Panorama Económico Latinoamericano – Del 18 al 25 de marzo de 2026
Chile con Kast: baja al impuesto corporativo y herencias
Vanesa Gajardo
El Plan de Reconstrucción Nacional está dando mucho que hablar. Un costo de $400.000 millones de pesos para reconstruir las zonas afectadas por los incendios, pero con miras a una reducción mayor: la estabilidad de las finanzas públicas. De las 40 medidas, hay varias que van en sentido del eje económico, con efectos en la recaudación fiscal, el crecimiento, inversión y empleo.
Las medidas económicas del Plan de Reconstrucción Nacional
Reducción de la tasa corporativa para medianas y grandes empresas de 27% a 23%, coherente con los promedios OCDE y para dar incentivo a la inversión; reintegrar el sistema tributario y un subsidio al empleo formal, sin fricciones ni barreras de acceso en que se apoyará a los empleadores a pagar las cotizaciones de sus trabajadores contratados formalmente son algunas de las propuestas.
También se plantea una reducción de la burocracia y permisos para destrabar la inversión (una suerte de ventanilla express); eliminación del IVA a la vivienda por un año para reactivar al sector construcción y facilitar acceso a viviendas, eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, una nueva repatriación de capitales sumado a una reducción transitoria del impuesto a la herencia y donaciones, con una tasa en escala progresiva dependiendo del valor líquido.
Sobre esto último, en 2024 según datos oficiales, la recaudación del impuesto a donaciones y herencia fue de apenas US$64 millones, una caída del 75,7% respecto del 2023.
Patricio Gana director de AK Contadores, señaló que este gravamen en sus tramos mayores, es tan alto, que genera un desincentivo para su pago. De ahí que surjan fórmulas legales, que usan las familias, para no pagar este impuesto. “Se arman sociedades en otros países donde la tributación es más baja. Y eso es un problema porque se termina pagando impuesto en otro lado, y no en Chile. Por lo tanto, rebajar el impuesto de herencia es un gran incentivo para recaudar más”, aseguró Gana.
Por su parte, la repatriación de capitales del ex ministro Mario Marcel fue un fracaso en la administración pasada. ¿Qué certeza hay de que no ocurra lo mismo? Al ser tantas medidas, de un proyecto que deberá pasar por el el Congreso, la oposición lo calificó de “reforma tributaria encubierta”.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, dijo que “todas y todos debemos hacer un esfuerzo para que hombres y mujeres en nuestro país se puedan poner de pie”. “Tenemos que enfrentar una situación de necesidad de recursos, y yo esperaría si fuera parlamentaria, a que el proyecto me llegue, para ver cómo aportamos”, afirmó la secretaria de estado.
A la espera del decreto del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para un recorte del 3% para los presupuestos de todos los ministerios, Esteban Viani, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dijo que sería una buena estrategia la firma del decreto antes de la presentación del Plan de Reconstrucción en el Congreso. Esto porque “cuando se proponga el proyecto y finalmente se apruebe por el segundo semestre, ya se va a tener el déficit más o menos compensado o algo de camino avanzado”.
Limitación de la gratuidad
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la idea de limitar el acceso a la grautidad en las universidades e institutos profesionales solo a los estudiantes hasta 30 años de edad, como parte de las medidas de ajuste fiscal. En este sentido, el jefe de Teatinos 120 aseguró que este límite no regiría para quienes ingresen a la educación técnica. A su vez, reveló que esa medida no fue propuesta, en primera instancia, por el nuevo gobierno, sino que fue fruto de una comisión para ayudar a ajustar el gasto, y que fue convocada por el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel.
“Lo que estamos haciendo es sencillamente tomar la recomendación de esa comisión que también es transversal. Participó el exdirector de Presupuesto del gobierno de Piñera 2, Matías Acevedo; el exdirector de Presupuesto de Bachelet 2, el señor (Sergio) Granados; Osvaldo Larrañaga”, añadió Quiroz. La idea de implementar la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público surgió luego de la desviación de la meta del Balance Cíclicamente Ajustado en 2024, donde el déficit estructural alcanzó el 3,2% del PIB, por sobre la meta del 1,9% fijada por el gobierno.
Con ello, durante el periodo del entonces ministro Marcel y de la directora de Presupuesto Javiera Martinez, se estableció el grupo de expertos que trabajó entre mayo y septiembre de 2025, cuyo resultado fue un documento con 34 recomendaciones para la contención y baja del gasto público que, de implementarlas todas, en el largo plazo se ahorraría un 0,6% del PIB.
El fiasco de la “Argentina Week” en Nueva York
Alfredo Zaiat *
El paseo de la nutrida comitiva oficial argentina por Nueva York no exhibió fortaleza económica. Mostró una misión sobreactuada, sin anuncios relevantes, con internas oficialistas, insultos del presidente Javier Milei a industriales y un modelo económico que no atrae la inversión extranjera.
Fue la comitiva oficial más numerosa de los ya 15 viajes de Javier Milei a Estados Unidos. El 80% de los participantes en la “Argentina Week”, en Nueva York, fueron argentinos. El Presidente no organizó ni una sola reunión con los 11 gobernadores sometidos al oficialismo que integraron la misión. Las dos únicas inversiones privadas anunciadas correspondieron a empresas de Marcelo Mindlin y de Mercado Libre, y podrían haberse difundido perfectamente en Buenos Aires.
En esta descascarada escenografía de fortaleza política y apoyo empresarial quedó expuesta, además, la interna a cielo abierto en el mundo libertario, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dando explicaciones sobre por qué subió al avión presidencial a su esposa. El cuadro se completó con el absurdo de Milei convocando al sector privado a invertir en el país mientras calificaba a los industriales argentinos de “chorros” y “prebendarios”, apuntando contra Paolo Rocca, dueño de Techint y de la mayor fortuna empresaria del país según el último ranking Forbes, y contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y Aluar.
La puesta en escena es bastante parecida a la de los noventa, aunque con la diferencia de que, en esos años, había interés de capitales del exterior en invertir en bonos, acciones, privatizaciones y compra de empresas argentinas. Ahora no.
La inversión extranjera directa es negativa. Las cotizaciones de papeles locales están retrocediendo desde los máximos de enero del 2025. El riesgo país se mantiene elevado, en el rango de 550 a 600 puntos. No hay interés de capitales extranjeros por desembarcar en Argentina. Más bien sucede lo contrario: varias multinacionales ya se fueron o están planeando irse del mercado local.
