España: regularización de migrantes y el debate sobre el velo

El gobierno español aprobó este martes  una regularización de migrantes en España que alcanzará a cerca de 500.000 personas en situación irregular, en una decisión que contrasta con el endurecimiento migratorio en Europa y Estados Unidos. La medida, impulsada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue adoptada por el Consejo de Ministros y generó fuertes críticas de la oposición, que advierte sobre sus efectos en la política migratoria europea.

España cuenta con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. A comienzos de 2025 había unos 840.000 inmigrantes en situación irregular, en su mayoría provenientes de América Latina. La medida se suma a reformas previas, como la del reglamento de extranjería de 2024, que proyectaba regularizar a 300.000 personas por año durante tres años.

El plan permitirá acceder a la regularización a extranjeros presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, que acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada y no tengan antecedentes penales. El Ejecutivo defendió la iniciativa como un paso necesario para integrar a quienes ya residen en el país. «Es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana», afirmó Sánchez en un mensaje difundido en la red social X.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha volcado con una regularización calificada como «uno de los grandes hitos de la legislatura» por la ministra portavoz del Gobierno Elma Saiz, que además tiene la cartera de Migraciones. El propio presidente del Gobierno ha enviado una «carta a la ciudadanía» publicada en la red social X para defender la iniciativa. «Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica», señaló Sánchez en este texto.

Sánchez dejó clara su posición política en contraposición a la derecha y ultraderecha. «Tenemos dos caminos: el de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida», apuntó.

 

El gobierno sostiene que la política migratoria en España tiene un impacto positivo en la economía, en particular en sectores como agricultura, hostelería, cuidados y construcción, donde muchos inmigrantes ya trabajan. También subraya su aporte al sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional y baja natalidad.

Sánchez desde Pekín

«Estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país, porque reconocer derechos es bueno y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles», añadió Sánchez ante los medios en Pekín.

Sánchez dijo que de Vox, el partido de Santiago Abascal no esperan nada «porque hace de la migración un elemento de polarización y de confrontación política». Pero sí le pidió al derechista Partido Popular que escuche a la patronal o a la Iglesia católica, que se han mostrado a favor de la regularización. Desde el Gobierno, y así lo remarcó también Saiz, consideran que la regularización tiene «legitimidad social, política y económica»,  por el respaldo de los agentes sociales y los sectores de agricultura, ganadería o transporte.

La legitimidad social por el apoyo de casi 1.000 organizaciones que impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso. La legitimidad política porque fue admitida a trámite con 310 votos a favor, todo menos Vox. La regularización finalmente se aceleró por vía reglamentaria tras un pacto del PSOE con Podemos a cambio de un posible voto favorable  a la cesión de competencias migratorias a Catalunya acordada ente los socialistas y Junts.