El Salvador: Octava prórroga del estado de excepción y cuatro mil desaparecidos

Victoria Korn

La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó este martes una octava prórroga al régimen de excepción, vigente en el país desde marzo pasado, y en medio de denuncias de organismos internacionales por violaciones a derechos humanos y la desaparición de 4.060 personas en los últimos 30 meses.

Desde el 27 de marzo pasado, las garantías constitucionales del derecho a la defensa, la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia están suspendidas, aunque la Constitución dicta un plazo máximo de 30 días, prorrogables únicamente si se mantienen las causas que generan la declaración.

El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, la Asamblea Legislativa aprobó la puesta en marcha de un estado de excepción por primera vez y durante 30 días a solicitud del presidente Nayib Bukele.

El plan de exterminio

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró “esta es una estrategia firmemente elaborada y los resultados indican que esta estrategia no está fallando”, e informó que al menos 57.568 personas han sido detenidas desde el pasado 27 de marzo, cuando se instauró el régimen por una escalada de homicidios en El Salvador.

Las llamadas maras o pandillas, que tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.

Villatoro aseguró que los resultados del régimen «son innegables», destacando la captura de 843 cabecillas de grupos criminales, 644 de la Mara Salvatrucha (MS-13) y 199 del Mara Barrio 18, organización transnacional multiétnica que comenzó como una pandilla callejera en Los Ángeles. Agregó que de los 15 cabecillas de la llamada Ranfla Nacional de la MS-13, que dirigen todas las operaciones, nueve ya están en la cárcel.

“Teníamos registro de 76.600 pandilleros, quiere decir que a esa cifra le hace falta capturar alrededor de 26.000”, dijo Villatoro, quien arremetió contra las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y afirmó que “está claro que sólo velan por los derechos humanos de los criminales”.

En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades. La organización Cristosal informó que en siete meses de estado de excepción registraron 2.938 denuncias y más de 3.107 personas vulneradas en sus derechos, además de registrarse 80 muertos cuando se encontraban bajo custodia del Estado.

Villatoro también destacó que llevan un registro de «238 días con cero homicidios», fechas en que el Gobierno omite varias muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con la Policía Nacional Civil (PNC). Villatoro aseguró que durante el régimen se habrían decomisado 1,861 armas, 2,276 vehículos, 13,556 teléfonos y cerca de un millón 439 mil dólares en efectivo.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señaló que a estas alturas del año, «ya no podemos hablar de régimen de excepción. Excepción es una situación extraordinaria que dura poco tiempo. (…) Si se han prevenido homicidios, qué bueno. Eso es importante, pero no puede ser a costa de la gente inocente», agregó.

Por su parte, el jefe de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jaime Guevara, aseguró que el régimen «ha causado zozobra, dolor y luto en familias salvadoreñas», y ni siquiera ha detenido la violencia en su totalidad. El Gobierno dice que no hay homicidios, pero estos continúan y lo hemos visto los últimos días», indicó.

Desaparecidos

En dos años y medio El Salvador ha registrado 4,060 personas desaparecidas, según informó el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA). Y pese a que el 67.76% de estos casos ya han sido declarados como finalizados, el organismo cuestiona la veracidad de las cifras debido a la falta de información al respecto.

De los 4,060 casos de personas desaparecidas registrados desde enero de 2020 hasta junio de 2022, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) solo 1,309 siguen activos hasta hoy. El resto está «cerrado». Solo entre enero y junio de 2022 se reportaron 692 casos. De estos, según la PNC, 512 fueron finalizados y 180 siguen activos, es decir, aún buscan a la persona.

Jorge Rodríguez, coordinador técnico del informe » La desaparición de personas en El Salvador: el continuum de la impunidad», aseguró que el periodo presidencial que acumula los indicadores más altos es el del actual mandatario Nayib Bukele.

«Hay varios elementos incongruentes, como la utilización del término ‘ausencia voluntaria’ o negar la información pública que solicitamos las organizaciones y las familias. Todos estos elementos los utilizamos para poner en duda la información que nos dan las instituciones públicas, pero es importante visibilizarlas y retomarlas para el análisis, porque es la fuente que nos puede acercar más al comportamiento a nivel nacional», aseveró.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)