El Estado uruguayo asumió responsabilidad por asesinatos y desapariciones

Luvis Hochimín Pareja

Con un acto en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el Estado uruguayo –en voz de la vicepresidenta Beatriz Argimón ante la ausencia del mandatario Luis Lacalle– reconoció este jueves su responsabilidad en  crímenes y desapariciones forzadas, un evento con el que cumplió con una sentencia del año 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero el presidente Luis Lacalle Pou estuvo ausente. Su presencia era fundamental en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero optó por ausentarse.

El Estado uruguayo fue culpado por la falta de respuesta frente al acceso a la información y sentenciado a tomar medidas de reparación que implican continuar las investigaciones, dar tratamiento psicológico a familiares de las víctimas y realizar un acto de público reconocimiento.

Una multitud desbordó el Salón de los Pasos Perdidos en el acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los asesinatos de las Muchachas de Abril, Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio, y en las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González.

Aunque multitudinario –y emotivo– el acto, a dos semanas de cumplirse 50 años del golpe de Estado, y algunos días después del hallazgo de restos de otro desaparecido en el Batallón 14 del Ejército, no estuvo ajeno de polémica y se desarrolló en un clima de tensión que se extendió hasta el final.

En la madrugada del 21 de abril de 1974 –a las 02:45–, un grupo de integrantes de las Fuerzas Conjuntas (el Ejército y la Policía) golpearon en la puerta de la casa de Washington Barrios en Brazo Oriental preguntando por su hijo.Al darse cuenta que habían llegado a lo de su padre, se alejaron y fueron al apartamento de enfrente. Dispararon directamente contra la puerta. Washington Javier Barrios no estaba.

Los vecinos escucharon una ráfaga de metralletas y gritos. Adentro estaban Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio. La primera estaba embarazada. Tenían entre 19 y 21 años. Ocho meses después, en la madrugada del 13 de diciembre, miembros de las Fuerzas Conjuntas detuvieron a Luis Eduardo González González. Lo trasladaron junto a Elena Zaffaroni –su esposa– al Regimiento de Caballería n°6 en San Ramón donde lo torturaron hasta la muerte. Su cuerpo está desaparecido.

Tres años más tarde, el 19 de julio de 1977, tres personas armadas –también de las Fuerzas Conjuntas– detuvieron a Óscar Tassino Asteazu cuando llegaba a una casa en Carrasco. Lo trasladaron al centro de detención La Tablada donde se presume que murió cinco días después. El cuerpo aún permanece desaparecido.

«Ellos saben dónde están pero no lo dicen, prefieren seguir cometiendo delitos y abusando de nuestros cuerpos (…) la sociedad uruguaya toda debería saber», dijo en referencia a los militares. «Con las tripas decimos que más tarde o más temprano los vamos a encontrar», señaló Karina Tassino.

Los familiares de las víctimas reclamaron mayor compromiso de los mandos de las Fuerzas Armadas y el gobierno para conocer más información sobre dónde están los desaparecidos antes y después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Por el caso de las «muchachas de abril», la Suprema Corte de Justicia ratificó en abril el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército Juan Rebollo, en prisión domiciliaria. También fueron involucrados en la causa los militares José Gavazzo y Eduardo Klastornik, quienes fallecieron durante el proceso judicial.

«La lucha sigue (…) queda mucho por hacer para que se cumpla esta sentencia» de la Corte IDH, dijo a periodistas Elena Zaffaroni, esposa de González, al final del acto.

Ausencias y restricciones

La sentencia señalaba que el acto debía ser público, pero el Parlamento dispuso un ingreso por invitación, lo que provocó críticas previas aunque el cumplimiento luego fue laxo y la mayoría de las personas pudieron entrar. Se dispuso una pantalla gigante en la Plaza 1° de Mayo –frente al Legisativo, donde se reunieron centenares de familiares– y el evento también pudo seguirse por la pantalla gigante en la avenida 18 de Julio, frente a ka Intendencia Municipal de Montevideo.

El presidente Luis Lacalle Pou delegó –sin explicaciones públicas– su responsabilidad en la vicepresidenta Argimón , lo que molestó a los familiares y la oposición que lo reclamaron durante el evento.

Pero Lacalle Pou no fue el único ausente. Cabildo Abierto y su líder Guido Manini Ríos tampoco concurrieron al acto. El excomandante en jefe del Ejército y actual senador calificó en su momento como “bochornoso” el reconocimiento que hizo el gobierno luego de que fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizar un acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el conocido caso de Muchachas de Abril.

