La amenaza narco a Messi en Rosario movió el arco del debate argentino
Álvaro Verzi Rangel
La amenaza que sufrió el futbolista Lionel Messi, mediante un mensaje mafioso dejado en la puerta de un supermercado de la familia de su esposa, Antonella Roccuzzo, pusieron en el primer plano internacional la situación de violencia y crimen organizado que viven la provincia de Santa Fe y, en particular, la ciudad de Rosario, su capital, alguna vez conocida como “la Chicago argentina”.
En la madrugada del jueves, el supermercado de Rosario fue baleado por dos hombres: dispararon catorce tiros desde una moto. En el lugar, además, dejaron una amenaza por escrito: «Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar». Pablo Jankin es el intendente de Rosario. La amenaza al reciente campeón del mundo fue portada en los medios internacionales y expuso los cruces internos en la política local, en medio de un 2023 convulsionado por el plano electoral.
Desde el gobierno nacional rápidamente salieron a repudiar lo sucedido, hubo múltiples reuniones de funcionarios y se tomaron medidas para tratar de contener la situación. El ataque y el mensaje mafioso contra Lionel Messi generaron reacciones en los gobiernos nacional, provincial y municipal, así como en el Congreso y la Justicia.
Se resolvió un cambio en la conducción de las fuerzas federales en la ciudad santafesina y la semana que viene comenzará a tratarse un proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia. El presidente Alberto Fernández, durante un acto en Salta, dijo que “Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. El problema de la violencia y del crimen organizado en Rosario es muy serio”.
El titular de la Fiscalía Regional de Rosario, Federico Rébola, que tiene a su cargo la investigación, dijo que «por ahora nada indica que querían amenazar a la familia», y que «el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se entere todo el mundo».
Según una hipótesis que manejan desde las oficinas de Inteligencia Criminal, el ataque podría tener que ver con un conflicto vinculado a las barras del club de fútbol Newell’s Old Boys, de la primera división del fútbol agentino, donde iniciara su carrera Messi. «No pareciera ser un mensaje contra Messi, sino contra (el intendente de Rosario) Javkin», arriesgaron fuentes de la investigación.
«El Presidente, el gobernador, los ministros y el intendente están trabajando en el tema, que tiene la repercusión que tiene porque los involucrados son Messi y Antonella, no porque sea lo más grave que ha pasado en Rosario el último tiempo», aclararon desde Presidencia
«Hace 20 años que existe esta situación. Los narcos han ganado, pero ahora hay que revertirlo», advirtió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En esa línea, sostuvo que «desde el primer momento estamos con más de 4500 efectivos allí e invirtiendo dinero para tratar de revertir la situación. Ese es el camino».
El intendente Javkin rápidamente intentó despegarse del tema. Aseguró que había hablado con el ministro de Seguridad y con el gobernador. «Yo los quiero acá. ¿El Presidente a cuánto está de acá? ¿a media hora? Los quiero a todos acá. Vamos a poner las cosas en claro: no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me mandaron», dijo con un tono elevado. Horas más tarde, el intendente volvió a comunicarse con el Presidente y le pidió disculpas: dijo que las declaraciones «fueron sacadas de contexto».
La amenaza narco a Lionel Messi –recientemente consagrado como el mejor futbolista del mundo- y los reiterados pedidos de los santafesinos en materia de seguridad también se hicieron eco en el Congreso. La semana que viene entrarán en funcionamiento dos comisiones que abarcarán la problemática.
Las balaceras contra un supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi agravaron la crisis política en Rosario y la provincia de Santa Fe. Funcionarios de la municipalidad, del peronismo y de Juntos por Santa Fe salieron a arrojarse responsabilidades en modo campaña electoral. Pero todos coinciden en que la única salida es seguir trayendo fuerzas represivas y militarizar la ciudad del sur santafesino.
