Nueve claves para entender la conflictividad social peruana

Yorka Gamarra|

Ninguno de los dos partidos políticos que han pasado a la segunda vuelta electoral peruana, tiene en su plan de gobierno un capítulo dedicado a los Conflictos Sociales, sólo hemos encontrado algunas referencias:

En el Plan de Gobierno de Fuerza Popular aparecen los conflictos sociales, en dos momentos: 1). En el acápite referido a la minería, como un problema a destrabar y 2). En el capítulo de orden público junto a “índices delictivos”, “policía” y “construcción de penales”^[1]. En el Plan de Gobierno de Perú Libre, sólo aparece una referencia a la “consulta previa con carácter vinculante”^[2]. Esto nos demuestra que no se ha entendido qué significan los conflictos sociales en un país como el Perú.

La pandemia por el COVID19, ha marcado un antes y un después en el estado de ánimo de la población  y el siguiente gobierno se va a tener que mover en un escenario distinto al de los últimos 30 años.

Desde 1990 al 2016, la desigualdad de los ingresos, medida por el coeficiente de Gini, cayó apenas de 0.492 el 2004, a 0.436 el 2014 (INEI). La pandemia lo ha hecho visible a los ojos y ha generado la aparición de un nuevo sentido común, esto ya no necesita demostración estadística. Los últimos resultados electorales, lo demuestran.

O se entiende los conflictos sociales como un obstáculo (al desarrollo, a la inversión, etc.) o se le concibe como una expresión del descontento de la población que hay que escuchar y atender. Estas tres últimas décadas, el Estado ha considerado a los conflictos sociales como algo a destrabar a fin de lograr la paz en los territorios mineros, principalmente.

Son 191 conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo en su informe de abril de este año, de los cuales 141 están activos y 50 latentes. La conflictividad en el país, no se ha reducido por efecto de la inmovilización social por la pandemia, se ha mantenido y ha tenido dos episodios de crisis nacional a fines del año pasado.

¿Son las mesas de diálogo la solución a los conflictos sociales?, el diálogo siempre será la forma más eficaz de encontrar caminos de consenso, pero no bastan. Sólo cumplirán sus objetivos, en la medida que se cumpla o se encamine el cumplimiento de lo ahí pactado. Esta es la diferencia entre solucionar realmente un conflicto social o, sólo apagar el incendio cada vez que se enciende un foco.

Según la revista Willaqniki que emite PCM, de noviembre de 2019 (es el último número de dicha revista, que incluye un informe del avance del cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo) existe un total de 3.646 compromisos, un 54% de ellos, se encuentra abierto (es decir, que no se ha cumplido, ya sea porque están encaminados, con observaciones en caso de los expedientes técnicos o, no tienen presupuesto) y un 46% se encuentra cerrado (es decir, cumplido)^[3].

Del universo de compromisos abiertos, 1.556 son de responsabilidad del Estado, 377 de las empresas privadas y 25 de la sociedad^[4]. Siendo los conflictos socio ambientales, los mayoritarios: 64.4% según el informe de abril de este año de la Defensoría del Pueblo^[5].

Hay tres grandes escenarios en los que el siguiente gobierno tiene que actuar de manera inmediata con un enfoque de diálogo para el desarrollo regional y  prevención de conflictos sociales:

• El corredor minero sur. Que lo conforman Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno y concentra la mayor cantidad de proyectos mineros y de conflictos socio ambientales, así como también la mayor cantidad de espacios y mesas de diálogo. Este corredor, se ha expresado en la primera parte del presente proceso electoral votando mayoritariamente por los candidatos que han ofrecido cambios al modelo económico.
• El Plan de Cierre de Brechas de la Amazonía^[6], se ha diseñado para mejorar las condiciones de vida de Ia población del ámbito petrolero de. las provincias Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, de la Región Loreto y en particular de las comunidades nativas “por medio de una mayor presencia y un accionar articulado del Estado”.

