Honduras vuelve al CIADI: el retorno de las ZEDES

El Gobierno de Nasry Asfura oficializó su adhesión de nuevo al Convenio del Centro Internacional  de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, del Banco Mundial, después de aceptarse su vigencia en el país en 1989.

En febrero de 2024, el Gobierno de Xiomara Castro decidió retirarse de dicho mecanismo (efectivo a partir de agosto de 2024), en tanto favorecía a empresas transnacionales con demandas millonarias que impactaban negativamente en las finanzas públicas, en una economía con bajo ritmo de crecimiento del PIB, deuda en ascenso, inestabilidad exportable y poca captación de inversión externa.

Pero, lo más destacable, es la socavación de las bases de la soberanía nacional, al permitirse la vigencia de un Estado dentro de otro Estado, o sea espacios para inversiones extranjeras (un enclave moderno) con control total del territorio, con leyes y autoridades distintas a las que manda la Constitución de la República. Este es el caso de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), aprobadas en un Gobierno nacionalista, pero declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Xiomara Castro.[1]

Frente a esta decisión soberana, directivos de las empresas demandaron al Estado hondureño al derogarse las ZEDES. Un caso especial es la de Honduras Próspera, una empresa multinacional,  con una demanda de más de 10,000 mil millones de dólares en CIADI.

“La demanda más costosa en contra de Honduras ha sido interpuesta para tratar de contener los esfuerzos de la actual administración de desmontar el andamiaje normativo que dio vida a las ZEDES después del golpe de Estado. El grupo de inversionistas estadounidenses representado por Honduras Próspera Inc. y otros, reclama 10.775 millones de dólares, equivalente a casi tres veces el Plan de Inversión Pública aprobado para 2024. Próspera no cumple los requisitos legales para desarrollar una ZEDE, pero aun así ha interpuesto esta demanda para presionar al Gobierno a que permita su existencia.[2]

Esta demanda, según la Procuraduría General de la República (PGR), fue interpuesta por la Empresa como respuesta a la sentencia de fecha 20-9-2024  de la Corte Suprema de Justicia donde se declara que las ZEDES son inconstitucionales. Sin embargo, un mes antes de las elecciones generales de noviembre de 2025, la PGR recibió comunicación de la empresa donde se reduce el monto de la demanda a 1.630 millones de dólares, que demuestra la buena fe de seguir invirtiendo en Honduras y no enfrentar juicios internacionales por la vía del arbitraje.

Para la PGR sólo demuestra su sólida defensa en los argumentos en contra de violaciones a la Constitución y “cercenamiento” de  la soberanía nacional, protegiendo el Estado de Honduras las inversiones realizadas. [3] Esto es, Honduras no se opone a la realización de inversiones, siempre y cuando no sean violatorias de la Constitución.

El argumento de la empresa es que Honduras con las disposiciones y resoluciones tomadas por el Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia ha violado compromisos previos y normativa del RD-CAFTA, por lo que la empresa no tiene impedimento para seguir invirtiendo en el país, tal como lo viene haciendo después de la resolución de la Corte Suprema, amparada en el Tratado Comercial y Convenio de Estabilidad de 50 años.

No hay duda que los directivos de la empresa le apostaron a los candidatos del bipartidismo en las elecciones pasadas, donde, a no dudarlo, autoridades del Gobierno y la mayoría de sus diputados estarían a favor de restituir la legislación que les da soporte a las empresas creadas bajo este régimen. A ello se suma, el “debilitamiento” de las facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y amenaza de juicio político para su destitución por miembros de la junta directiva y diputados del Congreso Nacional.

El alineamiento de los “astros” agrega el nombramiento de un nuevo Procurador General con amplios poderes y a favor de esta política de apertura a la inversión sin valorar los costos para el país y ciudadanía, y de un presidente de la República favorable a la política comercial de Donald Trump para la región y de inversiones de empresas “gringas “en las ZEDES, siendo la ZEDE Próspera el modelo a seguir. Se suma la captura de nuevo de la prensa mediática que, a no dudarlo, apoyaría la vuelta al régimen de ZEDES.

