Panorama Económico Latinoamericano – Del 15 al 22 de abril de 2026
Patagonia chilena: salmoneras contra comunidades indígenas
Elena Basso
Por más de 100 años, una cueva en la isla Capitán Aracena, en el territorio más austral de Chile, ha sido el centro de una leyenda que comparten los pescadores locales. Quien navegue cerca de la cueva y de la momia allí enterrada sufrirá una maldición.
A principios de los años 2000, gracias a información que la gente del lugar acercó a algunos científicos, se encontró el cuerpo momificado de una mujer en una cueva de la isla. Un estudio genético en 2008 estimó que había vivido entre 100 y 150 años antes. Su ADN coincidía con el de pueblos ancestrales de la Patagonia chilena y la comunidad Kawésqar, que aún hoy vive aquí.
Las autoridades chilenas decidieron que el cuerpo – que había pasado por una momificación natural – debía permanecer en la cueva, porque era costoso y difícil reproducir las condiciones ambientales necesarias para su conservación. Pero el respeto y el temor asociados a la leyenda están desapareciendo, según Leticia Caro, de 50 años y líder de una de las comunidades Kawésqar, pueblo nómada y canoero de la zona.
«Fue muy raro de ver para mí, pero en los últimos años en las redes sociales varias personas han publicado selfies con la momia. Una falta total de respeto; yo los veía y no lo podía creer», dice Caro. No eran turistas, sino trabajadores de la empresa noruega Nova Austral, que se dedica a la cría intensiva de salmones justo enfrente de la cueva.
La factoría de salmón de Capitán Aracena es una de cientos que están instaladas en aguas del Pacífico y en el mar interior, en la Patagonia chilena. Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón, después de Noruega, y el pescado es el segundo producto chileno más exportado, después del cobre.
El país sudamericano es el principal proveedor de salmón de Estados Unidos (2.200 millones de dólares en 2024), mientras otros mercados importantes son Japón, Brasil, América Latina y China. Europa ocupa el sexto lugar, pero las ventas chilenas en el mercado europeo han crecido rápidamente, pasando de 56 millones de dólares en 2003 a 204 millones en 2024.
El salmón no es autóctono de las aguas chilenas. Los primeros ejemplares se importaron de Noruega en la década de 1980.
La industria, que aumentó su producción en casi 3000 % entre 1990 y 2017, lleva años causando graves problemas ambientales y sociales: hay activistas que reciben amenazas de muerte, tierras de pueblos indígenas contaminadas y decenas de buzos muertos mientras trabajaban en las salmoneras, como se conoce a las granjas de cría de salmón en cautiverio.
En abril de 2024, un informe elaborado por un relator especial de las Naciones Unidas sostuvo que «la salmonicultura es una de las principales amenazas para el medio ambiente que enfrenta la Patagonia”. Las toneladas de antibióticos, productos químicos y pesticidas utilizados en la cría están dañando el ecosistema marino, creando vastas «zonas muertas» en el mar de la Patagonia, advertía el informe.
Pero en 2008, una ley otorgó a las comunidades indígenas una poderosa herramienta para ayudarlas a proteger el mar de todas las formas de explotación, incluidas las relacionadas con la industria del salmón.
La ley 20.249, también conocida como ley Lafkenche – por el nombre de las comunidades mapuches que habitan las zonas costeras entre la región del Biobío y la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos –, reconoce el uso consuetudinario de la tierra por parte de estas comunidades y les permite proteger el litoral donde viven mediante el establecimiento de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (Ecmpo).
En los Ecmpo las prácticas tradicionales, la pesca y los lugares sagrados deben ser protegidos y gestionados por las comunidades.
La vida de los pueblos indígenas del sur de Chile siempre estuvo vinculada al mar. Durante miles de años, vivían de la pesca, navegaban los fiordos de la Patagonia y celebraban ceremonias ancestrales en el mar, empleaban productos marinos, como las algas, con fines medicinales, y consideraban sagradas diversas zonas de la costa o del océano, como la cueva tumba de la comunidad Kawésqar de Caro.
En los últimos 10 años se aprobaron 42 Ecmpo. Gracias a esta protección legal, las comunidades pueden solicitar la administración de una zona marítima y costera específica, lo que les da derecho a establecer un plan de administración junto con las autoridades marítimas del Estado.
Una vez que el gobierno admite la solicitud de una de un Ecmpo, no se pueden otorgar nuevas concesiones marítimas a empresas en la misma zona, pero las concesiones y explotaciones preexistentes no se ven afectadas.
Caro y su comunidad, Grupos Familiares Nómades del Mar, viven en el Parque Nacional Kawésqar, la segunda área protegida más grande de Chile, con 2,8 millones de hectáreas. Pero este estatus no libra ni al parque ni a los Kawésqar de la industria del salmón, que está permitida dentro de los parques nacionales, a pesar de la evidencia científica sobre el daño ambiental que causa.
Por esta razón, su comunidad, junto a otras dos, están en el proceso de solicitar un Ecmpo de 300 000 hectáreas dentro del parque, lo que prohibiría efectivamente nuevas salmoneras en esa superficie.
Los nómadas Kawésqar han vivido miles de años navegando entre los fiordos de la zona. La llegada de los colonos europeos durante el siglo XIX casi los extermina. Según Caro, hoy en día quedan menos de 1000 personas.
«Nosotros vivimos un proceso de genocidio hace no mucho tiempo, y se impidió de alguna manera que los Kawésqar sigan navegando», dice. «Pero de a poquito, la población Kawésqar comienza a recuperarse. Dentro de ese proceso, donde ya mucha gente continúa navegando, entre esos mi papá, de pronto aparece la industria repitiendo exactamente la misma historia”.
