Chile: Ante el peligro de la impunidad

Las designaciones de quienes serán los principales colaboradores del gobierno de José Antonio Kast nos auguran el pobre papel que jugarán los partidos de derecha en su gestión presidencial. Es evidente que el nuevo mandatario se ha permitido nombrar a un buen número de independientes o no militantes en su gabinete ministerial, en las subsecretarías y en toda esa amplia gama de cargos de su confianza.

Con muy pocas excepciones, todos estos fueron integrantes o adherentes dilectos de la Dictadura Militar y no cesan de reconocer el valioso legado de Pinochet especialmente en materia económica. Incluso en esta materia sus opiniones han sido avaladas por las de algunos dirigentes de la Democracia Cristiana, como el economista y ex ministro Alejandro Foxley y algunos como el analista Eugenio Tironi, que militara en el Partido Mapu y que ha llegado a afirmar que la obra del Dictador bien podría considerarse como revolucionaria.

En todos estos nombramientos no se aprecia que se trate de personas que siquiera condenen los atentados contra los Derechos Humanos cometidos en esos 17 años de interdicción ciudadana. Por el contrario, algunos de estos, como el propio Kast, hasta se han ufanado de su amistad con algunos de los peores asesinos y torturadores que cumplen penas de más de cien años de presidio en el penal de punta Peuco.

Respecto de los cuales no han faltado los partidarios de indultarlos por “razones humanitarias”, aunque ninguno de estos condenados haya reconocido sus tenebrosos delitos y colaborado en esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos. Revisar las imágenes de quienes viajaron y protestaron en Londres por la detención del Dictador es encontrarse con muchos de sus fervientes partidarios, a punto de arribar a La Moneda y el Parlamento.

No sería extraño que durante los años de la nueva administración se implementen medidas, al menos, para que estos condenados puedan cumplir sus sentencian en sus hogares sin arrepentimiento alguno por los crímenes realizados bajo el terrorismo de estado. Es más: entre estos y en varios miembros de nuevo equipo gobernante hay quienes hasta hoy justifican como necesarios o inevitables los “excesos” cometidos por el régimen cívico militar.

En relación a esto es que algunos reos rematados de esta cárcel de máxima seguridad han iniciado una huelga de hambre para reclamar por el deterioro de sus condiciones de la vida dentro de un penal que a todas luces son mucho mejores que las de los 65 mil presos comunes a lo largo del país. Gozando todavía de privilegios que, como militares, les fueran otorgados por los gobiernos de la pos dictadura.

Este será, muy probablemente, uno de los temas que encrispen las relaciones entre el Gobierno y la nueva oposición, ante cuyos despropósitos deben estar vigilantes las organizaciones de Derechos Humanos de Chile y del mundo. Pero mucho se teme, además, que el gobierno venidero rebaje o corte los presupuestos fiscales destinados al Museo de la Memoria y a un conjunto de sitios que conmemoran el horror sufrido en nuestro país por los miles de disidentes y opositores del pinochetismo.

Cuando, a la luz de las graves transgresiones del nacismo, países como Alemania mantienen los campos de concentración y exterminio como un recurso fundamental en la reparación de las víctimas, como en el propósito de que “nunca más” vuelvan a repetirse estos trágicos episodios.

Todos sabemos que en Chile no ha habido plena justicia, esclarecimiento de la verdad, ni condenas ejemplares respecto de lo que fue la represión y el magnicidio de Salvador Allende en 1973. Son muchos los delitos que ni siquiera llegaron a los Tribunales, siguen pendientes de sentencias, así como todavía incumplida la justa reparación. Algo que se favorece mucho con la impunidad propiciada por la derecha, especialmente en sus vertientes más extremas como las representadas por Kast y su Partido Republicano.

Sin embargo, es justo abrigar alguna esperanza en que, una vez en el gobierno de la nación, sus autoridades les den continuidad a los esfuerzos de justicia y reparación que, insistimos, son muy discretos respecto de la magnitud de lo acontecido.Pero la oposición y las organizaciones sociales que velan por la dignidad de los pueblos deberán activarse para el cumplimiento de sus demandas respecto de los Derechos Humanos, además de representar las reivindicaciones políticas, económicas y sociales.

En efecto, también se violan los Derechos Humanos con la crítica ausencia de viviendas, las largas listas de espera de la salud, la inequidad que entrañan las políticas neoliberales y el desvanecimiento de nuestra soberanía nacional ante la hegemonía imperial.

Cuando ya se comprueba la actitud servil demostrada ante el gobierno dictatorial de Donald Trump, el más feroz violador de los derechos de los pueblos a su autonomía y libre determinación.

* Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa.