Los voluntarios humanitarios pudieron hablar con sus familias desde Bengasi
CLAE
El jueves 4 de junio, luego de 11 días sin contar con información oficial sobre la situación de Lucas Aguilera y Paula Giménez, ciudadanos argentinos detenidos arbitrariamente en Libia del este mientras participaban del Convoy Global Sumud Magreb de ayuda humanitaria con destino a Gaza, ambos lograron establecer comunicación directa con sus familias desde Bengasi, como el resto de los voluntarios. La comunicación con las familias confirma una grave situación humanitaria.
Según relataron, permanecen aislados e incomunicados, sin contacto entre los propios detenidos. Asimismo, comunicaron que las y los voluntarios detenidos sostienen una huelga de hambre desde hace más de cuatro días como medida de protesta frente a su situación de privación de libertad, aislamiento e incertidumbre. Algunos de ellos se encuentran además realizando una huelga seca, sin ingerir alimentos ni líquidos, lo que agrava significativamente y de manera acelerada el riesgo para su salud, integridad física y vida.
De acuerdo con la información transmitida a sus familias, varios de los secuestradoshan sufrido desmayos, deterioro físico, pérdida de peso y debilidad extrema como consecuencia de la huelga de hambre. Asimismo, denunciaron condiciones de aislamiento prolongado, incomunicación, incertidumbre permanente sobre su situación, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos, hostigamiento y otras prácticas que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
También manifestaron no contar con acceso pleno a asistencia jurídica ni con información suficiente sobre su situación procesal. A ello se suman condiciones incompatibles con estándares mínimos de trato humanitario, incluyendo la ausencia de condiciones adecuadas de higiene personal.
Según la información difundida por Global Sumud, las y los voluntarios permanecen detenidos arbitrariamente en un complejo penitenciario aislado para civiles, gestionado por el Ministerio del Interior, conocido localmente como “black site” o centro de detención clandestino. Esta información agrava de manera extrema la preocupación por la falta de supervisión independiente, la ausencia de garantías mínimas y el riesgo para su vida e integridad.
Resulta particularmente alarmante que, pese al deterioro físico reportado, los episodios de desmayo y la huelga seca en curso, las autoridades no habrían permitido el ingreso de equipos médicos independientes ni visitas humanitarias internacionales. Según la misma información, son los propios médicos voluntarios del convoy quienes intentan asistir y monitorear a sus compañeros detenidos, aun encontrándose ellos mismos en condiciones de agotamiento físico y psicológico.
Las circunstancias en las que finalmente pudieron comunicarse con sus familiares permiten presumir que dicho contacto fue consecuencia de la presión ejercida por los propios voluntarios a través de la huelga de hambre que sostienen desde hace varios días, y no el resultado de mecanismos regulares de protección, supervisión o acceso humanitario.
Si bien este contacto constituye una noticia relevante para sus familias y para quienes seguimos acompañando el caso, la información recibida confirma la existencia de una situación de extrema gravedad humanitaria y sanitaria. También genera profunda preocupación la persistencia de condiciones de aislamiento, incomunicación, presión psicológica, interrogatorios intensivos y manipulación de la información sobre su situación judicial, que afectan gravemente la integridad emocional y mental de las personas detenidas.
De acuerdo con Global Sumud, las personas detenidas habrían sido informadas de una eventual comparecencia judicial, en un contexto atravesado por comunicaciones contradictorias, promesas reiteradas de liberación incumplidas y ausencia de información clara sobre su situación procesal. Estos elementos refuerzan la necesidad de acceso inmediato a asistencia legal independiente, observación internacional y verificación humanitaria urgente.
Por ello, los compañeros de Giménez y Aguilera en Noticias de América Latina (NODAL), y organizaciones sopciales y humanotarias, exigieron con carácter urgente una visita humanitaria internacional inmediata e independiente que permita verificar sus condiciones de detención, constatar su estado de salud y garantizar su integridad física y psicológica. Del mismo modo, exigieron asistencia médica urgente y especializada para todas las y los voluntarios, particularmente frente a las consecuencias derivadas de la huelga de hambre y de la huelga seca en curso.
Lucas Aguilera y Paula Giménez viajaron el pasado 24 de mayo para participar del Convoy Global Sumud Magreb, una iniciativa civil internacional destinada a acompañar el ingreso de ayuda humanitaria al pueblo palestino. Tras haber participado en instancias de negociación destinadas a garantizar el paso seguro de la asistencia humanitaria, ambos integraron el equipo encargado de dichas gestiones.
No existe ninguna razón que justifique la prolongación de la privación de libertad de quienes participaban de una misión civil y humanitaria internacional. La asistencia humanitaria no constituye delito y su criminalización resulta incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
La información conocida en las últimas horas confirma que ya no solo se trata de una situación de privación de libertad e incomunicación, sino frente a una emergencia humanitaria que requiere la intervención inmediata de organismos internacionales capaces de verificar las condiciones de detención y prevenir consecuencias irreparables para la salud y la integridad física de las personas privadas de su libertad arbitrariamente.
Frente a esta situación, NODAL y las organizaciones e individualidades exigieron con carácter urgente: una visita humanitaria inmediata; asistencia médica urgente y especializada para las y los voluntarios detenidos; ingreso de equipos médicos independientes; información oficial, pública y verificable sobre su estado de salud y situación jurídica; acceso pleno a asistencia legal.
Asimismo exigieron garantías efectivas para su integridad física y psicológica; el cese de las condiciones de aislamiento, incomunicación, hostigamiento e interrogatorios intensivos; acceso consular pleno para todas las nacionalidades involucradas, y la inmediata liberación de Lucas Aguilera, Paula Giménez y de todas las voluntarias y todos los voluntarios detenidos.
Exigieron al Estado argentino, a las cancillerías de los países involucrados, a Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al conjunto de los organismos competentes que intervengan de manera inmediata y activa para garantizar la protección de las personas detenidas y prevenir consecuencias irreparables para su salud e integridad. Recordaron que la protección de ciudadanos argentinos detenidos en el exterior constituye una obligación indelegable del Estado argentino y requiere una respuesta acorde a la gravedad de los hechos conocidos hasta el momento.
Finalmente, reiteraron el reclamo para que se garantice el ingreso de ayuda humanitaria al pueblo palestino por todas las vías posibles y conforme al derecho internacional humanitario. La asistencia médica, alimentaria y humanitaria destinada a poblaciones civiles no puede ser criminalizada ni obstaculizada.