La burbuja de la ficción libertaria
El experimento liberal-libertario se desarrolla dentro de una inmensa burbuja de ficción: el superávit fiscal es inconsistente; el Banco Central no acumula reservas netas, más bien profundiza la tendencia decreciente; no hay desinflación, sino aceleración inflacionaria; no existe un proceso de modernización de la estructura productiva, por el contrario avanza una veloz desindustrialización; el mercado laboral es cada vez más frágil y fragmentado; y los ingresos de la mayoría de la población se pulverizan mes a mes.
La escena mileísta en Nueva York fue un compendio del momento político y económico del oficialismo. Sobreactuación de liderazgo global, pero escasa densidad material para sostener el relato. Milei viaja, habla, insulta, se presenta como héroe de una cruzada civilizatoria contra el estatismo y la justicia social, pero la economía real no acompaña esa narrativa.
También quedó expuesta la soberbia de los ignorantes: su defensa de Adorni basada en el concepto “costo marginal”, según el cual, si había una butaca vacía en el avión o la habitación del jefe de Gabinete tenía una cama matrimonial, y, por lo tanto, no representaba un gasto adicional al Estado, es la demostración de que no entiende de lo que habla o que es un excelente actor de variedades con capacidad de seducir a auditorios inocentes.
Milei insulta a los industriales
La fantasía libertaria supone que el capital privado está esperando apenas una señal ideológica para lanzarse a invertir. Es una visión infantil del funcionamiento del capitalismo. La inversión no responde a discursos, sino a expectativas de rentabilidad, estabilidad macroeconómica, escala de mercado, financiamiento, infraestructura, demanda y previsibilidad política. Ninguna de estas variables luce hoy sólida en la Argentina de Milei.
El mundo empresarial puede celebrar una reforma laboral regresiva o una baja de impuestos, pero si al mismo tiempo observa caída del consumo, cierre de fábricas, desplome del empleo formal, atraso cambiario, fragilidad externa y conflictividad social en aumento, difícilmente decida comprometer capital de largo plazo. Menos aún si el Presidente, en uno de sus habituales descontroles planificados o no, puede lanzarlos al cadalso.
Después de varios cachetazos, la Unión Industrial Argentina emitió un comunicado crítico en el que mencionó, por primera vez con un sesgo de crítica, a Javier Milei. Pero no para hacerlo responsable del industricidio que vienen consintiendo, sino apenas para expresar su preocupación por los modales presidenciales.La principal inconsistencia del mileísmo es que promete un orden económico sustentable mientras erosiona, una por una, las bases que podrían volverlo viable. Sólo actividades específicas, como hidrocarburos, minería y agro, pueden esquivar el desastre del “orden libertario”, y lo hacen no por mérito del diseño económico, sino porque su dinámica depende de factores que exceden esa política.
Milei presenta como virtud lo que es un síntoma de debilidad. Muestra como fortaleza fiscal lo que en realidad es la licuación del gasto previsional, de los salarios públicos y de las transferencias a provincias. Exhibe como ancla antiinflacionaria lo que es el atraso del tipo de cambio y la represión de ingresos. Vende como apertura modernizadora lo que funciona como demolición de capacidades productivas. Y expone como normalización financiera lo que sigue siendo una economía con reservas netas negativas y sin acceso al crédito internacional voluntario.
Superávit dibujado y sin reservas disponibles
El publicitado superávit fiscal, núcleo del relato libertario, está construido sobre bases precarias. No surge de una reorganización virtuosa del Estado ni de una mejora de la eficiencia del gasto público. Surge, sobre todo, de la poda de partidas sensibles, del incumplimiento de obligaciones, de la motosierra sobre la inversión pública y de una licuación feroz de los ingresos.
Además, sin acumulación genuina de reservas, cualquier equilibrio es transitorio. El Banco Central sigue sin poder recomponer una posición robusta de reservas netas. Sin ese colchón, la política cambiaria queda a merced de cualquier shock externo o de cualquier cambio de humor financiero.
Milei apostó a una estrategia de atraso cambiario para desacelerar precios, con consecuencias conocidas. Entre ellas, el deterioro del entramado productivo por el ingreso creciente de importaciones. Se trata de una típica estabilización frágil, apoyada en anclas transitorias, como tantas otras experiencias del pasado que terminaron en fracaso.
La promesa de una inflación con cero adelante
El proceso de desinflación quedó trunco. Hace nueve meses que la tasa de inflación del INDEC no desciende. En lo que va de su mandato, lo que hizo Milei fue reemplazar una dinámica por otra: de una inflación alta con cierta indexación salarial a una inflación todavía elevada, pero con ingresos pisados y consumo en retroceso.
Es decir, una desinflación socialmente regresiva, sostenida sobre el sacrificio de la mayoría y no sobre una reorganización consistente de precios relativos, producción y sector externo.
La inflación oficial subestima el deterioro real y, por lo tanto, refuerza el carácter ficticio del relato. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)-DATA presentó el informe “La verdadera inflación de Milei”. Explica que “ante el interés del gobierno por ocultar la realidad y la desidia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por mostrarla, contribuimos al debate nacional haciendo el ejercicio de actualizar los ponderadores”. De este modo compararon la evolución de la inflación con tres canastas alternativas a la que utiliza el gobierno. El resultado fue el siguiente:
- Mientras la inflación oficial acumulada por el INDEC durante el gobierno de Milei fue de 280,5 por ciento, la que surge de actualizar la metodología con la encuesta 2017/18 habría ascendido a 297,9 por ciento, es decir, 17,5 puntos porcentuales más.
- Si se actualizan los ponderadores a diciembre de 2025, la inflación habría sido de 302,5%, es decir, 22,0 puntos porcentuales mayor.
El estudio también subraya que la inflación golpea relativamente más a los sectores de menores ingresos. De acuerdo a la canasta de consumo del 10% más pobre de la sociedad, la inflación que sufrieron durante el gobierno de Milei fue de 308,0%, unos 27,5 puntos porcentuales por encima de la inflación oficial que registra el INDEC.
