofrecer una pausa en el pago de la deuda para que los países puedan centrarse en lo que importa cuando hay una crisis, y dejen de preocuparse por la factura que está por llegar”.

La propuesta se acerca mucho a una idea promovida por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que propugna una pausa en el pago de la deuda en caso de catástrofe natural en un país en desarrollo, vinculada al calentamiento global.

Deuda y desarrollo

Antonio Guterres reclamó sin éxito una reforma de las instituciones financieras internacionales.Los países en desarrollo acumulan casi 30 por ciento de la deuda pública mundial, mientras la arquitectura financiera internacional hace que sel acceso de los países en desarrollo a la financiación sea inadecuado y caro, señaló el informe de la ONU.“La mitad de nuestro mundo se hunde hacia un desastre del desarrollo, alimentado por la aplastante crisis de la deuda”, enfatizó

Tienen el 30 % de esta deuda, que aumenta más rápido porque los intereses que pagan son cada vez más altos pese a que la deuda cae con relación al Producto Interno Bruto.

Son 59 los países en desarrollo que se enfrentan a un nivel de deuda con relación al producto interno bruto (PIB) superior a 60 por ciento, y que aumenta más rápido porque los intereses que pagan son cada vez más altos. La deuda aumenta más rápido porque los intereses que pagan son cada vez más altos pese a que la deuda cae con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

En 2010, los acreedores privados representaban 47 por ciento de la deuda externa de los países en desarrollo, pero en 2021 ese porcentaje se elevó a 62 por ciento. En África, la participación de los acreedores creció de 30 por ciento en 2010 a 44 por ciento en 2021, mientras América Latina concentra la mayor proporción de acreedores privados en posesión de deuda pública externa de todas las regiones, con 74 por ciento.

Del total, 52 países –cerca de 40 por ciento del mundo en desarrollo– tienen importantes problemas de deuda, recordó Guterres, quien ha reclamado sin éxito una reforma de las instituciones financieras internacionales. Es un resultado de la desigualdad intrínseca de un sistema financiero obsoleto, que refleja las dinámicas coloniales de la época en que se creó.

*Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

OPEP: el mundo no puede vivir sin petróleo” ni podrá en un futuro

El presidente de turno de la OPEP, el ecuatoguineano Antonio Oburu Ondo, afirmó en Viena que “el mundo no puede vivir sin petróleo” y que tampoco podrá prescindir de esa fuente fósil en un futuro previsible, dadas las necesidades energéticas del planeta.

“La realidad de la energía es que el mundo no puede vivir sin petróleo”, dijo Oburu Ondo, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, uno de los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Ondo dijo que el petróleo ha sido “central” en el pasado, es “crucial” para el presente y será “fundamental” para el futuro de la sociedad. “Es un bien de consumo permanente. No podemos prescindir de él”, insistió.

El ministro pronunció el discurso inaugural del 8º Seminario Internacional de la OPEP, una conferencia de dos días que reúne en Viena a decenas de responsables de la industria de fuentes fósiles y expertos en cambio climático.

Bajo el lema “Hacia una transición energética sostenible e inclusiva”, el foro fue abierto hoy por el secretario general de la OPEP, el kuwaití Haitham Al Ghais, quien también resaltó la importancia del crudo al tiempo que abogó por impulsar las tecnologías que reduzcan sus emisiones de efecto invernadero.

“El petróleo desempeña un papel central y fundamental en la vida, pero la industria (del sector) debe minimizar su impacto medioambiental”, declaró.

Al Ghais abogó por que la transición energética se base en “los tres pilares de la sostenibilidad: viabilidad económica, protección del medio ambiente y equidad social”, y consideró que cada país y región debe encontrar su propia forma de rebajar las emisiones. “No hay una vía única para el reto climático”, sentenció.

Las posturas expresadas por los responsables de la OPEP no son nuevas y coinciden con las de otros defensores de la industria petrolífera, de la que dependen altamente los ingresos de los países de la organización.

Les preocupa especialmente las crecientes dificultades que encuentran para atraer flujo de capitales a sus industrias, algo que ya está mermando la capacidad productiva de varios de ellos, mientras crecen las inversiones en las energías renovables.

“Debemos prestar mucha atención a la disminución de las inversiones en el sector”, resaltó en el foro el ministro de Energía de Azerbaiyán, Parviz Shahbazov. El seminario de la OPEP se celebra en medio de la polémica decisión de esa organización de excluir a periodistas de los medios de comunicación internacionales, Reuters, Bloomberg y Wall Street Journal (WSJ), sospechosas de manipular información.