Panorama Económico Latinoamericano – Del 24 al 31 de diciembre de 2025
Colombia: Minería “verde” amenaza la naturaleza megadiversa
Shirley Forero
“Si las cosas están ahí es por algo, porque nutren, porque dan mejores frutos. El oro, el cobre, el molibdeno son ese alimento que necesita la tierra para dar esos alimentos, esa agua limpia, ese aire”. La afirmación es de Soraida Chindoy, una lideresa del pueblo indígena inga que ha abanderado la lucha contra la multinacional minera Libero Cobre, que pretende operar en un territorio que, para ella y su comunidad, es sagrado.
“Todo es una conexión. Que no olvidemos quiénes somos y que los nombres de estos ríos, estas aguas, estos lugares nos están hablando, nos están haciendo comprender que estamos conectados y que debemos unirnos para defenderlo y eso no lo estamos entendiendo”, dice.
Libero Cobre figura dentro del portafolio de Copper Giant Resources Corp. (antes conocida como Libero Copper & Gold Corporation), dedicada, según su propio portal web, a la exploración de depósitos de cobre y otros metales. Su objetivo: “Explotar el valor del yacimiento de pórfido de cobre y molibdeno Mocoa, en Putumayo”.
Se estima que bajo el suelo de Mocoa yacen más de dos millones de toneladas de cobre, un metal considerado esencial para la transición energética, pues con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías.
Según un análisis del Hub de Innovación del Cobre, presentado en Minexpo Colombia 2023, el país tendría la capacidad de producir entre 500 000 y 700 000 toneladas de cobre anualmente a partir de 2030, si se desarrollan los proyectos actuales, lo que representaría aproximadamente el 50% de la demanda mundial proyectada para ese año.
“El cobre representa, quizás, el mineral más importante en este momento, o uno de los más importantes para la visión energética por su capacidad de conducción eléctrica y térmica, y es más económico de producir”, explica Yessica Prieto Ramos, del equipo de Diplomacia Energética de Transforma. Estas condiciones convierten al cobre en un material ideal para cables, redes eléctricas, electromovilidad y energías renovables.
Pero el cobre no es la única riqueza en la región. En Mocoa, capital del departamento de Putumayo, el agua brota a borbotones. El mapa del municipio muestra un entramado de líneas azuladas que serpentean entre montañas.
El departamento se extiende desde los páramos del Macizo Colombiano – la estrella fluvial del sur del país – hasta la llanura amazónica, bañada por los ríos Caquetá y Putumayo. Es una de las regiones más diversas de Colombia, un punto de encuentro entre la cordillera de los Andes, la Amazonía y la Orinoquía.
Cuenca del río Mocoa y sus microcuencas. Escenario actual y tendencia hasta 2032. Imagen: Plan de Ordenación y Manejo
La cuenca del río Mocoa forma parte de la gran cuenca del río Amazonas, en la zona hidrográfica del río Caquetá y la subzona hidrográfica del río Alto Río Caquetá. Entre sus 22 microcuencas se encuentran los ríos Taruca, Sangoyaco, Mulato, Rumiyaco, Pepino, Afán, Canalendres y Dantayaco, entre otros.
En el departamento habitan diferentes comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. La población indígena es de unas 30 000 personas, que viven en unos 126 cabildos y 39 resguardos, y hacen parte de los pueblos camëntzá, inga, cofán, siona, murui, coreguaje, muinane, andoque, huitoto, nonuya, okaina, bora, emberá, páez y pastos.
Las comunidades campesinas y afrocolombianas se denominan colonos, ya que fueron los primeros pobladores de la región. Todas estas poblaciones se dedicaban tradicionalmente a la agricultura para su subsistencia.
La magnitud del proyecto
El proyecto de Libero Cobre busca explorar y eventualmente explotar un depósito de cobre (Cu) y molibdeno (Mo) tipo pórfido en la zona, con el objetivo de descubrir, cuantificar y preparar para extracción un recurso significativo de estos minerales.
En 2021, inició la fase de exploración, anunciando trabajos con geofísica aérea, LiDAR (tecnología de teledetección que utiliza pulsos láser para crear modelos digitales de alta resolución del terreno y del subsuelo), muestreos de suelo y mapeo geológico.
Además, la empresa lanzó un programa de perforación de cerca de 14 000 metros para expandir el recurso inferido y explorar nuevas zonas de mineralización.
La magnitud del proyecto ha despertado preocupación y rechazo entre la población urbana, la Diócesis de Mocoa, las comunidades indígenas y campesinas, así como organizaciones defensoras del agua, por las posibles repercusiones sociales y ambientales.
Su expansión choca con una visión territorial basada en la defensa del agua, la vida y el bosque amazónico, respaldada por la Sentencia 4360 de 2018, que declaró a la Amazonia como “sujeto de derechos” y ordenó al Estado emprender acciones concretas para su protección.
La minería en el Putumayo tiene antecedentes relativamente recientes, aunque la zona ha sido escenario de cierta extracción informal desde décadas atrás.
El sector minero en el departamento se ha consolidado y posicionado en el marco de la economía lícita regional. Esta actividad es el primer renglón de la economía departamental con una participación del producto interno bruto (PIB) de 32,35 %. En algunos casos, es el único medio de subsistencia para las familias.
El Mocoa Copper–Molybdenum Project, de Libero Cobre, ha consolidado un land package (el conjunto de áreas sobre las cuales la empresa tiene derechos mineros) que supera los 790 kilómetros cuadrados (km²), entre títulos otorgados y solicitudes en trámite.
Para dimensionar la magnitud del proyecto, el municipio de Mocoa cuenta con una extensión de aproximadamente 1263 km². Si los derechos mineros abarcan unos 790 km², eso significa que cerca de 62% del territorio municipal estaría bajo concesión o solicitud minera.
Según el informe técnico NI 43-101 elaborado en 2022, la zona cuenta con un recurso de aproximadamente 636 millones de toneladas de roca mineralizada, con una concentración promedio de 0,33 % de cobre y 0,036% de molibdeno, lo que equivale a unas 4600 millones de libras de cobre y 510 millones de libras de molibdeno.
Sin embargo, el mismo estudio advierte que una parte del yacimiento se encuentra dentro de una reserva forestal regional, por lo que la empresa deberá tramitar permisos ambientales para continuar avanzando en el proyecto.
Libero Cobre posee cuatro títulos mineros en Mocoa, compuestos por cerca de 7.800 hectáreas. Además, Copper Giant posee cuatro permisos, y anunció en junio de 2025 que adquirió 100 % de las acciones de Grupo Minera Sol, la cual posee 12 solicitudes mineras que abarcan 53 474 hectáreas. Con esa operación, la empresa afirmó que sus propiedades aumentaron a 136 425 hectáreas, consolidando un corredor dominante de 75 kilómetros dentro de Colombia.
