La Luna, el nuevo campo de competencia

Manolis Pliionis

La reciente misión Artemis II marca el regreso de seres humanos al espacio más allá de la órbita terrestre tras muchas décadas, pero al mismo tiempo plantea una cuestión geopolítica crucial. En una época en la que el derecho internacional se viola sistemáticamente —con la invasión rusa a Ucrania, el genocidio en Gaza y los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, así como otras acciones unilaterales que infringen la Carta de la ONU—, si la legalidad internacional no se respeta en la Tierra, ¿cómo se garantizará su cumplimiento en el espacio?

El espacio ha dejado de ser exclusivamente un ámbito de investigación científica y, con el regreso planificado a la Luna y la aspiración de una presencia humana permanente allí, se está transformando gradualmente en un nuevo escenario de confrontación donde convergen intereses geoestratégicos y económicos. El principal punto de disputa es el polo sur lunar, considerado una región clave para el futuro de la expansión y la economía espacial.

Los cráteres permanentemente sombreados de esta zona funcionan como “refrigeradores” naturales, donde se ha conservado agua en forma de hielo durante miles de millones de años, un recurso esencial para la futura presencia humana en el espacio, ya que puede convertirse en agua potable, oxígeno y combustible para misiones espaciales. En otras palabras, la Luna puede ser utilizada para la extracción de recursos y como un centro permanente de lanzamiento y abastecimiento para la expansión humana más allá de la Tierra.

En este contexto, ya se perfila una nueva competencia bipolar entre grandes potencias, que recuerda al período de la Guerra Fría. Por un lado, Estados Unidos, a través del programa Artemis, busca establecer una presencia humana permanente cerca del Polo Sur lunar. Este programa se apoya en una amplia red de cooperación internacional, con más de 50 países que se han adherido a los Artemis Accords, un conjunto de principios que regulan aspectos como el uso pacífico del espacio, el intercambio de datos y la explotación de recursos espaciales.

Por otro lado, China, en colaboración con Rusia, impulsa la creación de una base lunar también cerca del Polo Sur, la International Lunar Research Station (ILRS). Esta iniciativa también está abierta a la cooperación internacional y ya cuenta con la participación de 17 países.

Oficialmente, tanto Estados Unidos como China sostienen que no reclaman soberanía territorial sobre la Luna, tal como lo exige el Tratado del Espacio Exterior (OST) de 1967, que prohíbe la “apropiación nacional” de cuerpos celestes. Sin embargo, detrás de esta aparente aceptación de la legalidad internacional, se cuestiona en la práctica el OST en lo que respecta al régimen jurídico de la explotación de recursos espaciales.

Desde 2015, Estados Unidos ha adoptado legislación que permite a empresas privadas extraer y poseer recursos de la Luna y otros cuerpos celestes, una decisión que genera un intenso debate sobre su compatibilidad con el tratado. La interpretación estadounidense sostiene que la prohibición de apropiación se refiere al territorio, no a los recursos extraídos. En cambio, China enfatiza que la explotación de los recursos espaciales debe regularse mediante procesos multilaterales internacionales, especialmente en el marco de la ONU.

Se trata, en esencia, de dos modelos distintos vinculados a diferentes sistemas socioeconómicos: uno más comercial, que permite la ganancia privada, y otro más controlado por el Estado, centrado en prioridades nacionales.

En este entorno jurídico incierto se suman las presiones de numerosas empresas espaciales privadas para modificar las reglas del derecho internacional, ya que, a diferencia de los Estados, operan principalmente bajo criterios económicos y con el objetivo de maximizar beneficios. Esto genera tensiones con el marco legal vigente respecto a la legitimidad de la apropiación de recursos espaciales. Además, el Tratado del Espacio Exterior establece que los Estados son responsables de las actividades de sus entidades privadas.

Sin embargo, en la práctica, la velocidad del desarrollo tecnológico y empresarial suele superar la capacidad de supervisión estatal, y ya existen casos en los que empresas privadas han ignorado normas de seguridad establecidas por organismos internacionales como COSPAR para la protección del entorno planetario. Un ejemplo representativo es la misión privada israelí Beresheet, que transportó microorganismos extremadamente resistentes (tardígrados) y se estrelló en la Luna en 2019, evidenciando vacíos en los mecanismos de control y generando preocupaciones sobre una posible contaminación biológica del satélite.

Es evidente el intento de modificar o eludir las reglas actuales del derecho internacional espacial, con el objetivo de “liberalizarlo” y abrirlo a la explotación privada de los recursos. Más allá de las dimensiones éticas y filosóficas, este proceso conlleva riesgos significativos para el acceso equitativo a los recursos espaciales, la sostenibilidad del entorno espacial e incluso la paz internacional. Por un lado, la presión comercial podría conducir a una explotación descontrolada de recursos sin un marco regulatorio claro y consensuado, con consecuencias similares a la fiebre del oro del siglo XIX en América.

Por otro lado, podrían establecerse instalaciones y zonas de actividad en la Luna que, aunque no constituyan soberanía formal, funcionarían en la práctica como tal, aumentando el riesgo de conflictos entre potencias. Además, las llamadas “zonas de seguridad” (como las previstas en los Artemis Accords), aunque se presentan como medidas técnicas para evitar incidentes, plantean dudas sobre si podrían evolucionar hacia mecanismos de control territorial.

Un paralelismo útil con la expansión humana en el espacio son las grandes exploraciones marítimas europeas desde el siglo XV. Aunque comenzaron como proyectos de expansión del conocimiento y el comercio, rápidamente derivaron en la exterminación o marginación de poblaciones indígenas, la destrucción de culturas y profundas alteraciones ecológicas: introducción de especies invasoras, deforestación, agotamiento de recursos naturales y degradación de ecosistemas.

Estos resultados se debieron a la intensa competencia entre las potencias europeas por apropiarse de la riqueza de nuevas tierras, utilizando todos los medios disponibles —desde la colonización hasta la piratería organizada—, mientras que las normas se establecían posteriormente para legitimar esas prácticas.

Aunque la analogía con la expansión hacia la Luna no es exacta, la falta de normas estrictas derivada de una posible desvalorización del derecho espacial podría producir resultados similares: por un lado, acceso desigual a los recursos y exclusión de quienes no cuentan con suficiente poder tecnológico o político; y por otro, rivalidades y posibles conflictos graves entre grandes potencias, que históricamente han causado enormes desastres ambientales y humanitarios.

Si no se establecen a tiempo normas claras para la explotación de recursos espaciales y para la presencia organizada de distintos países o alianzas en la Luna —algo que solo podría lograrse a través de mecanismos institucionales de la ONU, como el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre (COPUOS)—, el acceso a la Luna y sus recursos no estará determinado por el derecho internacional, sino por el poder de quienes lleguen primero.

En el contexto internacional actual, donde las grandes potencias violan o reinterpretan las normas del derecho internacional según su conveniencia, la expectativa de que el espacio se convierta en un ámbito regulado, cooperativo y pacífico para la actividad humana resulta poco realista.

*Profesor del Departamento de Física, Universidad Aristóteles de Tesalónica. Ex-presidente del Observatorio Astronómico Nacional de Grwcia. Miembro del Instituto Alexis Tsipras