Mientras tanto, el aparato productivo recibe el impacto de una combinación devastadora: apertura importadora, recesión, tasas de interés incompatibles con la inversión productiva y un tipo de cambio atrasado. El resultado es un proceso acelerado de desindustrialización. Las empresas no cierran porque sean ineficientes frente a un capitalismo competitivo y virtuoso. Quiebran porque enfrentan un contexto macroeconómico hostil, demanda deprimida, costos financieros elevado y competencia externa sin control.
El deterioro del mercado laboral es la contracara social de esta estrategia. Más precariedad, informalidad, changas, cuentapropismo y fragmentación ocupacional para conformar una economía familiar de subsistencia.
Modelo de concentración y disciplinamiento social
La licuación del salario real y de las jubilaciones reduce el consumo y desordena la vida cotidiana. En este marco, la promesa libertaria de prosperidad individual se revela como una coartada ideológica para legitimar un modelo de concentración del ingreso y disciplinamiento social.
La agresión de Milei contra los industriales Rocca y Madanes Quintanilla y la industria nacional en general no fue sólo un desborde. Fue la explicitación de un proyecto de país. El Presidente no busca arbitrar tensiones entre fracciones del capital para promover la acumulación y el desarrollo. Busca construir un orden dentro del poder económico, premiando a sectores financieros, energéticos y de servicios globalizados, mientras desprecia a la industria que reclama mercado interno, crédito y protección. Es una disputa al interior del establishment, no una pelea contra el establishment.
Por eso la “Argentina Week” terminó mostrando más de lo que pretendía ocultar. No mostró una lluvia de inversiones, sino una búsqueda desesperada de validación externa. No reveló cohesión oficialista, sino internas, improvisación y un liderazgo que necesita viajar, insultar y exagerar para sostener una centralidad que la economía empieza a erosionar.
El problema para Milei es que el mercado puede tolerar un tiempo el show, pero no indefinidamente la inconsistencia. Cuando faltan dólares, cuando no llegan inversiones productivas en otros sectores que no sea para la minería y el petróleo y gas, cuando los bonos dejan de subir, cuando la actividad no repunta y cuando el malestar social se expande, la retórica pierde eficacia. Más aún en un contexto mundial convulsionado por la guerra en Medio Oriente.
* Economista y periodista argentino, analista de Eldestape.web
Uruguay: construir soberanía en el patio trasero
Economiapolitica.uy
El año 2026 comenzó trágicamente. La agresión militar de EEUU a Venezuela, secuestrando a su Presidente e instalando una intervención continuada en su política interna, inició nuevos tiempos para el continente latinoamericano, prácticamente secuestrando su soberanía. En ese marco de inestabilidad y de profunda división ante el agresor, los gobiernos del continente optan por salir a vender al exterior sus recursos naturales, y los humanos que los transforman, al mejor postor, mediante acuerdos comerciales y alicientes a la inversión extranjera.
El cuarto gobierno frenteamplista, desde el comienzo de su mandato en marzo 2025, continuó la apuesta al crecimiento económico mediante la promoción de la inversión extranjera directa[i], la apertura de mercados (acuerdos con la Unión Europea y China), el manejo del dólar como política de estabilización de precios, e innovó con la localización del Impuesto Mínimo Global a las Empresas Transnacionales en la búsqueda de recursos presupuestales para financiar políticas inclusivas.
Finalmente, el Presupuesto Nacional 2025-2030 se aprobó en diciembre del año pasado, con una impronta muy diferente al gobierno multicolor anterior en lo que hace al gasto público social, destacándose la atención a la infancia y la adolescencia, la vulnerabilidad social, la salud y la seguridad. Clasificado el gasto por organismo, el 25% fue destinado a la educación pública (ANEP), 16% al INAU (Instituto del Niño y el Adolescente), 15% al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entre los más relevantes. Ello implicará un aumento del gasto público de 140 millones de dólares en 2025, que aumentaría gradualmente hasta 240 millones en 2029, dentro de un rumbo de reducción del déficit fiscal en un monto aproximado de 500 millones de dólares.
En un principio se estimó que el presupuesto se financiaría con los recursos generados por el crecimiento económico, en una suerte de derrame institucional. Pero con la constatación de una situación fiscal peor a la esperada, y en un debate sobre la pertinencia, o no, de elevar impuestos (en particular sobre la riqueza acumulada), el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) se decidió por implementar el aporte local del impuesto a la renta de empresas transnacionales que operan en nuestro país, denominado Impuesto Mínimo Global, y que de otra manera lo pagarían donde se ubican sus casas matrices. La recaudación esperada por este impuesto oscilaría entre 400 y 600 millones de dólares anuales.
El Presupuesto 2025-2029 se sostiene sobre un crecimiento económico, medido por un aumento del Producto Interno Bruto (PIB), de 12,8% entre 2025 y 2029, lo que significa una tasa de crecimiento acumulativa anual de 2,4%. Un pronóstico que duplica el resultado alcanzado en los 5 años del gobierno multicolor – 6,4% en el período y tasa anual de 1,3%. Pero lamentablemente la realidad no transcurre de acuerdo con las proyecciones.
El BCU (Banco Central del Uruguay) aún no ha publicado los resultados de la actividad económica al cierre de 2025, pero dispone de un indicador mensual, el Índice de Actividad Económica Mensual (IMAE), que ya alerta sobre un desacople con las proyecciones presupuestales: a diciembre de 2025 el PIB crece al ritmo de 1,8% promedio anual. A su vez la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU) y el Banco Mundial preveen también desempeños inferiores a los esperados, así como las encuestas de expectativas del BCU y el Índice Líder CERES, que mostramos en el cuadro adjunto. En ese marco el MEF ha disminuido sus propias expectativas, por lo cual sería importante la puesta en práctica de políticas activas sobre la utilización y asignación de los recursos humanos y materiales con que cuenta nuestro territorio, en lugar de solamente preparar el terreno para el desempeño de la inversión privada.
En este escenario el empleo ha sido, en su medición global, una variable que ha evolucionado favorablemente. De acuerdo con los Informes Técnicos del INE (Instituto Nacional de Estadística), entre diciembre y febrero 2025 (mes anterior a la asunción del Presidente Yamandú Orsi), el empleo creció 1,5%, lo que se tradujo en 25.900 puestos de trabajo adicionales. A su vez mejoró notoriamente la formalidad en dicho aumento, en la medida en que los mayores empleos sin restricciones explican casi la totalidad de la mejora en el campo laboral.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que esta característica se explica porque la mayor creación de empleo se dio en sectores donde la formalización del empleo es mayor, como la administración pública, la enseñanza, las comunicaciones y las actividades profesionales. En los sectores de la producción material (agro e industria) y en las principales actividades de servicios (comercio, transporte, restaurantes y hoteles) la disminución del empleo fue importante, lo que nos está marcando donde se está enlenteciendo la economía nacional.