Los títulos cuentan con modalidad de contrato de concesión minera, se clasifican en escala de mediana minería, se encuentran activos y tres de ellos están en etapa contractual de construcción y montaje, y uno en etapa contractual de explotación.
En abril de 2022, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) emitió el Comunicado a la Opinión Pública 004/2022, en el cual señaló que Libero Cobre informó el inicio de actividades de exploración minera en febrero de 2022 en Mocoa.
La autoridad dijo que en esos contratos no había licencia ambiental ni permisos para la exploración en la parte que está dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
También allí se hizo referencia a que los títulos de exploración que tiene la empresa estaban suspendidos según la Agencia Nacional de Minería, y que la empresa no podría desarrollar exploración, construcción, montaje o explotación en esas áreas hasta nueva orden.
Además, a través del Auto No. 202 del 6 de abril de 2022, Corpoamazonia ordenó la medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa Libero Cobre.
La exploración minera en Mocoa se estaría realizando en un área de alto riesgo, y la autoridad ambiental, señaló que el área correspondiente a los títulos mineros de la multinacional “se encuentra en una zona de susceptibilidad y amenaza Alta a movimientos en masa”, es decir, el terreno es inestable y hay peligro de deslizamientos de tierra, derrumbes o avalanchas.
Adicionalmente, allí se han registrado varios eventos de ese tipo en los últimos años, según el Servicio Geológico Colombiano.
La decisión implicó la prohibición temporal de todo uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables dentro de esos polígonos mineros, hasta que la empresa no subsanara las inconsistencias administrativas y ambientales detectadas durante la verificación de campo.
Entre las observaciones más relevantes señaladas por Corpoamazonia están la falta de permisos ambientales vigentes para realizar actividades de exploración, apertura de trochas y aprovechamiento forestal y la ausencia de estudios técnicos y de impacto ambiental, requeridos para intervenir ecosistemas estratégicos en la zona de influencia del proyecto.
También destacan la posible afectación de fuentes hídricas y cobertura vegetal en áreas de alta sensibilidad ecológica, sin los debidos procedimientos de autorización, junto con deficiencias en la documentación presentada ante la autoridad ambiental, incluyendo inconsistencias en la delimitación de los títulos y la justificación de uso de recursos naturales.
Pero con la reciente decisión del Consejo de Estado de anular el Acuerdo 020 de 2018, se percibe un retroceso. Ese Acuerdo, aprobado por el Concejo Municipal de Mocoa, había establecido la prohibición total “de actividades de prospección, exploración, construcción, montaje y transformación de metales y de gran y mediana minería de los demás minerales”.En Putumayo habitan diferentes comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. Todas estas poblaciones se dedicaban tradicionalmente a la agricultura para su subsistencia. Imagen: Camilo Rey
Según la sentencia, esta norma fue anulada porque el municipio no tenía competencia para dictar una prohibición tan amplia sobre la minería, pues esa materia corresponde al orden nacional. En la práctica, esto abre un camino legal para que las actividades de minería puedan avanzar en Mocoa, aunque no significa automáticamente que la empresa pueda explotar sin permisos ambientales o exploratorios vigentes.
“La tumbada del Acuerdo 020 no debe convertirse en un acto de ganancia para nadie, es más, ni siquiera para la empresa Libero Cobre es un hecho de triunfalismo, pues aún quedan la ordenanza 848, y la sentencia 4360, entre otras», aduce en una columna de opinión Alexander Africano, afiliado al Colegio Nacional de Periodistas CNP – Seccional Putumayo.
Y añade: «Los ambientalistas sabemos que situaciones similares han sucedido en el pasado, tales son los casos de Caño Cristales y Santurbán; por eso como lo señaló un colega: tampoco es hora de vencedores ni vencidos”.
De hecho, la orden de Corpoamazonia (Auto No. 202 de 2022) sigue vigente, y esta prohíbe temporalmente que la empresa realice ciertas actividades de exploración minera en la zona bajo su jurisdicción.
Pero la medida de “suspensión” no siempre significa que el proyecto está cancelado para siempre. Puede ser una forma preventiva mientras se revisan permisos, licencias, traslapes con áreas protegidas, cumplimiento de normativa, entre otros.
Incluso la autoridad ambiental ratificó su decisión con las resoluciones 0631 y 0636 de 2025, las cuales confirman la orden de suspender nuevas actividades mineras en más de 93 000 hectáreas, argumentando la fragilidad ecológica, la amenaza de daños irreversibles y la defensa de los derechos territoriales de las comunidades.
Pero el 10 de noviembre de este año, la jueza Pilar Andrea Prieto, del Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa, ordenó suspender la Resolución 0631, la cual se mantendría vigente hasta que la Agencia Nacional de Minería o el Ministerio de Ambiente se pronunciaran sobre las solicitudes formuladas en el mismo documento y se acreditara, con información técnica y científica.
Alegó “que la incertidumbre respecto a la posible ocurrencia de daños graves o irreversibles en el Área de Interés Ambiental ha sido razonablemente superada”.
Varios gobernadores indígenas presentaron una tutela para exigir su derecho a la consulta previa, argumentando que las decisiones tomadas por Corpoamazonia podrían afectar directamente sus territorios, modos de vida y organización comunitaria.
La jueza Prieto les dio la razón y ordenó a la autoridad ambiental suspender, en un plazo máximo de 48 horas, cualquier trámite relacionado con las resoluciones cuestionadas, hasta que el Ministerio del Interior determine si es necesario o no realizar la consulta previa con las comunidades.
Mientras tanto, Libero Cobre, ha anunciado entre 2024 y 2025 los resultados del primer pozo de perforación diamantina (MD-044) que hace parte del programa de exploración en curso de 14.000 metros en el proyecto de pórfido de cobre y molibdeno de Mocoa.
Además, en un reciente comunicado, la empresa afirmó que en su última campaña de pruebas metalúrgicas de laboratorio, logró recuperaciones de hasta 92 % de cobre y 97 % de molibdeno, lo cual supera las suposiciones anteriores (90 % para el cobre, 75 % para el molibdeno). La publicación aclara que los resultados son “preliminares” y no representan necesariamente lo que se logrará a escala comercial.
Que estas cifras antes mencionadas superen los supuestos anteriores puede aumentar el valor estimado del yacimiento y fortalecer la viabilidad del proyecto si la empresa logra obtener el resto de permisos y se supera la fase de exploración.