Las comunidades costeras como la suya se quejan de que la contaminación de las granjas de salmón hace cada vez más difícil la pesca, mientras que el gran número de instalaciones salmoneras bloquea la libre navegación en muchas zonas.
No se trata solo de las comunidades indígenas. Los pescadores artesanales del sur de Chile llevan años denunciando la contaminación relacionada con el salmón, que destruye el ecosistema marino y mata a otras especies.
El mar se queda con muy poco oxígeno y demasiados productos químicos. Mientras que la industria noruega utilizó 709 kilogramos de antibióticos en 2024, la industria chilena (que incluye también a grandes empresas noruegas) utilizó más de 351 toneladas, menos que en 2014 (563 toneladas). Entre 70 % y 80 % de los antibióticos administrados al salmón pueden terminar en el medio ambiente.
«No necesariamente donde está la industria produce daño, sino que también en los otros espacios y en los canales, porque el mar está vivo, es una corriente», dice Caro.
La ley Lafkenche, celebrada fuera de Chile como una legislación pionera en materia de derechos indígenas, es internamente objeto de ataques por parte de la industria del salmón y de políticos de varios partidos, que argumentan que está paralizando la economía y que ha sido mal utilizada por los pueblos indígenas.
“Hemos sido críticos de su aplicación práctica… que ha afectado a todos los habitantes del sur y a distintas actividades productivas, generando una gran conflictividad”, dijo Arturo Clément, presidente de la cámara que agrupa a las empresas salmoneras, en 2024, en una audiencia en el Senado.
El expresidente Eduardo Frei, que ejerce como embajador extraordinario para Asia-Pacífico, dijo por su parte el año pasado: “Tenemos que matar la ley Lafkenche porque está matando la industria del salmón”. E incluso el presidente José Antonio Kast, que asumió su cargo el miércoles 11 de marzo, calificó la ley de “herramienta de chantaje político” y se manifestó a favor de modificarla.
Los ataques se vienen produciendo desde hace tiempo. «En estos años ha habido varias campañas de odio racial contra la ley Lafkenche; esta última es la que sin duda ha tenido mayor impacto en la opinión pública», dice a Democracia Abierta el geógrafo Álvaro Montaña, del Centro de Estudios y Protección del Patrimonio Natural (Cecpan), una organización sin ánimo de lucro.
«El principal problema de la ley, en mi opinión, es que no se respetan los plazos que debería tener el proceso», afirma Montaña. Aunque no deberían pasar más de dos años y medio desde que se solicita un ECMPO hasta su aprobación o rechazo, en los hechos demora siete años y medio, debido al elevado número de solicitudes y a la falta de fondos públicos.
«Pero es un problema administrativo que podría resolverse», añade Montaña. «Es una ley que funciona: el primer Ecmpo aprobado fue en 2015 y en estos 10 años se han aprobado 42», agrega. En total, se han presentado 125 solicitudes, la mayoría en las regiones de Los Lagos y Biobío.
Otra crítica es la gran extensión de algunas solicitudes de Ecmpo. La administración de un Ecmpo no incluye el uso productivo de la zona, sino que sirve para permitir la navegación ancestral, las prácticas de pesca y recolección y la protección de los espacios considerados sagrados.
«Tomemos el caso de la cueva, ese es un importante sitio arqueológico. Nosotros luchamos contra todo esto. No es solamente la contaminación, es la intromisión cultural, la ruptura de la memoria», dice Caro.
Christian Paredes Letelier, abogado ambientalista del Observatorio Ciudadano, una oenegé que promueve los derechos humanos, dice: “La ley Lafkenche no otorga a las comunidades la propiedad del mar; les concede su administración. Algo muy distinto”.
Además, observa Paredes: «Las comunidades que impulsaron la creación de la ley siempre reiteran que no es un instrumento contra la industria del salmón, es un instrumento de protección para las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, de las que también se deriva la protección del mar, aunque ese no es el objetivo directo de la ley».
En cuanto a los supuestos abusos cometidos por las comunidades a través de la ley, planteados por empresarios y senadores que representan a la industria salmonera, la afirmación fue refutada por información de la agencia estatal chilena para la pesca Sernapesca.
Ante una solicitud de acceso a la información presentada por el Observatorio Ciudadano, Sernapesca respondió que, desde la promulgación de la ley Lafkenche, no se presentaron quejas ni denuncias de presuntas violaciones o abusos de la legislación.
«Creo que muchas de estas críticas nacen de la desinformación», dice Paredes. «Pero también de la discriminación y del racismo hacia las comunidades indígenas».
Aun así, el mes pasado una comisión del Senado aprobó una enmienda a la ley que está lista para ser votada en el pleno. Los cambios limitan la superficie que puede tener un Ecmpo, obligan a incluir el plan de administración en la solicitud inicial y restringen los derechos de las comunidades en favor de las empresas y otras actividades productivas.
Una asamblea de comunidades Lafkenche rechazó las reformas y pidió al gobierno que proteja sus derechos.
Francisco Vera Millaquén, un werkén (portavoz) de 62 años de la comunidad mapuche huilliche Pepiukelén, es uno de los activistas que lideró la lucha para obtener la legislación. Desde entonces, ha estado asesorando a distintas comunidades sobre el uso de la ley. El nombre de su comunidad, explica, significa «el que defiende lo que es suyo con el corazón».
Al recordar la jornada de la votación, dice: “Había una delegación bastante grande en Valparaíso (la ciudad sede del Parlamento) ese día, y fuimos a hacer una ceremonia en el mar después que se aprobó la ley y todos quedamos muy felices”.