Con la vuelta al CIADI, personal de organismos de financiamiento externo  muestran su complacencia. Para el  “presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, “la inversión sigue a la confianza. Cuando los inversionistas saben que las reglas son claras y que los contratos serán respetados, están mucho más dispuestos a poner el capital a trabajar” (….) También subrayó que la firma del convenio envía una señal clara de que Honduras está abierta a los negocios y comprometida con la creación de las condiciones para que crezcan la inversión privada y, en última instancia, el empleo”.[4]

No obstante,  hay poca referencia a la forma o mecanismos seguidos en el país para permitir  que se puedan concretar inversiones externas claramente violatorias de la Constitución de la República y de Convenios Internacionales como en el caso de proyectos mineros e hidroeléctricos. En el caso de las ZEDES, la primera legislación se aprobó con la “diarrea” de leyes del Congreso Nacional en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y en aquellos de tipo “extractivo”, se vulgarizó el concepto de autonomía municipal y los mecanismos de consulta y participación ciudadana. Ello supone que, al “restituirse”  la legislación a favor de las ZEDES, y aprobarse nuevos proyectos extractivos, estos organismos no manifiesten preocupación alguna[5].

Hay una apuesta clara del Gobierno de la República por atraer Inversión Extranjera y la generación de empleos de mala calidad, aun cuando Honduras dista mucha de países latinoamericanos con ambientes o entornos favorables para la inversión. La Empresa Privada exige seguridad jurídica, aprobación de ley de empleo por hora, seguridad interna y servicios públicos “eficientes” prestados no por el Estado, sino por operadores privados.  El rezago incluye una institucionalidad corrupta, avances poco visibles en democracia “tutelada”, órganos de justicia penetrados por narcotráfico, maras y pandillas, pero, ante todo, una sociedad viviendo en inseguridad y pobreza diaria sin acceso a recursos y activos productivos.

En el último periodo del Gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2021), el promedio anual del monto de  Inversión Extranjera Directa (IED) captado fue de 710.6 millones de dólares, donde el Covid-19 fue uno de los factores explicativos, sumado a los problemas de arrastre como la corrupción e inseguridad. Este monto aumentó en el Gobierno de Xiomara Castro (2022-2025), a 968.25 millones de dólares, o sea en 36.21%.

No obstante, una constante observada es que,  la mayor IED captada, proviene de reinversión de utilidades. La no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en el Gobierno anterior, dejó intacto el régimen de incentivos y exoneraciones otorgados por el Estado a las empresas, por lo que es de esperar que los incentivos complementarios con el régimen de las ZEDES se restituyan, especialmente permitir la conformación de enclaves con gobiernos propios dentro de los territorios.

Es de esperar que la oposición a las ZEDES provenga del partido LIBRE, sea en el Congreso o Corte Suprema de Justicia. En las calles, sobre todo en los territorios, la oposición vendrá -de nuevo- del movimiento ambientalista       y ONG. Un problema evidente es que varias de estas organizaciones no cuentan con personería jurídica, y operan bajo la modalidad de la auto/organización voluntaria sin apoyo de recursos del Gobierno o externos, necesarios para volver a la lucha y sostenerse. La esperanza, para gran parte de los ciudadanos de Roatán, donde opera la ZEDES “Prospera”, considerado un país libertario, está puesta en su alcalde, Ron McNab, que fue reelecto como candidato del partido liberal, pero es poco probable que vaya en contra de la alianza bipartidista en el Congreso Nacional.

Notas:

[1] En el mes de abril de 2022 y cumpliendo una promesa de campaña de la Presidenta Xiomara Castro, el Congreso Nacional con el voto de los 128 diputados, derogó las ZEDES por considerarlas vilatoratorias de la soberanía nacional y  Constitución de la República, incluyendo artículos pétreos. Esta derogación debió ser ratificada en la legislación siguiente (2023), pero diputados de los partidos tradicionales se reusaron a ello, quedando la vía de la inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia.

[2]Ver Informe Resumen “Inversiones Mafiosas en  Honduras”. Instituto de Estudios Políticos-Proyecto de Minería y Comercio (IPS), ed-al, Septiembre de 2024, pág. 9.

[3]Ver Nota de Prensa PGR, 22 de octubre de 2025.

[4]Citado por dinero.hn. 6  de marzo de 2026.

[5]Hay autorización del Gobierno de Nasry Asfura para que en un trabajo y colaboración  conjunta entre la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC) y la Secretaria del Ambiente, se destrabe el otorgamiento de licencias ambientales que tienen paralizada-supuestamente- una inversión de 4,000 millones de dólares para la zona norte. Es la modalidad de licencias exprés que, al parecer, en agosto de 2025, el Congreso Nacional pretendía aprobar.