El riesgo ambiental
En su sitio web, la empresa afirma tener “una trayectoria exitosa en el descubrimiento, desarrollo de recursos y tramitación de permisos en Colombia”, y asegura que prioriza “relaciones sólidas con las comunidades donde operamos” para “impulsar el futuro de la energía verde mediante una exploración responsable”.
Pero en el territorio ese relato se percibe distinto. Al menos así lo afirma la activista y vicepresidenta de Asojuntas Mocoa, Sirley Cely.
«Tenemos que enfrentarnos con un monstruo muy grande que quiere tomar decisiones frente al territorio sin ser consultadas con la gente», afirma.
Considera que «la empresa solamente ha realizado la consulta previa con el resguardo indígena de Condagua porque el resguardo tuteló para ser consultados».
Sin embargo, la consulta previa no es una obligatoriedad, o sea, no es por ley que se realice con las comunidades campesinas y con los demás habitantes. Entonces, al resto del pueblo de Mocoa y al resto del pueblo de Putumayo no se les ha consultado si quieren o no”, destaca.
Por eso, para Cely, enfrentarse a una amenaza como la que representa Libero Cobre, ha representado “la pérdida de la sonrisa”.
Del resguardo indígena Condagua es Soraida Chindoy. Allá se ubica el páramo Doña Juana-Chimayoy, de donde nacen ocho ríos y más de 1140 afluentes superficiales. Incluso alberga 56 lagunas consideradas sagradas por las y los indígenas y representa el punto de encuentro de la selva amazónica con los Andes.
Aunque el territorio ya había sido reconocido como resguardo indígena, –lo que significa que pertenece colectivamente a la comunidad y goza de protección especial al ser inalienable, imprescriptible e inembargable–, el Estado colombiano otorgó los cuatro títulos mineros sin realizar la consulta previa exigida a los pueblos originarios para cualquier proyecto que afecte sus tierras ancestrales.
“Aquí no hablamos solo por los humanos. Aquí hablamos por el oso de anteojos, hablamos por la danta, hablamos por las especies de árboles en vía de extinción como el mopa mopa, con el cual se trabaja artesanías”, dice José Fernando Proaños, secretario de Ambiente de la Federación Comunal del Putumayo.
Y es que, explica, que los ecosistemas están interconectados, por lo que, el daño ambiental que podrían provocar las operaciones de la multinacional, no solo afectarían a esa región sino a las colindantes.
El discurso “verde” para justificar el extractivismo minero
Bajo el discurso de impulsar energías limpias, la multinacional justifica sus planes extractivos en un territorio amazónico atravesado por comunidades indígenas, fuentes hídricas y una de las biodiversidades más ricas del país.
“El cobre es un componente vital en la fabricación de vehículos eléctricos, infraestructura de energía renovable y otras tecnologías cruciales para alcanzar estos objetivos. Nos complace desempeñar un papel estratégico (…) brindando una ventaja competitiva a las empresas locales y nacionales (…) hacia un futuro sostenible”, dice la empresa en un comunicado.
“Eso es una gran mentira, entonces si necesitan cobre para la transición energética, pues pónganse a reciclar. ¿Cuántos carros y cantidades de cosas que donde hay el cobre están amontonados en ciudades? O sea, prácticamente es, ¿por qué no hacen ese trabajo? ¿Por qué tienen que hacer daño?”, cuestiona Chindoy.
Pero la paradoja es incluso mayor con el gobierno progresista de Gustavo Petro, – que ha hecho de la transición energética su bandera–, porque contempla en su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la producción, a pequeña, mediana y gran escala de cuatro de los ocho minerales esenciales para las energías limpias, que son el cobre, níquel, cobalto y litio.
El PND plantea que el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que este delegue, delimitará los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, considerando el tipo de operación, el volumen de producción y el grado de concentración extractiva.
Según la Agencia Internacional de Energía en su informe Global Critical Minerals Outlook 2025, la demanda mundial de cobre en escenarios de transición energética va a superar la oferta con el paso de los años.
Por ejemplo, se señala que la oferta será muy inferior a la demanda de cobre para 2035 si no se actúa. El cobre se constituye como el elemento con mayor potencial para el desarrollo de proyectos mineros, a corto y mediano plazo.
Pero es evidente que la extracción del metal rojo implicaría la generación de grandes conflictos, esto teniendo en cuenta la distribución geográfica de estos proyectos en relación con algunas figuras del ordenamiento ambiental y territorial del país, según el informe Minerales de Transición Energética, elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
“Si vamos a hablar de energía renovable, hay que pensar en la demanda de minerales, ¿qué tanto realmente necesitamos y qué tanto o pocos esfuerzos estamos haciendo?”, cuestiona Prieto.
Sugiere que, «antes de abrir más minas, se debería reciclar el cobre que está en aparatos viejos o desechos, buscar materiales que puedan reemplazarlo en algunas cosas, usar la energía con más cuidado, o sea, ser más eficientes (por ejemplo, gastar menos luz, compartir transporte, no producir tanto desperdicio)».
Y sobre todo, añade, hay que «preguntarse si de verdad es necesario seguir perpetuando el consumismo, porque “si vamos a cambiar combustibles fósiles por minerales para seguir consumiendo al ritmo ilimitado que estamos consumiendo, pues no habrá jamás suficientes minerales para cubrir esa demanda”.
Un área ya degradada que paga el precio del desequilibrio ambiental
Para 2017, el proyecto minero de Libero ya mostraba un avance visible, con maquinarias transitando constantemente por la zona y un helicóptero sobrevolando el territorio. En ese momento, la oposición comunitaria aún no se había consolidado, e incluso Soraida Chindoy no percibía el riesgo ambiental hasta que, según cuenta, la Madre Tierra le dio una dura lección sobre la importancia de protegerla.
«Cuando decidí cómo levantar la voz más seguido, fue el trancazo que me dio hace 8 años con lo que nos pasó la avalancha…, nosotros lo vivimos con mi familia… En un segundo uno puede perder todo. Absolutamente todo y la vida. Nosotros esa noche lo único que pedíamos con mi esposo, mis hijos y la gente, 30 personas que estuvimos en el segundo piso, era que amanezca”, recuerda Chindoy.
Las intensas lluvias de marzo de 2017 hicieron que los ríos Mulato, Sangoyaco y Taruca se desbordaran y se unieran al río Mocoa, provocando una devastadora avalancha de lodo y piedras, la cual dejó más de 330 muertos, 400 heridos y múltiples damnificados y desaparecidos.
Entre las víctimas del desastre estuvieron Chindoy, su familia y sus vecinos.