Millaquén vive con su familia en la zona de Pargua Alto, frente a la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos. El lugar era una especie de paraíso. La familia habita una pequeña casa de madera rodeada de árboles y se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca. El mar está a pocos minutos a pie. Hay que bajar una colina, pasar varios puentes de madera – algunas ovejas pastan libremente alrededor – y cruzar una playa muy ancha.
«Todas estas son tierras indígenas que pertenecieron a nuestros antepasados”, dice Millaquén. “Gracias a la ley Lafkenche, logramos impedir la construcción de tres muelles industriales. Si no hubiera sido por la ley, hoy no podríamos bajar a la playa: esto se habría convertido en un espacio destinado al uso de los muelles industriales”.
Fábrica de pienso para salmones de la empresa AquaChile cerca de la comunidad de Pepiukelén y a metros de distancia de la casa de Francisco Vera Millaquén en Pargua Alto, región de Los Lagos. Imagen: Adriana Thomasa / democraciaAbierta
Pero la ley llegó, en cierto modo, demasiado tarde para Millaquén y su familia. La paz se acabó para ellos en 2006, cuando AquaChile, una de las mayores empresas salmoneras de Chile, construyó una gran fábrica de pienso para salmones a pocos metros de la cabaña. Resulta chocante ver la pequeña casa, las ovejas pastando y la playa eclipsadas por la imponente fábrica en funcionamiento, de la que salen grandes nubes de humo maloliente.
El silencio es interrumpido por ruidos metálicos que provienen de la fábrica y de los motores de los camiones que transportan el pienso, que pasan a metros de la puerta de Millaquén.
«Esto era un paraíso que custodiábamos desde hace miles de años”, dice el werkén. “Son muchas las personas que no comprenden cuánto daño puede causar una industria, pero deberían venir aquí, donde el daño es tan evidente que es imposible no verlo. Bastó la construcción de una fábrica para arruinarlo todo», añade.
Perú: costo económico real de sostener la caída del dólar
Alejandro Narváez Liceras
La estabilidad del tipo de cambio es un objetivo permanente de las políticas monetarias en países con mercados de divisas relativamente pequeños o con alta apertura comercial. En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) ha intervenido con compras recurrentes de dólares en el mercado cambiario desde finales de 2025 y en lo que va de 2026 para moderar la velocidad de su caída frente al sol. Estas intervenciones han tenido efectos significativos sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN), el balance financiero del banco central y la economía en general. El problema no es la intervención en sí del banco, sino su costo económico real, su distribución de ganadores y perdedores, y el nivel de control y rendición de cuentas sobre operaciones que mueven miles de millones de dólares.
El costo de sostener la caída del dólar
En 2025, el BCR reanudó la intervención directa en el mercado cambiario mediante compras de dólares spot – al contado-, tras algunos años de pausa, con el objetivo de moderar – según el banco – una apreciación excesiva del sol (o caída del dólar) y estabilizar el tipo de cambio.
- En 2025 (noviembre – diciembre), el BCR acumuló US$ 2,456 millones en compras spot, según el recuento de intervenciones reportado al cierre del año. Y en sus reportes oficiales semanales aparecen tramos importantes de esas intervenciones. Por ejemplo, del 27 de noviembre al 3 de diciembre compró US$ 286 millones spot y del 18 al 23 de diciembre compró US$ 853 millones spot.
- En 2026 (hasta el 4 de febrero), el propio BCR reporta que “en lo que va de 2026” realizó compras spot por US$ 3,384 millones. Además, en la semana del 29 de enero al 4 de febrero compró US$ 429 millones spot, y complementó con otros instrumentos (Certificados de Depósito – CD – con pago en dólares y swaps de compra).
En suma: US$ 2,456 millones (2025) + US$ 3,384 millones (2026 ) a inicios de febrero, equivale a US$ 5,840 millones de compras spot en un periodo corto. Ese es el tamaño del “muro” levantado para que el dólar no caiga “demasiado rápido”. La pregunta clave: ¿De dónde salen los soles para comprar esos miles de millones de dólares? Sencillamente el BCR crea o imprime en forma de billetes y/o monedas, y con ello compra los dólares a los bancos comerciales.
Efecto en RIN: más reservas… pero no gratis
Las reservas suelen citarse como “blindaje”. Pero el blindaje tiene estructura, costo y propósito. A fines de 2025, dichas reservas marcaban US$ 92,141 millones (23 de diciembre). En 2026, las RIN continuaron elevadas: US$ 96,997 millones al 21 de enero y US$ 97,354 millones al 4 de febrero. La pregunta es: ¿cuánto del aumento de estas reservas se debe a compras deliberadas del BCR para sostener un tipo de cambio, y cuánto se deriva de otras fuentes como ingresos por exportaciones, flujos internacionales o revalorización de activos? El análisis preliminar sugiere que una parte significativa del crecimiento de las reservas obedece directamente a intervenciones en el mercado de divisas del BCR.
Aquí conviene una precisión crucial: comprar dólares aumenta reservas, pero simultáneamente exige administrar el lado en soles para no disparar liquidez e inflación. Por eso, el BCR no solo compra, también esteriliza o retira soles del mercado vendiendo instrumentos pagando intereses. En su reporte del 5 de febrero, el banco señala que, además de compras spot, en 2026 colocó CDs con pago en dólares por US$ 1,220 millones y Swaps Cambiarios Compra por US$ 418 millones -compra de dólares a futuro-. Eso revela el corazón del costo: sostener el tipo de cambio implica operaciones encadenadas que generan pagos de interés y riesgos de valorización.
¿Quién gana y quién pierde?
En economía, casi nada es neutro. Veamos:
Los ganadores: i) Exportadores y sectores transables. Una caída rápida del dólar reduce ingresos en soles por cada dólar exportado. La compra de dólares por el BCR actúa como amortiguador, ii) Deudores en dólares con ingresos en soles. Un dólar demasiado bajo altera flujos esperados, precios relativos y cobertura, iii) Intermediarios y agentes con posición dolarizada. La existencia de un “piso tácito” reduce volatilidad y facilita estrategias de carry trade o cobertura contra riesgos de mercado.
Pierden: i) Ahorradores en soles si la esterilización y el manejo de liquidez presionan tasas o generan distorsiones, ii) El conjunto de la sociedad, por el costo cuasi fiscal – perdidas operacionales y financieras del BCR que asume el Estado. El BCR compra dólares o gestiona sus activos de reserva con enfoque de liquidez y seguridad -no de rentabilidad-, mientras paga tasas de interés cercanas al 4.25% por instrumentos de esterilización que vende, iii) Consumidores: un dólar más bajo abarata importaciones. Frenar su caída “protege” a algunos sectores, pero puede reducir beneficios de precios relativos para la mayoría, iv) Costos de oportunidad del uso de reservas: Los recursos dedicados a compras de dólares podrían emplearse en otros fines macroeconómicos o proyectos de inversión pública prioritarios (educación, salud, infraestructura). Si la operación no logra generar retornos equivalentes a su costo de oportunidad, pierde el país.
El dilema social: ¿un país con urgencias puede “gastar” tanto?
Aquí aparece la pregunta moral —y política— que suele esquivarse con tecnicismos: ¿un país con brechas sociales estructurales puede permitirse comprometer miles de millones para evitar que el precio del dólar caiga?
El argumento ortodoxo dirá: “Noes gasto social. Es estabilidad, fortaleza macro”. Pero esa respuesta es incompleta y rebatible. La estabilidad tiene precio, y ese precio se expresa como: i) Intereses pagados por esterilización al emitir los CD (costo cuasifiscal), ii) Riesgo de pérdidas por valorización si el dólar sigue bajando o si cambian los rendimientos globales y iii) Prioridad implícita. Se prioriza evitar un ajuste cambiario veloz aun cuando ese ajuste podría beneficiar a consumidores e importadores.
No obstante, la pregunta crítica es: ¿puede un país con grandes desafíos sociales permitirse “gastar” miles de millones para sostener artificialmente el dólar cuando otras necesidades estructurales aguardan financiamiento? Este debate va más allá de la técnica monetaria y entra en la distribución de recursos nacionales y prioridades fiscales intergeneracionales.
La discusión real sobre las intervenciones del BCR ante la apreciación del sol debe centrarse en la magnitud y el propósito, no en su facultad legal. Es decir, cuánto se interviene y para quién se interviene cuando la economía no enfrenta una crisis cambiaria sino una apreciación del sol.
¿Quién fiscaliza estas operaciones?
El BCR goza de autonomía, pero autonomía no equivale a caja negra. Existen mecanismos de control. La Ley Orgánica contiene disposiciones sobre ejercicio financiero, estados financieros, etc. Sus estados financieros son auditados, como consta en su Memoria anual.
Sin embargo, la crítica de fondo no es si hay papeles de auditoría, sino, si hay rendición de cuentas sustantiva sobre criterios: ¿qué regla define “caída abrupta”? ¿qué umbral activa compras discrecionales? ¿qué evaluación costo– beneficio se publica para justificar miles de millones en semanas? En su propia Nota Semanal, el BCR informa montos y herramientas, pero informar no es lo mismo que explicar con un marco evaluable por el público u observadores independientes.
* Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del II&EE.
PIX, el sistema público de pagos de Brasil odiado por Trump
El FMI ha fichado al ‘padre’ de PIX para incorporar el ‘know how’ brasileño a las finanzas globales. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira: con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres
En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países.
Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del Gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.
Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.
En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas.
ç“Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.
PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente.
Sistema público
Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.
Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC.
Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.
¿Hacia un PIX global?
Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.
Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.
Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni
Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “Pix de los BRICS”, que aspira a acabar con la hegemonía mundial del dólar.
Petro pide que Brasil «extienda el programa Pix a Colombia»
El presidente colombiano Gustavo Petro defendió el sistema brasileño de pagos instantáneos Pix como una alternativa más eficiente y condenó el informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, una agencia vinculada a la administración Trump, que afirma que el mecanismo representaría una barrera comercial.
La Casa Blanca alega que el sistema, creado y operado por el Banco Central, podría favorecer a la plataforma pública en detrimento de las empresas privadas extranjeras, como Visa y Mastercard.
En diciembre, Pix batió un récord con más de 300 millones de transacciones en un solo día, lo que refuerza su importancia «como infraestructura digital pública para el funcionamiento de la economía nacional», explicó el Banco Central. Además de su liderazgo absoluto en número de transacciones, también se registró un récord en el volumen de dinero movido, con R$ 179.900 millones en 24 horas, utilizado por más de 170 millones de personas, lo que corresponde al 80% de nuestra población.
Como demostración del éxito del sistema, PIX se ha popularizado entre empresas de varios continentes, especialmente en países con una gran población brasileña, como Argentina, Uruguay, Portugal, Francia y los propios Estados Unidos.
“Le pido a Brasil que extienda el sistema Pix a Colombia y que deje de considerar la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que ya no es útil”, argumentó Petro, para quien la herramienta “ya no es un arma contra el narcotráfico”. En una declaración contundente, el presidente afirmó que la agencia solo sirve para “perseguir y subyugar a la oposición política en todo el mundo”.
En pocas palabras, explicó el funcionario, la OFAC es «un sistema aberrante de control político», porque los líderes del tráfico internacional, que deberían ser castigados por la agencia, logran eludirla. «Los traficantes la ridiculizan y permanecen en Dubái, donde compran residencias por cuatro millones de dólares y viven en el lujo», enfatizó.
