Trump y la soberanía amputada

Como ha recordado el politólogo ruso Aleksandr Duguin en estos días: el derecho internacional es un tratado entre las grandes potencias capaces de defender su soberanía en la práctica. Son ellas las que determinan las reglas para sí mismas y para todos los demás: lo que está permitido y lo que está prohibido. En la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos, el corolario Trump a la Doctrina Monroe, lo exhibe sin ambages.

En la década de 1930, el derecho internacional −cuya última versión fueron los acuerdos de Versalles y las normas de la Sociedad de Naciones− se derrumbó y sobrevino la Segunda Guerra Mundial, como la culminación del enfrentamiento entre las ideologías del poder del liberalismo, el fascismo y el comunismo, que condujo a la abolición de uno de los polos: el nacionalsocialismo europeo.

En 1945 la Organización de Naciones Unidas se creó como base de un nuevo sistema de derecho internacional fundado en el reconocimiento de la soberanía de los Estados, aunque en realidad estaba regido por el equilibrio de poder (o la correlación de fuerzas) entre los vencedores de la conflagración mundial. Formalmente, se reconocía la soberanía nacional, pero en la práctica, no era así. El principio westfaliano se mantuvo nominalmente. En realidad, todo se decidía mediante el equilibrio de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos y sus satélites.

En 1989 el bloque del Este comenzó a desmoronarse con el colapso de la URSS, que en 1991 se desintegró. Antiguos países socialistas adoptaron la ideología de su adversario de la guerra fría y comenzó el mundo unipolar. Quedó una autoridad soberana, que se convirtió en global: Estados Unidos (o el Occidente colectivo). Una ideología, una fuerza. Capitalismo, liberalismo, OTAN.

El principio de la soberanía del Estado-nación y la propia ONU se convirtieron en una reliquia del pasado, al igual que lo había sido la Sociedad de Naciones. A partir de entonces, el derecho internacional fue establecido por un solo polo comandado por Estados Unidos.

En la coyuntura, ante la emergencia de China, Rusia y la India como motores de una multipolaridad alternativa al patrón ideológico del Occidente liberal-globalista, la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump exhibe a Estados Unidos como un Estado gansteril que ya no concibe la soberanía como derecho inalienable, fundado en la autodeterminación de cada Estado nación, sino como una capacidad operativa: es una atribución jerárquica y extensiva del propio poder estadunidense sobre América Latina y el Caribe; de allí la fusión entre los comandos Norte y Sur del Pentágono.

Por eso, con su típica desfachatez egocéntrica, Trump dice que “gobernará” Venezuela con quienes están al mando del partido de la guerra: el jefe de las fuerzas armadas, general Dan Caine; los secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe (los cinco criminales seriales tras las ejecuciones extrajudiciales de un centenar de personas en el Caribe previo al secuestro de Maduro).

En esa lógica, el continente americano es presentado como un espacio de jurisdicción estratégica ampliada, una zona de control expansivo, cuyas estabilidad, orientación política y arquitectura normativa deben estar alineadas con los intereses de Estados Unidos, que no es un Estado más dentro del sistema, sino un supra-Estado, investido con la facultad de ordenar, supervisar y corregir mediante la fuerza bruta el comportamiento del resto de las unidades políticas regionales.

En este marco, la soberanía deviene asimétrica y condicionada: Estados Unidos se adjudica para sí la condición de único sujeto soberano pleno, mientras las demás naciones del continente son tratadas como soberanías subordinadas y dependientes, cuya validez práctica está medida en términos de su alineamiento con las prioridades estratégicas de la Casa Blanca.

Una reinterpretación que convierte a los demás países de las Américas en una extensión funcional del territorio político estadunidense, estructurando un orden vertical de corte feudal neoextractivista en el que el derecho a existir de cada Estado vasallo está mediado por su grado de lealtad y sumisión al hegemón.

Así, toda tentativa de autonomía, ya sea por proyectos nacionales de desarrollo, diversificación geopolítica o cooperación con potencias o países extrahemisféricos (como China, Rusia o Irán, que pueden ofrecer opciones de financiamiento, infraestructura o inversión más atractivas), es recodificada como una amenaza que habilita mecanismos de presión, disciplinamiento punitivo o intervención directa o indirecta, como en el caso de Venezuela. En suma, la lealtad hemisférica deberá demostrarse aislando a China y Rusia.

En ese esquema solar, Trump ha logrado reclutar en parte a México como nodo de contención migratoria, antidrogas y de vigilancia marítima. No obstante, el delincuente convicto de la Casa Blanca volvió a amenazar a la presidenta Claudia Sheinbaum para acentuar la presión. Después de lo ocurrido en Venezuela, el reformismo desmovilizado, legalista y pragmático, no alcanza, ayuda al imperialismo. México requiere una estrategia de defensa nacional.

* Periodista, escritor y analista uruguayo-mexicano, columnista de La Jornada de México