Dos jueces estadounidenses lucraban mandando a cárceles privadas a menores de edad

Ricardo Carnevali

Los ex jueces estadounidenses Mark Ciavarella y Michael Conahan conspiraron para encarcelar a menores de edad a cambio de sobornos pagados por el copropietario y el constructor de dos cárceles privadas en el estado de Pensilvania, y ahora fueron sentenciados a pagar más de 206 millones de dólares a centenares de víctimas de su conspiración.

Estos jueces de Pensilvania alcanzaron notoriedad cuando salió a la luz que durante años dictaron penas de prisión a niños de incluso ocho años por faltas irrelevantes como peleas juveniles, pequeños hurtos o entrar sin permiso a un edificio abandonado, y que todo eso lo hicieron movidos por la codicia. La Corte Suprema de Pensilvania tuvo que anular los fallos de culpabilidad contra unos cuatro mil menores tras conocerse el complot delictivo.

El juez federal Christopher Conner ordenó una indemnización de 106 millones de dólares en pagos compensatorios, y 100 millones en pagos punitivos, para casi 300 personas en una demanda civil contra los jueces, al escribir que los demandantes fueron las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas.

En un episodio que apareció en un documental sobre el escándalo conocido como Kids for cash (Niños por dinero), Ciavarella dictó el internamiento de una adolescente por crear un perfil en una red social donde ella y otros jóvenes parodiaban a la subdirectora de su escuela.

Cuando la madre de la menor buscó ayuda legal para rescatar a su hija, se topó con que nadie en el sistema judicial estaba dispuesto a contradecir a un juez, pese a la flagrante injusticia de la condena. Por su parte, Conahan usó facultades discrecionales para cortar el financiamiento al centro de detención juvenil administrado por el gobierno local y favorecer a las instituciones privadas.

Ciavarella y Conahan cerraron un centro municipal de detención juvenil y aceptaron 2.8 millones de dólares en pagos legales del constructor y codueño de dos prisiones privadas. Ciavarella, quien presidía la corte juvenil, promovió una política de cero tolerancia que garantizó que gran cantidad de menores fueran enviados a PA Child Care y Western PA Child Care.

Ciavarella ordenó cárcel incluso para niños de apenas ocho años, muchos de ellos por delitos menores como hurto. A menudo ordenaba que los chicos fueran encadenados, esposados y llevados inmediatamente a prisión sin oportunidad de despedirse de sus familias.

Kids for cash exhibe que, a contrapelo de la pretendida excepcionalidad estadounidense y de la propaganda de Washington para presentarse como un ejemplo para el resto del mundo, en ese país se encuentra instalada una corrupción tan dañina y en tan altas esferas como en otras naciones.

El populismo penal (la explotación de la inseguridad, real o percibida, para atraer al electorado) y las políticas que lo acompañan como la llamada tolerancia cero (criminalización de la pobreza), la demonización de los infractores y el incremento desproporcionado e injustificado de las penas quedaron nuevamente al descubierto.

Ciavarella cumple una sentencia a 28 años en prisión. Conahan, que fue sentenciado a más de siete años, fue enviado a arresto domiciliario en 2020 – con seis años restantes a su sentencia– debido a la pandemia del covid-19.Masha Levick, cofundadora y asesora legal del Centro de Derecho Juvenil, con base en Filadelfia, y uno de los abogados de los demandantes, dijo que ella no puede imaginar que les vayan a dar algún dinero.

El caso es evidencia de que convertir el encarcelamiento en una oportunidad de negocio crea incentivos siniestros para que el sistema penal prive arbitrariamente de su libertad a las personas, y de que estas injusticias se ceban contra los estratos más desfavorecidos de la sociedad.

Lucran con migrantes

Antes, la administradora de reclusorios GEO Group, fue multada por poner a trabajar a migrantes detenidos a cambio de un dólar al día, 58 veces menos que el salario mínimo en las entidades con los sueldos más bajos. Debe acotarse que la sanción de 23 millones de dólares impuesta, resulta irrisoria frente a los ingresos de cuatro mil millones de dólares de GEO y Corecivic, las dos mayores inversionistas en el rubro.

Cabe destacar que estas dos firmas hacen donaciones millonarias a campañas políticas y recurren a prácticas de corrupción legalizada como la puerta giratoria: en 2019, la operadora del centro de detención más grande para niños migrantes contrató a John Kelly, quien fue jefe de gabinete de Donald Trump, beneficiario de la generosidad de empresas privadas de prisiones.

A escala federal, entre 2000 y 2016 la población carcelaria en centros privados creció cinco veces más rápido que la población carcelaria general. El caso de los migrantes es más dramático: 73 por ciento de quienes fueron recluidos por cruzar la frontera sin documentos se encuentra en manos de agentes privados, conocidos por recortar servicios básicos para maximizar sus ganancias.

Por eso desde la sociedad se reclama rechazar cualquier injerencia de la iniciativa privada en la administración de las prisiones y en el diseño de los códigos penales, los cuales deben redactarse con la vista puesta en el bien social, el respeto a los derechos humanos y la adecuada reinserción social de los infractores y no en la especulación crematística de jueces y sistemas corruptos.

*Doctorando en Comunicación Estratégica, Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)