Con tales afectaciones ambientales y la avalancha que cambió su vida, Soraida decidió que su misión era convertirse en defensora de su tierra ancestral y se unió a Guardianes de la Andinoamazonía, una iniciativa del campesinado que habita cerca a la zona en la que se encuentra el cobre en Mocoa y que se oponen al proyecto de la multinacional canadiense.
Cuatro días después de la tragedia, Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), explicó en entrevista con Blu Radio que el desastre no fue sólo producto de la lluvia, sino también del grave deterioro ambiental en la zona.
“Putumayo representa uno de los núcleos de deforestación más complicados en los últimos años. Cuando tumbamos el bosque, rompemos el ciclo natural del agua”, advirtió. Incluso, concluyó que la deforestación, la minería y la ganadería extensiva causaron la avalancha.
La investigación Estimación del riesgo de inundación en las márgenes del río Mulato (Mocoa, Colombia), presentada dos años antes del deslizamiento, demuestra que la falta de control y prevención ambiental eran factores de riesgo.
“La mayor afección de la amenaza se presenta sobre área urbana, donde 7,5 hectáreas están en amenaza por alta inundación y 20,2 hectáreas en amenaza media”, dice el documento. Putumayo era el quinto departamento con más pérdida de capa vegetal en Colombia.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, hasta 2015 se habían deforestado cerca de 9000 hectáreas de bosque en Putumayo.
A esto se suma la información de Global Forest Watch, que indica que entre 2002 y 2024 el departamento perdió unas 180 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que equivale a 53 % de toda la pérdida de cobertura boscosa registrada en ese periodo.
Guyana no se cansa de crecer: será la de mayor expansión en 2026
La Cepal proyecta contrastes extremos: Guyana crecerá impulsada por el petróleo, mientras el resto de Sudamérica avanza lentamente y enfrenta límites estructurales persistentes.
El arrasador crecimiento que ha experimentado Guyana ha sido calificado por algunos analistas como “un milagro económico”. Y es que este país se ha convertido en una locomotora que jalona el crecimiento de América Latina y el Caribe, algo que seguirá sucediendo de lejos en 2026.
Guyana, ubicada entre Venezuela, Brasil y Surinam, se consolida como la economía de mayor crecimiento en toda América Latina y el Caribe, con un desempeño que no tiene comparación en la región.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país registró en 2024 una expansión del Producto Interno Bruto del 43,6%, una cifra extraordinaria que supera ampliamente los promedios regionales.
Las proyecciones indican que este dinamismo continuará, con un crecimiento estimado del 12,1% en 2025 y del 24% en 2026, lo que confirma una senda de expansión masiva.
¿Como se explica el crecimiento de Guyana?
Este comportamiento se explica, principalmente, por el fuerte aumento de las inversiones y por los elevados niveles de producción y exportaciones del sector de los hidrocarburos en ese país.
La riqueza petrolera se ha convertido en el principal motor de la economía guyanesa, transformando su estructura productiva y posicionándola como un caso único dentro del panorama regional. En términos macroeconómicos, Guyana opera bajo un régimen de tipo de cambio cuasifijo, característica que también influye en la estabilidad de su desempeño reciente.
Y es comprensible que este país, con apenas un poco más de 820.000 consumidores, tenga a los todos los analistas con la “boca abierta”. En solo 6 años, Guyana le ha competido en producción de petróleo a Venezuela, un actor histórico del mercado energético mundial.
Hay que reconocer que el contraste es marcado si se observan las reservas: mientras Guyana dispone de cerca de 11.000 millones de barriles probados, Venezuela concentra más de 300.000 millones (la mayor cantidad del planeta); no obstante, las cifras de producción son muy similares. Los datos sugieren que Venezuela produce alrededor de 1,1 millones de barriles diarios, mientras que el pequeño país ronda los 900.000.
ExxonMobil es el principal operador petrolero y lidera un consorcio que busca elevar la producción de crudo a más de un millón de barriles diarios hacia el final de la década para Guyana.
Estados Unidos protege a Guyana
No es un secreto la disputa de Venezuela y Guyana por el Esequibo, una de las regiones más ricas en petróleo del mundo. Lo último que se sabe sobre ese conflicto es que Estados Unidos reiteró su respaldo a Guyana en medio de la histórica disputa territorial.
La embajadora estadounidense en Georgetown, Nicole Theriot, afirmó que Washington acompañará al país sudamericano en caso de cualquier incidente que afecte su soberanía.
a declaración se produjo mientras Estados Unidos desplegó una flotilla militar en el mar Caribe, operación que, según Washington, está dirigida a combatir el narcotráfico. Caracas, sin embargo, denunció que se trata de una “agresión en preparación”, lo que ha elevado la tensión regional, según medios internacionales.
El efecto Guyana en las estadísticas del Caribe
El crecimiento de Guyana es tan superior al de sus vecinos que la Cepal suele presentar los datos del Caribe de forma separada, bajo la categoría “el Caribe sin incluir Guyana”.
El objetivo es evitar que las cifras del país distorsionen el promedio de las demás economías caribeñas, que crecen a ritmos mucho más moderados, cercanos al 1,8% o 1,9%. Este contraste ilustra con claridad la brecha entre una economía impulsada por un auge petrolero y otras que mantienen estructuras productivas menos dinámicas.
Mientras tanto. gran parte de América Latina y el Caribe enfrenta lo que la Cepal describe como una “trampa de bajo crecimiento”, Guyana transita por una trayectoria completamente distinta, apalancada en sus recursos naturales y en un ciclo expansivo que, por ahora, no muestra señales de agotamiento.
Las proyecciones para 2026 refuerzan la idea de que Guyana seguirá creciendo de manera excepcional. La Cepal estima una expansión del PIB real del 24%, nuevamente impulsada por inversiones masivas y por el desempeño del sector de los hidrocarburos. En un contexto regional de desaceleración, el país mantendrá una dinámica dispar frente al resto del Caribe, que sin Guyana apenas crecería alrededor del 1,8% ese año.
Este escenario confirma que Guyana no solo continuará expandiéndose, sino que lo hará a un ritmo muy superior al promedio de América Latina y el Caribe, consolidándose como un caso atípico cuya evolución está estrechamente ligada al auge petrolero.
Argentina: la informalidad afecta a 7 de cada 10 jóvenes
Los jóvenes registran niveles de informalidad laboral sensiblemente más altos que el resto de los grupos etarios. Siete de cada diez trabajadores jóvenes son informales en Argentina. El dato se desprende de un estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que indica que los jóvenes entre 16 y 24 años son los que experimentan una tasa de informalidad más elevada a nivel nacional: la misma llega al 67 por ciento.