La información del INE sobre el desempeño de la industria manufacturera lo confirma, pero con un detalle adicional, la pérdida de puestos de trabajo se asocia con un aumento de las horas trabajadas, revelando una extensión de la jornada laboral. La productividad aumenta por personal ocupado y por hora trabajada, pero esto no parece contemplar la disminución de competitividad que está alegando el empresariado que reduce personal abruptamente, sin notificación previa, o que cierra industrias de viernes para lunes. Los recientes casos de la tecnológica SABRE Corp. ubicada en Zonamérica, y de la Cervecería y Maltería Paysandú, que produce Norteña, de la transnacional AMBEV, son ejemplos recientes de estas situaciones.
La mejora en el empleo ha mejorado el ingreso de los hogares uruguayos en los nueves meses del gobierno presidido por Yamandú Orsi. En efecto, comparado con igual período del año anterior el aumento alcanzó un 2,6%, con un mejor guarismo en las localidades del interior del país. Para el salario, al mes de enero 2026, ya integrado el ajuste anual de enero (en promedio 3,2%), el salario real registró un aumento de 2,3% respecto a febrero 2025 (mes anterior al comienzo del actual gobierno), con especial énfasis en productos de la madera (+ 6,2%) y las telecomunicaciones en el sector privado (+6,8%), y en los gobiernos departamentales en el sector público.
En términos de poder adquisitivo también son relevantes los ajustes en el Monto no Imponible (MNI) y en las franjas del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) y del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) que se suceden a través del ajuste de su unidad de medida, la BPC (Base Prestaciones y Contribuciones). En esta ocasión se ajustó la BPC por la variación del IPC más un 20%, como lo permite la ley N° 17.856 (art.4°), regresando a los parámetros de los anteriores gobiernos frenteamplistas. De esta manera el MNI, es decir el salario líquido por debajo del cual no se paga IRPF, aumentó a $ 48.048.
Este aumento no va a tener consecuencias importantes más allá de lo que significan el IRPF y el IASS para los ingresos de trabajadores, jubilados y pensionistas. Para el caso hemos utilizado los simuladores de la DGI (Dirección General Impositiva), sobre una muestra de ingresos que para enero 2026 hemos ajustado por el aumento de la Pauta Salarial propuesta para la 11ª Ronda de Salarios, y por el aumento a los ingresos de jubilados y pensionistas, estos últimos sí ya definidos. Como podemos apreciar en el Anexo, la importancia del IRPF en el salario líquido prácticamente no varía. Lo mismo sucede con los ingresos por jubilaciones y pensiones afectados por el IASS, que para 2026 hemos ajustado en un 6%.
En conclusión, un año 2026 decisivo, con un Presupuesto votado bajo expectativas de crecimiento económico superiores a los que la realidad va dibujando, y un entorno económico con empleo superior y mayor formalidad pero en retroceso en la producción material, con ingresos salariales reales superiores a partir del ajuste de enero (en promedio 3,2%), y una política económica que continuando lo ejes centrales del modelo macroeconómico del quinquenio anterior nos sitúa en una creciente dependencia del mundo exterior, incluso en el aspecto fiscal (Impuesto Mínimo Global Complementario) y en la estabilidad de precios (dependencia del dólar). Los acuerdos Mercosur-UE y Uruguay-China pueden cambiar algo el panorama para la industria exportadora ya instalada, pero también puede aumentar nuestros grados de dependencia exterior, incluso una mayor extranjerización del sistema productivo.
Se vuelve indispensable la coordinación de políticas entre los diferentes niveles decisorios de gobierno – agro, industria, empresas públicas, transporte y obras públicas, planificación – con un ministerio de economía que “aliviane” el corsé del “país en orden”, previsible para que “el sector privado pueda tomar sus decisiones con tranquilidad”[ii], para recuperar un nivel de decisiones propias sobre el manejo y la utilización de nuestros recursos naturales y humanos, con visión estratégica en la construcción de soberanía económica. Y cuando de productividad se trate, reforzar el apoyo a los trabajadores, los verdaderos constructores del valor agregado nacional, no solamente en capacidades sino en estímulos que retribuyan y respeten su trabajo como se debe.
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política.
(**) Héctor Tajam es Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
(***) Prof. Adán Iglesias Toledo, Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
ANEXO
Notas
[i] “El objetivo de la política económica es consolidar un aumento de la tasa de inversión en relación con el PIB y reforzar la posición de Uruguay como un destino atractivo y confiable para la atracción de capitales. En esta línea, el gobierno está desarrollando diversas iniciativas orientadas a fomentar la inversión y mejorar el clima de inversiones. No obstante, adoptando un enfoque prudente, las proyecciones que sustentan la presente Ley de Presupuesto, consideran efectos reducidos para estas iniciativas”– Perspectivas Macroeconómicas Uruguay 2025-2029, Presupuesto Nacional 2025-2029.
[ii] Conferencia de prensa del ministro Gabriel Odonne el 27 de febrero pasado.
Causas, efectos y culpables de la crisis del gas en el Perú
Alejandro Narváez Liceras (*)
La actual crisis del gas y del diésel en el Perú no cayó del cielo ni puede explicarse como un simple “accidente operativo”. Lo ocurrido tras la deflagración y fuga en el sistema de transporte de hidrocarburos en Megantoni, Cusco, a inicios de marzo de 2026, ha dejado al desnudo algo más grave: un modelo energético concentrado, frágil y mal gestionado. El país descubrió, otra vez, que depende excesivamente de Camisea para mover su electricidad, abastecer GLP a millones de hogares y sostener buena parte del consumo energético urbano e industrial. Cuando una sola arteria falla, el cuerpo entero colapsa. Eso no es mala suerte, eso es mala política pública. Los culpables deben rendir cuentas.
