A 50 años del golpe, el gobierno libertario argentino intenta borrar la verdad
Rubén Armendáriz
A 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, la Argentina enfrenta otra batalla: que el paso del tiempo no borre la verdad. Con más de mil condenas, cientos de nietos de desaparecidos aún por encontrar y nuevas identificaciones forenses, el país sostiene la memoria activa sobre los crímenes de la dictadura mientras el tiempo se convierte en un desafío clave para reconstruir la historia.
La excusa del golpe fue combatir a la guerrilla, pero su verdadero objetivo era imponer el modelo económico liberal y, como condición necesaria, debían debilitar al movimiento obrero organizado. Fueron sancionados tres decretos-ley para controlar a los sindicatos: la suspensión del derecho a huelga, la eliminación de los fueros sindicales y la ley de residencia. Ese mismo día se interviene la Confederación General del Trabajo (CGT, central obrera) y doce de los principales gremios. No intervenir a todas las organizaciones gremiales, como se hizo en 1955, era parte de una estrategia de dividir al movimiento obrero.
El 24 de marzo de 1976 no solo comenzó una dictadura que tuvo imborrables consecuencias en el plano político e institucional. Fue la inauguración de un modelo económico que generó heridas tan graves que todavía atraviesan a la Argentina. El quiebre democrático que llevó adelante la Junta Militar no solo implicó la instauración de un régimen represivo, sino también la implementación de un programa económico.. En ese esquema, tuvo un rol central el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien condujo los rieles del sistema entre 1976 y 1981.
Además del quiebre institucional, el 24 de marzo de 1976 inauguró un programa económico que transformó la estructura productiva, debilitó el poder de los trabajadores y consolidó la valorización financiera. Sus efectos todavía atraviesan problemas crónicos como la deuda, el retroceso salarial y el acceso a la vivienda.
La represión no fue un elemento aislado. Funcionó como una herramienta de disciplinamiento social que permitió avanzar con transformaciones profundas en la estructura económica. El objetivo era claro: desarticular el modelo de industrialización vigente, debilitar a la clase trabajadora organizada y dar paso a la apertura económica, la especulación financiera y el endeudamiento externo.
Los principales indicadores económicos reflejaron ese cambio de rumbo. Durante la dictadura, la deuda externa se triplicó, pasando de alrededor de 9 mil millones de dólares a más de 27 mil millones. La inflación se mantuvo en niveles elevados: entre 1976 y 1979 promedió el 227% anual y hacia el final del golpe alcanzó el 315%.
En paralelo, el salario real cayó más de un 30%, mientras que los niveles de pobreza aumentaron de manera significativa: de cifras cercanas al 5% antes del golpe a más del 30% al término del gobierno militar.
Uno de los “hitos” normativos de ese período fue la sanción de la Ley de Entidades Financieras en 1977 -aún vigente- que modificó el funcionamiento del sistema bancario al promover su desregulación y favorecer las operaciones financieras por sobre el crédito productivo.
En ese contexto, también se consolidó la centralidad del dólar en la economía local. A través de la denominada “tablita” cambiaria, el Estado establecía un cronograma de devaluación que incentivaba la especulación en moneda extranjera, al tiempo que ahogaba a los sectores vinculados a la producción y al mercado interno.
El impacto de estas transformaciones también se extendió al acceso a la vivienda. Hasta la década del 70, la posibilidad de adquirir una propiedad estaba mayormente asociada al salario y al crédito público. Con el cambio de paradigma, la vivienda pasó a representar un activo financiero en un mercado inmobiliario que se dolarizaba.
A medio siglo de aquellos acontecimientos, el análisis sobre ese período permite observar que el terrorismo de Estado no solo implicó violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La dictadura cívico-militar ejecutó profundas transformaciones económicas: desindustrialización, brutal aumento del endeudamiento y la reconfiguración de las relaciones sociales y productivas.
El modelo neoliberal implementado durante la dictadura genocida constituye un punto de inflexión histórico y sus consecuencias son cicatrices sin cerrar para la estructura económica argentina actual.
Al cumplirse 50 años del último golpe de Estado signado por la persecución política, el terrorismo de Estado y el genocidio planificado, el gobierno del librtario Javier Milei insiste en su afán de 
instalar la idea de “memoria completa”. Con ese propósito publicó un largo video con un mensaje pro impunidad de los represores, que pretende victimizar a los condenados por delitos de lesa humanidad y provoca abiertamente la lucha por memoria, verdad y justicia que puso a la Argentina como modelo internacional en la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Haciéndose eco de los viejos argumentos de los ejecutores del golpe y del slogan macrista del “curro de los derechos humanos”, el video tergiversa las políticas de enjuiciamiento a los genocidas, acusa al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner de “imponer” una “visión sesgada y revanchista” de la historia a través de un “fatal experimento narrativo”.
El golpe bajo que dio este año el gobierno de Milei fue la utilización del testimonio de una nieta restituida que retoma el discurso de sus apropiadores y recomienda “contar la historia verdadera”. También incluye la versión del hijo de un militar secuestrado en Córdoba, que se hace eco del discurso con el que durante el menemismo se justificó el indulto a los genocidas: “Convocar a la unión de los argentinos y a la reconociliación”. Menciona el “invento del número de los 30 mil desaparecidos” y sostiene que “la gente quiere conocer la verdad”.
Mientras, la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y los clubes se expresaron a través de las redes sociales con distintos mensajes, comunicados y videos, en los cuales las instituciones volvieron a mostrar una vez más su compromiso con las familias de los desaparecidos. Boca Juniors fue uno de los primeros en publicarlo y con el correr de las horas se sumaron más equipos. Como se podía esperar, la AFA como los clubes que se involucraron recibieron comentarios ofensivos, como también quienes los apoyaron. Por supuesto, las publicaciones no pasaron para nada inadvertidas en las redes.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)