«PIX pertenece a Brasil y nadie lo tocará», declaró Lula. El presidente hizo este comentario tras citar un informe publicado por la administración Trump, que una vez más señalaba a PIX como un sistema perjudicial para las empresas estadounidenses.
Petrobras condena el asfixiante aumento de las tasas de interés y propone una asamblea constituyente para garantizar que el Banco Central respete el mandato popular.
En una enérgica declaración, Gustavo Petro rechazó el aumento «abusivo» de las tasas de interés decretado la semana pasada por el Banco Central y defendió la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para poner fin a la supuesta «autonomía e independencia» de la institución.
Petro enfatizó que “no se dejará extorsionar” por parte de la Junta Directiva del Banco Central, que ha actuado como instrumento del neoliberalismo y la ultraderecha. Se trata de personas que buscan “incrementar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros”. Estos señores, afirmó, se enriquecen con la devaluación del peso, con el aumento de los costos financieros y las exportaciones, “poniendo en peligro el nivel de vida y el empleo de la población colombiana”.
Ante el estancamiento institucional —que actualmente exige la independencia del Banco Central—, el líder colombiano argumentó que es necesario que el gobierno sea el catalizador de un debate profundo y movilice a la sociedad, el cual “debe culminar en una Asamblea Popular Constituyente” que rompa definitivamente con la sumisión a los banqueros. Después de todo, “por mandato constitucional, el Banco Central está sujeto a la soberanía popular”.
La declaración a favor de la intervención estatal en este sector estratégico de la economía refuerza el papel del poder ejecutivo y la movilización de activistas a dos meses de las elecciones presidenciales, en las que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico (partido de Petro), es considerado el favorito.
El gobierno colombiano ridiculiza la encuesta encargada por la ultraderecha.
El presidente considera que las sucesivas subidas de los tipos de interés —basadas absurdamente en una «encuesta» en la que participaron 26 figuras clave, que son los propios dueños de los bancos— constituyen el «peor error de la historia del país». Al fin y al cabo, advirtió, no es más que una estratagema para «asfixiar», «ralentizar la economía», provocar «estanflación artificial» y culpar al gobierno de «destruir la economía». Claramente, «estos son economistas al servicio de la ultraderecha».
Este fue el motivo, aclaró el presidente, por el cual el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, abandonó la última reunión del Consejo de Administración del Banco Central, ya que no era cómplice del sabotaje en curso. El presidente anunció que su gobierno se había retirado del Consejo porque el Banco Central había adoptado una «oposición suicida», abiertamente contraria a la economía nacional.
Un pequeño grupo vinculado a la escoria de Iván Duque.
La mayor parte de la cúpula del Banco Central está compuesta por escoria vinculada a los expresidentes Iván Duque Márquez (2018-2022) y Álvaro Uribe (2002-2010), y lacayos del sistema financiero. Por lo tanto, el aumento al 11,25% de la tasa de interés, cuando la economía necesita desarrollarse, revela una «estúpida alianza» entre sectores rentistas y ultraneoliberales para mantener a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo, protestó Petro.
En la práctica, argumentó, esto significa una agenda política heredada de la administración anterior, «un acto electoral, no científico», ya que carece de fundamento. Y reiteró: «El Banco Central está intentando aumentar las ganancias de los propietarios de la deuda pública, que son los mismos banqueros».
Según el presidente, subir los tipos de interés mientras la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) los mantiene sin cambios es un «absurdo» que beneficia exclusivamente a los tenedores de deuda pública, en detrimento del trabajo de las familias colombianas.
«La distribución de la renta nacional prioriza a los trabajadores.»
“La clase dirigente colombiana quiere poner fin de inmediato al período progresista porque distribuye el ingreso nacional priorizando a los trabajadores; por lo tanto, a través de la facción Duque en el consejo, quieren que su modelo económico se imponga nuevamente al país, haciendo caso omiso del mandato popular de las elecciones de 2022”, explicó Petro.
El enfrentamiento entre el ejecutivo y el consejo de administración del Banco Central se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales, en las que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico (partido de Petro), es considerado el favorito.
La política que pretende implementar el Consejo del Banco Central, advirtió Gustavo Petro, «no es más que un uribismo conservador, adicto a ideas neoliberales que ya han fracasado en todo el mundo».
«El Consejo de Administración del Banco Central ha perdido su independencia.»
«El Consejo de Administración del Banco Central ha perdido su independencia. La mayoría de sus miembros ignoró la Constitución de 1991, que exige coordinación con el gobierno. Con su decisión irresponsable, subyugó al gobierno», enfatizó el presidente.
Además, el funcionario señaló conflictos de interés directos, mencionando que la presencia de Bibiana Taobada, hija de la exministra Alicia Arango, en el consejo directivo (nombrada por Iván Duque), vincula las decisiones del Banco Central con la campaña electoral de la oposición, específicamente la de la senadora Paloma Valencia, candidata uribista por el Centro Democrático. «No es independiente de la política electoral de su madre, Alicia, quien ahora es la coordinadora de campaña de la candidata Paloma Valencia», recordó.
En 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un 2,6%, pero «expertos» y «columnistas» de los principales medios de comunicación —peones de Estados Unidos y la oposición— se indignaron porque esto causaría un «alto déficit fiscal» debido al «aumento del gasto público» y a las «importantes inversiones en programas sociales».
Otra supuesta “preocupación” de la ultraderecha es que Petro decretó un aumento histórico del 23,7% en el salario mínimo para 2026, una medida que, según sus “analistas”, “podría disparar la inflación”. En realidad, lo que temen es que, al elevar el salario mínimo a dos millones de pesos colombianos (aproximadamente R$ 2.819), el “salario digno” ha incrementado significativamente el poder adquisitivo, generado empleo y contribuido a reducir la desigualdad. El aumento supera con creces la inflación proyectada (5,1%) y es el mayor desde 1997.