Tres causas
El hecho detonante fue concreto. El 1 de marzo de 2026 se declaró la emergencia en el suministro de gas natural luego de la interrupción del sistema de transporte por ductos, tras una fuga y deflagración en el kilómetro 43, en Megantoni. A raíz de ello, Pluspetrol que tiene el 44.8% del consorcio Camisea paralizó la producción de GLP en Pisco y el gobierno activó medidas extraordinarias para priorizar el abastecimiento interno y administrar la escasez. Y, como era de esperar los consumidores migraron rápidamente a combustibles sustitutos (diésel y gasolinas), presionando súbitamente toda la cadena de suministro.
La primera causa estructural de la crisis es la excesiva dependencia de una sola fuente y de un solo corredor de transporte. Camisea aporta casi la mitad de la electricidad del país y abastece cerca del 70% del mercado de GLP, esencial para millones de hogares y una enorme flota vehicular. Cuando esa infraestructura se interrumpe, el impacto se propaga hacia la generación eléctrica, el GLP doméstico, el GNV y, por efecto sustitución, el diésel. En otras palabras, el Perú tiene una matriz energética que parecía eficiente en tiempos normales, pero peligrosamente vulnerable en tiempos de contingencia. La eficiencia sin resiliencia termina siendo una ilusión contable.
La segunda causa es la precariedad previsional del Estado y del sistema energético. Reuters reportó que ésta es la peor crisis energética peruana en dos décadas y que ha vuelto a poner bajo escrutinio la cancelación de proyectos alternativos de infraestructura, como el gasoducto del sur, frustrado en 2017 en medio del escándalo Odebrecht y el plan privatizador de Petroperú en curso. El tema de fondo es claro: durante 22 años las bondades de Camisea sólo beneficio a las 4 empresas del consorcio Camisea, pero no se construyó una verdadera red de redundancia (ruta alternativa). Se explotó el activo, pero no se blindó el sistema. En un país serio, la seguridad energética no se improvisa después del siniestro, se planifica antes del colapso.
La tercera causa es regulatoria y política. Apenas estalló la emergencia, los incompetentes del MINEM y el Osinergmin tuvieron que emitir resoluciones excepcionales para paliar los efectos de la crisis, flexibilizar registros y autorizar medidas transitorias. Es decir, el sistema tuvo que relajarse de manera urgente porque no estaba preparado para un evento inesperado que altero drásticamente la producción y los precios (shock de oferta). Si para enfrentar una contingencia el Estado necesita desmontar temporalmente sus propias ineficiencias, entonces el problema no es solo la avería del ducto, también es el diseño institucional que reaccionó siempre tarde y mal.
Los duros efectos
Los efectos económicos fueron inmediatos. La interrupción del gas elevó la demanda de combustibles líquidos sustitutos y disparó los precios mayoristas. Entre el 3 y el 10 de marzo, el precio mayorista del diésel de uso vehicular subió de S/12.73 a S/16.26 por galón, un alza de 27.7%. En paralelo, el GLP y los gasoholes también subieron como nunca antes. Este traslado de presión hacia el diésel golpea especialmente al transporte de carga y, por esa vía, a toda la estructura de costos de la economía. Cuando el diésel sube, el flete sube, cuando el flete sube, los alimentos, la distribución y la producción terminan pagando la factura. Y, como siempre, el consumidor final la recibe sin anestesia.
Los efectos sociales tampoco son menores. Reuters informó que el ducto afectado abastece un insumo esencial para 2.1 millones de hogares y cerca de un millón de vehículos. Las colas en grifos, la escasez de GNV, el encarecimiento del balón de gas y la presión sobre el transporte urbano no son detalles logísticos: son un golpe directo sobre la vida cotidiana, especialmente de taxistas, pequeños negocios y familias de ingresos bajos y medios. En Perú, cada crisis energética termina revelando la misma jerarquía moral del mercado: primero se protege el balance empresarial, después la estabilidad macro y al final, si sobra tiempo, se piensa en la gente.
Los culpables pasan “piola”
¿Quiénes son los culpables? En primer lugar, la responsabilidad del incidente, deflagración y fuga de gas natural en el distrito de Magantoni, Cuzco, recae directamente en la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). Pero la responsabilidad política es evidente. Culpa tiene el Estado por haber permitido que la seguridad energética dependa de un corredor demasiado expuesto. Culpa tienen los sucesivos gobiernos por no diversificar a tiempo la infraestructura ni construir una red de redundancias. Culpa tiene la clase dirigente por haber enterrado, entre corrupción y desidia, proyectos estratégicos que hoy harían menos traumática la contingencia. Culpa tienen aquellos antiperuanos que quieren vender Petroperú cuando debiera estar produciendo GLP y diésel para atender al mercado, como siempre lo ha hecho. Y, culpa tienen aquellos agentes de la cadena comercial que aprovechan el pánico para especular con la escases.
Decir que “hay stock” no resuelve la crisis. Los burócratas de Osinergmin informaron que, al 9 de marzo, los terminales del Callao contaban con inventarios suficientes de diésel B5 para atender la demanda durante la emergencia, mientras el gobierno sostuvo que existían reservas y cargamentos en tránsito. Pero una cosa es que exista combustible en terminales, y otra muy distinta es que llegue con normalidad, a precios razonables y sin distorsiones al usuario final. Entre el parte oficial y el surtidor hay un país entero de cuellos de botella, pánico, sobrecostos y oportunismo descarado.
La lección es brutal: el Perú no sufre solo una crisis del gas y del diésel, sufre una crisis de gobernanza energética. No basta con reparar el ducto y esperar que baje la tormenta. Lo indispensable es asumir que la seguridad energética es seguridad nacional (véase Narváez, 2025). Esto exige diversificación real de fuentes, redundancia en transporte, fortalecimiento de Petroperú, capacidad de almacenamiento, protocolos transparentes de contingencia y una regulación que no llegue siempre después del incendio. Mientras esto no ocurra, cada emergencia seguirá funcionando como una radiografía implacable del mismo fracaso: un país rico en recursos, pero lleno de mediocres dirigiendo sectores clave de nuestra economía.
Conclusión
La actual crisis, principalmente, del gas y del diésel en el Perú tiene un detonante técnico, pero sus raíces son estructurales: concentración, ausencia de redundancia, improvisación estatal y oportunismo comercial. Los más perjudicados no son los directorios del Consorcio Camisea, ni los burócratas que firman resoluciones de urgencia, sino los hogares pobres, trabajadores y los pequeños negocios que dependen de energía asequible para sobrevivir. El verdadero culpable no es solo la avería del ducto, es la mediocridad acumulada de un modelo energético que confunde dependencia con fortaleza. L:140326
*Doctor en Ciencias Económicas y actual profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE.
