Panorama Económico Latinoamericano- Del 3 al 10 de enero de 2023

Agroindustria de EU controla el comercio mundial del maíz

Jim Cason y David Brooks – La Jornada

Estados Unidos es el mayor productor de maíz en el mundo, pero la gran mayoría de los que producen el grano básico no son los principales beneficiarios de los 384 millones de toneladas que se cosechan anualmente, ni de la exportación anual a México de 17 millones de toneladas de este maíz con un valor de casi 5 mil millones de dólares, ya que las ganancias y el control se concentran en unas cuantas megaempresas trasnacionales que, en efecto, son los dueños del maíz en el mercado mundial.

Solemos hablar de cosas como maíz en términos de maíz estadunidense o maíz mexicano. Nada de este maíz pertenece a México o Estados Unidos, pertenece a unas cuantas empresas, comenta a La Jornada Dale Wiehoff, un granjero retirado quien ha estudiado la concentración empresarial agraria desde los 70. Rara vez hablamos de Cargill u otras grandes empresas de granos. Hablamos de que granjeros estadunidenses se benefician (con el comercio), pero en los hechos ese no es el caso.

La Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés), la organización de procesadores y varias de las agrupaciones agrarias más grandes de Estados Unidos, ha solicitado a su gobierno oponerse y disputar bajo el Tratado de Libre Comercio la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir importaciones de maíz transgénico para consumo humano en México.

Angus Kelly, director de políticas públicas de la NCGA, explicó que el cultivo de maíz en Estados Unidos es inherentemente algo riesgoso. Indicó que los granjeros estadunidenses están presionados entre políticas de comercio exterior, los precios sobre sus insumos para cultivar maíz, entre otros factores, y aunque el precio de su producto suba, sus costos también.

El maíz es el cultivo comercial más grande en Estados Unidos, y los estados de Iowa, Illinois y Nebraska son las áreas de mayor producción. Pero varios granjeros entrevistados dicen que gran parte del riesgo económico en el cultivo de maíz cae sobre las espaldas de los granjeros, mientras las empresas gozan de la gran mayoría de los beneficios de este sector. En múltiples conversaciones a través de zonas rurales del medio oeste de Estados Unidos, granjeros repitieron que mientras ellos asumen los costos y riesgos del cultivo básico, megaempresas como Cargill, Bayer (ahora dueña de Monsanto), ChemChina, Cortiva y Limagrain son las que concentran las grandes ganancias de este sector.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) calcula que en 2022 había unos 90 millones de acres (poco más de 36 millones de hectáreas) en que se cultivó maíz en Estados Unidos.

Pero aunque el maíz es el cultivo comercial más grande, participan sólo unos 300 mil granjeros más unos 150 mil empleados a sueldo en ese sector. Así, sólo unas 450 mil personas de los 2.6 millones en total que trabajan en la agricultura en Estados Unidos se dedican al cultivo de maíz.

El número de acres dedicados al maíz se ha incrementado en más de 50 por ciento y el grano producido se ha duplicado entre 1983 y 2012 antes de que se estabilizara en una producción total anual de 350 toneladas métricas a lo largo de la última década, Según el Departamento de Agricultura, esta ampliación en el cultivo de maíz también ha resultado en la expansión de las granjas más grandes con más de 500 acres y una reducción en el número de pequeños productores.

El número de granjas con por lo menos un acre de maíz se ha desplomado de 450 mil 520 en 1997 a 304 mil 801 en 2017, según datos oficiales –una reducción que es parte de una tendencia de largo plazo en Estados Unidos–.

De hecho, el número total de granjas en Estados Unidos se ha reducido durante décadas, de un pico de 6.8 millones en 1935 a sólo poco más de 2 millones hoy día, según datos oficiales. La mayoría de éstas no generan ganancias: 89 por ciento de las granjas en Estados Unidos no producen suficiente dinero para ser autosostenibles. Las ganancias se generan casi exclusivamente en las granjas de gran escala, las cuales producen ingresos mayores a un millón de dólares al año –son sólo 3 por ciento del total de las granjas, pero generan casi 47 por ciento del valor total de la producción agraria en Estados Unidos.

