En México el Ejército seguirá en las calles hasta 2028

Gerardo Villagrán del Corral

El grupo parlamentario del gobierno mexicano logró mantener el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener al ejército en tareas de seguridad de las calles hasta 2028, cuando concluya el mandato de su sucesor, incorporando algunos cambios en el proyecto inicial como la supervisión de las Fuerzas Armadas por el Senado.

El proyecto oficial logró 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, dos más de los requeridos para rebasar el umbral de las dos terceras partes de la Cámara gracias a los votos de destacados opositores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Demnocrática (PRD), dando vuelta una votación que hace 15 días el gobierno la tenía perdida.

El debate se centraba sobre si la Guardia Nacional debe seguir en una estructura que dependa del mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o debe pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y pertenecer a una estructura castrense de los pies a la cabeza.

Con esta victoria en el Senado, el presidente López Obrador obtiene un importante logro en uno de sus objetivos a corto plazo, ampliar la permanencia de los soldados en tareas de seguridad hasta 2028. Su gestión en seguridad parte de la premisa de que el Ejército es uno de los pocos cortafuegos de la corrupción y, por lo tanto, el mejor preparado para enfrentar el reto de la violencia del crimen organizado.

Ya había logrado en 2019 un amplio consenso parlamentario para blindar en la Constitución la militarización de la seguridad pública hasta el final de su mandato.

Muchos analistas han señalado su rechazo a que el Ejército y la Marina hagan tareas de protección civil y policial para las que no están entrenados sus miembros. Las Fuerzas Armadas suelen estar adiestradas para situaciones de guerra donde la defensa de derechos humanos no es una prioridad, incluyendo el derecho a la vida. Como el temible resultado de un índice muy alto de letalidad en las actividades que ambos grupos realizan en la lucha contra el narcotráfico.

A esto, agregan que las Fuerzas Armadas, como la Iglesia católica, no son instituciones monolíticas sino que tienen muchas facciones y corrientes al interior

El nuevo proyecto salió adelante gracias a la incorporación de controles parlamentarios cada seis meses que resultaron clave para destrabar el asunto, controles que incluyen la creación de una comisión legislativa bicameral que evaluará periódicamente los informes que le hará llegar la Secretaría de la Defensa con el desempeño de los soldados.

El respaldo final al proyecto presidencial llegó después de que los grupos parlamentarios acordaran a última hora adelantar el dinero del presupuesto que se asignará a los estados y municipios para el fortalecimiento de policías locales, recursos que estarán disponibles desde 2023. En el fondo de la discusión está la ausencia de policías locales capaces de garantizar la seguridad en el país.

Desde el bloque opositor los cambios introducidos fueron considerados una “vacilada” y una “simulación”. El PAN se levantó de la mesa de discusión, pero el PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática incorporaron modificaciones y finalmente proporcionaron los votos necesarios para que el proyecto saliera adelante.

Antecedentes

En 2017, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se impulsó una Ley de Seguridad Interior que abría la puerta para realizar de manera legal actividades de espionaje hacia cualquier individuo, sin que existiera una rendición de cuentas que justificara las acciones emprendidas, ley muy similar a la Patriot Act (2001) aplicada en Estados Unidos después de los atentados de 11 de setiembre  o a la declaratoria del État d’urgence (2015-2017) en Francia, después de los ataques terroristas en París.

Recuerda Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, que el mismo día que los diputados aprobaban la Ley de Seguridad Interior, de forma casi inadvertida el Senado decretaba una nueva Ley de Biodiversidad, la cual permitía la explotación minera y de hidrocarburos en áreas naturales protegidas. Quienes más se han opuesto a este tipo de explotación son las comunidades indígenas, al considerar que se vulneran los derechos de su territorio.

En casos así, la seguridad pública pretendía mezclarse con la interior y volverse una extensión de control, no solamente contra los adversarios políticos sino también contra grupos enteros de ciudadanos, que no aceptan los megaproyectos de las trasnacionales y las economías extractivistas, advierte Buenrostro.

* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)