Desigualdad en Chile: Boric debe refundar el contrato fiscal

Claudio della Croce

El novel presidente chileno Gabriel Boric afirmó que su gobierno equilibraría los planes para expandir los programas sociales del país  y ser fiscalmente responsable. «Tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto público. El gasto permanente debe financiarse con ingresos permanentes», apuntó.

Con una economía frágil, inflación al alza, réplicas de la pandemia e incertidumbre mundial por la guerra en Ucrania, Boric dijo que planea lograr sus objetivos económicos a través de un proycto de ley de reforma tributaria que espera aumente la recaudación en cinco puntos del PIB.

«No vamos a decir que esta reforma es contra los más ricos», declaró. Hizo un llamado a los trabajadores, empresas y otros sectores a unirse a la mesa para discutir la reforma. «Una reforma tributaria tiene que tener alta calidad técnica y también ojalá el mayor consenso», señaló.

El martes, cuatro días después de su asunción, Boric se reunió con el ministro de Haciendo Mario Marcel, para analizar el diseño legislativo de la reforma tributaria que debe presentar al Congreso y sobre el estado de las cuentas públicas.

Desde el sector empresario comenzaron los tiros, especulando, por ejemplo, que la reforma tributaria eliminaría el crédito IVA para las constructoras que participan en proyectos habitacionales, y aunque esto no afectaría a otras iniciativas de infraestructura, como los contratos de concesiones, sí podría aumentar los costos de las viviendas sociales

La prensa hegemónica habló durante tres décadas de los éxitos del modelo chileno, pero las cifras dicen otra cosa: el 10 por ciento más rico del país acapara 50 por ciento de la riqueza y la mitad más pobre recibe solo el 10%. Sin duda, es uno de los países más injustos del mundo. Gravar su riqueza a un tipo del 2,5% permitiría recaudar unos 5.000 millones de dólares, el 1,5% del PIB y derogar ciertas exenciones que sólo benefician a los grupos de altos ingresos, ya sean multinacionales o los chilenos más ricos.

“Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba», señaló el novel presidente Gabriel Boric. Si quiere mantener su promesa y negociar un nuevo contrato social, el presidente tendrá que abordar como prioridad el sistema fiscal, que ha sido el garante de la perpetuación de las desigualdades, cuya persistencia alimenta desde hace varios años tensiones sociales que rozan o canalizan la explosión o estallido social.

La reducción de las desigualdades no sólo requiere políticas de redistribución, sino también un Estado capaz de financiar servicios públicos de calidad -en particular, la sanidad y la educación- que sean accesibles para el mayor número de personas, afirma el economista Ricardo Martner, y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional.

Con ingresos fiscales del 19,3 por ciento del Producto Bruto Interno el año pasado, Chile está muy lejos de la media del 33,5% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos del que forma parte. El actual sistema fiscal es altamente regresivo, con énfasis en los impuestos indirectos que gravan principalmente a los sectores de ingresos medios y bajos de la población, al tiempo que dan un trato preferente a las grandes empresas.

Mientras, la evasión fiscal es muy alta. Entre 2013 y 2018, el estado perdió entres 7,5 y ocho puntos del PIB cada año. Una cifra por demás importante; equivale a 1,5 veces el presupuesto de educación y 1,6 veces el de salud.. Por último, hay que derogar ciertas exenciones que sólo benefician a los grupos de altos ingresos, ya sean multinacionales o los más ricos. Gravar la riqueza de los poderosos a un tipo del 2,5% permitiría recaudar unos 5.000 millones de dólares, o el 1,5% del PIB

Se hace necesario reformar el impuesto sobre un impuesto progresivo sobre los activos más altos y un impuesto sobre las grandes fortunas, y también al valor añadido, reduciendo los tipos para los bienes esenciales, los medicamentos y los libros, ya que pagar un 19% menos por la leche o el pan marcaría la diferencia para los hogares más pobres. También requiere la introducción de.

Reconstruir el contrato fiscal significa esperar un tira y afloja en el Congreso, controlado a medias por la derecha. Por ello, la fiscalidad debe estar en el centro de los debates para la nueva Constitución, que se someterá a referéndum en el tercer trimestre de 2022. En la redacción de su nueva Constitución, Chile puede mostrar el camino. Si bien es un país de apenas 19 millones de habitantes, simboliza una tendencia mundial.

El texto constitucional actual, aprobado en plena dictadura, consagra el modelo neoliberal al limitar la capacidad de los gobiernos para reducir las desigualdades a través de los impuestos y los regímenes de propiedad. La nuevo Constitución debería  adoptar el principio de progresividad fiscal con su clara definición: es decir, los tipos impositivos efectivos deben depender del nivel de renta o riqueza, contribuyendo más los ciudadanos más ricos.

Consolidar el principio de progresividad fiscal es permitir que una eventual mayoría popular y democrática refunde el pacto fiscal, como nos recordó recientemente Thomas Piketty,

Durmiendo con el enemigo

Hernán Frigolett y Solange Berstein liderarán los dos organismos claves para la agenda reformista del nuevo gobierno de Boric. Al igual que Mario Marcel en Hacienda, los dos nombres que eligió son del corazón de la Concertación o Nueva Mayoría, la coalición que gobernó gran parte de los tan denostados 30 años, de los que los actuales gobrnantes y parte de su coalición han sido duros críticos (en sus años de estudiantes).

El gobierno se inclinó por la ingeniera comercial Solange Berstein en el cargo de presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Actualmente se desempeñaba como gerenta de la División de Política Financiera del Banco Central., donde trabajaba junto al ahora ministro de Hacienda Mario Marcel, y entre 2006 y 2014 fue Superintendenta de Pensiones.

Frigolett fue Tesorero General de la República de Bachelet II y ahora tendrá una de las responsabilidades más grandes del gobierno de Boric: implementar una reforma tributaria que promete recaudar 5% del PIB, y que desde ya se anticipa que será polémica, sin frenar el crecimiento económico en medio de un escenario local y global tremendamente complejo

Tras la publicación de una investigación de Ciper Chile en  contra de Frigolett, designado director del Servicio de Impuestos Internos (SII), se demostró que Aserta, sociedad de su propiedad, recibió una suma de 83 millones por parte de la minera SQM por un informe sobre el litio.

Su consultora se encuentra entre las empresas que recibieron «pagos riesgosos» por parte de SQM, por lo que podrían ser incluidos dentro de la investigación por financiamiento político ilegal. Frigolett hizo ese estudio con otros cuatro autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir 441 millones de SQM

Bajo el mando de Frigolett, el SII debe tramitar solicitudes de las sociedades relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios. Al respecto, el ingeniero sostuvo que «es claro que si hay algún conflicto de intereses por alguna acción de relación contractual que haya tenido en el pasado, ejerciendo en el sector privado, obviamente tiene que ser de los más transparentes y me tendré que inhabilitar y radicar el proceso en quien me parezca que es la subdirección idónea».

. *Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Desde Santiago.