Aunque hoy día el precio del maíz y otros productos agrarios es relativamente alto, gran parte de las ganancias de estos sectores se concentran en unas pocas empresas que controlan desde los insumos hasta la comercialización del producto. Los granjeros casi no tienen ningún control sobre el precio que reciben por lo que producen, explica Wiehoff. Platicando en su granja en el noroeste del estado de Wisconsin, subraya que los granjeros están a merced de una industria muy monopolizada, dominada por unas cuantas empresas.

John Hansen, presidente en Nebraska de la Unión Nacional de Granjeros, indica que cuatro empresas controlan 85 por ciento del mercado de semillas de maíz. Cuatro controlan 84 por ciento del mercado global de herbicidas y pesticidas. Granjeros en los mercado de maíz y soya tienen que vender sus cultivos a las mismas cuatro empresas que controlan 82 por ciento del procesamiento de soya y 84 por ciento de la molienda de maíz, explica Hansen.

Si el precio se incrementa de 4 a 6 dólares el bushel (fanega o en términos de maíz poco más de 25 kilos), entonces las empresas de fertilizantes y semillas también incrementan sus precio de 2 a 4 dólares el bushel, pero frecuentemente las ganancias de los granjeros no se incrementan mucho, explicó otro granjero de Iowa.

Hansen tiene una multitud de estadísticas a la mano: si un consumidor paga 4 dólares por una barra de pan, los granjeros podrían recibir 20 centavos de ese precio. Una caja de cereal de 18 onzas en el supermercado puede costar 3.49 dólares, pero el granjero sólo recibe 10 centavos. Los intermediarios son los que capturan la mayor parte de las ganancias.

Es por ello que Hansen y la Unión Nacional de Granjeros han estado promoviendo reformas de mercado en Estados Unidos, incluyendo desmantelar el poder de monopolio de estas grandes empresas que por ahora son las que controlan la producción y comercio de los granos básicos y otros productos agrarios tanto aquí como en México.

El sistema actual podría estar funcionando perfecto para los grandes comercializadores de granos, dice Hansen, pero no está funcionando bien para la mayoría de la gente en México o Estados Unidos.

Lula inició su gobierno con freno a las privatizaciones y defensa ambiental

Juraima Almeida – CLAE

En su primer día en funciones como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva frenó procesos de privatizaciones, restableció medidas de protección ambiental y combate a la deforestación en la Amazonía, revocó un decreto que permitía la minería en áreas indígenas y normas que facilitaban el acceso a las armas durante la administración de Jair Bolsonaro.

El nuevo mandatario firmó una resolución para mantener el programa de ayudas sociales Bolsa Familia en 600 reales –unos 113 dólares–, promesa conseguida luego de una trabajosa negociación con el Congreso en diciembre para garantizar recursos excepcionales. Además, firmó un reajuste del salario mínimo con incremento de mil 212 reales a mil 320 reales (unos 249 dólares),

El nuevo presidente revocó los procesos de privatización de ocho estatales, entre ellas Petrobras y Correos, iniciados durante la administración de Jair Bolsonaro.

Lula firmó una serie de decretos que intentan fortalecer la protección de la Amazonía, cuya destrucción anual promedio creció 75 por ciento respecto a la década anterior durante la administración de Bolsonaro, y de otros biomas.

Instituyó una comisión interministerial permanente de prevención y control de la deforestación, al mismo tiempo que ordenó reactivar el Fondo Amazonía, creado en 2008 para captar donaciones destinadas a inversiones de preservación de la floresta.

Por otra parte, determinó que sean revisadas en un plazo de 30 días las numerosas decisiones de Bolonaro que impusieron confidencialidad sobre informaciones y documentos de la administración pública, calificadas como un retroceso sobre la política de transparencia pública.

Asimismo decidió, mediante decreto, suspender por los próximos 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores (CAC) civiles, categoría que multiplicó sus miembros con las flexibilizaciones de su predecesor y reunía en julio pasado un arsenal de más de un millón de armas, casi el triple que las 350 mil 600 registradas en diciembre de 2018, según el Instituto Sou da Paz.

