Haití: expansión criminal y sin calendario electoral
Victoria Korn
Los grupos criminales haitianos amplían su dominio sobre las rutas de transporte, el combustible, los alimentos y los mercados ilícitos mientras el país intenta recuperar la seguridad y avanzar hacia las elecciones. La ONU advierte además que los niños podrían representar más de la mitad de los integrantes de las pandillas.
Las pandillas de Haití ya no buscan únicamente conquistar territorios. Ahora intentan controlar las instituciones y las arterias económicas de las que dependen la población y el funcionamiento del Estado, advirtieron este lunes oficiales de la ONU ante el Consejo de Seguridad. Los grupos criminales compiten por dominar las rutas de transporte, el suministro de combustible, la distribución de alimentos y diversos mercados ilícitos. Cada puesto de control que imponen no solo les genera ingresos, sino que refuerza su autoridad sobre las comunidades.
La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Monica Juma, explicó que las pandillas han diversificado sus actividades y construido un ecosistema criminal más adaptable, resistente y difícil de desmantelar. En algunas zonas donde la presencia estatal es limitada, incluso se presentan como supuestos protectores de la población, lo que difumina la frontera entre la violencia criminal y la autoridad legítima y erosiona aún más la confianza en las instituciones.
“Esencialmente, el crimen organizado está tomando como rehenes al Gobierno y a la población”, afirmó Juma tras visitar Haití la semana pasada. La expansión continúa más allá de Puerto Príncipe, hacia Artibonite, el departamento del Centro y las rutas que conectan con el sur. Comunidades que antes sufrían menos violencia enfrentan ahora secuestros, ataques y el reclutamiento forzado de jóvenes.
En realidad, la capital, Puerto Príncipe, y otras regiones del país están bajo el control de pandillas armadas, que han intensificado sus ataques y enfrentamientos, obligando a cientos de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en zonas seguras La violencia ha afectado a instituciones médicas, con cierres temporales de hospitales y evacuación de personal por riesgo de ataques. Entre enero y marzo de 2026, la Oficina de Derechos Humanos reportó más de 1.600 muertes por violencia de pandillas
UE prorroga sanciones
La Unión Europea ha acordado este viernes prorrogar un año más, hasta el 29 de julio de 2027, el régimen de sanciones dirigido contra los responsables de la violencia de bandas criminales en Haití y del deterioro de la seguridad, la democracia y el Estado de derecho en el país.
La decisión del Consejo (gobierno) de renovar estas medidas supone mantener la prohibición de entrada a la Unión de las nueve personas en la lista de sancionados –entre ellos el expresidente Michel Martelly y varios líderes de bandas– y la congelación de activos de estos sancionados y de una entidad también incluida en la lista negra.
También queda prohibido proporcionarles fondos o recursos económicos, ya sea directa o indirectamente. Este marco complementa las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2022, incluido un embargo de armas.
A Martelly y dos políticos aliados, la UE les considera responsables de armar y financiar a varias bandas criminales para promover su agenda política, defender sus intereses personales y económicos y controlar el territorio. También está entre los sancionados el político Rony Celestin, al que la UE implica en la violencia vinculada a grupos armados, incluyendo el asesinato del periodista Néhémie Joseph, quien había expuesto sus actividades ilegales y casos de corrupción.
Las bandas armadas han sumido en la violencia a Haití, además de influir en todos los aspectos políticos del país, después de que en 2021 asesinaran al entonces presidente, Jovenel Moise. En 2024, las pandillas atacaron el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, cerrando su actividad durante semanas, lo que impidió que el primer ministro, Ariel Henry, regresara al país.
Armas, drogas y dinero ilícito
La crisis también tiene una dimensión regional. Armas de fuego, incluidas armas de uso militar, siguen entrando en Haití desde el extranjero. Al mismo tiempo, las redes de narcotráfico utilizan cada vez más el país como centro de almacenamiento y logística para transportar cocaína y otras drogas por el Caribe.
Las rutas de tráfico de migrantes conectan Haití con Bahamas, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, Estados Unidos y América del Sur.