CEPAL analizará progresos y desafíos de la Agenda 2030
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acogerá en Chile la novena reunión sobre los progresos y desafíos de la Agenda 2030, cuando apenas faltan hoy cuatro años para el cumplimiento de las metas.
El encuentro tendrá lugar del 13 al 16 de abril en la sede del organismo de Naciones Unidas en esta capital y en ella participarán representantes de los gobiernos de los 33 países de la región, del sistema de la ONU y de organismos internacionales y regionales. También asistirán miembros del sector privado, de la academia y la sociedad civil.
En 2015 los Estados miembros de la ONU aprobaron un plan de acción global que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el 2030, dirigidos a promover el bienestar de las personas, proteger el planeta y fomentar la prosperidad. Dentro de los ODS figuran el fin de la pobreza y el hambre, acceso a la salud y educación de calidad, igualdad de género y empleo decente.
En el encuentro se examinarán en particular los ODS referidos a agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para lograr los Objetivos, precisó la Cepal.
El evento será precedido por una reunión del mecanismo de participación de la sociedad civil y por el Foro de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes de América Latina y el Caribe. Durante la presentación del informe anterior, en 2025, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, declaró que, a pocos años del cumplimiento de las metas, el avance no es el que se esperaba.
Salazar-Xirinachs advirtió entonces sobre el bajo crecimiento de las economías y el comercio, los choques geopolíticos, el surgimiento de tendencias proteccionistas, las guerras comerciales y los fenómenos climáticos extremos. “Este es el desafiante contexto en que los países deben encontrar fórmulas de acelerar el cumplimiento de los ODS”, afirmó entonces.
Lula: fortalecer la integración y expandir el comercio con Bolivia
El presidente Lula recibió el lunes en Brasilia al presidente boliviano Rodrigo Paz, en la que fue su primera visita oficial a Brasil. Ambos mandatarios buscan una relación bilateral pragmática y planean firmar cinco acuerdos estratégicos.
Lula prometió a Rodrigo Paz fortalecer los vínculos terrestres y fluviales con Bolivia para expandir el comercio. Lula lamentó que el comercio bilateral esté «por debajo de su potencial» y que su valor haya disminuido en la última década, pasando de 5.500 millones de dólares en 2013 a tan solo 2.600 millones en 2025. «Debemos actuar, y actuar con firmeza, para revertir esta situación», declaró durante una conferencia de prensa junto a Paz en el Palacio Presidencial de Brasilia. En cuanto a la seguridad, Lula afirmó que otro acuerdo firmado durante la visita de Paz «renueva» el compromiso de combatir el crimen organizado a ambos lados de la frontera, lo que permitirá una «mayor coordinación».
Paz fue elegida en octubre de 2026 y marcó un giro a la derecha tras 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia.
Puerto de Santos / China vs. Estados Unidos
Un diplomático estadounidense informó a ejecutivos del sector portuario brasileño que Washington no desea que una empresa china obtenga la concesión para una importante terminal de contenedores en Santos, el puerto más grande de Latinoamérica. Esta declaración es una señal más de que la disputa por uno de los activos de infraestructura más valiosos de Brasil se ha convertido en un campo de batalla dentro de la rivalidad entre Washington y Pekín.
Kevin Murakami, cónsul general de Estados Unidos en São Paulo, hizo estos comentarios el 5 de marzo en un evento organizado por Grupo A Tribuna, un grupo de medios con sede en la ciudad portuaria de Santos. Según el periódico Folha de S.Paulo, tres ejecutivos presentes afirmaron que Murakami les dijo a los asistentes que la terminal tenía una importancia estratégica para Estados Unidos, particularmente en relación con el crimen organizado. Esta parte de su discurso era previsible.
Panorama internacional
Los aranceles de Trump marean el comercio y hacen caer empleo
Jomo Kwame Sundaram y K Kuhaneetha Bai
El presidente Donald Trump ha sacudido la economía mundial y el imperio del derecho internacional en el primer año de su segundo mandato, aparentemente con el objetivo de devolver la grandeza a Estados Unidos, en particular mediante la reactivación de los puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense. Pero esa estrategía se le está volviendo en contra.
El presidente ha asumido la autoridad del Congreso de los Estados Unidos para declarar la guerra, imponer impuestos, firmar tratados, establecer presupuestos, regular las relaciones entre el gobierno federal y los estados, y mucho más.
Aranceles para aquí y para allá
Los aranceles del 2 de abril de 2025, que Trump calificó como el Día de la Liberación, eran aparentemente su principal medio para generar empleo en el sector manufacturero. Cuando el la Corte Suprema de Estados Unidos consideró ilegales esos aranceles el 20 de febrero, Trump respondió imponiendo un arancel líneal de 10 % a todas las importaciones, ¡que al día siguiente subió al 15 % y luego volvió a bajar a 10 %!
Los aranceles son un medio contundente, en general, para reactivar los puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense, insistió. Pero esa política parte del supuesto de que los puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense se han perdido principalmente debido a lo que la Casa Blanca considera una competencia «desleal» de las importaciones baratas.
Sin duda, las empresas estadounidenses y otras transnacionales han trasladado la producción y, en general, han recurrido a importaciones del extranjero para reducir los costes de importación. Se supone que la imposición de aranceles a los productos importados para aumentar sus precios induce a los fabricantes a trasladar la producción y los puestos de trabajo a Estados Unidos.
Se impusieron aranceles más elevados a los países con mayores superávits comerciales de bienes con Estados Unidos. Esto ignora la balanza comercial de servicios, generalmente más favorable para Estados Unidos. Las amenazas arancelarias se encuentran ahora entre las armas o medios de coacción económica preferidos por la administración Trump, incluidas las sanciones, para promover y asegurar sus intereses.
Ingresos
El presidente reclamó al Tesoro miles de millones de dólares en ingresos adicionales por aranceles a los exportadores extranjeros para financiar su enorme aumento del gasto militar. Pero solo se recaudaron 264 000 millones de dólares durante el primer año de la administración llamada Trump 2.0, una cifra muy superior a la anterior, pero aún inferior a 1 % de la deuda federal estadounidense.