Siete de cada diez trabajadores jóvenes son informales en Argentina. El dato se desprende de un estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que indica que los jóvenes entre 16 y 24 años son los que experimentan una tasa de informalidad más elevada a nivel nacional: la misma llega al 67 por ciento.
El último jueves, el Indec publicó su informe sobre la situación del mercado laboral y en el tercer trimestre del año la tasa de informalidad total afectó al 43,3 por ciento de los trabajadores. Los independientes, quienes tienen menor nivel educativo y las mujeres están entre los más vulnerables.
Sin embargo, los jóvenes registran niveles de informalidad laboral sensiblemente más altos que el resto de los grupos etarios. En el segundo trimestre de 2025, la tasa alcanzó el 67 por ciento, casi 24 puntos porcentuales por encima del promedio general, lo que implica que cerca de siete de cada diez trabajadores de entre 16 y 24 años trabajan en condiciones informales: sin aportes jubilatorios, cobertura de salud y ante accidentes laborales, sin protección frente al despido, aguinaldo o vacaciones pagas.
Sin horizonte
Se trata de una radiografía de época: el mercado laboral no ofrece horizontes de progreso para las generaciones más jóvenes, lo que alimenta el desaliento desde edades tempranas y la desconfianza hacia el sistema. En ese contexto, el llamado voto bronca o anti-Estado aparece como una expresión política de peso. No es casual que Javier Milei haya concentrado su mayor caudal de votos entre los sectores más jóvenes.
Los cálculos presentados se desprenden del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
En paralelo, el 43,3 por ciento del total de los ocupados se encontraba en situación de informalidad, según las últimas mediciones disponibles. La incidencia fue del 36,7 por ciento entre los asalariados, lo que da cuenta de que cuatro de cada diez personas ocupadas desarrollan su actividad al margen de la legislación laboral, impositiva o de la seguridad social. Esa proporción llega al 64,7 por ciento entre los trabajadores independientes, que constituyen un grupo social claramente más vulnerable.
Según observan desde el IIEP, en el segundo trimestre de este año, el 38 por ciento de los trabajadores informales eran pobres, mientras que esa cifra se reducía al 5 por ciento para los trabajadores formales. El umbral de pobreza se definía en el período por el valor de unos 360.000 pesos mensuales por adulto.
Retomando el análisis según grupo etáreo, los trabajadores de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (34,6 por ciento), según el IIEP. Le sigue en incidencia el grupo de entre 25 y 44 años (42,9 por ciento) y el de 65 años (60 años en las mujeres) y más (con un 53,1 por ciento). Por lo tanto, la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo de la vida laboral como en su etapa final, concluyeron.
Educación y género
Otro recorte poblacional posible es según el nivel educativo de los trabajadores, dimensión de gran relevancia en el análisis de la incidencia y composición de la informalidad. A mayor nivel educativo alcanzado, menor es la incidencia de la informalidad. La tasa entre los trabajadores con nivel educativo universitario en el segundo trimestre de 2025 fue del 17,8 por ciento; en tanto 25,3 puntos porcentuales adicionales (43 por ciento) fue la tasa entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 65,1 por ciento entre los trabajadores que no completaron la educación media.
Se desprende, entonces según el IIEP, que los trabajadores de menor formación en el sistema educativo experimentan, aproximadamente, una probabilidad de ser informales 4 veces más elevada que la que experimentan los de mayor nivel educativo.
Por último, la tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con excepción del tramo de edad entre 16 y 24 años. Cuando se combinan ambos atributos se observa que son los hombres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, del 67,3 por ciento. En tanto, en el otro extremo, los hombres de 45 a 65 años registran la tasa de informalidad más baja de todos estos grupos (33,7 por ciento).
CEPAL: Venezuela lidera el crecimiento de Latinoamérica en 2025
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca la recuperación económica excepcional de Venezuela, país que junto a Guyana lideraron el crecimiento en 2025, en un contexto continental de expansión moderada y persistentes desafíos estructurales.
En un panorama económico general para América Latina y el Caribe caracterizado por un crecimiento bajo y persistente, Venezuela emerge como líder de las proyecciones para el próximo año. Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, presentado este martes por la Comisión Económica para las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía venezolana creció un 6,5% en 2025, la tasa más alta de la región.
egún el informe, la nación bolivariana es uno de los países con mayor crecimiento en la región en 2024 (8,5%) y 2025 (6,5%), superando ampliamente el promedio regional (2,3–2,4%). Aunque se proyecta una desaceleración en 2026 (3%), sigue estando por encima del promedio.
A su vez, la CEPAL destaca que la inflación en el país caracterizado por su proyecto socialista ha caído más del 87% en un año, pasando de hiperinflación a niveles de inflación alta pero manejable. Esto representa uno de los logros macroeconómicos más significativos en años recientes, comparado con las cifras históricas del país.
El organismo mantuvo su previsión de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) regional para 2025 en un 2,4%, y
proyectó un 2,3% para 2026. Esta «secuencia de cuatro años con tasas cercanas al 2,3%» confirma, en palabras de la CEPAL, que la región continúa en «una trampa de baja capacidad para crecer». Un contexto que hace más notable el desempeño proyectado para Venezuela, seguida en el ranking por Paraguay (5,5%), Argentina (4,3%) y Costa Rica (4%).
«El PIB per cápita de hoy día en la región es ligeramente mayor que el de hace 10 años, la pobreza detuvo su ritmo de reducción y se detuvo también la tendencia a la reducción de la informalidad», explicó el secretario ejecutivo del organismo, Manuel Salazar-Xirinachs. Ante este escenario, abogó por «políticas de desarrollo productivo de mayor ambición» combinadas con políticas macroeconómicas que movilicen recursos para la innovación y la creación de empleos de calidad.
El informe pinta un mapa económico diverso y con claros rezagados. Tras los líderes, un grupo de países centroamericanos y andinos como Guatemala (3,9%), Honduras (3,8%), Perú (3,2%) y Ecuador (3,2%) mostrarían un desempeño medio. Las mayores economías de Sudamérica, Brasil y Chile, crecerían moderadamente (2,5% cada una), al igual que Colombia (2,6%).
La excepción superlativa en el Caribe es Guyana, cuyo boom petrolero le daría un crecimiento estimado del 15,2% en 2025, aunque muy por debajo del extraordinario 43,6% registrado en 2024.
Brasil: Financia EEUU a mineras, ¿acuerdo sobre tierras raras?
Un banco estatal estadounidense ha obtenido un préstamo convertible con una empresa brasileña. Sin involucrar al gobierno en las negociaciones, los acuerdos reducen el poder de negociación de Brasil en un sector estratégico.
