Suizos se pronuncian sobre iniciativa xenofóbica, búmeran antisocial

Sergio Ferrari

Los vientos antinmigración que soplan con fuerza en Europa también azotan a Suiza. El próximo 14 de junio sus ciudadanos deberán pronunciarse sobre una iniciativa legislativa para controlar el número de extranjeros residentes.

En caso de aprobarse, esta ley provocaría un sismo político tanto a nivel nacional como en sus futuras relaciones con el resto del continente del cual depende. Si se rechazara en las urnas, la ultraderecha europea perdería una batalla de importancia simbólica. De una u otra manera, el resultado de esta votación podrá leerse en clave de continente europeo.

Propuesta de la ultraderecha helvética

“¡No a una Suiza de 10 millones!”, un proyecto bautizado como “Iniciativa de Sostenibilidad”, apunta a establecer este techo poblacional máximo de aquí al año 2050. Promovido por el Partido Popular Suizo (PPS), también denominado Unión Democrática de Centro (UDC, por sus siglas en francés), es el partido de más peso a nivel electoral de Suiza, con el 30% del electorado, y con un programa euroescéptico, soberanista y de derecha que lo acerca estrechamente a las fuerzas políticas más reaccionarias del continente.

Si antes del año 2050 la población suiza  -que actualmente es de 9.1 millones de personas-  superara el umbral de los 9.5 millones, esta nueva ley autorizaría al Ejecutivo y el Parlamento para que adopten las medidas necesarias a fin de frenar el crecimiento, comenzando con la restricción de nuevos ingresos por asilo y reunificación familiar.

Si nada de esto fuera suficiente, en una segunda fase Suiza debería renegociar los acuerdos internacionales que facilitan la inmigración regular. Y si esto tampoco alcanzara y se superaran los 10 millones, debería rescindir su actual acuerdo con la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de personas. De llegarse a este punto, Suiza estaría comprometiendo su participación en los convenios migratorios de Schengen y Dublín y, por consiguiente, la estrecha colaboración en materia de asilo y seguridad de que goza en el presente.

Por efecto dominó, si estos convenios cayeran, los demás tratados bilaterales de cooperación Suiza-Unión Europea también podrían quedar sin efecto. El resultado sería una suerte de “Brexit a la helvética” (Britain-exit, o salida británica), lo cual reactualizaría el escenario vivido por la escisión de Gran Bretaña de la Unión Europea en junio de 2016.

La diferencia con dicha fractura es que, hasta esa fecha, los británicos eran miembros de la UE, en tanto que Suiza nunca se integró formalmente a la misma. Su relación con este bloque continental consiste más bien en un tramado de tratados bilaterales, comenzando con los económicos. La UE es su principal socio comercial y también en todo lo que hace a intercambios científico-culturales, defensa, control del espacio aéreo, colaboración policial y militar, aduanas y migración, por citar solo algunas áreas de incidencia. Sin estas relaciones, Suiza se transformaría en una isla continental amurallada de difícil acceso y, por lo tanto, profundamente debilitada.

En dicho escenario sería obligatorio, por ejemplo, tramitar visas para transitar de Suiza hacia Alemania, Austria, Francia e Italia, y viceversa. Casi inimaginable en un país de apenas 41 mil kilómetros cuadrados, más pequeño que la Comunidad de Aragón, en España, y cuatro veces menor que Uruguay, en América del Sur, y con casi 2 mil kilómetros de fronteras comunes con sus vecinos europeos. Su capital, Berna, se encuentra a 80 kilómetros en línea recta de su frontera más cercana con Francia, a 150 de la italiana más próxima y apenas a 100 de la alemana, lo cual habla elocuentemente de la estrecha interdependencia suiza-europea.

En contra de esta iniciativa se han expresado el ejecutivo y el parlamento helvéticos, así como los principales partidos, desde los socialistas y los verdes hasta los radicales-liberales (derecha empresarial pro-europea) y el autodenominado Centro, de origen democratacristiano. También se oponen todos los sindicatos y las organizaciones patronales.

