La oposición argentina en su laberinto

Jorge Elbaum

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no hacerle el juego a la lógica mediático-jurídica impuesta a través de la proscripción aceleró la campaña electoral tanto en el Frente que aglutina al oficialismo como al interior de la oposición cambiante. Los socios y beneficiarios políticos de los cortesanos, junto a sus satélites encaramados en Comodoro Py, celebraron reconfortados la exclusión electoral de la Vicepresidenta y se dispusieron a caracterizar a dicha interdicción como el prólogo de la ansiada desaparición forzada del kirchnerismo.

El cierre de listas para oficializar precandidaturas vence el sábado 24 de junio, y las negociaciones y debates se acrecentaron en el marco de un posible escenario de tres tercios, donde dos de esos bloques aspiran a una segunda vuelta o a alcanzar el 40% necesario –más un 10% de diferencia– para conquistar la Presidencia en primera vuelta, el 22 de octubre.

El proceso electoral que se inició con votaciones en diferentes provincias continuará el próximo 11 de junio en Corrientes. Sin embargo su desarrollo se presenta contaminado por dos decisiones del Partido Judicial: la proscripción y la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan, en abierta violación de las autonomías provinciales y del principio federal que las agrupa. Las instituciones y los resultados electorales que se sucederán suponen una clara desvirtuación del sistema democrático.

El próximo gobierno tendrá que procesar esta realidad incontrastable: la de un Presidente electo bajo condiciones irregulares, basadas en la criminalización de la política y la sustitución de la voluntad general por un poder contra-mayoritario sometido a juicio político. La historia argentina exhibe varios ejemplos de esa degradación democrática cuyos efectos y epílogos fueron funestos. La proscripción al peronismo en la década del ‘50 y el ‘60 catapultó a la Presidencia a dos Arturos, Frondizi e Illia, que sucumbieron por la anemia institucional con la que fueron impuestos. Lo que la derecha argentina no quiere asumir es que toda exclusión política se transforma de forma proporcional en un debilitamiento estructural del sistema.

Los tercios pronosticados pueden no ser tales en términos proporcionales. Pero sí lo son en su valor conceptual: el macrismo fue gobierno hace cuatro años y se lo recuerda aún por su fracaso económico, el endeudamiento con el FMI, el espionaje generalizado –que incluyó entre las víctimas a los propios integrantes de la coalición–, la connivencia con las corporaciones mediáticas y la cooptación escandalosa de la Justicia federal, cuyo máximo mentor se encuentra prófugo.

El imaginario que rodea a esa gestión que se inició en 2015 se complementa con el fracaso que perciben los votantes del Frente de Todos. En el intersticio entre ambos se instituye el discurso altisonante de la ultraderecha, apalancado tanto por la frustración de las dos últimas administraciones como por la novedad ofrecida por las soluciones mágicas del ultra neoliberalismo.

Existe un prejuicio establecido en un sector significativo del campo popular, que sostiene que la derecha posee internas políticas menos cruentas debido a que tiene plena conciencia de sus intereses comunes. La experiencia histórica, tanto argentina como global, muestra que no siempre funciona así. Los sectores dominantes pueden entrar en colisión interna, en términos de sus diferentes fracciones, por la competencia de intereses corporativos, por concepciones de estrategias contrapuestas o por simples conflictos narcisistas. El universo cambiemita, en la actual coyuntura, parece atravesado por esas tres contradicciones yuxtapuestas, sumadas a discordias regionales y discrepancias sobre cómo enfrentar al Frente de Todos y a los seguidores de Javier Milei.

Radicales sin raíz

El foco de la disputa interna es el partido fundado por Mauricio Macri, en el cual confrontan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos se encuentran abocados a lograr alianzas provinciales y distritales que tienen como efecto la desarticulación de todos los partidos que componen su alianza: los radicales del carcelero Gerardo Morales apuestan por un acuerdo con el jefe de gobierno porteño, mientras que sus correligionarios de la provincia de Buenos Aires impulsan negociaciones con el titular del club Independiente y ex intendente de Lanús, Darío Grindetti, designado por la ex ministra de Seguridad que fuera responsable de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El conflicto de fondo es la refriega entre Macri y Larreta. Ambos contendientes utilizan a terceros para operativizar las tareas menos higiénicas que definen al conflicto. Es muy probable que algunas de las razones profundas de la reyerta se relacionen con sus diferentes auspiciantes –sectores corporativos–, con las nunca saldadas cuentas relativas al espionaje motorizado durante el cuatrienio 2015-2019 y con la falta de garantías ofrecida por Larreta en relación a la causa del Correo, que aún pende como una Espada de Damocles sobre el futuro de la famiglia.

Una de las particularidades que asume la querella es su estructuración geográfica. Está focalizada tanto en los distritos de mayor concentración de votos del juntismo (CABA, Mendoza y Córdoba) como en el epicentro de la preponderancia electoral, la provincia de Buenos Aires. Larreta y Bullrich intuyen que el ultraliberalismo de La Libertad Avanza erosiona mucho más a su propio conglomerado electoral –en términos proporcionales– que al del Frente de Todos.