Aunque los gobiernos brasileño y estadounidense aún no han llegado a un acuerdo sobre minerales críticos , dos compañías mineras brasileñas con proyectos avanzados de tierras raras ya firmaron contratos de financiamiento que podrían dar a Estados Unidos una ventaja para recibir su producción.
Las empresas mineras Serra Verde y Aclara, en Goiás, firmaron recientemente acuerdos de financiamiento con el banco estatal estadounidense DFC (Corporación Financiera de Desarrollo), en operaciones que podrían derivar en proyectos de mayor envergadura. Según los términos del acuerdo de préstamo con Aclara, por ejemplo, la DFC podría convertir el dinero adeudado en acciones en el futuro.
Los elementos de tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos difíciles de extraer y refinar, algunos de los cuales son materias primas para la fabricación de imanes esenciales para tecnologías relacionadas con la transición energética, como los coches eléctricos, y para la defensa.
Para Estados Unidos, esta medida forma parte de una estrategia para reducir su dependencia del suministro de tierras raras de China, que actualmente posee el 60 % de la extracción mundial de tierras raras y el 90 % de la capacidad de refinación . Por otro lado, los acuerdos reducen el poder de negociación de Brasil, ya que posee la tercera mayor reserva mundial de tierras raras, después de China y Vietnam, en un posible acuerdo con Estados Unidos.
El compromiso más reciente provino de Serra Verde, la única empresa minera de tierras raras que opera en Brasil y una de las pocas fuera de China. La empresa, propiedad de dos fondos de inversión estadounidenses y uno británico, anunció en noviembre que recibirá un préstamo de US$465 millones (R$2.500 millones) de DFC , que invierte en proyectos fuera del país.
La estrategia de DFC en materia de minerales críticos consiste en garantizar que Estados Unidos amplíe su gama de proveedores más allá de China. En su sitio web, el banco señala que sus inversiones buscan contrarrestar la creciente influencia de China a nivel mundial. Al ser contactado para solicitar comentarios, el banco indicó que no haría declaraciones.
El contrato entre la minera y el banco no fue revelado, pero según quienes siguen de cerca el asunto, es probable que Serra Verde se haya comprometido a suministrar parte de su producción al mercado estadounidense.
Contactada por Folha , Serra Verde indicó que no haría comentarios al respecto. En una entrevista a principios de diciembre con la agencia de noticias Reuters, el presidente de la minera, Thras Moraitis, afirmó que la empresa reestructuró recientemente un contrato con clientes chinos para permitir que parte de su producción se destine a clientes occidentales, sin mencionar su nacionalidad.
«Dentro de unos años, tendremos algunas opciones para separar elementos de tierras raras pesadas fuera de China», afirmó Moraitis.
Hoy en día, solo refinerías chinas y una en Malasia son capaces de separar tierras raras, un proceso fundamental para la obtención de los óxidos que demandan las industrias automotriz y de defensa. Sin embargo, empresas estadounidenses, con el apoyo del gobierno estadounidense, han invertido miles de millones de dólares en desarrollar sus propias industrias.
Latinoamérica: Intereses de la deuda, 70% del gasto en educación
La deuda pública de América Latina y el Caribe ha crecido a un nivel tan alto que el pago de intereses que ha generado representa 70 por ciento del gasto en educación, según el último dato disponible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En otros sectores, los recursos destinados a cubrir las tasas de interés que implica la deuda significan 86 por ciento del gasto en salud y 57 por ciento del monto que se destina a protección social.
“Ahora, ante los mayores niveles de endeudamiento y mayores costos de financiamiento que tienen los países en la región, se está dando una situación que en los últimos años ha ido en aumento: el pago de intereses ha restado disponibilidad de recursos públicos para hacer gastos prioritarios, como educación, salud, protección social o inversión pública. A este fenómenos le hemos llamado restricciones al desarrollo”, comentó Noel Pérez, oficial a cargo de la división de desarrollo económico de la Cepal.
La deuda pública de los gobiernos de América Latina es elevada, hasta septiembre de 2025 representó 51.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), una ligera variación respecto al 51.5 por ciento registrado en 2024.
“Si nos comparamos con (la proporción de) hace 15 años, estamos hablando de niveles de endeudamiento 20 puntos porcentuales del PIB por encima de lo que estuvo en ese momento, lo cual tiene implicaciones, porque reduce el espacio fiscal”, agregó Pérez.
En 2008, la deuda pública de los gobiernos centrales fue equivalente a 29.4 por ciento del PIB de la región; en 2025 se incrementó a 51.8 por ciento del PIB, lo que significó un crecimiento de 22.4 puntos porcentuales. El nivel más alto fue de 56.2 por ciento del producto, en 2020, el año en que fue declarada la pandemia de covid-19.
“Conforme los intereses fueron subiendo durante los últimos 12 años, la inversión pública bajó en una proporción casi similar y ha sido la variable de ajuste para poder acomodar estos mayores pagos de intereses”, mencionó el analista de Cepal
El organismo prevé para América Latina un gasto total de 21.8 por ciento del PIB con ingresos de 18.5 por ciento el PIB, lo cual llevará a un balance global deficitario que aumente o se deteriore ligeramente para pasar de 3.1 por ciento del año pasado a 3.3 por del PIB en 2025.
“Pero lo que se mantiene estable, es el déficit primario que permanece en 0.3 por ciento del PIB, lo que muestra que los países de la región siguen llevando a cabo esfuerzos de consolidación fiscal”, manifestó.
En cuanto a la inflación en la región, detalló que en 11 países se han establecido metas y durante este año retomaron el ciclo de reducciones de tasas.
“Para 2026, la expectativa es que continúe el ciclo de recorte de tasas, pero de forma más moderada o a menor ritmo.”
Destacó que las naciones mostraron una aceleración en el crecimiento de la base monetaria y las reservas internacionales aumentaron alrededor de 10 por ciento en el transcurso de este año y suman 924 mil 424 millones de dólares.
Panorama Internacional
Europa ha perdido 1,8 billones de dólares en los tres años de sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, según una estimación del Ministerio ruso.
En una entrevista con la emisora Rete 4, este lunes (15), el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, dejó muy claro quién está perdiendo con las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia: «Solo me gustaría señalar que después de casi 4 años de conflicto y 19 paquetes de sanciones, que deberían haber puesto a [Rusia] de rodillas», lo que sucedió es que «pusieron de rodillas a las economías occidentales y aumentaron las facturas de electricidad de las familias italianas.
Por eso insto a la cautela en cuanto al rearme. Por «economías occidentales», léase Europa, ya que Estados Unidos se impuso y se convirtió en el principal proveedor de petróleo y gas a los países europeos. (Como dijo Paulo Nogueira Batista Jr., «Occidente» es como se autodenomina un grupo de países de altos ingresos que representa solo el 15% de la población mundial , pero que quiere seguir llevando la batuta).