Impactos negativos

En su edición del 15 de mayo, el cotidiano liberal suizo Neue Zürcher Zeitung publicó un análisis muy afinado del impacto concreto que tendría la aprobación de esta propuesta legislativa.

“Dado que la mayoría de los inmigrantes están en edad laboral”, argumenta, “la iniciativa dejaría huellas inmediatas en el mercado del trabajo”. ¿La razón? “A más tardar en 2050, el número de asalariados sería menor. Sin iniciativa, se puede calcular para entonces 5 millones de trabajadores; con iniciativa, probablemente entre 200 mil y 300 mil menos”. El análisis concluye que “El número de trabajadores se estancaría, mientras que el número de jubilados aumentaría considerablemente, afectando sensiblemente todo el sistema de pensiones del país, que verían perder preciosos recursos”.

En principio, los cálculos son simples, subraya Neue Zürcher Zeitung. Si se aprueba la “Iniciativa de Sostenibilidad”, entrará en vigor de inmediato un límite poblacional más alto que el actual. Para cumplir con el objetivo propuesto para el año 2050, la inmigración promedio por año tendría que disminuir de 67 mil a 37 mil personas (diferencia entre los inmigrantes que llegan y los que se van). Pero esto “produciría un caos”, como lo ha denunciado la progresista Unión Sindical Suiza, principal confederación de trabajadores del país, ya que acarrearía un impacto catastrófico en sectores muy sensibles, como el de la salud y el de asistencia a personas de edad.

Argumentos antieuropeos

El Partido Popular Suizo (PPS) sostiene que el aumento “descontrolado” de la inmigración en los últimos años ha provocado una situación de “estrés por densidad”. Con argumentos tan simplistas como reduccionistas, algunos reales otros inventados, el PPS habla con alarma de trenes y carreteras llenas, un mercado inmobiliario sumamente tensionado, incremento de la criminalidad, altos costos sociales ligados al creciente número de solicitantes de asilo y de trabajadores extranjeros, entre muchos otros.

En términos prácticos, esta concepción pretende pasar por alto el dilema de un país donde la mano de obra local ya no alcanza para proveer todos los servicios que hacen falta, de allí la necesidad de abrir las puertas al inmigrante.

Mano de obra local insuficiente

Los inmigrantes juegan un papel clave en el mercado laboral suizo: construyen carreteras y edificios, están muy presentes en los servicios de gastronomía, atienden pacientes en los hospitales, son mano de obra imprescindible en hogares de ancianos y residenciales y apuntalan el sector informático, por citar solo algunos sectores demandantes.  

Un análisis publicado recientemente en la revista Panorama Suizo, constata que a fines de 2025 trabajaban en Suiza aproximadamente 1.9 millones de extranjeros calificados, aproximadamente el 35 % de los asalariados del país, cuando apenas 20 años atrás este porcentaje era de tan solo el 25 %. Este aumento ocurre en momentos en que continúa disminuyendo la población activa nacional porque la generación de los baby boomers (es decir, los nacidos entre 1946 y 1964) ya se ha jubilado o está a punto de hacerlo. Por otra parte, no hay suficiente relevo generacional debido a la baja tasa de natalidad.

El 80 % de la mano de obra extranjera proviene de países de la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE), que Suiza integra juntamente con Noruega, Islandia y Liechtenstein. Cerca de 1 millón de trabajadores ha llegado a Suiza desde que se puso en marcha el acuerdo de libre circulación de personas en 2002 lo que posibilitó que las empresas suizas accedan libremente al mercado laboral europeo.

Este mismo análisis señala que también la demanda de personal calificado permanece alta en el sector de la salud en pleno auge, como lo evidencia la creación de 188 mil nuevos empleos entre 2010 y 2020. Alrededor de un tercio de estos empleos fue cubierto por trabajadores de países de la UE y el EEE. En las regiones suizas del Tesino y del lago de Ginebra, la proporción de profesionales extranjeros es, significativamente, más elevada. Numerosos trabajadores cruzan cada día la frontera desde Italia y Francia para trabajar en los centros de salud locales.

