Un mes de Kast-igo: improvisación, falta de experiencia y gestión ineficiente
Cecilia Vergara Mattei
El gobierno del ultraderechista presidente chileno José Antonio Kast enfrenta un nuevo conflicto político tras el anuncio de su plan de “Reconstrucción”, una iniciativa legislativa que agrupa cerca de 40 medidas en áreas diversas bajo un solo proyecto. La propuesta ha generado alarmas en la oposición, que acusa al Ejecutivo de limitar el debate democrático y reducir el rol del Congreso mediante un mecanismo considerado inconstitucional.
La propuesta también tiene en la mayoría de sus puntos un impacto directo en la población como es el caso de la reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas de un 27 a un 23 por ciento y también en el sector educacional al limitar las posibilidades de acceso a la educación superior en edades avanzadas. El proyecto de Kast llega luego de darse a conocer por un sondeo que deja en evidencia que un 52 por ciento de los encuestados consideran que el gobierno va peor de lo que se esperaba en medio de un escenario tenso a nivel de política.
La oposición denuncia que, bajo el paraguas de la emergencia, se avanza en una agenda ideológica que favorece al sector empresarial y debilita derechos sociales. Las medidas terminan condicionando a la población de clase media y baja, además de considerar que la propuesta del presidente constituye una forma de concentrar el poder y reducir así el debate democrático en el país.
Una nueva voltereta—y una no menor— sumó la Ley Miscelánea del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que el Ejecutivo decidiera retirar la limitación etaria a la gratuidad universitaria, una de las medidas que había generado mayor controversia en los últimos días. El ministro de la Secetaría de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó el giro tras una reunión sostenida con los titulares de Hacienda e Interior. “La limitación de la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa”, afirmó.
Al ser elegido Kast parecía disfrutar de un contexto global en que los gobiernos de ultraderecha parecían obtener una victoria tras otra. El escenario mundial parece mostrar un giro con importantes consecuencias. La guerra en contra de Irán ha fracasado en alcanzar sus objetivos políticos, el gobierno de EEUU pierde apoyo entre independientes e incluso en sectores de sus partidarios más acérrimos y, a nivel internacional, pierde credibilidad ante sus aliados y enemigos y se debilita su posición hegemónica.
La abrumadora derrota del ultraderechista Viktor Orbán en Hungría –por su mala gestión económica y la alta corrupción en los últimos años–, a quien Kast visitó siendo presidente electo y decía admirar, constituye un golpe de proporciones para la ultraderecha global, que ha puesto a Hungría como modelo de sus proposiciones liberales.
Lo que más alarma a los chilenos es que el inicio del gobierno ha sido peor de lo que nadie podía haber imaginado. El gabinete presenta fuertes debilidades, con líos de la ministra de Seguridad (en circunstancias que la seguridad parecía la primera prioridad); por la falta de experiencia política y macroeconómica del ministro de Economía Jorge Quiroz, que está causando serios problemas, entre ellos, el “bencinazo”, que no va a ser olvidado fácilmente por los consumidores, en particular por los sectores medios y populares que con esfuerzo han accedido a un automóvil.
La población va a seguir sufriendo el aumento de los combustibles, aunque finalice la guerra de Irán, sus efectos en la inflación, en el PIB global y nacional van a persistir al menos en los próximos meses: ya se anuncia una nueva alza para la gasolina y el diésel. Pese a que se acostumbra a culpar a la izquierda de organizar protestas, negando así la autonomía de los movimientos sociales, son camioneros –muchos de los cuales votaron por Kast– los que anuncian movilizaciones.
La primera cadena nacional de Kast dejó en evidencia que el gobierno de los republicanos no da espacio al diálogo y que, más allá de pequeñas concesiones, no cambia las orientaciones fundamentales que se han venido conociendo en el primer mes de la administración, que consisten básicamente en una reducción de la carga tributaria a los más ricos.
Las 40 medidas anunciadas por la presidencia llegan en un contexto complejo donde las clases medias y bajas sufren el alza del combustible, además de una estrechez de recursos que solo potenciaría ese escenario para estos sectores. El malestar se ha hecho notar desde antes del anuncio tras considerar que Kast protagoniza un gobierno peor de lo que consideraron los chilenos, e incluso la prensa de derecha señala que podrían aumentar las movilizaciones y cacerolazos al entrar en juego un proyecto que tensa aun más la situación.
Kast pone en cuestión la afirmación de la oposición de que sus medidas castigan a las clases medias y populares y benefician a los más ricos (en particular al 0,001%). Quienes son favorecidos por las políticas de Quiroz son los propietarios de las empresas que, por ejemplo, con la reintegración tributaria van a reducir sustancialmente sus pagos de impuestos.
La medida ha generado polémica no solo en la población, sino también en el entorno político donde incluso parte del entorno de Kast también cuestiona la implantación de la propuesta en su totalidad como busca hacer el presidente, quien ha presionado para que se apruebe de manera urgente. Legisladores advirtieron que podrían rechazar el proyecto o recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si no se separan las iniciativas, ya que el núcleo de la crítica radica en el carácter misceláneo de la llamada “ley ómnibus”, que mezcla ajustes tributarios, medidas ante desastres, cambios en la “permisología” y modificaciones educacionales.
El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, acusó al gobierno de intentar forzar una tramitación acelerada para “meter en una sola olla a presión” reformas de alto impacto, evitando el escrutinio detallado de las comisiones. Por su parte, el diputado Álvaro Ortiz señaló que mezclar reconstrucción con la rebaja del impuesto corporativo del 27 por ciento al 23 por ciento podría constituir una “reforma tributaria encubierta” y una causal de inconstitucionalidad, señala El Mostrador.
El constitucionalista y diputado Jaime Bassa expresó que un proyecto con múltiples objetivos difícilmente cumple con el estándar de unidad temática. A diferencia de precedentes acotados o de la gestión post-terremoto de 2010, ejemplos de proyectos multitemáticos dentro del propio Chile, pero con la diferencia de haberse tramitado las medidas por separado, el plan actual concentra reformas sin consenso previo.
Desde La Moneda, el ministro García pidió cautela y defendió el diseño como parte de un “gobierno de emergencia” necesario para fomentar el empleo y dar respuestas rápidas. Sin embargo, el conflicto anticipa una confrontación institucional que pondrá a prueba el equilibrio entre la urgencia gubernamental y las reglas del proceso legislativo en Chile.
*Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)