En una carta de apoyo al gobierno, economistas, académicos, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones comunitarias argumentan que el aumento excesivo de las tasas de interés impuesto por el Banco Central a lo largo del año ha sido «una reacción directa al aumento del salario mínimo», que perjudica a las familias y a las pequeñas empresas.
Uruguay: escenarios de un menguado crecimiento
Finalmente, la incógnita quedó despejada: la actividad económica nacional creció 1,8% en 2025 con respecto a 2024. El debate fue intenso en lo que va del año, y hasta solo una semana antes, nadie pronosticaba un resultado inferior al 2%.
¿Qué significa ese guarismo? De acuerdo con el PIB (Producto Bruto Interno) publicado por el BCU (Banco Central del Uruguay), es una cifra cercana a 1.540 millones de dólares, que se suman al valor alcanzado en 2024. De ese monto la DGI (Dirección General Impositiva) recaudaría impuestos por un valor aproximado a los 250 millones adicionales a lo recaudado en 2024.
Si el PIB hubiera crecido de acuerdo a los previsto por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), 2,6%, los impuestos recaudados habrían superado en 350 millones de dólares a la recaudación del año 2024. El ministro de economía, Gabriel Odonne, según manifestó en conferencia de prensa, ya está diseñando el ajuste fiscal consecuente.
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina) advirtió sobre la senda de bajo dinamismo que transita la región, y extendió tal pronóstico para 2026. Para el año 2025, Venezuela nuevamente lideró la tabla de crecimiento económico (8,6%) (uno de los motivos que decidió la intervención de EE.UU. del 3/1/2026), y en el Mercosur fue Paraguay quien obtuvo el mejor resultado al incrementar su PIB un 6% con respecto a 2024 (Cuadro 1 del Anexo). Entre las economías de mayor tamaño, Argentina fue quien más creció, en un proceso divergente entre economía y bienestar de la población.
Muy a menudo sucede que cuando la expectativa de crecimiento tiene su centro en la inversión extranjera, los pronósticos suelen sobreestimarse. Así las cosas, se cierra una década (2016-2025) con una tasa de crecimiento acumulativa anual de apenas 1% (promedio simple de 1,3%), un desempeño muy alejado del necesario para sustentar un proceso de desarrollo económico inclusivo, menos desigual, amigable con el ambiente, más productivo, diversificado, y sostenible con mayor participación de la inversión pública y del consumo de los hogares, como afirma el programa del Frente Amplio (Gráfica 1 en el Anexo). Esta situación nos conduce a dos escenarios.
Por un lado, la inminencia de un ajuste fiscal, producto de un desajuste entre el presupuesto votado en el parlamento, la disminución del déficit fiscal planificado, y la base económica del mismo, ahora insuficiente – por lo menos en la coyuntura – para solventar dichos objetivos. Esto nos retrotrae a una situación similar que se dio en 2016, en el tercer gobierno del FA y el segundo de Tabaré Vázquez. En aquella ocasión, el ajuste se implementó fundamentalmente a través del incremento de los ingresos fiscales, sobre todo impositivos. Una década atrás ya discutíamos entre impuestos a la renta e impuestos al patrimonio. Hoy el ministro de economía ha sido muy claro, a su juicio no es posible aumentar impuestos, así que el diseño del ajuste recaerá sobre el gasto público.
Por otro lado, está en juego la continuidad de la política económica, que nos animaríamos a decir que en los últimos 15 años ha variado muy poco. En un mundo que ha cambiado dramáticamente, no solo por los conflictos bélicos sino también por el incesante cambio tecnológico concentrado en tres o cuatro países, el mantenimiento de una política económica centrada en la atracción del capital extranjero no podía tener un resultado considerable. Aquí también parece instalarse la renuencia a cambiar. Por ahora la mejora en la competitividad se instala en remover obstáculos burocráticos a la gestión de la inversión, del comercio y de la inscripción de nuevas empresas.
El ministro de economía afirmó que no va a manipular el dólar para mejorar la competitividad de exportadores y de productores que producen para el mercado interno y compiten con importados, pues el resultado sería un aumento de la inflación y una baja del salario real. Cierto, si manejamos el IPC (Índice de precios al consumo) global y el índice medio de salarios. Pero una baja de la inflación que se ha producido justamente con un dólar “barato” no ha beneficiado a los salarios sumergidos que se gastan principalmente en alimentos, transporte, vivienda y salud. Así que bienvenidos los cambios estructurales para mejorar la competitividad con el exterior, pero también para progresar en la oferta interna de bienes y servicios de consumo masivo.
En ese sentido es útil ver donde se ubicaron las fuentes del crecimiento económico. Desde el enfoque de la producción de bienes y servicios, en 2025 se destacaron tres actividades: la industria manufacturera, los servicios financieros y el comercio, hoteles y restaurantes. En el primer caso, fue decisiva la puesta en marcha de la refinería de ANCAP (en mantenimiento desde 2024), con el agregado del crecimiento del volumen industrializado en frigoríficos, industria láctea, molinos y pasta de celulosa, todos vinculados a la exportación. En lo que hace a los precios, los más beneficiados fueron los productores ganaderos y la industria de la construcción.
Desde el enfoque del gasto, esto es, de quienes demandan o “compran” el volumen producido, los determinantes del crecimiento de 1,8% en 2025 fueron el consumo de los hogares (2%) y las ventas al exterior (exportaciones) (2%). Los hogares tuvieron ingresos reales superiores en +1,5% – mayores aún en el Interior del país – a lo cual se le sumó un empleo también superior.