Como si fuera poco, Salvini añadió: «Ni Hitler ni Napoleón lograron poner a Moscú de rodillas, y dudo que Kaja Kallas, Macron, Starmer y Merz puedan», en referencia al jefe de la diplomacia europea, al presidente francés y a los primeros ministros británico y alemán, respectivamente.
Las economías de los países europeos perdieron hasta 1,8 billones de dólares (aproximadamente 9,79 billones de reales) entre 2022 y 2025 debido a las sanciones contra Rusia, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado divulgado el 6 de diciembre, según la agencia de noticias Sputnik.
El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una legislación para prohibir las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso en el mercado al contado una vez que la regulación entre en vigor a principios de 2026, mientras que las importaciones de gas ruso a través de gasoductos se eliminarán gradualmente hasta el 30 de septiembre de 2027. En octubre, Rusia representó el 12% de las importaciones de gas de la UE, frente al 45% antes del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022.
Leonid Mikhelson, director ejecutivo de Novatek, el segundo mayor productor de gas de Rusia, advirtió que excluir el GNL ruso del balance global del gas aumentará los precios del gas. «Rusia representa actualmente más del 10 % de la producción mundial de GNL. Si estos volúmenes se eliminan del balance global del gas, los precios se dispararán y los consumidores europeos acabarán pagando los costes más elevados», explicó Mikhelson.
UE-Mercosur: tratado entre mentiras, humillaciones e indecisiones
Eduardo Camín *
Varias décadas después de que se produjera el rechazo a la conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), poco o nada hemos variado en nuestra predica “cuasi” de sumisión lo que hace que nos encontremos en un punto similar. La negociación entre el Mercosur y la UE -aunque en principio no tenga una connotación negativa en términos políticos-, se trata de un acuerdo ambicioso, que excede claramente los temas estrictamente comerciales, que en el fondo creemos que lo transforma en algo más nocivo que el ALCA para las posibilidades de desarrollo futuro de nuestra región.
Debemos recordar que, desde su inicio en 1995, las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación Birregional entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se caracterizaron por sus permanentes idas y vueltas en una especie de calesita de marchas y contramarchas, de promesas y desilusiones.
Luego de la primera suspensión de las negociaciones en 2004 como consecuencia de que las partes consideraran insuficientes las respectivas ofertas intercambiadas en mayo y septiembre de ese año, volvieron a la carga en marzo de 2010 y los mandatarios de ambas regiones acordaron el relanzamiento de las negociaciones comerciales para la celebración de este acuerdo que, en los hechos, lo definen como un tratado de libre comercio (TLC). Por consiguiente, las rondas de negociación que tuvieron lugar a partir de entonces se volvieron a caracterizar nuevamente por la dificultad para llegar a un tercer intercambio de ofertas.
La experiencia fallida de 2004, que había generado ciertas expectativas, provocó que las condiciones de negociación que exigiera el Mercosur fueran más rigurosas, de modo de lograr un acuerdo más equilibrado. El Mercosur comenzaría a ejercer mayor presión para que la UE efectivamente reconociera las asimetrías económicas existentes, y garantizara la incorporación al acuerdo de cláusulas de «trato especial y diferenciado» (TED) que favorecieran al Mercosur.
No obstante, la posición de la UE no resultó ser conciliadora ni mucho menos: bajo el argumento de que en los últimos años los países del Mercosur se habían beneficiado de un proceso de crecimiento acelerado y de mejora generalizada de las condiciones de vida de sus pueblos, argumentó que el reclamado TED ya no se justificaba, al menos no en la misma medida que antes.
El intento por parte de la UE de imponer sus intereses ofensivos terminó chocando siempre con el objetivo del Mercosur de lograr un acuerdo equilibrado que contribuyera a reducir las asimetrías vigentes en la relación económica birregional.
Finalmente, tras seis años de reiniciadas las negociaciones, el 11 de mayo de 2016 se produjo el tercer intercambio de ofertas en Bruselas. Desde entonces, se han generado múltiples rondas de negociación y avances sostenidos para la firma del TLC: ronda tras ronda de negociación, una sutil promesa se susurraba al oído de los negociadores, eso sí a cambio de nada.
Y, en agosto de 2017, para facilitar las negociaciones, los gobiernos neoliberales del Mercosur (Paraguay, Argentina, Brasil), y el silencio de Uruguay, «suspendieron» la membresía de Venezuela, una medida pensada, y orquestada en Bruselas, para hacer posible el acuerdo asimétrico.
Y así, los negociadores más avezados de la UE fueron consiguiendo permanentes concesiones por parte de los miembros del Mercosur, desesperados por firmar un acuerdo que funcionara como «señal a los mercados» de que nuestros países se acoplaban decididamente al proceso de globalización, es decir inmersos en el mundo capitalista.
El Mercosur, detrás de cada negociación e independientemente de las gesticulaciones de los presidentes o ministros que intervienen con solemnes y perentorias declaraciones, se encuentra realizando múltiples concesiones ante una región profundamente más desarrollada y aceptando cláusulas que reducen brutalmente los márgenes aplicables de políticas industriales, comerciales y tecnológicas en la región.
A cada socio le preocupa su tema: por ejemplo, a Uruguay la negociación agrícola, a Argentina (ahora bajo el paragua de USA) la carne y el biodiesel, mientras que a Brasil su inserción industrial, por citar ejemplos con asimetrías diferentes del más pequeño al más grande. Esto obedece tanto a la incorporación de «nuevos temas» de negociación como a la profundidad de muchas de sus cláusulas, que van más allá de los estándares o normas de los compromisos asumidos por nuestros países en el marco del sistema multilateral de comercio, por otra parte, en profunda crisis.
El Mercosur ha ido flexibilizando consecuentemente sus posiciones originales ante la «necesidad política» de mostrar resultados en el corto plazo, de modo de presentar a la región ya no «aislada del mundo» por gobiernos «populistas», sino como inserta en un «nuevo mundo» caracterizado por la existencia de cadenas globales de valor.
Y es en este marco que se produjeron múltiples flexibilizaciones en la posición original del Mercosur, en general a cambio de ninguna o mínimas concesiones de una UE que se encuentra dentro del más cómodo de los escenarios, frente a una contraparte desesperada por firmar cualquier acuerdo lo antes posible. En esa carrera política desenfrenada por -supuestamente- otorgarse nuevos mercados que nos permitan «tirar un tiempo más»
En síntesis, el Mercosur ha otorgado múltiples concesiones ante una UE que todavía ni siquiera ha mostrado una oferta atractiva en el sector de alimentos, dejando de lado la mayoría de las condiciones que se habían planteado originalmente de modo de obtener un TED que compense las fuertes asimetrías existentes entre ambas regiones. Solo se han avizorado críticas.