En ese marco, los dos contendientes de la derecha macrista buscan superar ese potencial desfasaje de forma diferenciada. En relación a la provincia de Buenos Aires, la ex titular del PRO busca sumar a Maximiliano Abad, jefe del radicalismo bonaerense, que se encuentra enfrentado al titular de su partido, Gerardo Morales, aliado de Larreta. En ese marco es probable que Abad acompañe como candidato a la vice gobernación a Grindetti para confrontar contra Diego Santilli el próximo 13 de agosto.

La sinergia política motivada por la doble irrupción de Cristina –a través de su carta y su aparición en C5N– aceleró también el lanzamiento de Facundo Manes, quien intenta capturar la (supuesta) ancha avenida del medio bajo el lema “no tenemos que elegir entre los que roban o mienten”. Los responsables de su marketing electoral fueron precisos a la hora de etiquetar a los que roban, pero no lograron individualizar a quiénes acusan de falsarios: algunos llegaron a englobar en la misma clasificación  a los partidarios de Milei y a sus socios juntistas.

El larretismo, por su parte, intenta mantener su alianza con la Coalición Cívica de Elisa Carrió y ampliar su perímetro con un ex socio de Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, titular del Encuentro Republicano Federal. Sin embargo, Abad insiste en llegar a un acuerdo de unificación ante el doble peligro de la dispersión de voto y la multiplicación de heridos motivados por las derrotas en las PASO: “Si Juntos no va unificado en la provincia de Buenos Aires –subrayó Abad– hay serios riesgos de perder (…) Y si perdemos la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil la gobernabilidad de Argentina y mucho más la transformación de nuestro país”.

Los jefes de campaña de la provincia de Buenos Aires son conscientes de que el voto local se defiende únicamente con las presencia de candidatos capaces de organizar la fiscalización del escrutinio. En la actualidad, el radicalismo posee 32 jefes comunales y el PRO cuenta con 22 sobre un total de 135 municipios, la mayoría ubicados lejos de los tres cordones del Conurbano donde se juega una gran parte de la suerte del futuro electoral.

Otro causal de conflictos es el posicionamiento de José Luis Espert, quien anunció su integración, aunque su incorporación ha sido puesta en duda por los bullrichistas dado que su perfil –en el caso de candidatearse a Presidente– le restaría votos extremistas a Bullrich. Los macristas de paladar duro quieren que compita en la provincia de Buenos Aires junto a Grindetti para enfrentarse a Santilli. Espert obtuvo más del 7% de los sufragios (más de 1.300.000 votos) en las elecciones de 2021.

Hacerse cargo de Frankenstein

Pero los armados de listas de la derecha aparecen muy condicionados por las ambiciones narcisistas de algunos de sus referentes y por la necesidad de dar previsibilidad y continuidad a los equipos que comandan. En ese marco, la situación se ve agravada –en la percepción de la alianza neoliberal– ante la posibilidad de que el gobernador Axel Kicillof desdoble la elección provincial respecto de la nacional.

El mandatario bonaerense ya convocó a las PASO para el 13 de agosto. Sin embargo, la legislación lo autoriza a diferenciar la fecha de la elección general. El oficialismo bonaerense puede comunicar el desdoblamiento después del cierre de listas, el 24 de junio, situación que multiplicaría los conflictos al interior de la alianza, porque deberían asumir el nuevo cronograma con las listas presentadas.

Ese tembladeral también se observa al cruzar la General Paz. El contrato muestral, basado en la contabilización tecno-burocrática –consistente en que tres encuestadoras definan la puja que mantiene Fernán Quirós con Jorge Macri– desnaturaliza las PASO y tergiversa la contingencia de que ambos contendientes compitan por el voto popular. Es evidente que Quirós aparece como el mascarón de proa de una elección en la que Larreta jugará para Martín Lousteau, el socio de Gerardo Morales, su posible candidato a la Vicepresidencia.

En ese contexto debe leerse el regocijo de los larretistas por la impugnación a la postulación del ex intendente de Vicente López presentada por el dirigente del partido Cambio Popular, Eugenio Justiniano Nito Artaza. En su solicitud a la Justicia electoral porteña, el actor y político reclama una “acción declarativa de certeza” para que se informe sobre la posibilidad de ser candidato cuando la Constitución prevé como requisito “ser nativo/a de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de la elección”, siendo que el primo de Mauricio votó en 2019 en el distrito en el que fue intendente, razón por la cual no posee los cinco años exigidos por la Constitución.

Para completar el tembladeral, el juntismo deberá convivir con la oferta del Frankenstein que inventó para ampliar el debate político hacia los confines del fascismo: avalaron a Milei desde los medios cooptados por la actual oposición y sus discursos logaron instalar temas pre-diluvianos que hoy condicionan a los propios juntistas:

• la venta de órganos y de bebés
• la privatización del sistema de salud
• la venta libre de armas
• la educación no obligatoria
• el fin del derecho de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) votada en 2020.
• el desconocimiento de las leyes de identidad de género
• el cuestionamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia
• la privatización total de la salud
• el regreso de la administración privada de pensiones y jubilaciones
• la flexibilización laboral
• el fin de los convenios colectivos de trabajo
• la dolarización y
• la eliminación del Banco Central.

Para promover y liderar estas políticas, Javier Milei está trabajando, entre otros, con David Adrián Dipy Martínez, a quien impulsa como candidato a intendente del municipio de La Matanza. Más temprano que tarde, la derecha argentina tendrá que hacerse cargo de lo que genera al sembrar el odio, vaciar la democracia y dinamitar la política.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)