Economía venezolana creció 17,73% entre enero y septiembre

El Banco Central de Venezuela reportó entre enero y septiembre de 2022 un crecimiento de la economía, tras cinco trimestres consecutivos con variaciones positivas en la mayoría de las actividades económicas del país.

En por ello que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela registró crecimientos puntuales de 17,45%; 23,30% y 13,22% en los trimestres primero, segundo y tercero de 2022, respectivamente, por lo que el acumulado Enero-Septiembre cerró con un repunte de 17,73%, respecto a igual período del año 2021.

De este modo, y luego del repunte de la economía mundial en el año 2021, por efecto de la flexibilización de las cuarentenas , los registros disponibles para el año 2022 muestran una desaceleración generalizada a escala global.

Con este resultado, son cinco los trimestres consecutivos en los que se evidencian variaciones positivas en la mayoría de las actividades económicas, que reflejan el desempeño favorable del aparato productivo nacional, iniciado en el tercer trimestre del 2021.

Desde el punto vista institucional, el sector público experimentó, en el período Enero-Septiembre, un crecimiento de 20,03% en el valor agregado, como resultado de subidas de 23,33%; 27,53% y 10.55% en los trimestres primero, segundo y tercero del año.El sector privado, por su parte, creció puntualmente 15,55% para el período Enero-Septiembre, con 12,08% de aumento en el primer trimestre; 18,87% en el segundo y 15,77% en el tercero.

Actividades económicas

Actividad petrolera: La actividad petrolera registró un crecimiento puntual de 27,09% en el período Enero Septiembre, al integrar los aumentos observados de 37,69% en el primer trimestre, de 37,55% en el segundo y 8,48% en el tercero.

El significativo incremento del VAB (Valor Agregado Bruto) de la actividad petrolera iniciado en el tercer trimestre de 2021 obedece, principalmente, a la recuperación de la capacidad de producción de crudo, a través de la gestión directa y de las empresas mixtas.

Actividades no petroleras: La variación puntual del componente no petrolero fue de 14,49% en el lapso Enero-Septiembre, con crecimientos de 10,75%; 17,93% y 14.84% en los tres trimestres que lo integran.

El incremento señalado responde a las evoluciones positivas que se observaron en la mayoría de las actividades no petroleras: manufactura (39,61%), transporte y almacenamiento (54,35%), comercio (25,28%), servicios del gobierno general (12,08%), electricidad y agua (3,23%) y comunicaciones (0,36%).Estos crecimientos resultan de la conjunción de lo observado en cada uno de los tres primeros trimestres del año, tal como se muestra a continuación.

En el primero: transporte y almacenamiento (44,40%), manufactura (32,71%), comercio (21,33%), servicios del Gobierno general (10,81%), electricidad y agua (3,26%) y comunicaciones (0,28%).

En el segundo: construcción (149,50%), manufactura (52,17%), transporte y almacenamiento (83,40%), comercio (31,21%), servicios del Gobierno general (11,09%), electricidad y agua (3,45%), comunicaciones (0,15%).

En el tercero: transporte y almacenamiento (39,60%), manufactura (33,90%), construcción (27,12%), comercio (22,95%), servicios del Gobierno general (14,05%), electricidad y agua (2,95%), comunicaciones (0,59%).

Industria manufacturera: La actividad manufacturera se incrementó 39,61% en el período Enero-Septiembre de 2022. Desde la perspectiva institucional, el sector público creció en 36,27% y el sector privado en 40,16%.En el caso particular del sector manufacturero privado, el VAB experimentó un aumento de 42,07% en el primer trimestre, de 45,96% en el segundo y de 32.50% en el tercero.

Por su parte, el valor agregado de la manufactura pública presentó un crecimiento puntual de 36,27% durante el lapso Enero-Septiembre de 2022, no obstante que en el primer trimestre disminuyó en 15,18%, la merma fue más que compensada por el significativo crecimiento puntual de 99,30% en el segundo trimestre y de 42,23% en el tercero. Dicho resultado obedece, principalmente, a la reactivación de empresas públicas, tales como Venalum, Alcasa, Pequiven y Lácteos Los Andes.