Por lo tanto, se trata de un acuerdo altamente desequilibrado a favor de la UE, el socio notoriamente más desarrollado. Estamos ante la consumación en tiempo real de una verdadera tragedia histórica para las posibilidades de industrialización y desarrollo futuro de la región con consecuencias que serán irreversibles sobre el tejido industrial y sobre la posibilidad de generar empleo de calidad y bien remunerado.
Muchas veces hemos sido testigos de comentarios o confesiones de funcionarios y negociadores internacionales que reconocen «sotto voce» que se trata de un acuerdo donde se dejarán muchas plumas y que ha mediano plazo será muy poco beneficioso para la región en términos comerciales, ya que existen muy pocas oportunidades para incrementar las exportaciones hacia la UE.
La realidad es que, de concretarse el TLC, los países del Mercosur se verán sometidos a una avalancha importadora de productos industriales desde el mercado europeo. Una Europa inmersa por otra parte en sus propias guerras bélicas y comerciales con una ofensiva desconcertante de la principal economía mundial, y su principal socio, Estados Unidos, cuyas consecuencias pueden ser catastróficas.
Sin embargo, al más alto nivel, los líderes políticos del Mercosur no esbozan otro escenario posible sino aquel que es la de firmar de todos modos el acuerdo con un doble objetivo: fortalecer la «señal política» de que el Mercosur se acopla al mundo a través de la firma de TLC de gran envergadura y esperar ingenuamente que este mal acuerdo en términos comerciales provoque la añorada «lluvia de inversiones» hacia la región, o el despliegue masivo de zonas francas.
La actualidad nos da cita con un desajuste político, económico y social, de gran envergadura, un camino difícil donde la tensión social está en brasas y los desequilibrios abundan, en una región cuyas asimetrías pasan hoy por los desencantos políticos, más peligrosos, el fascismo.
El retraso… sus consecuencias y la incertidumbre de la UE
Siguiendo en la misma dinámica esta semana la UE alcanzaba un nuevo fracaso del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur. El bloqueo encabezado por Francia y, finalmente, respaldado por Italia, hacía desviar la promesa de la Comisión Europea de cerrar esta alianza antes de final de año. La Comisión Europea encomendaba a las buenas intenciones del arranque de 2026 un nuevo esfuerzo para sellar el pacto. Un nuevo golpe que pone en riesgo un acuerdo que ha llevado alcanzar más de dos décadas y en el fondo abre la puerta a que se suspenda por completo. Roma titubeó en las últimas jornadas previas a la Cumbre de líderes y, finalmente, pedía más tiempo a Brasil, que ocupa la presidencia rotatoria de Mercosur. Fueron las dudas de Italia las que finalmente inclinaron la balanza hacia la minoría de bloqueo que pretendían conformar la alianza encabezada por Francia y Polonia, ambos países con un fuerte sector primario.
Pero no está tan claro que esta flexibilidad sea ilimitada. El presidente de Brasil, Lula da Silva, aceptaba una prórroga máxima de un mes, a regañadientes. Pues en las últimas semanas había lanzado varios avisos: «si no es ahora Brasil no cerrará más acuerdos mientras yo sea presidente«, afirmó el líder brasileño que descartaba dilatar las negociaciones para centrarse en otros socios comerciales.
«Estoy convencida de que conseguiremos la mayoría necesaria. Hay trabajo que hacer», indicó la camaleónica jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen tras ser preguntada sobre si el retraso podría hacer fracasar el acuerdo. «Tras 26 años de negociaciones un retraso de tres semanas es aceptable. Estamos avanzando a la conclusión de este importante acuerdo comercial y estoy convencida de que lo conseguiremos», añadió.
El presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa, puso en valor que Bruselas ha dado respuesta a muchas de las inquietudes de los agricultores y de los países de la UE, con garantías de salvaguardia y cláusulas espejo.
De la Cumbre de líderes se esperaba un respaldo político de los Veintisiete para que, este sábado, Bruselas pudiera sellar el acuerdo con los socios de Mercosur en Brasil. Finalmente, las dudas esgrimidas primero por Francia y Polonia, amparadas por Irlanda y Finlandia, y, respaldadas por una Roma ahogada por las críticas de los agricultores, hicieron descarrilar tales propósitos. La resolución de encomendar a principios de año esa puntilla final al pacto se articula como un salvavidas con muchos riesgos.
Ya que el propio aplazamiento podría hacer naufragar el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tras 26 años de negociaciones. El momento es estratégico para la UE que, en un escenario geopolítico incierto y desequilibrado por las nuevas dinámicas comerciales, necesita sellar acuerdos en el plano comercial para poder diversificar su suministro. Ya no solo en el segmento de alimentación, sino también para el suministro de materias primas tras las últimas decisiones de China.
Por si había dudas sobre la trascendencia del retraso, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, señalaba días antes del encuentro de líderes comunitarios, que Europa se jugaba su credibilidad y predictibilidad. Y ponía en valor, precisamente, lo estratégico de zanjar este pacto, las oportunidades que abría también para la exportación de bienes desde la UE y las garantías que se habían dado al sector agrícola.
Porque aquí, precisamente, radica la cuestión. El sector agrícola comunitario se ha puesto en pie para reclamar que el acuerdo con Mercosur perjudicaría su producción. Francia ha sido el principal portavoz. El presidente galo, Emmanuel Macron, llegaba al encuentro en Bruselas negándose a la firma: «no, no hay un cheque en blanco».
«Queremos reciprocidad», decía el líder galo en una constante pérdida de credibilidad. Se refería a la prohibición de ciertos pesticidas o productos en los procesos de producción comunitarios en aras de lograr que al otro lado del Atlántico se cumplan con las mismas exigencias. Al tiempo reclamaba más controles en puertos y aeropuertos para que los productos europeos «no se vean afectados por los productos que procedan del exterior». Y establecía la comparativa: «los agricultores han acatado. ¿Y hoy queremos abrir mercado a gente que no respetan estas reglas? Es absurdo. Queremos cláusulas espejo. No estamos listos», sentenciaba.
La idea es ofrecer garantías tanto a agricultores como a consumidores en un año dominado por el alza de aranceles y mayores restricciones comerciales. Pero lo que trasciende de fondo es una UE incapaz de tomar decisiones adecuadas e inmersos en una guerra (Ucrania) que se les ha ido de la mano en un momento en el que el tablero de juego mundial requiere acción.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la