La intervención de Trump contra Venezuela suma 5 violaciones del derecho internacional

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Victoria Korn

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, saludan a los soldados en un funeral militar (17/12/2025)
Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, saludan a los soldados
Para variar, Trump está mal informado o tergiversa la realidad para amoldarla a sus delirios de grandeza.  El Estado venezolano ya compensó a las empresas extranjeras que operaban en su territorio, incluidas las estadounidenses, cuando nacionalizó su industria petrolera en 1976, dos décadas antes del surgimiento del chavismo. Es decir, no tiene ninguna deuda pendiente con las empresas de EEUU.
El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva señaló en la Cumbre del Mercosur y de los Estados Asociados el viernes 20: «Pasadas más de cuatro décadas desde la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser asombrado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Los límites del Derecho Internacional están siendo testados. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el Hemisferio y un precedente peligroso para el mundo».

El secretario de Estado de EEUU,  Marco Rubio dijo en rueda de prensa que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es “intolerable para Estados Unidos”, acusándolo de cooperar con terroristas. La inmediata respuesta fue del canciller venezolano Yvan Gil, quien afirmó que el cubanoestadounidense es un “mentiroso y acomplejado” que profesa odio por América Latina y el Caribe y señaló que «pasó 14 años como senador y un año como secretario de Estado sin exhibir un solo logro en política exterior”.

Además, Gil dijo que es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y cambios de régimen, y que pretende arrastrar a Estados Unidos por ese camino, “ignorando la opinión mayoritaria del propio pueblo estadunidense, que rechaza estas aventuras”. Gil aludía a la reciente encuesta publicada por la televisora CBS, en la que 63 por ciento de los participantes estadounidenses rechazó una guerra contra Venezuela. “Esa política ha hecho fracasar a EEUU en el mundo y ha dejado sangre y muerte en todo el planeta”, sentenció.

“La verdad ya quedó expuesta (…) Todos sus ataques y fake news buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela”, concluyó

Trump quiere el petróleo

Además,  actualmente son 18 los petroleros venezolanos sancionados por Washington. Esto no impide que otros continúen operando en la región o que la petrolera estadounidense Chevromantenga todavía varios contratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal venezolana que extrae, procesa y comercializa con el crudo del país caribeño, lo que Trump se abstiene de considerar.

El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la defensa propia es una de las dos excepciones por las que un país puede hacer uso de la fuerza contra otro, pero para ello tienen que cumplirse cuatro requisitos básicos: un ataque armado previo o inminente, la imposición de la necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad -esto es, hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe-. Ninguno de estos requisitos se dieronen el caso de EEUU.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el general que ordenó el ataque «estaba autorizado para hacerlo» por el Gobierno federal. Esta narrativa se asienta en el mandato de EEUU de proteger a sus ciudadanos del «veneno» que suponen las drogas ilegales que entran en el país y que remiten a la idea de «defensa propia» que continuamente esgrime Washington para justificar estos ataques.

Aunque las palabras de Trump fueran ciertas y todos los barcos atacados portaran drogas, EEUU sigue sin tener ninguna potestad para hundirlos. La regulación del control de drogas en alta mar se estableció en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópica(título original), también conocida como Convención de Viena de 1988, que estableció el protocolo que debía seguir un país en el caso de que detectara una embarcación en aguas internacionales sospechosa de transportar drogas. Obviamente Trump lo ignora
La convención establece que  el Estado que detecte al navío debe ponerse en contacto con el pabellón bajo el que navega dicho barco -es decir, con el país cuya bandera ondee en el mástil de la embarcación-. Las autoridades de este otro país deben autorizar al primero para que este pueda abordarinspeccionar confiscar el material ilícito que pudiera cargar. Luego, deben transferir a la tripulación a sus países de origen para que la justicia correspondiente los procese.
Pero en la trumpista operación Lanza de flecha, ni se han abordado las embarcaciones, ni se ha confiscado el material, ni se ha transferido a la justicia a quienes supuestamente cometían el delito: el ejército estadounidense ha llevado a cabo los ataques «negándoles a los presuntos delincuentes el derecho a un juicio justo».

**Analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)