No faltaron las voces, especialmente desde el sector más duro de la oposición, que propusieron desplegar las Fuerzas Armadas en las zonas más calientes para darles batalla, literalmente. La idea no es nueva, ni en Argentina ni en el mundo. Sin embargo, el país se fue quedando en minoría en la región en su determinación de mantener una diferencia tajante entre seguridad interna, a manos de policías, y defensa, a cargo de militares, aún si en ninguno de los casos vecinos los resultados han sido positivos.
No hay que olvidar que desde hace décadas, Estados Unidos viene presionando para que los países latinoamericanos involucren a sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. En muchos casos eso opera favorablemente para que los países terminen por poner a los militares a hacer tareas de seguridad pública», sostuvo Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín.
El accionar de bandas narcocriminales se cobran las vidas de personas inocentes, particularmente en los barrios populares. Pero en medio de una crisis que se agrava y que ubicó a Rosario en la portada de los medios nacionales e internacionales, distintos oficialismos y oposición usan la situación como parte de la agenda de la campaña electoral, esgrimiendo a su vez, el argumento de que la única salida es mayor presencia de las fuerzas represivas.
El intendente Javkin, que acostumbró a los rosarinos a sus sobreactuaciones, redobla su histrionismo en modo electoral. Humo sobre el humo: “Todo es demasiado alevoso, no hay nunca una persecución. El mensaje es una pavada y está hecho para que tenga repercusión mundial en dos minutos».
Obviamente, el narcotráfico tiene una muy fuerte pata empresaria, como lo confirma el procesamiento judicial del encumbrado empresario Gustavo Shanahan, ex titular de Terminal Puerto Rosario, firma de la empresa Vicentin, amigos y financistas de la derecha macrista, por lavar dinero de la banda criminal Los Monos. ¿Casualmente? en ese puerto se encontró más de una tonelada de cocaína.
La ciudad de Rosario cerró el 2022 con 288 asesinados, fundamentalmente por la violencia narco, y ya son 56 en los primeros dos meses del año. Lejos de la idea de que “se matan entre ellos”, el método de las balaceras busca sembrar el terror asesinando a familias al azar en los barrios de la ciudad. Así fue con el brutal caso de Lorenzo “Jimi” Altamirano levantado en la calle al azar, asesinado y arrojado en el ingreso de la cancha de Newells hace un mes atrás con el único objetivo de pasar un mensaje.
Con total impunidad, las bandas narcos dispararon contra canales de televisión, sindicatos, comisarías y centros de justicia, ostentando la protección que gozan desde lugares del poder político, judicial y policial, en una provincia donde jueces, fiscales, senadores, comisarios y funcionarios de todo tipo se sospecha que están involucrados con el narco.
Desde el peronismo, el oficialismo rosarino y el macrismo buscan imponer una agenda de derecha. Repiten las mismas recetas desde hace años: mayor presencia policial y el desembarco del ejército. Pero en Rosario actúan más de 3.500 miembros de las fuerzas represivas nacionales, entre Gendarmería y la Policía Federal. Mientras tanto, dejan crecer la pobreza y la desigualdad que afecta fundamentalmente a los jóvenes, y ahí es donde apunta el reclutamiento de las bandas criminales.
En cada investigación judicial sobre las organizaciones del narcotráfico aparecen complicidades policiales, judiciales y del poder político. El desembarco de mayores fuerzas represivas buscará disciplinar en los barrios a las familias obreras, pobres, sin empleo, y a la juventud, frente a la creciente crisis social. Esta es la agenda que discuten peronistas y opositores para la campaña electoral.
El hecho de que los puertos sean privados o controlados por empresas es una de las ventajas en las que se apoyan esas bandas delictivas para acrecentar su poder. Por eso se hace urgente la nacionalización de los puertos y la estatización de las grandes cerealeras que los controlan, señalan desde los movimientos populares.
Para combatir el narcotráfico hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narcotráfico, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias. Sin dudas, la solución no es mandar más represores.
*Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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