Los ingresos por aranceles alcanzaron su máximo en octubre de 2025, con 31 350 millones de dólares, muy por debajo de las expectativas, meses antes de la decisión del Tribunal Supremo.
El Instituto Kiel para la Economía Mundial descubrió que solo 4 % de los aranceles fueron «absorbidos» por los exportadores extranjeros, que perdieron parte de sus ingresos por exportaciones. Los importadores estadounidenses pagaron 96 % restante de los 264 000 millones de dólares en aranceles, lo que debilitó el impacto de los recortes fiscales de Trump a las empresas.
Pero los aranceles de Trump no han reducido el déficit comercial de Estados Unidos, ni siquiera en el caso de los productos manufacturados, que aumentó hasta alcanzar el billón de dólares en 2025, ya que las importaciones, por valor de 3,15 billones (millones de millones) de dólares, superaron a las exportaciones, por valor de 2,15 billones de dólares.
Aunque las tasas de interés de las hipotecas y los préstamos no han bajado, la inflación continúa. Los ingresos adicionales por aranceles ni siquiera habrían cubierto el presupuesto militar adicional que Trump ha prometido.
El Congreso legislativo podría haber recuperado su autoridad arancelaria, aunque la actual Cámara de Representantes, dominada por Trump, no lo ha intentado. Pero con las elecciones de mitad de mandato de noviembre a la vuelta de la esquina, Forbes informó de que el índice de desaprobación del presidente subió a 55 % a mediados de febrero, ya que cada vez son menos los que confían en que su administración dé prioridad a la reducción de la inflación.
Financiarización
La deuda federal de Estados Unidos, de alrededor de 39 mi millones de dólares, requiere ahora más de un billón de dólares en servicio de la deuda anual del presupuesto anual de siete billones de dólares. Con un crecimiento anual de entre 1,5 y 2 billones de dólares, esta deuda impagable se está «renovando» con vencimientos cada vez más cortos. Los fondos de cobertura poseen ahora 27 % de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que los extranjeros, que poseían la mitad en 2015, solo tienen ahora 30 %.
Los acuerdos de recompra de bonos del Tesoro, o repos, proporcionan alrededor de 4 billones de dólares diarios en financiación para la especulación con derivados. Otra crisis financiera podría acabar con muchos más billones de «valor» a menudo dudoso.
Mientras que la economía estadounidense, el empleo productivo y la financiación de la investigación disminuyen, varias burbujas de deuda impagable están creciendo rápidamente. Peor aún, las llamadas monedas estables y criptomonedas se han infiltrado en los mercados financieros.
Mientras tanto, algunas tasas de morosidad hipotecaria en Estados Unidos han alcanzado niveles peores que en 2007-2008. A finales de 2025, las agencias de noticias financieras publicaban informes ominosos sobre las vulnerabilidades financieras. Cientos de miles de millones de inversiones prometidas, obtenidas de otras naciones mediante aranceles y otras amenazas, se invertirán en los mercados de activos financieros estadounidenses, pero poco de esto creará puestos de trabajo en el sector manufacturero.
El regreso de la industria manufacturera
Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera una vez más, líder mundial en tecnología, potencia informática y armamento militar. Pero China lidera muchas, si no la mayoría, de las áreas de avance tecnológico reciente.
El reputado economista estadounidense Dean Baker observó un debilitamiento del mercado laboral estadounidense durante el primer año de Trump 2.0. En general, el crecimiento del empleo en el sector manufacturero disminuyó con respecto al último año de su antecesor, Joe Biden.
Los puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense llevan mucho tiempo amenazados por la globalización de las empresas transnacionales y los cambios técnicos que ahorran mano de obra, especialmente la automatización.
La política estadounidense de las últimas décadas ha dejado en manos del sector privado la responsabilidad de garantizar el liderazgo y el progreso de la tecnología industrial estadounidense. Mientras tanto, problemas como la deficiente infraestructura siguen sin resolverse.
Los aranceles de Trump y sus vaivenes también pueden reducir inadvertidamente los puestos de trabajo en Estados Unidos. Muchos procesos industriales requieren piezas importadas, y los aranceles resultan perjudiciales.
Las políticas de Trump no han creado suficientes puestos de trabajo en el sector manufacturero. El presidente despidió al jefe de estadísticas de su Departamento de Trabajo a mediados de 2025 por no informar de un crecimiento suficiente del empleo. No obstante, solo informó de 584 000 nuevos puestos de trabajo netos para todo 2025, en comparación con los 1,6 millones de 2024, para una población activa estadounidense de 165 millones.
El diario The Wall Street Journal señaló: «El auge de la industria manufacturera que prometió el presidente Trump… está revirtiéndose». La administración de Trump aún podría utilizar el fallo de la Corte Suprema para cambiar su estrategia de «hacer grande a Estados Unidos otra vez», aprendiendo mejor de la historia económica del país y adoptando un enfoque más pragmático.
Pero, hasta ahora, parece poco probable que lo haga.
*Kwame Sundaram, antiguo secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico. K Kuhaneetha Bai, investigadora sobre políticas públicas en el Instituto de Investigación Khazanah de Malasia.
Crisis petroleras, agitación… y la solución que siguen ignorando
Andrew Firmin *
Una vez más, los precios mundiales del petróleo se están disparando, impulsados por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Con Teherán tomando la represalia de atacar infraestructuras y nudos del transporte y bloquear el estrecho de Ormuz.
Por ese estrrecho pasa una quinta parte del petróleo mundial, con lo que el suministro de petróleo de la región se está viendo estrangulado, lo que empuja al alza los precios.
El coste del barril de crudo brent —el referente internacional para los precios del petróleo— se situaba en 73 dólares antes del conflicto el 28 de febrero, pero desde entonces ha superado los 100 dólares y podría seguir subiendo a medida que la guerra continúe.
Las repercusiones ya se están dejando sentir cuando los conductores repostan sus vehículos de gasolina y diésel. Pero su alcance es mucho mayor. Probablemente se traduzca en facturas de energía más elevadas para los hogares, mientras que las empresas repercutirán sus mayores costes en forma de precios más altos.