Comercio: El valor agregado de la actividad comercial registró una variación puntual de 25,28% para el período Enero-Septiembre del año 2022, con 21,33% de aumento en el primer trimestre, 31,21% en el segundo y 22,95% en el tercero; ello como resultado, principalmente, del incremento en la oferta de bienes transables de origen nacional.

Construcción: La actividad construcción mostró una recuperación del VAB en el Enero-Septiembre de 35,45%, impulsada por el aumento registrado para el segundo trimestre (149,50%). Esta significativa recuperación de la actividad fue el resultado del incremento experimentado en las obras demandadas tanto por el sector público (155,68%) como por el privado (49,79%). La construcción de obras no residenciales resultó fundamental en los resultados de la actividad.

Electricidad y Agua: El VAB de la actividad electricidad y agua registró, en el lapso Enero-Septiembre, una variación puntual de 3,23%, producto de crecimientos parciales de 3,26% en el primer trimestre, de 3,45% en el segundo y de 2.95% en el tercero, debido a mejoras en los procesos de mantenimiento y transmisión. La continuidad y profundización de las labores de mantenimiento e inversión en esta actividad, son cruciales para afrontar la demanda creciente del resto de las actividades económicas.

Comunicaciones: La actividad incrementó puntualmente su VAB en 0,36% durante el período Enero-Septiembre de 2022, producto de la integración de aumentos de 0,28% en el primer trimestre; 0,15% en el segundo y 0.59% en el tercero.

EL UNIVERSAL

Los nadies: 55 millones de índigenas desprotegidos e invisibilizados

Eduardo Camín

La crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia de la Covid-19 ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud, la seguridad social, la educación, entre otros.

En los más diversos contextos geográficos existen múltiples factores que configuran un patrón que vincula de manera compleja a pueblos indígenas y pobreza: las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales.

Es un patrón que se observa tanto en países desarrollados como no desarrollados -incluso cuando los pueblos indígenas son la mayoría de población nacional- y ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, sociales, militares y ambientales, que articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.

Hay varias causas o condicionantes que generan la fuerte correlación observada entre pueblos indígenas y la pobreza, y en general tienen que ver con el colonialismo y la explotación que crearon las condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad o directamente los exluyeron.

Hoy, frente a esta situación, las reacciones politicas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación y/o reformulación de las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado.

Obviamente, la reinvindicación de los derechos territoriales constituye una plataforma común de los movimientos indígenas a nivel internacional y es una respuesta directa a las situaciones de desventaja que padecen ante quienes se han apoderado de su territorio –tanto oligaquías locales como potencias extranjeras-, y explotan su trabajo.

La territorialidad se transforma en un aspecto fundamental del debate  contemporáneo acerca de la libre determinación de estos pueblos y la pobreza, están relacionadas con las experiencias coloniales y la construcción de los estados. El control del territorio ha sido medular en la construcción histórica de cualquier forma del Estado conocida y se ejerció expropiando los derechos históricos de los habitantes originarios, señala una investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

La cuestión de la autodeterminación emerge entonces como un aspecto central para entender el desafío socioeconómico de la reducción de la pobreza en los pueblos indígenas. Una de las razones del fracaso de los programas estatales es la falta de reconocimiento y niveles concretos de autodeterminación de los pueblos indígenas.

La pandemia y la problemática en Latinoamérica

La crisis provocada por la Covid-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en América Latina, y replanteó el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región.

“La crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social”, destacó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras señalar que ésto ha sido “consecuencia de la discriminación y marginación histórica”.

“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, añade el documento, que señala que en Latinoamérica hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, representando el 8,5 por ciento del total de la población latinoamericana.

Advierte, asimismo, que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”. Entre los pueblos indígenas se está produciendo un crecimiento de la población que vive en centros urbanos : el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas urbanas y el 48 por ciento en zonas rurales.

La migración hacia zonas urbanas está impulsada por la falta de soluciones de alimentación y trabajo, promoviendo la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y también por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.

Un 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 por ciento para la población ocupada en general. Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población.

El 16 por ciento de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del cuatro por ciento. Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a un 33 ciento de los que perciben los no indígenas.

De los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo ocho cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú, lo que genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”, según la OIT.

Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas. Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para los indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, dice el informe.

En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud. Las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que los no indígenas.

La OIT considera que el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que consideren las particularidades de los pueblos indígenas es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan.

El documento recuerda que  la Recomendación número 202 de la OIT, indica que los pisos de protección social deberían comprender por lo menos cuatro garantías básicas:

• La protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
• La protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad, protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo, pensiones de invalidez, prestaciones de enfermedad
• La protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
• La protección de la salud

La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT . América Latina y el Caribe es la región que más ha ratificado esta norma internacional, con 14 de las 24 ratificaciones.

*Periodista uruguayo, analista de temas sociales y comerciales de organismos de Naciones Unidas, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Las exportaciones colombianas crecieron 42,7 % en 2022

De enero a noviembre las exportaciones del país se contaron en US$52.574 millones, con el repunte de sectores como equipos de telecomunicaciones, abonos y minerales en bruto y aceites y grasas, señaló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). ¿Cuáles fueron los rubros que más han caído en 2022?

A pesar del panorama inflacionario que afectó a las principales economías del mundo (los clientes de Colombia), que incluso estuvo acompañado con amenazas de recesión, las exportaciones colombianas no cayeron en noviembre (aunque sí perdieron impulso, algo normal por el efecto rebote tras superarse la emergencia de la pandemia).

En noviembre de 2020 las exportaciones colombianas fueron de US$2.523,4 millones (FOB), mientras que en el mismo mes de 2021 fueron de US$4.155,8 millones y en el mes número once de este año fueron de US$4.519,5 millones (lo que se traduce en un incremento del 8 %).

Si se mira el año corrido (enero – noviembre) se evidencia una variación considerable en las exportaciones colombianas, pues estas se contaron en US$52.574,8 millones, lo que significa un incremento del 42,7 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es decir, este año al país le fue bien en materia exportadora, aún con todo y el efecto rebote que registró 2021 con la pandemia.

Combustibles y producción de industrias extractivas continúa siendo el rubro con mayor participación en las exportaciones colombianas (33 %), así como el de mayor crecimiento en lo corrido del año (69,5 %), esto gracias a los US$29.606 millones consolidados. A este lo siguen los grupos de agropecuarios, alimentos y bebidas, con US$10.623,9 millones (participación del 5,7 % y una variación anual del 24,8 %); y manufacturas, con US$9.660,9 millones (4,4 %, 19,9 %, respectivamente).

Sobre el grupo de combustibles, el DANE explicó que el aumento fue impulsado, principalmente, por el crecimiento en las ventas externas de Hulla, coque y briquetas (134,3%), que contribuyó con 36,6 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En el grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas el gran protagonista los grandes protagonistas fueron las flores y follaje cortados (22,6%) que sumaron 4,2 puntos porcentuales a la variación del grupo. Finalmente, en las manufacturas, quienes jalonaron gran parte de su crecimiento fueron los artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (37,5%), que aportaron 10,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Una mirada más amplia también demuestra crecimientos significativos en productos como los abonos y minerales en bruto, cuyas exportaciones aumentaron un 232 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, así como los aparatos y equipos para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de audio (174 %) y los aceites y grasas de origen animal y vegetal (147,1 %).

No obstante, hay otros productos que registraron un retroceso considerable. Ejemplo de esto es el gas natural y manufacturado, que evidenció un decrecimiento del 98,2 %, así como las máquinas para trabajar metales (-58,1 %), equipos de transporte (-92,9 %), y los artículos manufacturados diversos (-45,3 %).

El principal cliente de las exportaciones colombianas continúa siendo Estados Unidos, con el 25,8 % de las ventas externas, seguido de Panamá (10,3 %), Países Bajos (4,7 %), India (4,5 %), Turquía (4,2 %), Brasil (4,1 %) y China (4 %).

“En el periodo enero-noviembre 2022 en comparación con enero-noviembre 2021, el aumento en las ventas externas a Estados Unidos se explicó principalmente por las mayores exportaciones de Aceites de petróleo crudos (78,7%), que aportaron 24,5 puntos porcentuales a la variación del país”, detalló el DANE.

EL Espectador