Argentina. El que las hace las paga: multiplicar el caso Massera

Betina Stein

En pocos días se cumplirán 50 años del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar más cruenta de la historia argentina. La llamada “bicicleta financiera” no fue un daño colateral: fue el objetivo central del modelo, por lo que precisaba de una fuerte represión sobre quienes lo resistirían. Y eso fue lo que hicieron. Secuestraron personas, las hacinaron en centros clandestinos, las torturaron. Robaron bebes nacidos en cautiverio. Arrojaron prisioneros vivos al Río de la Plata. La enumeración no alcanza a describir la magnitud del horror.

Uno de los casos paradigmáticos fue el de la familia Tarnopolsky. Daniel Tarnopolsky tenía 18 años cuando toda su familia, constituida por sus padres -Blanca de 48 años y Hugo de 50- y sus dos hermanos —Sergio, de 21 años, y Betina, de 15— fueron secuestrados por el Grupo de Tareas 3.3.2 y conducidos a la ESMA, feudo de Emilio Eduardo Massera. Nunca más se supo de ellos. Daniel fue el único sobreviviente de la familia.

En 1987, Daniel Tarnopolsky en su búsqueda de justicia, se interesó por un resquicio que ni las corporaciones ni esas leyes podían bloquear: una demanda civil reclamando directamente del genocida Massera la reparación económica de los perjuicios morales y materiales que había sufrido como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, del que el genocida era principal artífice. La mayoría de las opiniones jurídicas consultadas sobre la viabilidad de la demanda eran adversas. Sostenían que la acción estaba prescripta. Que no prosperaría. Daniel igual decidió seguir adelante y demandar al Estado y a Massera.

La sentencia dictada por el Juez Garzón Funes en el año 1994 le dio la razón: declaró que la acción civil estaba vigente y que Massera era responsable del sufrimiento de Daniel, debiendo indemnizarlo. Eso enfureció a Massera. Recién entonces empezó a preocuparle el juicio. Apeló, y la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a favor de Daniel Tarnopolsky en el año 1996. Tres años después, el 31 de agosto de 1999, lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo fue más que una reparación económica. Sentó un precedente de suma importancia: la responsabilidad directa y personal del funcionario público por los hechos cometidos con motivo y en ocasión del ejercicio de su cargo.

Massera era un funcionario en la cúspide del Estado, miembro de la Junta Militar que ejerció el poder. Y la sentencia de la Corte Suprema estableció que esa investidura no lo protegía: lo obligaba personalmente. El fallo proclamó algo disruptivo para su tiempo: que los crímenes de lesa humanidad no sólo generan responsabilidad penal, sino también responsabilidad patrimonial personal del funcionario que los ordena y ejecuta.

Pero hubo algo más: la acción la promovió un ciudadano común. Daniel Tarnopolsky utilizó las herramientas del derecho para exigir al propio arquitecto del aparato represivo, la reparación civil de los daños morales y materiales que había sufrido como consecuencia de ese accionar.

Ese gesto judicial tuvo una proyección que excedió el propio caso: mostró que la víctima puede convertirse en sujeto activo de justicia y que no sólo el Estado responde en estos casos. Incluso, el más alto funcionario puede ser llamado a responder con su propio patrimonio por el daño irreparable causado. Una verdadera afirmación histórica del principio de que todos debemos ser iguales ante la ley. Aún los más poderosos.

Frente a la reticencia de Massera a pagar, se pidió su quiebra y la quiebra fue decretada. Faltando muy pocos días para el remate judicial del departamento en que vivía en la Avenida Libertador, símbolo de privilegio e impunidad, Massera tuvo que pagar hasta el último peso de la condena para evitar perderlo. Cuando a Massera lo obligaron a pagar de su propio bolsillo se quebró una lógica histórica según la cual cualquier ilegalidad cometida en ejercicio de un cargo público era (es) gratis para el responsable directo del hecho.

La Justicia civil colocó al hombre que había administrado el terror en el lugar más inesperado: el de deudor vencido. Fue una obligación impuesta por una sentencia: la fuerza de la ley imponiéndose sobre quien se había creído por encima de ella.

El que las hace las paga. Así de literal.

Hoy gobiernan sectores abiertamente negacioncitas que no sólo intentan desacreditar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Además, deslizan la posibilidad de un indulto a los genocidas condenados. El Código Civil y Comercial declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad en el art 2560. Todo ello en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es una cláusula técnica: es una definición ética del orden jurídico.

Los juicios civiles como el que Daniel Tarnopolsky le ganó a Massera están vigentes. Son imprescriptibles. Siguen abiertos para todas las víctimas. El desafío entonces en este aniversario es trasmitir a las generaciones que no vivieron la dictadura, que los juicios penales y civiles son herramientas políticas y éticas para impedir que el horror vuelva a presentarse como solución.

• Ex directora del Banco Central. Abogada de Daniel Tarnopolsky.