Por otra parte, más del 40 % de los médicos que hoy ejercen en Suiza proceden del extranjero (la mitad, de Alemania). Para reducir esta dependencia, la Confederación Helvética y sus cantones aumentaron en los últimos años el número de plazas en sus facultades de medicina. Sin embargo, estos esfuerzos solo alcanzan para cubrir parte de la demanda, como lo revelan los datos de 2024: mientras que unos 1.400 futuros médicos obtuvieron su diploma federal, ese mismo año se revalidaron más de 3.200 títulos extranjeros. Sin estos profesionales extranjeros, la atención médica primaria y especializada viviría una marcada penuria.

En el sector de la enfermería, los profesionales suizos tampoco logran cubrir todas las vacantes. Desde la pandemia de COVID 19, que les impuso a los hospitales y al personal médico enormes presiones, la escasez de personal calificado se ha agravado. Se estima que, de aquí al año 2030, harán falta unos 30.500 profesionales de enfermería y cuidado de la salud en hospitales y residencias de ancianos, así como para la atención domiciliaria con personas dependientes (

Costos elevados, muy poco alivio

Aun cuando esta potencial restricción inmigratoria podría aportar cierto alivio, sobre todo en el mercado inmobiliario, la infraestructura y el medio ambiente, casi seguramente podría acarrear consecuencias negativas para la economía y las relaciones bilaterales de Suiza con la UE. Tal es la principal conclusión de un estudio externo comisionado por la Secretaría de Estado de Migración y publicado la segunda semana de mayo.

Todo indica que los beneficios concretos de esta iniciativa, de concretarse, podrían ser considerablemente menores que el costo que la misma podría acarrear, especialmente en términos de recaudación fiscal. En efecto, los ingresos fiscales disminuirían drásticamente debido a los problemas estructurales derivados del envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra calificada. Y el Sistema de Seguro de Vejez y Supervivencia (beneficios de jubilación y pensiones) se deterioraría gradualmente, con déficits anuales cada vez más abultados. ).

El cotidiano bernés Der Bund retoma este estudio y señala que, de aplicarse la reducción poblacional propuesta, hacia el año 2075 estarían faltando casi 6 mil millones de francos suizos (más de 7 mil millones de dólares) en las cajas del Estado debido a una severa reducción de aportes jubilatorios. Por su parte, los principales sindicatos argumentan que esa situación obligaría a aumentos significativos de impuestos.

Para su aprobación, la iniciativa del 14 de junio necesita el apoyo mayoritario del electorado del país (el 50% más uno), así como la aprobación en la mitad de sus 26 cantones. Y a tres semanas de las urnas, las encuestas hablan de una paridad en la intención de voto.

Los promotores de extrema derecha han recurrido a argumentos populistas. Por ejemplo, hablan de “sostenibilidad”, lo cual les permite integrar a su retórica conceptos propios del vocabulario ecologista o social demócrata con el propósito de encubrir, aunque sin lograrlo totalmente, la radicalidad xenofóbica de sus postulados fundamentales.

Más importante, todavía, es la repercusión continental que podría tener un voto a favor. Aunque con diferencias minúsculas de matices, la extrema derecha suiza pregona las mismas banderas que enarbolan, entre otros, Vox, en España; la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, en Francia, o los partidos de extrema derecha en Italia, Alemania, Gran Bretaña y Hungría, entre otras naciones.

Es decir: nacionalismo exacerbado; resistencia a cualquier cambio social; manipulación del miedo social en situaciones de inestabilidad, como la actual, y rechazo del multiculturalismo, la diversidad y el propio armado institucional de la Unión Europea. Todo esto, sintetizado en una premisa consensual única: la de responsabilizar “al otro”, el extranjero, por todos los “males” de la propia sociedad. Un postulado tan simplista como peligroso que viene ampliando a pasos agigantados el capital electoral de la ultraderecha xenofóbica europea.

*Periodista, investigador y analista argentino, radicado en Suiza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)