Mònica Juma pidió reforzar los controles fronterizos y marítimos, las investigaciones financieras y la cooperación regional para cortar el flujo de armas, drogas y dinero que sostiene a las pandillas. “Cada pandilla desmantelada hoy será reemplazada mañana si permanecen intactos los mercados ilícitos que la sostienen”, advirtió. La responsable señaló que las operaciones de seguridad deben ir acompañadas de un sistema de justicia capaz de detener, procesar y encarcelar a los responsables, desmantelar las redes criminales y combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Haití ha creado dos unidades judiciales especializadas para investigar delitos financieros complejos, corrupción, tráfico de armas, lavado de dinero y violencia sexual. Sin embargo, necesitarán recursos, protección para el personal judicial y apoyo internacional para que los casos puedan avanzar.
Elecciones bajo la amenaza de la violencia
La expansión criminal coincide con un momento decisivo para un país que sigue sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021 y busca restablecer sus instituciones democráticas. El representante especial del Secretario General para Haití, Carlos Ruiz Massieu, destacó la aprobación de un decreto electoral revisado, el acuerdo sobre el presupuesto de los comicios y el inicio del registro de votantes.
El siguiente paso, indicó, debe ser la adopción de un calendario electoral creíble y realista. Sin embargo, la seguridad sigue condicionando el proceso. Los recientes ataques en Cité Soleil, Kenscoff, Artibonite y otras zonas demuestran que las pandillas conservan una amplia capacidad para aterrorizar a la población y extender su influencia.
“La seguridad es indispensable para celebrar elecciones creíbles. Sin embargo, los problemas de seguridad no deben convertirse en una razón para retrasar el proceso político. Los preparativos electorales y las mejoras en la seguridad deben avanzar juntos”, afirmó Ruiz Massieu.
El representante de la ONU señaló que el inicio de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas marca el paso de la planificación a la acción. No obstante, insistió en que las medidas de seguridad deben respetar los derechos humanos y formar parte de una estrategia más amplia que fortalezca la justicia, las instituciones y las oportunidades económicas.
Los niños, víctimas y herramientas de las pandillas
La expansión de las pandillas está golpeando de forma especialmente grave a la infancia haitiana. Los niños no solo mueren, resultan heridos o son desplazados: también son reclutados, utilizados por los grupos armados y, en algunos casos, terminan detenidos durante años sin acceso efectivo a la justicia.
Durante 2025, la ONU verificó 2088 violaciones graves contra 1661 niños. Las pandillas reclutaron y utilizaron a 892 menores, 620 fueron asesinados o mutilados y 277 fueron secuestrados. Se estima además que los niños podrían representar más de la mitad de los integrantes de estos grupos.
“Los niños de Haití no son únicamente víctimas colaterales de la crisis: los actores armados los atacan, explotan y utilizan como instrumentos”, afirmó la representante especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados, Vanessa Frazier.
Durante una visita a un centro de detención en Puerto Príncipe, Frazier encontró a niños que llevaban años recluidos, algunos sin cargos y sin haber comparecido nunca ante un juez. Varios dijeron que habían pasado hasta ocho años detenidos.
La ONU pidió revisar urgentemente esos casos y aplicar el protocolo que permite entregar a los niños encontrados durante las operaciones de seguridad a organismos civiles de protección. Más de 570 menores ya han sido transferidos mediante este mecanismo.
Frazier advirtió que separarlos de las pandillas no bastará si no existen programas de acogida, rehabilitación y reintegración. “Sin esa capacidad, el resultado probable será un nuevo reclutamiento, una mayor marginación o una detención prolongada. Eso no sería protección. Simplemente trasladaría a los niños de una forma de daño a otra”.
La Unión Europea ha acordado este viernes prorrogar un año más, hasta el 29 de julio de 2027, el régimen de sanciones dirigido contra los responsables de la violencia de bandas criminales en Haití y del deterioro de la seguridad, la democracia y el Estado de derecho en el país.