La embestida oligárquica peruana no logra frustar la Alianza del Pacífico

Mariana Álvarez Orellana

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico, debido a que el mandatario peruano Pedro Castillo, quien debe tomar el relevo en la presidencia de ese foro regional, no obtuvo el permiso del Congreso para salir del país.

Castillo aceptó la propuesta del mandatario mexicano y ahora se contempla realizar la cumbre, junto a los mandatarios de Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric a comienzos de diciembre, en Lima. Lo que intentaba la derecha regional era impedir que progresara un organismo de integración regional, donde confluirían cuatro mandatarios progresistas.

La negativa de autorizar la asistencia de Castillo al encuentro de la Alianza del Pacífico es el más reciente episodio del sabotaje sistemático emprendido por la oposición parlamentaria de la derecha contra el Ejecutivo. Si bien la crisis política peruana se remonta a 2016, desde que Castillo llegó a la presidencia hace 15 meses, recrudeció con tintes racistas, clasistas y de anticomunismo delirante típico de las ultraderechas latinoamericanas ante cualquier gobierno con sentido popular.

Mientras, el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo un llamado al diálogo a todos los actores políticos del país tras concluir su visita a Perú y conversar con los representantes de las principales instituciones peruanas frente a la crisis.

Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo y ordenó anular el proceso en su contra por una presunta traición a la patria, adelantado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso el 28 de febrero de 2022.

Hace 15 meses que la derecha parlamentaria, judicial, política y mediática intenta destituirlo (vacarlo, en la jerga política peruana) e imponer un gobierno oligárquico, contrario al mandato emitido en las urnas el año pasado, lo que ha provocado una parálisis casi absoluta de las tareas gubernamentales y ha obligado al mandatario a desatender sus compromisos con la ciudadanía para dedicar sus mayores esfuerzos a evitar un golpe de Estado parlamentario y judicial.

Mientras, el país sigue sufriendo los remanentes de la emergencia sanitaria (Perú es el país con más muertes per cápita a causa del covid-19) y un modelo depredador en el que las transnacionales obtienen fabulosas ganancias de la riqueza minera del país sin que ello se traduzca en beneficios para los trabajadores. El 78% de los trabajadores debe emplearse en la informalidad.

La derecha no ha logrado destituirlo pero sí lo obligó a abandonar su programa de gobierno original, al nombramiento de miembros de la derecha y la ultraderecha en varias carteras incluido un ministro de Economía y Finanzas apegado a la ortodoxia neoliberal.

La oposición parlamentaria tiene en sus filas a militares retirados, como el actual presidente del Congreso, José Daniel Williams Zapata, un represor general del Ejército que comandó patrullas antisubversivas durante los años de la violencia (1980-2000) y a Martha Moyano, una antigua colaboradora de la lideresa opositora Keiko Fujimori.

Quieren el poder a toda costa: no les importa las condiciones de vida de millones de peruanos ni el sombrío porvenir para un país que hace unos meses vio ante sí la esperanza de salir de décadas de neoliberalismo, gobiernos facciosos y mafiosos y el saqueo de sus recursos naturales.

El respaldo a la democracia en Perú, valga decir, el respaldo al mandato popular, pasa ahora por el apoyo al acosado presidente Castillo por parte de los gobiernos latinoamericanos. La ofensiva judicial, legislativa y mediática intenta la inestabilidad política y a la ingobernabilidad.

Ni Castillo ni el Congreso derechista tienen claro su destino. Si bien el respaldo al presdiente ha caída, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de fines de octubre reporta que 81% de consultados desaprueba la actuación del Congreso y 56% cree que convocar a elecciones generales sería lo más conveniente para el país.

Complejo, complicado, confuso el panorama del Perú, ya que la estructural crisis que atraviesa es un laberinto de escenarios y salidas repleto de nubarrones y polvareda. Los intereses de los gobernantes, ejecutivo y congreso, gobierno y oposición, son demasiado claros: ninguno quiere irse o solo quieren que se vaya el otro.

* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)