Gráfica 1
México: Bajó el déficit comercial con China; se disparó con Taiwán
México redujo ligeramente su déficit comercial con China en el primer bimestre del año, al tiempo que se cuadruplicó el saldo negativo frente a Taiwán, luego de una batería de aranceles que no resultaron en una mayor recaudación para el gobierno ni en una reducción global de la brecha entre lo que el país compra y vende al extranjero.
Datos del Banco de México (BdeM), publicados el viernes, muestran que el déficit comercial de México con aquellos países con los que tiene intercambio de bienes se duplicó en el primer bimestre del año, al pasar de 3 mil 558 millones 980 mil dólares en enero-febrero de 2025, a 6 mil 943 millones 832 mil dólares en igual periodo comparable de 2026.
Pese a ese aumento de 95 por ciento en la brecha entre lo que el país vende y compra al extranjero, la recaudación en las aduanas de México cayó 13 por ciento, también en el primer bimestre, reportó la Agencia Nacional de Aduanas México.
En un informe aparte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó que la recaudación por importaciones se redujo 7.2 por ciento en el primer bimestre de 2026, pese a que este año se estrenó una nueva batería de aranceles que busca alinear más la política comercial de México con la de América del Norte.
Los datos del BdeM muestran que China sigue siendo el país con el que México tiene el mayor déficit comercial. En el primer bimestre del año fue de 18 mil 848 millones 263 mil dólares; sin embargo, esta diferencia se redujo 2 por ciento respecto al periodo enero-febrero de 2025, cuando contabilizó 19 mil 235 millones 931 mil dólares.
En el mismo lapso, el déficit comercial con Taiwán –que no es reconocido por México como un Estado, dado el principio de “una sola China”– se disparó 325.8 por ciento, con lo que desbancó a la Unión Europea como el segundo socio comercial al que se compra más de lo que le vende.
Los datos del banco central exhiben que mientras en el primer bimestre de 2025 el déficit comercial de México con Taiwán era de 2 mil 953 millones 948 mil dólares; se disparó a 12 mil 578 millones 73 mil dólares en enero-febrero pasados
Estas cifras marcan un repunte respecto al año pasado que en sí ya había colocado a Taiwán como el tercer socio comercial más importante de México, cuyo comercio se estima en 48 mil millones de dólares.
En el marco de la más reciente misión comercial de Taiwán a México, Jesús Valdés, director de Promoción Económica Internacional de la Secretaría de Economía, destacó que ese país forma parte de la cadena de suministro de semiconductores, de electrónica y de la industria automotriz. Comentó que hay más de 300 empresas de origen taiwanés en el norte del país.
Más allá de cómo se disparó el déficit comercial con Taiwán, también los repuntes registrados en la balanza con Malasia (24.4 por ciento) y Tailandia (34.9), entre otros, llevaron a que la brecha entre lo que México vende y compra a Asia haya subido 34.8 por ciento comparando el primer bimestre del año pasado con el de éste, con un saldo negativo al cierre de febrero de 49 mil 852 millones 454 mil dólares.
La Unión Europea, que en el primer bimestre del año pasado figuró como el segundo socio comercial con el que se tenía el mayor déficit, pasó a la tercera posición en el arranque de 2026, pero aún así el saldo negativo avanzó 9.4 por ciento en un año, para cerrar febrero en 6 mil 692 millones 883 mil dólares.
Frente a Estados Unidos, las ventas superaron a las compras en 48 mil 511 mil 751 millones de dólares, y el superávit comercial de México avanzó 24.1 por ciento, de acuerdo con el banco central.
Panorama Internacional
FMI: Bancos centrales «deben» subir tipos de interés
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves de que los bancos centrales «deben estar preparados» para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias.
«Los bancos centrales deben estar preparados para endurecer (sus políticas monetarias), y es fundamental reconocerlo. No pueden permitirse que la inflación se descontrole”, aseguró Georgieva en su discurso que sirve de inauguración a las reuniones de primavera que el FMI y el Grupo del Banco Mundial (BM) inician la próxima semana en Washington en un panorama marcado por el conflicto en Oriente Medio. A su vez, Georgieva instó a analizar con detenimiento una situación muy cambiante y marcada por el golpe que está recibiendo la oferta global de» hidrocarburos y pidió no precipitarse.
La economista búlgara instó a no precipitarse ahora a aquellos bancos centrales que actuaron con lentitud en la pandemia y pagaron luego las consecuencias. «Deben mantenerse alerta y centrarse en las condiciones (globales), porque un endurecimiento prematuro e innecesario arroja un jarro de agua fría sobre el crecimiento«, recalcó.
La guerra genera un impacto en la economía mundial
Las palabras de la máxima responsable del FMI llegan tras haber afirmado en una entrevista que el organismo rebajará su previsión de crecimiento global debido al conflicto en Oriente Medio. La directora gerente del FMI apuntó que antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero, la economía global venía de mostrarse muy resistente al embate de la agresiva política comercial estadounidense y que venía respaldada por el impulso de la fuerte inversión en el sector de la inteligencia artificial (IA).
Pese a las rebajas en perspectivas de crecimiento que el FMI dará a conocer el martes en su nuevo Informe de Perspectiva Global, Georgieva afirmó que la profundidad del impacto macroeconómico de la guerra dependerá de la solidez del aparentemente endeble alto el fuego que acordaron esta semana Washington y Teherán, aunque admitió que no se podrá superar un escenario como este «sin sufrir algún daño».
