La crisis hídrica uruguaya: quienes venden el agua no pueden lavarse las manos

Garabed Arakelian

Cualquier medida que se tome a partir de ahora será inútil para contrarrestar los efectos negativos de la llamada “crisis hídrica”. El Uruguay ha sobrepasado ese punto de inflexión ya sin retorno. Ahora no habrá, no hay, más alternativa que enfrentar la crisis en toda su magnitud que, sin ánimo de dramatizar, debe ubicarse en una dimensión desconocida porque además de la carencia del líquido, las posibles fuentes futuras y los reservorios disponibles son ya depósitos importantes de elementos tóxicos.

Dicho en términos domésticos: son veneno y envenenan. Y eso significa que posibles fuentes al alcance de la mano, no son tales por su condición de toxicidad. Adiós Río de la Plata, chau río Uruguay.

Es cierto que este no es un problema del último año sino resultado de la pésima administración de OSE a lo largo de décadas, del quizás medio siglo transcurrido en el que todas las voces con fundamentación técnica y criterio político honesto puesto al servicio del país, fueron acalladas, relegadas al olvido, desconocidas.

Ante esto y pese a la indignación, justificada por la falta de iniciativas para prever situaciones como la presente, quizás se deba  preguntar si no es precisamente una emergencia de esta índole la que se buscaba instalar para dar libre acceso a los capitales privados y dejar en manos de ellos la administración del agua.

Es decir una crisis provocada, que se veía venir, que daba señales evidentes de que, tarde o temprano, se iba a producir, promovida, instigada, inducida por negligencias en los controles y los permitidos abusos con la inobservancia de la reglamentación existente para el uso de las corrientes de agua o sus depósitos.

De modo tal que, con un poco de paciencia y la quieta complicidad de sucesivas administraciones, era seguro que se le podía doblar la muñeca a este testarudo pueblo que plebiscitos mediante confirmó reiteradamente su vocación de soberanía  y dominio sobre sus recursos  hídricos.

Queda a la vista, la “coincidencia casual” de proyectos alternativos de origen privado con la situación de crisis hídrica y sus escarceos, de toda índole, para adueñarse de esas fuentes. Se debe admitir como hipótesis de trabajo que si fuera menester llegar al límite de que realmente se careciera de agua potable para consumo humano, habría disposición para llegar a esos extremos.

Pero no olvidemos que desde el año 2004 el agua es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución del país, medida que también exige “ámbitos con participación social real”. Por ahora, “la participación social real” se está dando en la pérdida de soberanía y en el padecimiento por la falta del recurso vital.

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) expresó su  rechazo al Proyecto Neptuno que ya se ha presentado con su propuesta de administración. En un pasaje de su planteo el sindicato dice: «El Proyecto Neptuno establece que OSE comprará el agua al consorcio privado y pagará un canon anual.

Los costos operativos sumados, el incremento de la deuda tomada por el privado, implicarán una carga de 12 millones de dólares anuales, adjudicados por 30 años, es decir, más que si fuese gestionado totalmente por OSE”. “Este proyecto se propuso sin consultar ni promover la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control, tal como lo establece y reglamenta la ley”, argumenta el sindicato.

Decir “más claro echarle agua”, en este caso no sería una obviedad. El proyecto está allí, esperando que pidamos agua por señas  para instalarse como la solución sin más alternativas a la “crítica situación” como podrán decir. Quien quiera creer que lo haga y no se cuestione, y quien admita la duda que la enfrente.

Un colectivo de entidades civiles,  preocupadas por la situación han salido a la vía pública para expresar sus reclamos y en el marco de esa protesta han emitido un comunicado en el que denuncian la situación en los términos siguientes: “Después de años de hacer propuestas y alertar sobre la falta de medidas para cuidar el agua del río Santa Lucía y otros cursos de agua del país, sin ser consideradas por los distintos gobiernos, se llegó a una situación de emergencia hídrica sin precedentes. Son responsables de la situación actual todos los gobiernos que no actuaron para cuidar el río y mantener la infraestructura de OSE en condiciones mínimas de funcionamiento” y agregan que “la situación requiere medidas urgentes, contundentes y efectivas, sin dar lugar a la improvisación y especulación”.

Luego de señalar lo que entienden es “la ineptitud” en el manejo de la crisis hídrica, proponen una serie de medidas cuya entidad corresponde conocer pues eso da una idea de la crisis que se padece y en términos generales ellas son:

-Convocatoria urgente de ámbitos para abordar la emergencia con participación social real donde se consideren las propuestas de la Universidad de la República y las organizaciones sociales.

-Plan de contingencia urgente para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales. Factura con costo cero mientras el agua no sea potable.

-Restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores de agua no residenciales (industria, comercio y servicios) que no brinden servicio de primera necesidad para la población a los efectos de garantizar el acceso al agua potable en forma inmediata. Que ante incumplimientos a las restricciones se apliquen sanciones de clausura por los días que sean necesarios. Seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida.

-Inversión estatal (sin participación privada) para arreglar las cañerías en forma inmediata de todo el país, comenzando por los lugares que tienen mayor riesgo de falta de agua.

-Ingreso de trabajadores/as presupuestados a OSE para cubrir las vacantes que se han generado en los últimos 5 años, para que el organismo cuente con personal calificado propio, y eliminar las privatizaciones.

-Cancelación del proyecto Neptuno.

-Cancelación de la presa provisoria e improvisada aguas abajo de Aguas Corrientes.

-Apertura de todos los embalses privados no autorizados y estudio de apertura de los que tienen autorización, sobre el río Santa Lucía y todos sus afluentes.

-Prohibición de plantaciones o replantaciones de soja y forestación (especies exóticas) para madera en toda la cuenca del Río Santa Lucía.

Para calificar situaciones como esta que se han mencionado suele decirse: “estamos en el horno”, y es cierto que lo estamos y para peor ni siquiera nos podemos refrescar. Pero no pensemos que esto es solo por causa de la sequía porque si tuviéramos inundaciones también sería problemático el uso del agua.