La invasión a gran escala de Rusia de Ucrania en febrero de 2022 disparó los precios del petróleo y desencadenó una crisis mundial del coste de la vida, y ahora, cuando muchas economías parecían estar recuperándose, la guerra en el Golfo ha supuesto otra sacudida.
Las repercusiones podrían ser tanto políticas como financieras: en numerosos países, la crisis del coste de la vida contribuyó a empujar a los votantes hacia políticos populistas de derecha y nacionalistas. En los últimos años han estallado protestas encabezadas por la generación Z en países de todo el mundo, alimentadas en parte por la ira de los jóvenes ante el deterioro de las economías.
En un mundo cada vez más caracterizado por el conflicto y en el que los Estados poderosos hacen caso omiso de las normas internacionales en pos de sus intereses materiales, parecen inevitables más crisis petroleras y grandes repercusiones económicas y políticas.
Los gobiernos suelen reaccionar con políticas económicas que no protegen a los más desfavorecidos y respondiendo al malestar político con represión.
Deberían plantearse otra vía.
El mundo seguirá siendo vulnerable a las crisis de los precios del petróleo solo mientras siga dependiendo de este. La crisis climática exige un rápido alejamiento de la dependencia de los combustibles fósiles para mitigar los peores efectos del calentamiento global. Cada vez más, esto también debería considerarse una cuestión de seguridad económica y política.
Se han dado algunos pasos en la dirección correcta. Las energías renovables proporcionan ahora más del 30 % de la electricidad mundial. Las inversiones en energías renovables superan en más del doble a las realizadas en combustibles fósiles. Pero las empresas de combustibles fósiles tienen un poder inmenso y están decididas a no renunciar a él.
Esto quedó reflejado en el hecho de que 1.600 lobistas de los combustibles fósiles asistieran a la última cumbre mundial sobre el clima, la 30 Conferencia de las Partes (COP30), celebrada en Brasil en octubre, y lograran impedir cualquier nuevo compromiso para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.
Su poder quedó también patente en la demanda que una empresa petrolera interpuso contra Greenpeace, lo que dio lugar a un juicio muy criticado en el estado estadounidense de Dakota del Norte, en el que la organización ambientalista se enfrentaba a una condena de 345 millones de dólares por daños y perjuicios.
Su influencia se había reafirmado ya la victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2024, tras una campaña en la que las empresas de combustibles fósiles aportaron 450 millones de dólares en donaciones a Trump y a sus aliados, y fueron recompensadas con la intervención estadounidense en Venezuela, el 3 de enero.
Las empresas de combustibles fósiles están decididas a frenar la ola de las energías renovables durante el mayor tiempo posible, porque cada día de retraso es otro día de beneficios, aunque cada fracción de grado de aumento de la temperatura suponga un sufrimiento evitable para millones de personas. El retraso es la nueva negación del cambio climático.
Como señala el último Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil, sus organizaciones están trabajando para marcar la diferencia, instando a los gobiernos a acelerar la transición y pidiendo a los Estados del Norte global que pongan a disposición de los Estados del Sur global fondos para descarbonizarse y adaptarse a los impactos climáticos.
La sociedad civil está sacando a la luz la devastación medioambiental causada por la extracción y la
complicidad de las empresas de combustibles fósiles en los abusos contra los derechos humanos. Sus estrategias incluyen la defensa de causas, campañas públicas, protestas, acciones directas y, cada vez más, litigios.
En 2025, los juicios climáticos lograron grandes éxitos.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un dictamen consultivo sin precedentes en el que dictaminó que los Estados tienen la obligación legal de prevenir el daño ambiental, lo que les exige mitigar las emisiones y adaptarse al cambio climático.
Esta victoria tuvo su origen en la sociedad civil: en 2019, grupos de estudiantes de ocho
países formaron la red Pacific Islands Students Fighting Climate Change para persuadir a sus gobiernos de que solicitaran un dictamen de la CIJ.
Tras una amplia participación de la sociedad civil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo similar. Mientras, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene previsto emitir su opinión consultiva a raíz de una petición presentada por la Plataforma Africana por el Clima, una coalición de la sociedad civil.
Estas sentencias pueden parecer simbólicas, pero refuerzan los esfuerzos a nivel nacional para exigir responsabilidades a los Estados y las empresas.
Estos también han dado sus frutos recientemente. En 2025, dos grupos sudafricanos detuvieron un proyecto petrolero en alta mar después de que un tribunal determinara que sus evaluaciones ambientales eran profundamente deficientes.
Se avecinan más litigios, incluso en Nueva Zelanda, donde la sociedad civil ha presentado una demanda después de que el gobierno debilitara su plan de reducción de emisiones.
Pero la sociedad civil se enfrenta a una reacción violenta.
En todo el mundo, los activistas climáticos y medioambientales y sus aliados, los indígenas y los
defensores de los derechos sobre la tierra, sufren una severa represión por parte del Estado y las empresas.
El año pasado en Uganda, las autoridades detuvieron a 11 activistas por protestar contra la construcción del oleoducto de crudo de África oriental.
En Perú, la policía utilizó gases lacrimógenos y armas no letales contra personas que bloqueaban una
carretera para protestar contra una mina. Mientras, en Camboya, cinco jóvenes activistas del grupo ecologista Mother Nature llevan en prisión desde julio de 2024.
El Gobierno francés ha vilipendiado repetidamente a los defensores del medioambiente y ha desplegado violencia policial contra las protestas, mientras que el año pasado el gobierno alemán inició una investigación sobre la financiación pública de los grupos ecologistas y el parlamento neerlandés aprobó una moción condenando a la organización Extinction Rebellion e instando a que se le retirara su exención fiscal.
A medida que las últimas sacudidas del precio del petróleo repercuten en la economía mundial, los gobiernos deberían aprender la lección.
Mientras las economías se vayan deteriorando por la nueva crisis, la tentación será decir que la transición energética es un lujo, algo que puede posponerse aún más.
Se trata de una lección errónea: investigaciones recientes en el Reino Unido sugieren que el coste de alcanzar el cero neto será aproximadamente el mismo que el coste de otra crisis del precio del petróleo.
La seguridad económica y política reside en acabar con la dependencia de los combustibles fósiles lo antes posible. Para aprender las lecciones correctas, los gobiernos deberían dejar de reprimir el activismo climático y, en su lugar, escuchar y colaborar con la sociedad civil.
*Redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.