La directora gerente del FMI apuntó que antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero, la economía global venía de mostrarse muy resistente al embate de la agresiva política comercial estadounidense y que venía respaldada por el impulso de la fuerte inversión en el sector de la inteligencia artificial (IA).
Pese a las rebajas en perspectivas de crecimiento que el FMI dará a conocer el martes en su nuevo Informe de Perspectiva Global, Georgieva afirmó que la profundidad del impacto macroeconómico de la guerra dependerá de la solidez del aparentemente endeble alto el fuego que acordaron esta semana Washington y Teherán, aunque admitió que no se podrá superar un escenario como este «sin sufrir algún daño».«Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera», admitió Georgieva.
La economista búlgara anunció que en el mencionado Informe Global de Perspectivas se plantearán tres posibles escenarios; uno que contempla un retorno relativamente rápido a la normalidad; uno intermedio, y un tercero en el que los precios del petróleo y el gas se mantienen en cotas altas durante mucho más tiempo. “Incluso nuestro escenario más optimista contempla una revisión a la baja del crecimiento”, admitió la directora gerente del FMI.
La riqueza oculta del 0,1 % más rico supera el total de la mitad más pobre de la humanidad
Oxfam Intermón
La riqueza que el 0,1 % más rico oculta en paraísos fiscales y que se escapa alas arcas públicas supera la riqueza total de la mitad más pobre de la humanidad (4.100 millones de personas), según un nuevo análisis de Oxfam Intermón publicado en vísperas del décimo aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá.
Las estimaciones muestran que, una década después, los superricos siguen aprovechándose del entramado de guaridas fiscales para evadir y eludir impuestos, ocultando activos no declarados, lo que subraya la necesidad urgente de una acción internacional coordinada para acabar con el abuso de esos paraísos fiscales, según la ONG.
Oxfam Intermón estima que en 2024 la riqueza oculta en paraísos fiscales, en cuentas no declaradas y sin tributar, alcanzó los 3,55 billones de dólares, una cantidad mayor que el PIB de Francia, y más del doble del PIB combinado de los 44 países menos desarrollados del mundo.
El 0,1 % más rico posee aproximadamente el 80 % de toda esta riqueza offshore no gravada, es decir, alrededor de 2,84 billones de dólares. Dentro de ese pequeño grupo, el 0,01 % más rico posee aproximadamente la mitad (1,77 billones de dólares).
“Los Papeles de Panamá sacaron a la luz cómo las personas más ricas trasladan sigilosamente enormes fortunas fuera del alcance y control de los diferentes gobiernos”, dice Christian Hallum, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional. “Diez años después, los superricos siguen acumulando enormes riquezas en estas guaridas fiscales”.
“No se trata solo”, continua Hallum, “de sofisticados mecanismos de ingeniería contable. Estamos hablando de poder e impunidad. Cuando milmillonarios o multimillonarios esconden billones de dólares en paraísos fiscales, eligen situarse al margen del sistema y por encima de las obligaciones que rigen para el resto de la sociedad. Las consecuencias son tan previsibles como devastadoras: vemos hospitales y escuelas públicas que no cuentan con fondos públicos suficientes, un tejido social desgarrado por la creciente desigualdad, y a las personas corrientes asumiendo el esfuerzo de financiar un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos”.
Si bien a lo largo de estos últimos años se ha logrado reducir el volumen total de la riqueza offshore, esta sigue manteniéndose en niveles muy elevados, en torno al 3,2% del PIB mundial. Además, los avances son muy desiguales, en particular porque los países del Sur Global, a pesar de que necesitan urgentemente recursos adicionales, están excluidos del funcionamiento del sistema de Intercambio Automático de Información (AEOI por sus siglas en inglés), uno de los mecanismos que ha permitido estos avances.
Oxfam Intermón insta a los gobiernos a:
– Reforzar los principios de equidad e inclusividad en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, en particular en la agenda de tributación a los superricos y para poner fin a los paraísos fiscales, al tiempo que se impulsan iniciativas regionales e internacionales complementarias.
– Fortalecer las capacidades de las autoridades fiscales y los mecanismos de transparencia, dotando a los gobiernos de herramientas para identificar y rastrear la riqueza de las personas más ricas, incluyendo la creación de un registro global de activos.
– Garantizar que el 1% más rico pague realmente tipos efectivos más altos sobre todas sus rentas, tanto del trabajo como del capital, especialmente los multimillonarios y milmillonarios.
– Introducir impuestos a la riqueza extrema, especialmente dirigidos al 1% más rico, a niveles lo suficientemente altos como para lograr un impacto en la reducción de la desigualdad.
La riqueza offshore ha aumentado desde la publicación de los Papeles de Panamá, alcanzando un total estimado de $ 13,25 billones de dólares (12,48 % del PIB mundial) en 2023. Sin embargo, la proporción de riqueza offshore no gravada ha disminuido considerablemente. Los investigadores atribuyen esto a la puesta en marcha del sistema de Intercambio Automático de Información (AEOI), iniciado alrededor de 2016-2017. Si bien en los primeros años se observó una fuerte caída, la disminución se desaceleró desde 2018, estabilizándose después hasta el punto de que la riqueza offshore no gravada se sitúa en estos momentos aproximadamente entre el 2% y el 4% del PIB mundial.
A marzo de 2025, 126 países y jurisdicciones se han adherido al Estándar Común de Reporte (CRS), el estándar global para el AEOI. Sin embargo, muchos países de ingresos bajos y medios-bajos siguen excluidos de esta iniciativa, a pesar de ser de los más afectados por la evasión fiscal a través de paraísos fiscales.
Los Estados miembros de la ONU aprobaron los términos de referencia para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional en noviembre de 2024. Las negociaciones comenzaron formalmente a principios de 2025 y se espera que continúen hasta 2027.