Es necesario que el Estado haga público el avance del cumplimiento de los compromisos asumidos en los diferentes espacios de diálogo preexistentes al plan en mención, así como el cumplimiento de las metas del Plan y amplíe su impacto a todo el circuito petrolero del país.

• Agroindustria de la costa del país. A fines del año pasado con las medidas de fuerza asumidas por los trabajadores de la agroindustria nacional, se ha manifestado un actor social que no había tenido ningún protagonismo en los últimos 30 años, desde que las exportaciones peruanas de la agroindustria mostraran índices altos de crecimiento: el trabajador de la agroindustria. Al mismo tiempo se han puesto de manifiesto algunos temas hasta entonces no presentes, para este sector productivo: el derecho a la sindicalización, mejores condiciones laborales y remunerativas y la escasez de agua que afecta a la actividad agraria en la costa. Pese a la normativa generada merced a dicha medida de fuerza, todavía hay temas pendientes.

Más allá del cumplimiento de los compromisos en las mesas de diálogo y de las acciones prioritarias a asumir por el siguiente gobierno, es necesario resaltar que existen grandes asuntos históricos que resolver, que se encuentran en la base de los conflictos sociales. Aquí alcanzamos 9 claves para entender los conflictos sociales en el Bicentenario:

1. Demarcación territorial. Cerca del 80% del territorio nacional no está demarcado, lo que genera controversias entre localidades vecinas,  y es una puerta abierta a intereses de todo tipo. La demarcación del territorio es una deuda histórica que se tiene con el país y se tiene que afrontar ya.
2. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial va de la mano de la demarcación y nos permitirá el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos.
3. Consulta previa. Se debe terminar con las consultas no vinculantes. Es necesario organizar y normar el proceso de consulta previa vinculante, superando temores y con voluntad de escucharnos entre peruanos.
4. Descentralización efectiva. Para que cada Región defina sus planes de desarrollo con autonomía administrativa y pueda generar sus capacidades para tal efecto.
5. Elaborar un plan de cumplimiento de los compromisos asumidos con las diferentes poblaciones en las mesas de diálogo, por los diferentes sectores y niveles del Estado, así como por el sector privado y de la población.
6. Los GORES y MUNI ejecutivos, deben estar enmarcados en la canalización de los compromisos asumidos por el Estado en las diferentes mesas de diálogo.
7. Crear un mecanismo de acceso público y en tiempo real, para el seguimiento del avance del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, los privados y la sociedad.
8. Diseñar los mecanismos por los que los compromisos que asuma el Estado en las mesas de diálogo, sean respaldados por los presupuestos respectivos. En muchas ocasiones, el Estado asume compromisos, sin el respaldo presupuestal correspondiente.
9. Generar un sistema de prevención, gestión y transformación de los conflictos sociales, estructurado sectorialmente y en los tres niveles del Estado con capacitación permanente, bajo la rectoría de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del  Viceministerio  de Gobernanza  Territorial (PCM).

Es necesario entender las demandas de las poblaciones del país, como una ocasión para generar agendas para el desarrollo regional. Pero el Estado debe ser capaz de prever escenarios de conflictividad y transformarlos en oportunidades, saber escuchar y construir credibilidad que es la base cualquier acuerdo duradero.

Notas

^[1] https://apisije-e.jne.gob.pe/TRAMITE/ESCRITO/1095/ARCHIVO/FIRMADO/3017.PDF

^[2] https://apisije-e.jne.gob.pe/TRAMITE/ESCRITO/2108/ARCHIVO/FIRMADO/9716.PDF

^[3] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/460021/W_NOVIEMBRE.pdf

^[4]Idem

^[5] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-206-abril-2021.pdf

^[6] Creado por Decreto Supremo N° 139-2019-PCM

*Abogada, especialista en prevención, gestión y transformación de conflictos sociales. Colaboradora del Centro Latinoamericana de Análisis Estratégico (CLAE)