Continúa la protesta social en Perú y el régimen de Boluarte suma 48 muertos

Mariana Álvarez Orellana

En medio de las protestas y bloqueos viales en Perú contra la represión de la presidenta Dina Boluarte, que ya dejan 49 muertos más de 600 heridos y 300 detenidos, renunciaron otros dos ministros -el del Interior, Víctor Rojas, y de la Mujer, Grecia Rojas-, mientras la bancada de Perú Libre, partido del depuesto presidente Pedro Castillo, presentó una denuncia constitucional contra el gabinete de Alberto Otálora, por los homicidios en las manifestaciones de Puno.

Mientras se agudiza la crisis, crece la demanda social y política para que Boluarte renuncie. Gobernadores regionales, sindicatos, colegios de profesionales, intelectuales, organizaciones estudiantiles y sociales, congresistas de izquierda y un gremio empresarial ligado a la actividad turística, exigen su renuncia.

Luego de la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre, se gatillaron protestas en el sur andino demandando el adelanto de las elecciones, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la libertad del expresidente, las que fueron respondidas con una dura represión.

Ante la incontrolable situación, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que se reunió en los últimos días con autoridades de las regiones Arequipa, Apurímac, Cusco y Puno, para expresar la voluntad de dialogar con todos los actores sociales que participan en las movilizaciones y exponer las principales líneas de trabajo para el desarrollo de estas jurisdicciones, como el destrabe de proyectos emblemáticos.

Boluarte lleva varios días sin pronunciarse sobre las protestas. Es el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, quien ha asumido como vocero principal del gobierno. Otárola es la cabeza visible de la política represiva, junto al general José Williams, un ultraderechista presidente del Congreso..

Otarola justifica la cruenta represión, defiende a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población y criminaliza a los manifestantes, llamándolos terroristas. Reduce las causas a lo que llama “azuzadores violentistas”, entre quienes incluye al expresidente boliviano Evo Morales. Y sin presentar evidencias, asegura que los manifestantes están financiados por el narcotráfico.

Los principales medios forman parte de esta campaña para criminalizar las protestas y justificar la represión. Estas afirmaciones han exacerbado la indignación popular.

Boluarte y la represión

Mientras, la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH )que culminó este viernes su visita a esa nación exige investigaciones imparciales ante indicios de que hubo uso excesivo de la fuerza pública contra los partidarios del depuesto presidente Pedro Castillo.

La denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por su responsabilidad en la represión, por las muertes por disparos de la policía y el ejército contra manifestantes en las protestas antigubernamentales  podría llevar a su destitución.

En la denuncia se establece que los integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros infringieron el artículo 1 de la Constitución en referencia a la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Asimismo se señala una infracción en el artículo 44 que “garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de la amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia”

Difícilmente la denuncia prospere en el Congreso, donde  la presidenta tiene el apoyo de la derecha, que es mayoría en el Congreso, lo que bloquearía esta denuncia. A las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, se suman seis pobladores que fallecironpor no poder llegar a un centro médico por los bloqueos de vías, sumando 48 muertos en el marco de las protestas luego de la destitución de Castillo.

Las masivas protestas con epicentro en el sur andino se extienden a Lima y otras regiones y el gobierno reprime. García, saliente titular de Trabajo, cuestionó en su carta de renuncia la respuesta represiva del gobierno, calificándola como “una tragedia”.

“Se requiere que se pida disculpas a la población por las muertes ocasionadas y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita”, señaló el renunciante en su carta a la presidenta. Sin decirlo, su carta es un pedido a Boluarte para que renuncie.

“La situación amerita un cambio de rostro en la dirección del país y un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril de 2024”. Ya son cuatro los ministros del gobierno que renunciaron por la represión. En diciembre lo hicieron los titulares de Educación y Cultura.

A estas dos renuncias se suma el cambio del ministro del Interior, el General de Policía Víctor Rojas, reemplazado por Vicente Romero, quien ya ocupó este cargo en 2018 con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y fue director de la Policía entre 2015 y 2017.

Rojas estaba muy cuestionado por la represión policial que esta semana dejó 19 muertos, 18 en Juliaca y uno en Cusco. En el Congreso la izquierda preparaba su interpelación, aunque no tenía los votos para obligarlo a dejar el cargo. Sin embargo, el principal rostro gubernamental de la represión es el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola.

El sur rebelado

Las movilizaciones paralizaron el sur andino con una huelga regional, protestas diarias y bloqueos de vías. En Cusco, miles de personas llenaron la plaza principal para rendir homenaje al dirigente campesino Remo Candia, asesinado de un disparo en el tórax por la policía el miércoles durante las movilizaciones. El turístico tren a Machu Picchu ha suspendido sus operaciones desde hace días.

En la altiplánica región de Puno, fronteriza con Bolivia, es el escenario de las mayores protestas y el de mayor cantidad de muertes: 18 manifestantes murieron baleados por la policía. También se registraron movilizaciones en Tacna, ciudad fronteriza con Chile, y en regiones andinas como Ayacucho, donde el mes pasado diez manifestantes fueron asesinados por el ejército y la policía.

Las protestas se extendieron a regiones del norte y la Amazonia. El jueves se registró en Lima, la capital, una multitudinaria movilización exigiendo la renuncia de Boluarte y organizaciones sociales y campesinas de las regiones andinas anuncian otras para los próximos días, mientras miles y miles de personasintentan  llegar a Lima para sumarse a las movilizaciones en la capital.

* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)