En concreto, el partido que lidera Manini definió que sus legisladores no se presentarán y Manini en específico aseguró que su partido “no comparte el relato que se ha impuesto sobre lo que ha pasado hace tanto tiempo”.

Quien salió al cruce del senador Manini fue el frenteamplista Óscar Andrade, quien sin nombrarlo utilizó la misma palabra para contrarrestar sus dichos: “Siempre estuvieron ahí, agazapados, mintiendo siempre, justificando la barbarie. Bochornoso es ser cómplice de los impunes”, expresó.

“Siempre propusimos definir la fecha del acto en función de su agenda porque entendimos que su presencia era fundamental en su carácter de supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a la resolución”, señaló la hija de Óscar Tassino, encargada de la oratoria por parte de los familiares.

Si bien Argimón asumió la responsabilidad en nombre del Poder Ejecutivo, hubo una participación minoritaria de integrantes del oficialismo, entre ellos el ministro de Defensa, Javier García, y los senadores Jorge Gandini y Raúl Batlle. En el salón retumbó el canto de “tiranos temblad” durante el himno nacional y tiempo después, cuando Tassino terminó su discurso, un aplauso cerrado acompañado de un grito a coro de ¡nunca más! resultó estremecedor.

Emocionada y con la voz entrecortada, la representante de los familiares humanizó –aún más– el hallazgo del Batallón 14 con una pregunta breve: “¿sos vos papá?” Tras unos segundos, aseguró “con las tripas” que “más tarde o más temprano” encontrarían a todos los desaparecidos. Añadió que el terrorismo de Estado “afectó a toda la sociedad” y que los crímenes “por su magnitud” eran irreparables, pero que el gobierno debía aportar en la búsqueda y la información.

Sobre el final, tras su oratoria, Argimón volvió a tomar el micrófono para hacer un “exhorto”, algo que también establecía la sentencia de la CIDH. “Exhortamos, solicitamos y pedimos a toda aquella persona que tenga conocimiento sobre el posible paradero de restos humanos, por favor, que brinden información”, dijo cuando fue interrumpida por aplausos pero también por gritos de “¡cobardes!”.

A pesar de que la participación del oficialismo fue minoritaria, algo que contrastó con una presencia masiva de dirigentes del centroizquierdista Frente Amplio, solo el derechista Cabildo Abierto cuestionó el acto y señaló que era un “bochornoso episodio” en el que el Estado uruguayo se sometió al “dictamen de un grupo de juristas que vaya a saber con qué sesgo mira las cosas para decidir dentro de nuestro país”, en palabras de su líder el general retirado y senador Guido Manini Ríos.

El senador había asegurado, como segundo motivo, que los hechos “no ocurrieron como se presentan en la opinión pública” y que no compartían el “relato que se ha impuesto” sobre las “Muchachas de Abril”, como se conoce al asesinato de Reyes, Raggio y Maidanik.

Aunque la versión fue desestimada por la Justicia, los tres militares acusados (Juan Rebollo, José Nino Gavazzo y Eduardo Klastornick) dijeron que fueron atacados desde adentro de la vivienda. Rebollo resultó herido mientras que el capitán Julio César Gutiérrez murió abatido. Para la fiscalía que investiga los delitos cometidos durante la dictadura, “no cabe lugar a dudas” de que Gutiérrez murió, al igual que las jóvenes, por las balas del Ejército.

“Más allá de si las jóvenes se resistieron o no al allanamiento (realizado sin orden judicial y en horas de la noche) lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna”, señaló en su pedido de procesamiento el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

Paro general

Asimismo, en el marco de los 50 años del golpe de Estado y la “heroica huelga general”, el PIT-CNT convocó a un paro general parcial de 9.00 a 13.00 el próximo martes 27 de junio. Ese mismo día el movimiento sindical se movilizará en La Teja, desde la refinería de Ancap.  El vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López, valoró la elección de la refinería de la Teja como punto de partida, “un lugar emblemático donde tuvo inicio la huelga” en rechazo al comienzo de la dictadura cívico-militar.

Señaló además que se realizará una “mesa representativa simbólica” en el local del “sindicato del vidrio”, que “estableció la definición de cómo comenzar la huelga general”. Allí la dirigencia de la entonces CNT resolvió –de manera clandestina– empezar el 27 de junio de 1973 una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo en rechazo al golpe de Estado. Duró 15 días. El local del sindicato fue posteriormente ocupado por los militares.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)